Debate sobre la independencia del poder judicial en España

[Col. Rheault]

lottizzazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Lottizzazione_(politica)

Procedimiento en virtud de cual los partidos se reparten los puestos disponibles en un órgano o en una institución haciendo en él lotes proporcionales a la presencia porcentual que le corresponde a cada fuerza política en el Parlamento. Es decir, los partidos no eligen o designan –desde el Parlamento o, en su caso, desde el Gobierno– a las personas que han de formar parte de un órgano o una institución teniendo en cuenta la trayectoria profesional y personal de los candidatos (sus méritos, profesionalidad, rigor, seriedad, independencia de criterio), sino valorando de forma primordial la cercanía a sus postulados políticos e ideológicos de quienes van a ser designados y su previsible lealtad a la fuerza que en cada caso impulse su candidatura.

[SanTelmo]

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Si quieres hablar de que lleva años bloqueado por el PP, vale, obviarlo con el Lawfare es un debate sesgado y ya está repetido por estar dentro del hilo de la amnistia.

Falso.

[Shaiapouf]

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Que lo convoque quien tiene la autoridad para convocarlo.

¿Desde cuándo el socialismo defiende el statu Quo?

Pregunta retórica, no es necesario que la contestes.

Como ya he dicho dos o tres montones de veces, soy conservador y no me gusta cambiar lo que se puede simplemente mejorar.

También tengo una cierta tendencia al pensamiento crítico, y una mente creativa, y un cierto talento para urdir y contar historias, así que "¿qué podría ir mal con...? es una pregunta con la que tengo muchísima experiencia.

Los tres poderes independientes es una estupidez que depende de que a nadie se le ocurra dejar de ser independiente, pese a que las partes son seres humanos y la historia está podrida de estupideces y crueldades cometidas en nombre de lo correcto según el señor del garrote que siempre siempre siempre cumple el requisito que te inventes: ser pío, ser justo, ser independiente... Y si no lo ves como él, garrote.

Así que, preguntarse ¿qué podría ir mal? es la primera línea de defensa contra las malas ideas.

Y me da que José ha comprado una idea concebida por alguien que cree que si esa idea se aplicara, él sería el primero y único en manipularla a su favor:

- Ahora que los jueces son independientes, asegurémonos de que no se considere independiente a ningún puto rojo / puto facha / puto lo que no me convenga

Es como las meritocracias que terminan juzgando el mérito en base al interés de quien ya ha triunfado y fija las reglas, lo cual es lógico si consideramos que la meritocracia fue inventada como una sátira política: el mérito lo define quien puede imponer su criterio, no quien lo tiene.

Como cuando Ceaucescu decidió que su esposa era una científica de primer nivel, hubo que pegar unos cuantos tiros para aclarar que a la señora le hacían y le publicaban los papers una colección de "negros"...

Pues eso, los socialistas defienden el statu quo

Curioso, ahora ser partidario de no tirarse por una ventana de elevación desconocida y no proponer irse a otra parte en vez de saltar por la ventana es "defender el statu quo".

Todos podemos ser conservadores (y de hecho lo somos) frente a arriesgados actos como lanzarse por una Asamblea Constituyente.

Pero es que lo que se propone es independencia del poder judicial con mecanismos de control desde otros poderes.

No se propone nada más.

Estar en contra de la independencia del poder judicial no es ser un sabio conservador, es querer defender el statu Quo.

Y la izquierda lleva años haciéndolo porque, al igual que la derecha, le gusta la distribución de jueces tal y como está, especialmente cuando tienen mayoría.

[Shaiapouf]

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Pues eso, los socialistas defienden el statu quo

Correcto. Siempre y cuando les convenga dicho statu quo. Y un país empobrecido, con un sistema antidemocrático, hiper corrupto y tendente a la división, es algo que interesa mucho a una organización sectaria y criminal con más de 140 años de historia. El auténtico cáncer de este país. Y el relato que se elabora en las cloacas de dicho partido, lo compran y defienden los más torpes, que encima piensan que tienen algún tipo de "pensamiento crítico", cuando la situación también les afecta a ellos. Es de chiste.

