IU se querella contra Rajoy por el “propósito criminal” del acuerdo con Turquía sobre refugiados
La formación de Alberto Garzón acude al Tribunal Supremo para denunciar al presidente del Gobierno por cuatro delitos, entre ellos el de lesa humanidad
El acuerdo de la UE que rubricó Rajoy busca “impedir por la fuerza” la llegada de refugiados a cambio de dinero y cesiones a Turquía, recoge el texto
Los querellantes advierten de que recurrirán a la Corte Penal Internacional si el Alto Tribunal español no abre una investigación
Izquierda Unida-Unidad Popular (IU-UP) cree que el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía para que ésta se encargue de los refugiados que los países miembros de la UE rechazan es constitutivo de varios delitos. Por ello, la formación que dirige Alberto Garzón se ha querellado este jueves ante el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por estampar su firma en el documento. Según la querella, Rajoy es responsable de cuatro delitos, entre ellos uno de lesa humanidad.
El Acuerdo del 18 de marzo recoge la necesidad de “evitar la entrada de inmigrantes ilegales” y es ahí donde IU-UP considera que la UE comienza a esconder su “propósito criminal”. En realidad, se trata de refugiados, personas que huyen de la guerra, que sin embargo son tratados como otros migrantes para privarles de su derecho de asilo.
“Este acuerdo supone un enmascaramiento de las intenciones reales de los gobiernos de los Estados miembros de la UE, que no son otras que impedir por la fuerza que los refugiados lleguen hasta la UE, ignorando deliberadamente, de paso, las violaciones de derechos humanos de las autoridades turcas en todos los ámbitos y, especialmente, con los refugiados”, dice el texto de la querella, a la que ha tenido acceso eldiario.es.
Además de un delito de lesa humanidad, Mariano Rajoy podría ser responsable de un delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, otro contra la integridad moral y un cuarto cometido por funcionario público contra las garantías constitucionales, según la calificación jurídica de la querella.
Rajoy participó en el refrendo del Acuerdo de Acción Conjunta con Turquía en una reunión del Consejo Europeo con el tercer país el 29 de noviembre e 2015 y “autorizó la presencia” del ministro de Asuntos Exteriores en la reunión de cancilleres de la UE con Turquía el 14 de diciembre de 2015. Después fue al Congreso y solo recibió el apoyo de su grupo parlamentario para aprobar lo que la querella define como “una expulsión masiva de refugiados”.
“Obviamente -continúa la querella-, no es lógico ni normal que ningún ánimo concreto de delinquir se plasme literalmente por escrito. Sin embargo, a nadie se le escapan las contradicciones, incoherencias internas y aberraciones contenidas en el texto, que sólo señalan un objetivo: expulsar masivamente a los refugiados que entren en las islas griegas”.
Para los querellantes, la evidencia de las ilegalidades que esconde el acuerdo está en las contraprestaciones que recibe Turquía: 6.000 millones de euros, la exención de visado a sus ciudadanos en el espacio Schengen y la “revitalización” de la negociación para la incorporación del país a la UE, detenida en la última década.
Si se tratara de reubicar a inmigrantes, y no a refugiados, “estaríamos ante un contrato abusivo, leonino”, dice la querella. “Nos han estafado al menos 6.000 millones de euros a los ciudadanos europeos, pues sería más barato retornar a los inmigrantes irregulares directamente a su país de origen, desde el país de llegada”, añade.
La querella, de 142 páginas, va firmada por los abogados Gonzalo Boye e Isabel Elbal. Los letrados recurren a la “teoría de la ubicuidad” para justificar la presentación de la querella ante el Tribunal Supremo español. Esta teoría está recogida, entre otros, en un acuerdo no jurisdiccional del Tribunal Supremo de fecha 3 de febrero de 2005, según el cual “el delito se comete en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo”.
El Partido Popular, a través de su mayoría absoluta de la pasada legislatura, reformó la justicia universal para limitar su alcance. Sin embargo, la querella de IU-UP considera que no es aplicable por varias razones. Entre ellas, que Rajoy adoptó decisiones en España y, por tanto, parte del delito se cometió en el territorio nacional.
Por lo demás, se trata de un ciudadano español que cometió presuntamente otra parte del delito en el extranjero, por lo que la Ley Orgánica del Poder Judicial también habilita a los tribunales españoles para que lo investiguen. Por último, se trata de un supuesto delito de lesa humanidad, incluido en las excepciones de la reforma.
