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Reino Unido deroga la Convención de DDHH en guerra
Michael Fallon, el secretario de Defensa de Reino Unido, se despachó a gusto en la Conferencia del Partido Conservador de Birmingham. Se jactó de cómo su país lleva la democracia a otros confines del mundo. Para ilustrarlo, presumió de cómo aumentan sus tropas en Afganistán, de cómo contribuyen a las misiones de paz de África… cómo su ejército tiene más helicópteros de combate, más blindados… el quinto mayor presupuesto de Defensa Ataque en el mundo… Todo para eso, según él, para “estar listo para defender la libertad y el cumplimiento de la ley para avanzar en Democracia y la protección de los Derechos Humanos (DDHH)“.
Y después de explayarse así, quiso hacer referencia a los veteranos de guerra. Fallon apuntó que, aunque están ayudándoles a encontrar trabajo, a tener un nuevo hogar cuando regresan del frente, en ocasiones los soldados se encuentran con demandas, con lo que calificó de “falsas acusaciones”. ¿Falsas acusaciones sobre qué? Crímenes de guerra, tanto en Afganistán como en Irak. Según los datos que facilitó, ya se ha desestimado alrededor de la mitad de las más de 3.000 acusaciones interpuestas y, según avanzó, para enero caerán en saco roto otras 1.000.
Fallon quería lanzar un mensaje claro: se acabó. Para ello el secretario de Defensa anunció su intención de derogar la aplicación de la Convención de Derechos Humanos en el campo de batalla. Esa es la mejor forma que se le ha ocurrido al conservador para proteger a los soldados británicos, para evitarles “la angustia a quienes arriesgaron sus vidas para protegernos” cuando se les demanda.
Desde su punto de vista, borrar de un plumazo la Convención de Derechos Humanos contribuiría a “proteger a las tropas de demandas vejatorias y garantizar que puedan tomar decisiones difíciles en el campo de batalla de manera confidencial”. De llevar a término esta medida, los soldados británicos no estarían sujetos a artículos como el derecho a la vida o el derecho a la libertad.
Y, ¿saben para qué más serviría? “Para que podamos gastar el dinero en incrementar nuestro presupuesto en Defensa, en lugar de en costas judiciales y abogados”.
El anuncio es de una gravedad extrema, más aún viniendo de una país como Reino Unido, del que se ha demostrado que contribuyó a iniciar una guerra injustificada, la de Irak en 2003. Aunque fuera de su partido rival e igual no le importe tanto, Tony Blair -al igual que Bush y Aznar- debería ser juzgado como criminal de guerra. Así se desprende del Informe Chilcot, elaborado durante siete años, que reveló que se socavó la autoridad del Consejo de Seguridad de la ONU, sin que hubiera ninguna certeza sobre la existencia de armas de destrucción masiva en Irak.
¿A qué se refiere Fallon cuando habla de “decisiones difíciles”? ¿A arrasar una aldea entera? ¿A bombardear a civiles, como de hecho ya se hace, con drones? ¿A tener cárceles secretas en Afganistán, como de hecho una comisión de investigación en aquel país constato que tanto EEUU como Reino Unido han mantenido?
Lo curioso del asunto es que esta parte del discurso de Fallon no ha trascendido casi en los medios. Lo que sorprende es que la Comunidad Internacional, comenzando por la ONU, no ha puesto el grito en el cielo. ¿Habrá tomado una decisión difícil de manera confidencial, como le gusta a Fallon? Esta semana, Fallon y con él Reino Unido, retrocedieron varias décadas en la protección de los DDHH y recuperó su peor pasado colonialista. Y, personalmente, me repugna.