¿Sabes, en realidad, cuál es el "gran argumento" de esta gente para intervenir el poder judicial? Que como la carrera para ser juez dura 10 años, sólo los que vienen de "buena familia" pueden permitirse tanto tiempo estudiando (como si muchos no compaginaran el trabajo y los estudios). Y como las familias pudientes suelen ser, en su opinión, conservadoras y de derechas... pues, todos los jueces son "fachas", y hay que remediarlo de alguna forma. Porque si todos los jueces son fachas, no van a permitir que los socialistas saquemos adelante leyes anticonstitucionales, en esencia, como la Ley Integral de Violencia de Género, que discrimina, abiertamente, al sexo masculino. Ese es el "gran argumento" para emponzoñar, políticamente, las instituciones. Por eso, sacaron la Ley de Cupos, en 1985 (algo que el PP no cambió, por cierto). Todo viene de su avidez para controlar las instituciones. Les jode que nada dependa de ellos y que esté fuera de su control.

En el caso de Jueces, Abogados del estado , Letrados de las Cortes etc en general se necesita un buen respaldo para poder acceder a ellos. Conozco los casos de Letrados de las Cortes y efectivamente la propia familia reconocía que no es algo que esté al alcance de todos y que afortunadamente ellos se lo habían podido permitir. Son oposiciones muy difíciles que obligan a estudiar casi todo el día, que normalmente no se sacan a la primera y que requieren encima andar pagando a preparadores.
A lo mejor hay algún portento que se puede permitir algún trabajillo pero por lo que sé, no.
Y por otro lado mira como se reparten ideológicamente los jueces y como se reparte el poder cuando solo eligen ellos
https://www.eldiario.es/politica/siglas ... 11233.html
No parece muy equilibrado. No pueden estar vinculados directamente a partidos políticos pero afinidades ideológicas tienen, lo que en principio no tendría por qué invalidarlos.

¿Cuál es el problema con la tendencia conservadora de los jueces? ¿Es que si son conservadores no van a acatar sanciones tal y como nos gustaría?

Yo ya dejé en claro el porqué los jueces conservadores son superiores funcionalmente que los jueces progresistas.

Pero no se trata solo de superioridad funcional, también es una consecuencia inevitable en su posición: personas que se mantienen en sus cargos cumpliendo una valiosa función social donde la gerontocracia predomina, es lógico que como gremio sean más conservadores.

Como también es lógico que los artistas sean más progresistas.

¿Eso significa que está mal darles banda ancha para que promuevan su arte por miedo a la degeneración progre?

No.

Lo que significa es que habrá que analizar su trabajo en virtud de los resultados, no de filias y fobias.

Saludos.

PD: Y que no se nos olvide que la judicatura tiene en España mayoría femenina. Con el tiempo su peso en el TS o TC será mayoritario, es más, es más probable que lo sea antes en un sistema 100% independiente que en uno dependiente del presidente, el ejecutivo y los diputados.

[SanTelmo]

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Si quieres hablar de que lleva años bloqueado por el PP, vale, obviarlo con el Lawfare es un debate sesgado y ya está repetido por estar dentro del hilo de la amnistia.

Pero eso es porque Sanchez se niega a despolitizar la justicia. Si se prestara a ello, el CGPJ llevaria renovado varios años.

Una excusa tontísima para no cumplir con lo que han legislado aquellos que fueron votados para crear las leyes.
Y ya sabemos que significa despolitizar: "haga como yo, no se meta en política"

Ninguna ley obliga a ningún partido a participar de la renovación. A quienes sí que pone una obligación es a los presidentes de las cámaras. Que hubieran cumplido con su cometido y a ver qué salía. La renovación era posible sin el PP.

