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Desde hace muchísimos años y hasta hace relativamente pocos la Mezquita de Córdoba figuraba en la lista de bienes del Patrimonio Nacional que obraba en la Delegación de Hacienda, según vieron personas que aún viven y que pueden atestiguarlo. A esta evidencia siguió lo que solo es un rumor difícilmente comprobable: un funcionario más fiel a su Iglesia que a su función hizo desaparecer la lista o aquella parte de la lista.
Esta desaparición y, en mayor medida, la modificación del artículo 206 de la Ley Hipotecaria (en 1998) que autoriza la inscripción registral a nombre de la Iglesia Católica de bienes de los que careciera de título de dominio, con la sola certificación del diocesano, permitió inscribir la Mezquita como propiedad de la Iglesia el dos de marzo del 2006 en el registro de la propiedad número cuatro de Córdoba, mediante un trámite que no superó el costo de 30 euros.
El día seis de este junio recién pasado se debatía en el Senado una proposición de ley para la modificación del citado artículo 206 de la Ley Hipotecaria, y en el debate, el senador Joan Saura subrayó como ejemplo extremo del absurdo a que podía llevar en su actual redacción, que la Mezquita de Córdoba, construida en el siglo VIII, es propiedad de la Iglesia Católica desde el año 2006 "porque la registró como suya sin ningún trámite de información publica", lo que calificó de "absolutamente escandaloso".
Si parece el adjetivo excesivo, substitúyase por el de discutible. Porque la discusión en este terreno del César es racionalmente posible e incluso deseable. Pero no se involucre la religión en el debate, porque lo religioso está en la otra orilla; ésta en la que andamos es la de lo terrenal. No es cuestión de tenencia o de falta de fe; se trata lisa y llanamente de una cuestión exclusivamente de derecho, de justicia, y de razón.
Otra cosa es, y ésta si puede estar inmensa en el ámbito de lo escandaloso, la fiscalidad de la Mezquita-Catedral. Que cuando a todos, moros y cristianos, se nos exprime la cartera --ya exhausta de antes-- y entre otros agobios se nos sube el IBI, no pague ni un céntimo el edificio urbano mayor de la ciudad de Córdoba --más de 23.000 metros cuadrados-- ¡tiene bemoles!
No se nos diga que es porque está dedicado al culto, porque al culto solo se le dedica un mínimo de tiempo y un mínimo de espacio. Recuérdense las apreturas que se sufren en la parroquia de "El Sagrario" inserta en la Mezquita, cuando hay bodas o entierros de nutrida asistencia: los asistentes encerrados entre unas verjas de hierro infranqueables, que impiden que el devoto se convierta en visitante, porque para serlo hay que pasar por taquilla y dejar 8 euros por el ticket y más de 15 si es por visita guiada y nocturna. Y no estamos hablando de minucias: en 2011 visitaron la Mezquita-Catedral 1.293.635 personas y 26.911 fueron los visitantes nocturnos. ¿Se pagan tributos por estos cuantiosos ingresos que convierten a la Mezquita en el negocio de la provincia de Córdoba más próspero? ¿Qué porción de ellos se destinan a la conservación y restauración del edificio?
Porque de todos es sabido que las muy costosas obras de mantenimiento y restauración que se realizan en la Mezquita cada año son costeadas en su mayor parte por la Administración Pública: Junta de Andalucía y Estado. ¿Para eso no es propietaria la Iglesia?
Si no fuera porque casi a diario compruebo la cerrazón de algunos, me ahorraría la siguiente puntualización: nada de lo escrito ni de lo que mucha gente piensa, --los que piensan bien en serio y dicen poco--, impide que la catedral católica incorporada a la Mezquita, que es muy bonita aunque no esté entre las mejores de España, --la Mezquita sí está entre las mejores del mundo-- siga cumpliendo su función religiosa, e incluso que el escaso espacio que ocupa en el total de la mezquita, quede libre del IBI, aunque solo sea por el tiempo que reste de vigencia al Acuerdo con la Santa Sede de 1979 o a la paciencia de la UE, que ya escuchó la denuncia de los contribuyentes italianos contra los privilegios fiscales de la Iglesia.
Y es que, como ha escrito José Joaquín Castellón, profesor del Centro de Estudios Teológicos de Sevilla, en un artículo, que tengo a la vista, sobre el IBI y la Iglesia católica, "...nadie, en una sociedad democrática, tiene derecho a privilegios". Pero como afirmó el cardenal Bagnasco: "La evasión fiscal es un cáncer social".