Los abogados advierten que de no prosperar la querella en el Tribunal Supremo aún queda el recurso de la Corte Penal Internacional (CPI). Para ello citan al Estatuto de Roma, que “proclama con claridad la complementariedad de la Corte con respecto de los tribunales nacionales”. La CPI actúa cuando no lo hacen los tribunales nacionales, como una suerte de carácter subsidiario, por lo que vienen a decir que se reservan esa actuación si el Alto Tribunal no admite a trámite la querella contra Rajoy.
Garzón: "Ríanse, como con la querella de Bárcenas"
El líder de IU-UP, Alberto Garzón, se refirió a la presentación de la querella en el pleno sobre refugiados del miércoles, lo que provocó risas en la bancada del PP. “Entiendo que les haga gracia porque, entre otras cosas, parece que no aprenden. Con esa actitud respondieron cuando les anunciamos la querella de Bárcenas, y hoy no sonríen tanto por esa querella”.
La querella incluye un relato de la dramática situación de los refugiados y los números de la tragedia, entre ellos 270.000 muertos desde el inicio de la guerra en Siria; los 7,6 millones de desplazados y los 4,8 millones de refugiados, que huyen de las violaciones de los derechos humanos que practica el régimen de Al Asad y algunos de los grupos que contra él combaten, entre ellos ISIS.
Una vez en Turquía, las organizaciones internacionales, incluida Amnistía Internacional, describen una situación que se aleja al país “seguro” del que habla la UE para firmar el acuerdo. “Se obliga a los refugiados, bajo amenaza de permanecer detenidos, a firmar documentos escritos en turco en los que aceptan ser deportados, sin permitirles el acceso a una traducción y denegándoles una copia del mismo una vez afirmado”, dice el texto.
Los querellantes consideran “de extrema gravedad las noticias más recientes” sobre el asesinato de al menos 16 personas, entre ellas tres menores, que intentaban curzar la forntera entre Siria y Turquía, según una información del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. En el crimen habrían participado fuerzas turcas, siempre según la citada versión.
Los “campos de detención” habilitados a raíz del acuerdo para tramitar las solicitudes de asilo constituyen, en sí mismos, una “contradicción” ya que no se puede detener a alguien para ofrecerle que solicite el asilo. O es un inmigrante ilegal o es un refugiado.
“Tampoco se les está dotando de asistencia jurídica, pues les están facilitando un impreso en donde les explican que tienen derecho a ser aisistidos por un abogado en caso de solicitar asilo o a ser deportados voluntariamente si así lo desean, pero en la práctica no hay abogados asistiéndolos”, relata el escrito.
http://www.eldiario.es/politica/IU-Rajo ... 50660.htmlEl Acuerdo del 18 de marzo recoge la necesidad de “evitar la entrada de inmigrantes ilegales” y es ahí donde IU-UP considera que la UE comienza a esconder su “propósito criminal”. En realidad, se trata de refugiados, personas que huyen de la guerra, que sin embargo son tratados como otros migrantes para privarles de su derecho de asilo.
“Este acuerdo supone un enmascaramiento de las intenciones reales de los gobiernos de los Estados miembros de la UE, que no son otras que impedir por la fuerza que los refugiados lleguen hasta la UE, ignorando deliberadamente, de paso, las violaciones de derechos humanos de las autoridades turcas en todos los ámbitos y, especialmente, con los refugiados”, dice el texto de la querella, a la que ha tenido acceso eldiario.es.
Además de un delito de lesa humanidad, Mariano Rajoy podría ser responsable de un delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, otro contra la integridad moral y un cuarto cometido por funcionario público contra las garantías constitucionales, según la calificación jurídica de la querella.
Rajoy participó en el refrendo del Acuerdo de Acción Conjunta con Turquía en una reunión del Consejo Europeo con el tercer país el 29 de noviembre e 2015 y “autorizó la presencia” del ministro de Asuntos Exteriores en la reunión de cancilleres de la UE con Turquía el 14 de diciembre de 2015. Después fue al Congreso y solo recibió el apoyo de su grupo parlamentario para aprobar lo que la querella define como “una expulsión masiva de refugiados”.
“Obviamente -continúa la querella-, no es lógico ni normal que ningún ánimo concreto de delinquir se plasme literalmente por escrito. Sin embargo, a nadie se le escapan las contradicciones, incoherencias internas y aberraciones contenidas en el texto, que sólo señalan un objetivo: expulsar masivamente a los refugiados que entren en las islas griegas”.
