Christiane Taubira, hasta ahora titular de Justicia, era la más progresista del Gobierno de Hollande
Las duras medidas antiterroristas que proyecta el Gobierno de François Hollande han sido el detonante de la dimisión de su ministra de Justicia, Christiane Taubira. Su salida del Ejecutivo es la consolidación del giro al centro del Ejecutivo socialista tras la salida de los ecologistas en marzo de 2014 y de tres ministros rebeldes, entre ellos el titular de Economía Arnaud Montebourg, cinco meses después. Taubira, la vibrante defensora del matrimonio homosexual, un icono de la izquierda, discrepaba públicamente del proyecto gubernamental antiterrorista que hoy echaba a andar en la Asamblea.
“En el debate en el que estamos debe haber una coherencia en la acción emprendida”, ha explicado Hollande a través de un comunicado oficial. A primera hora de la tarde, Christiane Taubira ha reconocido que se marcha por "un desacuerdo político mayor" con el Gobierno y ha añadido: "El peligro terrorista es grave e imprevisible, pero creo que no debemos concederle ninguna victoria ni militar, ni diplomática, ni política, ni simbólica". Su partida se dio por segura en diciembre, cuando el Gobierno francés anunció su intención de reformar la Constitución para dar amparo a las estrictas medidas antiterroristas que permite el estado de excepción y dar cobertura a la retirada de la nacionalidad a los terroristas binacionales nacidos en suelo francés. Fue una desautorización en toda regla de la ministra, que había anunciado previamente la retirada de esta última y polémica medida.
Taubira ha sido desde 2012 un electrón libre en el Gobierno de Hollande, la representante de la izquierda (procede del Partido Radical de Izquierda) y de las minorías étnicas (es de la Guyana). Objetivo a veces cruel de la derecha y la ultraderecha, pocos han ejercido en el Ejecutivo francés tanta libertad de palabra. “La retirada de la nacionalidad no es deseable y su eficacia, ridícula”, dijo el 7 de enero pasado. Esta mañana, justo cuando la comisión de leyes de la Asamblea ha empezado a debatir los cambios constitucionales a acometer en este terreno, Taubira ha presentado su dimisión y Hollande la ha aceptado. "He elegido ser fiel a mí misma y a mi combate", ha dicho después la ya extitular de Justicia. Previamente, en la Asamblea, los socialistas, en pie, la han ovacionado por protagonizar "combates emblemáticos de la izquierda" en palabras de un diputado del grupo.
Miembro del primer Gobierno de François Hollande, con Jean-Marc Ayrault como primer ministro, la posición de Taubira ha sido cada vez más incómoda. El nombramiento de Manuel Valls en marzo de 2014 para sustituir a Ayrault se saldó con la salida de los ecologistas primero (Cécile Duflot y Pascal Canfin) y los rebeldes del partido después (Montebourg, Aurélie Filippetti y Benoît Hamon). Todos ellos criticaban las políticas de austeridad y acusaban al Gobierno de liberalismo económico.
Las medidas antiterroristas son las que han abierto la brecha definitiva con Taubira. La ley de servicios secretos aprobada en junio pasado que ha legalizado la captación masiva de las comunicaciones fue un importante motivo de desacuerdo. Taubira consideró peligrosa la norma por los riesgos que entrañan las poderosas tecnologías hoy existentes y se mostró preocupada por la pérdida de libertades ciudadanas. Le sustituye en el cargo el diputado socialista Jean-Jacques Urvoas, que fue justamente el ponente de esa ley. Presidente de la comisión de leyes de la Asamblea y próximo a Valls, Urvoas se encargará de la reforma de la Constitución y del código penal.
La gran base electoral francesa es conservadora. Los sondeos demuestran que los franceses están preocupados de manera creciente por la inseguridad y la inmigración. El perfil de los políticos preferidos en las encuestas es conservador o representa al ala más centrista de la izquierda, como es el caso del ministro de Economía Emmanuel Macron, y de Manuel Valls. Uno de los ministros socialistas en ascenso es también Bernard Cazeneuve, titular de Interior, que dispone hoy, gracias al estado de excepción, de un margen de maniobra inédito en Francia para ordenar registros (3.234 en poco más de dos meses) o asignar residencia (una especie de arresto parcial domiciliario; 406 realizados) sin mandato judicial a sospechosos de terrorismo.
La retirada de la nacionalidad a los terroristas binacionales solo es posible ahora aplicarla a los naturalizados. El Gobierno prevé ampliar esa opción incluso para los nacidos en suelo francés. Es una medida que forma parte de las reivindicaciones habituales del ultraderechista Frente Nacional. “Otra propuesta del FN y de la derecha recuperada por Hollande: hacer partir a Taubira”, ha publicado en su cuenta de Twitter el líder del Parido de la Izquierda Jean-Luc Mélenchon.
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Lo que no han conseguido los ataques racistas de Le Pen hacia esa ministra de la Guayana francesa, lo ha conseguido el ISIS con la colaboración del hijo de puta de Manuel Valls que ha decidido renunciar a los derechos civiles inalienables de los franceses y ya no son todos iguales ante la ley, de tal manera que hay franceses de primera y otros de segunda.
Si un francés de origen comete un acto terrorista no se le privará de nacionalidad, si el francés es binacional si se le privará al cometer un acto terrorista.
Decir que por si ellos fueran también le privarían de nacionalidad a los franceses que no son de origen francés con sólo nacionalidad francesa si no fuera porque la Justicia Internacional prohíbe el convertir en apátridas a las personas y dejarlas sin ninguna nacionalidad.
