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La canaria Lucía Jiménez era una niña cuando el 10 de enero de 1976 el Frente Polisario, cuyo brazo militar comandaba Brahim Ghali, puso dos bombas en el complejo minero de extracción de fosfatos de Fosbucraá, en el Sáhara Occidental, que gestionaba el español Instituto Nacional de Industria.
Por allí pasaba un coche con cuatro trabajadores en dirección a El Aaiún. Raimundo López Peñalver, el conductor, murió en el acto; los otros tres quedaron heridos. Uno de ellos era Francisco Jiménez, electricista de las minas, el padre de Lucía. «Él sobrevivió, pero quedó sordo y ciego, lleno de esquirlas de metralla por todo el cuerpo e incapacitado para siempre», cuenta su hija a Crónica.
«A partir de entonces, el Frente Polisario abandonó los atentados en España y empezó a atacar en alta mar [en aguas que consideraba suyas] a pesqueros españoles: a los pescadores los ametrallaba, los secuestraba... Ha sido un grupo terrorista salvaje. Y su cúpula, incluido su sanguinario y beligerante dirigente Brahim Ghali, debe pagar por ello».
Lucía Jiménez pone voz a las víctimas españolas del Frente Polisario. Como presidenta de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (Acavite), en 2012 presentó ante la Audiencia Nacional un listado con los nombres de 274 ciudadanos, la mayoría españoles, que, asegura, fueron asesinados, heridos, secuestrados o hechos desaparecer por el Polisario en atentados cometidos en España o contra barcos españoles entre 1973 y 1986.
Ahora, cuando el máximo líder del Frente Polisario se encuentra -con el visto bueno del Gobierno español- en un hospital de Logroño, en el que ingresó con una identidad falsa, Acavite y otras 13 organizaciones de víctimas del terrorismo han pedido a la Audiencia que esclarezca esos hechos y juzgue a Ghali aprovechando su estancia en España. «Tiene que haber un cambio radical en el blanqueamiento político, judicial y social del Frente Polisario. La clase política y los medios de comunicación siempre se han puesto de perfil», lamenta Jiménez. «Las víctimas llevamos 48 años sin reparación, olvidadas. No puede haber más impunidad».
Además de Lucía Jiménez, al menos otras seis personas acusan en España a Brahim Ghali de delitos que van desde el genocidio a la tortura, pasando por la violación. Tres de ellas le señalan de forma directa y no sólo como dirigente del Polisario, aunque según las últimas informaciones parece difícil que sus causas prosperen.
JADELLETU MOHAMUD
Es el caso de Jadelletu Mohamud. Nacida hace 29 años en los campamentos saharauis de Tinduf (Argelia), Mohamud fue una de las niñas saharauis que venían a España en verano acogidas por familias españolas. La suya era sevillana, y es en Sevilla donde reside ahora como refugiada.
El hecho por el que acusa a Ghali ocurrió, cuenta, cuando sólo tenía 18 años, en 2010. Ella trabajaba como traductora y voluntaria de una ONG italiana cuando acudió al entonces embajador saharaui en Argelia, Brahim Ghali, para lograr un visado. «Me llamó a su despacho a las siete de la tarde y pasó lo que pasó... Me senté, me empezó a hablar, luego a atacar... Me violó». La joven era entonces virgen y salió de allí sangrando, según relata.
«Al principio mis familiares me pidieron que no dijera nada porque no podría casarme... Luego vine a España y mi familia española me animó a denunciarlo». Lo hizo en 2013 ante la Audiencia Nacional, que en 2018 desestimó su querella arguyendo que ni ella ni Ghali son españoles y que, además, el acusado no se encontraba en España.
«Lo pasé muy mal. El primer año me quedé en la cama, el segundo casi entero también... Pesaba más de cien kilos. Cada vez que lo revivo sufro mucho, pero con mi denuncia quiero vengar a todas las mujeres saharauis. (...) Estos días son muy duros para mí. Yo espero que la Justicia española le coja y que no se pueda marchar», asegura.
HOSEIN BAIDA Y DAHI AGUAI
En la causa ahora reabierta en la Audiencia Nacional contra Brahim Ghali y otros líderes del Frente Polisario por delitos como genocidio y torturas, dos de los querellantes, ex miembros del grupo, afirman que él los torturó personalmente. Se llaman Hosein Baida Abdelaziz (El Aaiún, 1958) y Dahi Aguai (El Aaiún, 1954). Ambos prefieren mantenerse en silencio por ahora, pero sus testimonios constan en la querella que presentaron en 2007 junto a la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadedh).
Hosein Baida tenía 17 años cuando, según su relato, se incorporó a las filas del Frente Polisario. En 1979 el Frente lo arrestó: pasaría seis años preso. «Hasta el momento no sé cuál fue mi delito; sólo el tener diferencias de opinión con la dirección del Polisario o denunciar las múltiples injusticias que a diario se cometían en los campamentos. (...) Estuve en una celda individual que apenas medía 1,20 de largo y 1 metro de ancho subterráneo y en condiciones totalmente inhumanas. Fui tratado salvajemente; emplearon todo tipo de torturas físicas y psicológicas hasta llegar a perder la conciencia. Aún conservo graves secuelas. (...) Durante mi estancia en esa prisión secreta debo constatar que he podido reconocer a los siguientes torturadores...». Ghali, entonces ministro saharaui de Defensa, era uno de ellos.
