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daktari escribió: ↑22 Jun 2022 20:02
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El Sopapo escribió: ↑21 Jun 2022 18:47
Pero Martin Villa nunca pego a un policia, mas bien los mandaba a matar a tiros a obreros desarmados.
Permíteme, amigo Sopapo, hacer una pequeña aclaración, y hago dicha aclaración más que nada porque como los fascistas de mierda están siempre al acecho para pillar errores y/o renuncios y poder echárselos en cara al autor y/o responsable de los mismos.
Vayamos al turrón...
Cuando tuvo lugar la matanza de Vitoria el 3 de marzo de 1976, en la que fueron asesinados 5 obreros a manos de la Policía Armada cuando salían de una asamblea celebrada en la iglesia de San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga, el ministro de Gobernación, y por ende, máximo responsable de las Fuerzas de Orden Público, era el fascista represor Manuel Fraga Iribarne. Pero como quiera que Manuel Fraga Iribarne se encontraba en Alemania cuando tuvo lugar la masacre, le sustituía en sus funciones el otrora Ministro Secretario General del Movimiento, Adolfo Suárez González...pero !ojo!...con esto no pretendo decir que Rodolfo Martín Villa no fuera por aquél entonces un fascista represor e hijo de puta.
Un saludo cordial.
Nueva querella contra Martín Villa y la Policía franquista: el asesinato de un joven que ensangrentó el referéndum de 1976
Ángel Almazán falleció por la brutal paliza que le dio la Policía Armada el día del referéndum para el Proyecto de Reforma Política del Gobierno preconstitucional de Adolfo Suárez. El caso se archivó sin investigar. La familia ha recorrido un largo e infructuoso camino judicial.
El asesinato impune de Ángel Almazán Luna, un joven madrileño de 18 años, el 15 de diciembre de 1976, a manos de la Policía Armada, ha llegado a los juzgados de Plaza de Castilla este miércoles en forma de querella contra el responsable político, Rodolfo Martín Villa, exministro de la Gobernación en aquella época, y contra tres agentes y su capitán, que participaron directa o indirectamente en la brutal paliza que acabó con la vida de Ángel Almazán. Precisamente este miércoles la víctima hubiera cumplido 63 años.
El día que Ángel fue asesinado se celebraba en España el referéndum sobre el Proyecto de Ley para la Reforma Política, con el que Adolfo Suárez, nombrado presidente por las cortes franquistas, pretendía que discurriera la transición entre la dictadura y la democracia. La campaña mediática a favor del 'sí' que emprendió el Gobierno se hizo con los partidos políticos aún ilegalizados. Rodolfo Martín Villa, ministro de la Gobernación, dijo entonces que el Gobierno sería "beligerante" con las posiciones abstencionistas que promovían la mayoría de los sectores de izquierdas, al considerar que la reforma de Suárez implicaba el continuismo del franquismo, el 'borrón y cuenta nueva', como, en efecto, sucedió.
Aquel 15 de diciembre, Ángel Almazán, que trabajaba como administrativo en una inmobiliaria, acudió a la manifestación convocada en la madrileña Plaza de Callao por el entonces todavía ilegal Partido del Trabajo de España (PTE). La represión no se hizo esperar. Los antidisturbios de la Policía Armada empezaron a dar porrazos a los manifestantes, a tirar botes de humo... Con Ángel se cebaron: le patearon sin piedad, como consta en el expediente del caso. Culatazos, golpes en la cabeza... Cuando el joven yacía en el suelo, los policías lo arrastraron a un portal, donde habían introducido a otros manifestantes, y allí lo tuvieron media hora. Unas mujeres que habían presenciado la escena desde un balcón lo contaron todo después, pero su testimonio fue en vano.
Dos de los policías llevaron a Ángel Almázan, medio muerto, a la 'casa de socorro', desde donde le trasladaron al Hospital La Paz. Cinco días después el joven falleció por las graves lesiones, incluida la fractura de cráneo. Pero su familia no tuvo acceso a la autopsia ni al historial médico. Incluso el chico estuvo custodiado por la Policía en el hospital mientras agonizaba.
El caso se tapó. "No se podía manchar una fecha tan señalada como el día del referéndum que inició la Transición con la muerte de un chico", dice Javier Almázan, hermano de Ángel, a Público. Javier tenía entonces 13 años.
La prensa del Movimiento informó discretamente con la versión oficial de los hechos: el joven había muerto al golpearse con una farola, iba bebido.
Con la presentación de la querella contra Martín Villa y los policías que participaron en la agresión mortal a su hermano --Francisco Zambrano García, Tomás González Cid, Leoncio Domínguez Rubio y el capitán José González Pagliery--, Javier Almazán cree que "se abre una oportunidad nueva contra la impunidad. Es un paso más de un camino que algún día tendrá sus frutos", dice. Esta querella es un nuevo escalón en la larga y tortuosa lucha que emprendieron sus padres y él mismo para hacer Justicia.
El tortuoso camino de la familia para pedir justicia
Nada más fallecer Ángel, sus padres interpusieron una denuncia. Un juzgado de instrucción abrió diligencias y declararon los testigos, incluidas las dos mujeres que habían presenciado la paliza. Pero el juzgado se inhibió a favor del Juzgado Militar Permanente 4, al estar involucrados los policías. El 2 de diciembre de 1977 se incoó la causa, que se archivó días después, el 15 de diciembre de ese año "por no poder determinarse quiénes provocaron las lesiones que ocasionaron la muerte de Ángel Almazán". En aquella instrucción de la jurisdicción militar ni siquiera llamaron a declarar a los testigos.
La Ley de Amnistía de 1977 cerró las puertas a la familia de la víctima para seguir el camino judicial. En 1999, con la aprobación de la Ley de Solidaridad de Víctimas del Terrorismo lo volvieron a intentar, pero su caso, un caso claro de represión policial, no se contempla en la legislación estrella del Gobierno de Aznar. "Nos dijeron que sólo se admitían reclamaciones por casos de terrorismo de ETA y alguno de violencia de extrema derecha, pero el nuestro no tenía encaje en la ley", explica Javier.
La familia recurrió la decisión del Gobierno en un procedimiento contencioso-administrativo que también fue rechazado. El Tribunal Supremo tampoco admitió el recurso. "Nos hemos encontrado siempre las puertas cerradas. No se quiere admitir por parte del Estado la violencia policial en la Transición", se queja el hermano de Ángel.
Cuando el joven falleció, los activistas antifranquistas llevaban contabilizados treinta asesinatos a manos del aparato de represión del régimen, crímenes que siguen impunes en base a la Ley de Amnistía.
En 2007 la Ley de Memoria Histórica sí que reconoció el caso de Ángel Almazán, pero el reconocimiento supo a poco. La familia obtuvo un documento del Gobierno en el que se afirma que el joven había sido perseguido por sus ideas políticas "falleciendo por las heridas sufridas en el trascurso de una manifestación reprimida por la Policía". "Se cuidan mucho de poner claramente que murió a golpes de la Policía", dice Javier, que añade: "
Yo sólo quiero que el Estado reconozca que la Policía, ordenada por el entonces ministro Martín Villa, asesinó a mi hermano. No busco revancha, solo justicia".
https://blogs.publico.es/verdad-justici ... ransicion/
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Que sean dos los saludos cordiales.