Para los querellantes, la evidencia de las ilegalidades que esconde el acuerdo está en las contraprestaciones que recibe Turquía: 6.000 millones de euros, la exención de visado a sus ciudadanos en el espacio Schengen y la “revitalización” de la negociación para la incorporación del país a la UE, detenida en la última década.
Si se tratara de reubicar a inmigrantes, y no a refugiados, “estaríamos ante un contrato abusivo, leonino”, dice la querella. “Nos han estafado al menos 6.000 millones de euros a los ciudadanos europeos, pues sería más barato retornar a los inmigrantes irregulares directamente a su país de origen, desde el país de llegada”, añade.
La querella, de 142 páginas, va firmada por los abogados Gonzalo Boye e Isabel Elbal. Los letrados recurren a la “teoría de la ubicuidad” para justificar la presentación de la querella ante el Tribunal Supremo español. Esta teoría está recogida, entre otros, en un acuerdo no jurisdiccional del Tribunal Supremo de fecha 3 de febrero de 2005, según el cual “el delito se comete en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo”.
El Partido Popular, a través de su mayoría absoluta de la pasada legislatura, reformó la justicia universal para limitar su alcance. Sin embargo, la querella de IU-UP considera que no es aplicable por varias razones. Entre ellas, que Rajoy adoptó decisiones en España y, por tanto, parte del delito se cometió en el territorio nacional.
Por lo demás, se trata de un ciudadano español que cometió presuntamente otra parte del delito en el extranjero, por lo que la Ley Orgánica del Poder Judicial también habilita a los tribunales españoles para que lo investiguen. Por último, se trata de un supuesto delito de lesa humanidad, incluido en las excepciones de la reforma.
Los abogados advierten que de no prosperar la querella en el Tribunal Supremo aún queda el recurso de la Corte Penal Internacional (CPI). Para ello citan al Estatuto de Roma, que “proclama con claridad la complementariedad de la Corte con respecto de los tribunales nacionales”. La CPI actúa cuando no lo hacen los tribunales nacionales, como una suerte de carácter subsidiario, por lo que vienen a decir que se reservan esa actuación si el Alto Tribunal no admite a trámite la querella contra Rajoy.
Garzón: "Ríanse, como con la querella de Bárcenas"
El líder de IU-UP, Alberto Garzón, se refirió a la presentación de la querella en el pleno sobre refugiados del miércoles, lo que provocó risas en la bancada del PP. “Entiendo que les haga gracia porque, entre otras cosas, parece que no aprenden. Con esa actitud respondieron cuando les anunciamos la querella de Bárcenas, y hoy no sonríen tanto por esa querella”.
La querella incluye un relato de la dramática situación de los refugiados y los números de la tragedia, entre ellos 270.000 muertos desde el inicio de la guerra en Siria; los 7,6 millones de desplazados y los 4,8 millones de refugiados, que huyen de las violaciones de los derechos humanos que practica el régimen de Al Asad y algunos de los grupos que contra él combaten, entre ellos ISIS.
Una vez en Turquía, las organizaciones internacionales, incluida Amnistía Internacional, describen una situación que se aleja al país “seguro” del que habla la UE para firmar el acuerdo. “Se obliga a los refugiados, bajo amenaza de permanecer detenidos, a firmar documentos escritos en turco en los que aceptan ser deportados, sin permitirles el acceso a una traducción y denegándoles una copia del mismo una vez afirmado”, dice el texto.
Los querellantes consideran “de extrema gravedad las noticias más recientes” sobre el asesinato de al menos 16 personas, entre ellas tres menores, que intentaban curzar la forntera entre Siria y Turquía, según una información del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. En el crimen habrían participado fuerzas turcas, siempre según la citada versión.
Los “campos de detención” habilitados a raíz del acuerdo para tramitar las solicitudes de asilo constituyen, en sí mismos, una “contradicción” ya que no se puede detener a alguien para ofrecerle que solicite el asilo. O es un inmigrante ilegal o es un refugiado.
“Tampoco se les está dotando de asistencia jurídica, pues les están facilitando un impreso en donde les explican que tienen derecho a ser aisistidos por un abogado en caso de solicitar asilo o a ser deportados voluntariamente si así lo desean, pero en la práctica no hay abogados asistiéndolos”, relata el escrito.