Dahi Aguai, por su parte, fue fundador del Frente Polisario, al que se incorporó en 1973. Un año después fue encarcelado y en esa situación estuvo hasta 1980, según declaró ante la Audiencia Nacional.
«Fui acusado en un principio de pertenecer a los servicios secretos españoles. Al abandonar España el territorio, inmediatamente nos acusaron de pertenecer a los servicios secretos de Marruecos. Todo esto era para convencer a la sociedad saharaui que reside en los campamentos de Tinduf de que éramos infiltrados con otros objetivos ajenos a la causa. (...) Los métodos de tortura que emplearon fueron métodos inhumanos y salvajes». «El primer día me colgaron durante 12 horas de pies y manos», contó públicamente en Madrid poco antes de presentar la querella. Él también identifica a Ghali entre sus torturadores.
SAADANI MALAININE
Saadani Malainine atiende la llamada de este diario desde Marruecos. Es la tercera querellante particular en la causa por genocidio contra Ghali. Nacida en 1976 en la antigua ciudad española de Villa Cisneros, su padre era un respetado miembro de la sociedad saharaui que ese mismo año se enroló en el Frente en Tinduf. Sin embargo, el grupo acabó acusándole de traidor y le torturó públicamente ante su esposa y su hija, que entonces tenía cinco años. A ellas las amenazaron, las insultaron y les lanzaron piedras, cuenta Malainine. Cuando en 1986 le liberaron, su padre estaba «destruido, desdentado, con quemaduras...». Dos años después, la joven fue enviada en contra de su voluntad a estudiar a Cuba y no regresó hasta 2002 a Tinduf, de donde logró escapar.
"Tiene las manos rojas de sangre", dice Saadani Malainine.
"Tiene las manos rojas de sangre", dice Saadani Malainine.
«Yo acuso a Brahim Ghali por ser responsable y cómplice de los crímenes de genocidio, asesinato y tortura contra miles de personas que un día, como mi padre, creyeron en su causa y que, al llegar a los campamentos de Tinduf, se encontraron una realidad muy distinta. Ghali es un verdugo con las manos rojas de sangre. A mi padre le torturaron. A mí, que era una niña, me sometieron a todo tipo de sufrimientos, salvo la violación», asegura emocionada.
Malainine concluye: «Nadie me va a devolver a mi padre ni mi infancia, nadie va a borrar este sufrimiento horrible, pero yo lucho para que lo que yo sufrí no lo sufran mis hijos el día de mañana. Confío en la Justicia española. Por favor, que las personas con dignidad en España exijan que Brahim Ghali pague por sus salvajes crímenes».
FADEL MEHDI BREICA
La querella más reciente contra Ghali es la de Fadel Mehdi Breica. Breica, que tiene nacionalidad española y reside en Puente Genil (Córdoba), nació en 1968 en el entonces Sáhara español. Según cuenta a Crónica, el Frente Polisario le reclutó con 16 años. «Estuve hasta el año 2000, me dedicaba a comunicaciones militares», dice.
Dos años después, a raíz de sus diferencias con la cúpula del Frente -según se indica en la exposición de su caso ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU-, se instaló en España. «Como todos los saharauis, buscaba una vida mejor», explica. Así inició un periplo como «activista de los derechos humanos» que le enfrentó a sus antiguos compañeros, organizando sentadas, participando en manifestaciones y fundando el movimiento Iniciativa Saharaui por el Cambio. «Me consideran uno de los más acérrimos opositores del Frente Polisario», resume.
En junio de 2019, cuando Breica se encontraba en Tinduf visitando a su familia y organizando varios actos contrarios a la línea oficial del grupo, el Frente lo arrestó. «Los diez primeros días me tuvieron con los ojos vendados y las manos y los pies atados en una prisión secreta que aún no sé identificar. Después me trasladaron a otra, donde permanecí hasta noviembre de 2019, también en territorio argelino, en condiciones inhumanas». En su querella detalla golpes, descargas eléctricas...
¿Y Ghali? «Yo le acuso porque, como jefe del Polisario, es el encargado de todo lo que ocurre y está al tanto de todo». Su despedida: «Yo nací bajo bandera española y mi padre fue soldado del Ejército español. Yo no soy del Polisario, ni de Argelia, ni de Marruecos. No quiero ni una letra árabe en mi bolsillo. Yo soy español hasta el final y confío en nuestra Justicia».
PEDRO IGNACIO ALTAMIRANO
Pedro Ignacio Altamirano (Málaga, 1957) es un activista y político independentista andaluz -llegó a impulsar un trasunto autonómico de la Asamblea Nacional Catalana- que también acusa a Brahim Ghali. Su caso es distinto: Altamirano ha fundado una plataforma (Grupo Internacional de Apoyo a la Reunificación Saharaui) que, en la línea de Marruecos, plantea una autonomía para el Sáhara Occidental.
Cuando a principios de este año se encontraba visitando la zona, Altamirano recibió «mensajes con amenazas de muerte» que atribuye al Frente Polisario. Al regresar, lo denunció ante un juzgado de Málaga señalando a dos posibles sospechosos a los que sitúa en el Frente. Ahora, con la presencia de Ghali en Logroño, su denuncia ha llegado al juzgado de Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, y el andaluz quiere personarse en la causa. Su advertencia: «Lo que ha hecho el Gobierno es una locura: es como si Francia acogiera a un dirigente de ETA. Marruecos no lo va a perdonar».
