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Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid, ya ha puesto sobre la mesa su principal estrategia de defensa en el juicio del caso máster. Durante su declaración como acusada en la segunda sesión de la vista oral, que se celebra este viernes, la exdirigente del PP ha responsabilizado a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de la falsificación del acta del trabajo fin de máster (TFM) que la sienta en el banquillo y por lo que la Fiscalía le pide tres años y tres meses de cárcel. Según ha asegurado, nunca pidió al centro docente que le enviaran el documento que, apenas unas horas después de que estallara el escándalo, exhibió ante los medios y en las redes sociales para tratar de esquivarlo. La política ha repetido que la universidad tomó la iniciativa de remitírsela y que, por ello, ella le otorgó credibilidad: “Creo que actué de buena fe”.
La expresidenta asevera que su papel durante la crisis, que comenzó el 21 de marzo de 2018 cuando eldiario.es publicó la primera información, se limitó a pedir a su equipo que hablase con la universidad y recabase “todos los documentos acreditativos de que había cursado el máster”. “Pedí que me mandaran el título o una copia, una copia de la matrícula y del pago de la matrícula, y pedí también una certificación académica personal donde constaran las 12 asignaturas y el TFM”. “Pero me mandan otro papel que yo no pido, que es el acta. Yo desconocía que los TFM tuvieran un acta. Pero la universidad me la manda a través de la secretaría del rector. Cosa que a mí me da garantía”, ha apostillado.
—Pero, ¿por qué exhibió entonces ese día el acta? —ha insistido la fiscal, en referencia al gran valor que Cifuentes le dio a dicho papel al defenderse del escándalo ante los medios, en las redes sociales y en la Asamblea de Madrid.
— Porque es una documentación que manda la universidad con lo otro. Yo, en ningún momento, me pude plantear que hubiese una firma falsificada. Si lo hubiese sabido, no lo hubiese mandado a los periodistas. Creo que actué de buena fe. [...] La buena fe se la presumía a la universidad.
—¿Dio usted instrucciones a la autora material de la falsificación? —le ha preguntado después su abogado
—Ni a ella ni a nadie.
Con estas palabras, la expresidenta trata de esquivar la causa que la cerca en una vista donde las contradicciones no han tardado en aflorar. Cuando apenas se llevaba media hora de esta segunda sesión del juicio, Cifuentes ha negado que defendiera su TFM ante un tribunal el 2 de julio de 2012, fecha que consta en el acta falsificada, pese a que al estallar el caso dijo justo lo contrario. Ahora, su versión ha variado: “Realmente, yo no defendí el trabajo. Yo entregué el trabajo y expliqué las líneas generales”, ha contestado a preguntas de la fiscal: “Me sorprendió porque fue un acto muy informal. De hecho, a las personas a quienes les entregué el trabajo, tampoco sé si fue el tribunal que luego lo evaluó. Supongo que eran profesores de la universidad o del máster, pero yo no los conocía”.
La expresidenta no ha identificado a los docentes a los que dio su trabajo —las tres profesoras que constan en el acta niegan que ese tribunal se formase— y tampoco ha sabido decir cuántos eran. “No recuerdo si eran dos o tres personas. Aquello no ocurrió en un aula, sino en un despacho y no duró demasiado. Yo no leí el trabajo. Yo les entregué el trabajo y les expliqué las líneas generales, en qué consistía, pero muy por encima”.
Una semana de reveses
Cifuentes ha aterrizado este viernes en la Audiencia Provincial de Madrid tras recibir dos duros reveses esta misma semana. En primer lugar, el pasado lunes, durante el primer día de juicio, la profesora Cecilia Rosado, también imputada en la causa, confesó ante el tribunal que había falsificado el acta del TFM tras recibir presiones de su superior jerárquico, el fallecido catedrático Enrique Álvarez Conde, y de una asesora del Gobierno regional, María Teresa Feito, que también se sienta en el banquillo. Por otra parte, este jueves se conoció que un juzgado de Madrid había archivado la querella que Cifuentes presentó contra los dos periodistas de eldiario.es que destaparon el caso máster.
Y, además, el interrogatorio de este lunes ha permitido verificar cómo Cifuentes, según ella misma ha relatado, obtuvo la titulación en unas condiciones muy especiales. Ni fue a clase, ni tuvo relación con ninguno de los profesores que impartían las distintas asignaturas. De ello, responsabiliza a Álvarez Conde, “cerebro” de la trama, según la juez de instrucción. “Cuando me hablan del máster, yo ya explico que no puedo asistir a clase por mis obligaciones como parlamentaria en la Asamblea. Me dicen que no hay problema, que otros alumnos se encuentran en la misma situación y que la asistencia a clase y los exámenes se puede suplir con la presentación de trabajos”.
—¿Quién le traslada esas facilidades? —ha preguntado la fiscal.
—Álvarez Conde [...] Yo no tuve comunicación con los profesores [de cada asignatura]. Solo tenía comunicación con Álvarez Conde. Con el resto de los profesores no tenía relación.
—¿Cómo hacía que estos trabajos llegasen a los diferentes profesores? Porque ellos eran los que le ponían la nota.
—Se los hacía llegar a [Álvarez Conde] a través de algún familiar o alguna persona de mi equipo, que se los acercaba [en papel]. Supongo que él se los trasladaba a los distintos profesores.
—¿Los hacía en un ordenador o eran manuscritos?
—Después de haber estado pensando mucho tiempo, creo que recordar que usé un ordenador portátil que pertenecía a mi hija, luego los imprimía en papel (no eran tampoco trabajos muy extensos) y los mandaba.
―¿No guarda copia de ninguno? Porque ninguno ha sido aportado al procedimiento.
—No. Eran trabajos de trámite. Probablemente esos papeles los destruí una vez que obtuve las calificaciones o los mandé, porque no tenía ningún interés en guardarlos.
Los primeros testigos
Al acabar la declaración de Cifuentes, que se ha prolongado durante casi dos horas, ha comenzado el turno de los testigos. La primera en desfilar por la sala ha sido Clara Souto, otra de las profesoras del máster que aparece como componente del supuesto tribunal que calificó a la política, junto a las docentes Cecilia Rosado y Alicia López de los Mozos. Souto ha dicho que nunca formó parte de esa supuesta evaluación, ni estuvo en ningún encuentro con la dirigente del PP donde le entregara el TFM. Además, ha añadido que Álvarez Conde le llegó a decir que recibió presiones de la universidad y del “ámbito político” durante el escándalo, aunque no especificó nombres. Rosado sí le dijo que las había sufrido por parte de la asesora Feito.
La tercera profesora que supuestamente firmó el acta, Alicia López de los Mozos, también ha reconocido a continuación que nunca formó parte de ese tribunal y que se falsificó su firma. “Yo no voy a sostener esa mentira”, ha dicho durante su declaración como testigo.
¿o no?
