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La estrategia del PP para pactar temas fiscales, de manera puntual, a Junts per Catalunya y el PNV cuajó en la tarde-noche del lunes en el Congreso. En pleno órdago de Carles Puigdemont a Pedro Sánchez, con la reclamación de que el presidente se someta a una cuestión de confianza, la formación independentista catalana pactó una enmienda conjunta (transaccionada) con los populares para que se suspenda el impuesto a la producción eléctrica y para aplicar nuevos incentivos a la industria de la cogeneración energética. Obtuvieron el apoyo de los nacionalistas vascos, de ERC y de Vox, de manera que se aprobó con una mayoría holgada en la ponencia de la Comisión de Transición Ecológica.
Esto implicaría un alivio fiscal a más de 30,3 millones de consumidores, ya que este gravamen del 7% lo repercuten las empresas en la tarifa eléctrica. Y tiene un impacto recaudatorio de 1.100 millones de euros, según fuentes parlamentarias: 400 millones de los hogares, 500 millones de las pymes y 200, de las grandes industrias. Lo que pactaron Junts y PP es que el tipo del impuesto pase del 7% al 0% siempre que el sistema eléctrico mantenga una situación de superávit, como es el caso. Y si volviera a haber déficit de tarifa, se reinstauraría, lo cual hace que esta rebaja sea, sobre el papel, temporal. ¿Por qué? Porque el propio impuesto contribuye en buena medida a que no haya ese déficit.
El Gobierno no pudo vetar la medida por la ausencia de uno de los cinco diputados que debían votar este punto, la del socialista Juan Antonio Lorenzo, parlamentario por Almería. Y eso propició el empate entre bloques. Tras ese varapalo claro al Ejecutivo, la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso, donde PSOE y Sumar sí cuentan con mayoría, decidió posponer la reunión de esta comisión en la que entre otros asuntos se iba a tratar del impuesto sobre producción energética, sin una fecha nueva por el momento.
El mensaje es que no permitirán que se visibilice la alternativa parlamentaria que existe para determinados temas económicos, sobre todo los relativos a las rebajas fiscales. De hecho, PP, Vox, PNV y Junts suman 182 de los 350 diputados, seis por encima del umbral de la mayoría absoluta.
Tras la maniobra de PSOE y Sumar, 14 diputados del Grupo Popular han firmado un escrito para exigir que el citado encuentro se celebre el próximo 12 de diciembre, como estaba previsto. En el PP creen que el Ejecutivo no puede ir contra «el mandato democrático» sólo porque no le viene bien. «Cada vez que van a sufrir una derrota, aplazan o suspenden la comisión», se quejan fuentes populares. «PSOE y Sumar tienen que explicar que no les quieren bajar los impuestos a las familias y a la industria. Sobre todo allí en Cataluña. «Es un cachondeo».
En el Gobierno no ha sentado bien el golpe a la recaudación impulsado por el PP y han criticado que tanto éste como Junts hayan aprovechado el trámite parlamentario de trasposición de varias directivas europeas para «incluir enmiendas ajenas». Una jugada, por cierto, que el propio Gobierno utilizó hace sólo dos meses, para acelerar la salida de prisión de más de 40 etarras. Desde Transición Ecológica insisten en que es necesario aprobar el proyecto de ley de forma «urgente», pues traspone el nuevo régimen europeo de comercio de derechos de emisión, que entrará en vigor el 1 de enero.
El citado impuesto grava el valor de la energía eléctrica que se produce en España y lo pagan las empresas generadoras que, después, lo repercuten parcialmente al cliente final. Fue activado en 2013 como una medida para revertir el desbocado déficit de tarifa que arrastraba el sistema eléctrico español que, por aquel entonces, rondaba los 30.000 millones. El Gobierno lo suspendió temporalmente en 2o21 por la crisis de precios desatada por la guerra en Ucrania y, desde febrero de este año, se ha recuperado progresivamente.
El retorno del impuesto fue muy criticado por las grandes eléctricas, que denunciaron que la tasa, excepcional en el contexto de la UE, se aprobó para cubrir un agujero contable que ya no existe. Pero lo cierto es que el fantasma del déficit de tarifa vuelve a amenazar al sistema eléctrico.
El superávit acumulado unos años atrás, de más de 6.000 millones de euros en 2022, ha sido fagocitado casi por completo para compensar las rebajas de impuestos y otros costes del recibo eléctrico aprobadas en el marco de la crisis de la luz. Según las cuentas de Transición Ecológica, al cierre de 2024, el remanente quedará en 189 millones.
«El impuesto del 7% a la generación se destina a cubrir los costes del sistema. En su ausencia, se volvería a incurrir en déficit y deberían aportarse fondos por otras vías o subir la factura del consumidor», argumentan fuentes de la cartera. Por eso PP y Junts contemplaron este riesgo.