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El gobierno español acusa de lawfare García-Castellón por insistir en el terrorismo y Tsunami
El presidente Aragonés cree que el juez del caso Tsunami "tiene una obsesión contra el independentismo catalán"
El gobierno español ha cuestionado, en un tono muy por encima del habitual, el juez Manuel García-Castellón, que investiga el caso de Tsunami Democrático.
Hasta tres ministros han criticado el magistrado, apuntando al lawfare, el día siguiente a emitir una nueva interlocutoria insistiendo que las protestas postsentencia representan un delito de terrorismo, en contra del criterio de la Fiscalía. Y, entre otros, responsabiliza Carles Puigdemont y Marta Rovira. También reclama en Suiza que localice la secretaria general de Esquerra.
"Nos tiene acostumbrados que siempre se inclina en esta misma dirección, cosa que, evidentemente, tiene una implicación política importante, y que sale a colación en momentos políticos sensibles", ha dicho la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, refiriéndose al juez, en una entrevista en TVE.
"La hemeroteca muestra que siempre tiene mucho acierto en las fechas en que salen estas afirmaciones", ha añadido, cuestionando el momento que el magistrado ha elegido en este caso, en plena tramitación de la ley de amnistía y la semana en que ERC y Juntos han presentado enmiendas con el objetivo que los encausados por el caso de Tsunami Democrático se vean beneficiados.
"Se trata de hechos del 2019 y llama la atención que cada vez que hay un debate público sobre estos temas se produzca una resolución del juez", insistía después Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.
Y aún una tercera voz del ejecutivo, la de Yolanda Díaz, apuntaba en esta dirección. "Hay algunas resoluciones judiciales que parece que a veces coinciden en el tiempo y que tienen una relevancia política concreta",
afirmó la vicepresidenta.
Horas después de estas declaraciones, La Moncloa ha querido salir el paso. "En el caso Tsunami, las decisiones del magistrado fueron recorridas por el fiscal del caso, por lo cual la consideración jurídica de los hechos acontecidos como terrorismo están pendientes de recurso ante la misma Audiencia Nacional. Este debate jurídico se resolverá en los órganos judiciales y el gobierno respetará, por supuesto, la decisión final que se adopte", señalan fuentes del gobierno español.<