La junta de Andalucia reconoce que tiene 1.800 empleados sin hacer nada

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http://www.elmundo.es/andalucia/2016/04 ... b4649.html

La Junta reconoce que tiene a 1.800 empleados "mano sobre mano"

La consejera María Jesús Montero y el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, en la comparecencia tras el consejo de gobierno. EFE

El Gobierno rectifica su decreto seis días después de que la oposición lo tumbaraLa oposición tumba el decreto de los 'enchufados'

CARMEN TORRESSevilla@carmentorrres

13/04/2016 08:30«No se puede permitir que haya personal cobrando y mano sobre mano». Con esta expresión ha defendido el portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, la intención del Gobierno andaluz de dar nuevas atribuciones a uno 1.800 empleados del Servicio Andaluz de Empleo que, al no ser funcionarios, no tienen potestades públicas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Vázquez instaba así a la oposición (PP, Podemos, Ciudadanos e IU) a alcanzar un acuerdo que dote de tareas a varios colectivos que han tenido que ser readmitidos tras sentencias que anulaban su despido y que trabajaban en labores de empleo, como los 182 ex asesores laborales del plan Memta; los 74 agentes locales de promoción de empleo (ALPE) o los 167 de los consorcios escuela de formación integrados ahora en la Administración.

El grueso del colectivo son unos 1.500 trabajadores procedentes de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que se integró en el SAE a través del polémico decreto del 'enchufismo' que después se desarrolló en una ley. Se denominó así porque supuso integrar en la Administración a más de 20.000 trabajadores externos del conglomerado de empresas públicas y fundaciones de la Junta. En la Faffe había contratados numerosos familiares y allegados de altos cargos socialistas. Según la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ese desembarco de trabajadores suponen un coste de cien millones de euros al año.Ahora, la Consejería de Empleo tiene un problema con ese personal del SAE. Al no ser funcionario, no tiene atribuidas tareas administrativas, que están reservadas por ley a los funcionarios.

Por tanto, cobran estando «mano sobre mano», como ha reconocido el portavoz de la Junta.En este contexto, el Gobierno de Susana Díaz ha aprovechado una proposición no de ley aprobada el pasado 25 de febrero con los votos del PSOE y Ciudadanos, que instaba a la Junta a eliminar requisitos contemplados en la Ley General de Subvenciones y en la Ley de Hacienda Pública andaluza a los ayuntamientos, para que pudieran acogerse a los planes de empleo Empleo@Joven; Iniciativa @emprende+ y Emple@30+, aprobados en otro decreto ley de abril de 2014. Deudas con la Seguridad SocialLa mala situación económica de numerosos consistorios, con sentencias laborales en contra y deudas con la Seguridad Social, les impedía legalmente acogerse a esos programas. Por ese motivo, PSOE y Ciudadanos acordaron eximirles de esos requisitos legales.

Esa proposición parlamentaria se plasmó el 22 de marzo en un decreto ley de la Junta que, sorpresivamente, incluyó una disposición adicional hasta ahora imprevista. Con ella se pretendía colar de rondón la aprobación de la asignación de tareas para los subrogados en el SAE. La oposición tumbó el decreto el miércoles pasado en el Parlamento. Todos los grupos reprocharon al PSOE el «juego sucio» y el «chantaje» que suponía incluir esa medida imprevista en un acuerdo consensuado para facilitar la ejecución de los planes de empleo.Tras fracasar, el PSOE eliminó esa disposición adicional y aprobó ayer el decreto en el Consejo de Gobierno tal y como se había acordado con la oposición.La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, anunció su intención de abordar con los grupos políticos el problema de los empleados de la extinta FAFFE.«Se trata de dar carta de naturaleza a lo que ya hacían esos trabajadores, que han tenido que ser reincorporados en virtud de distintas sentencias y ahora nos encontramos con la dificultad de asignarles esas tareas», indicó.La titular de Hacienda insistió en que, en ningún caso, la Junta va a otorgar «potestades públicas» a ningún empleado que no sea funcionario.

No obstante, defendió que, una vez en la Administración, es «una obligación otorgarle funciones porque se les está pagando el salario».«Nos vamos a reunir con los grupos políticos para buscar soluciones y que se les pueda asignar tareas a estos trabajadores», explicó. Recordó que el SAE y todas las agencias de empleo tienen personal laboral y funcionarios, así como trabajadores que se han incorporado por sentencias judiciales, a los que «es lógico que se le asignen tareas, pues no parece razonable que no estén al máximo de sus posibilidades», afirmó.

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¿donde estan todos aquellos cientos de ciudadanos que criticaban a Rita Barbera por haber llamado a su hermana; funcionaria en el Ayuntamiento de Burjassot? como persona de confianza?

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