[Shaiapouf]

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Pues eso, los socialistas defienden el statu quo

Correcto. Siempre y cuando les convenga dicho statu quo. Y un país empobrecido, con un sistema antidemocrático, hiper corrupto y tendente a la división, es algo que interesa mucho a una organización sectaria y criminal con más de 140 años de historia. El auténtico cáncer de este país. Y el relato que se elabora en las cloacas de dicho partido, lo compran y defienden los más torpes, que encima piensan que tienen algún tipo de "pensamiento crítico", cuando la situación también les afecta a ellos. Es de chiste.

¿Sabes, en realidad, cuál es el "gran argumento" de esta gente para intervenir el poder judicial? Que como la carrera para ser juez dura 10 años, sólo los que vienen de "buena familia" pueden permitirse tanto tiempo estudiando (como si muchos no compaginaran el trabajo y los estudios). Y como las familias pudientes suelen ser, en su opinión, conservadoras y de derechas... pues, todos los jueces son "fachas", y hay que remediarlo de alguna forma. Porque si todos los jueces son fachas, no van a permitir que los socialistas saquemos adelante leyes anticonstitucionales, en esencia, como la Ley Integral de Violencia de Género, que discrimina, abiertamente, al sexo masculino. Ese es el "gran argumento" para emponzoñar, políticamente, las instituciones. Por eso, sacaron la Ley de Cupos, en 1985 (algo que el PP no cambió, por cierto). Todo viene de su avidez para controlar las instituciones. Les jode que nada dependa de ellos y que esté fuera de su control.

De hecho la judicatura en occidente es cada vez más femenina. Ahí lo olvidan.

En Chile la izquierda ha llorado desde el retorno a la democracia en contra del TC, pero ahora que tienen mayoría, callan.

[Regshoe]

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Si quieres hablar de que lleva años bloqueado por el PP, vale, obviarlo con el Lawfare es un debate sesgado y ya está repetido por estar dentro del hilo de la amnistia.

Falso.

Lo del lawfare o lo de la peperrada? Porque ambas cosas son ciertas.

[SanTelmo]

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Si quieres hablar de que lleva años bloqueado por el PP, vale, obviarlo con el Lawfare es un debate sesgado y ya está repetido por estar dentro del hilo de la amnistia.

Falso.

Lo del lawfare o lo de la peperrada? Porque ambas cosas son ciertas.

Lo del PP, para bloquear la renovación necesitaba 141 diputados (no tenía ni 100) en el Congreso y 106 senadores (tenía 104). ¿Era posible renovar el CGPJ sin el PP?, por supuesto, aunque también era tremendamente complicado.

La renovación la han bloqueado los dos partidos, pero principalmente han sido los presidentes de las cámaras, que son las únicas personas a las que la ley marca alguna obligación en la renovación del CGPJ, que en lugar de cumplir con su obligación, se han dedicado a la vida contemplativa esperando órdenes del Gobierno, que ni pincha ni corta en la renovación.

[Logan]

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El 'lawfare' existe pero Junts y el PSOE no pueden decir que existe
La evidencia empírica de que disponemos indica de manera inequívoca que en España se practica el lawfare. ¿O no fue lawfare la persecución judicial de Juan María Atutxa, presidente del Parlamento Vasco, que fue condenado por la Sala del artículo 61 de la LOPJ de manera jurídicamente aberrante? La sentencia sería anulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero, para entonces, ya se había puesto fin a su carrera política. ¿O no ha sido lawfare la persecución de la que han venido siendo objeto los dirigentes de Podemos? ¿O la condena de Arnaldo Otegui con vulneración del derecho a un juez imparcial, que también fue anulada por el TEDH tras haber cumplido los seis años en la cárcel? ¿O la pretensión del Tribunal Supremo de repetir el juicio contra Arnaldo Otegui con el argumento de que este tiene derecho a ser condenado sin vulneración de derechos fundamentales? ¿O la persecución de la que fue objeto Victoria Rosell, que la apartó del Congreso de los Diputados? ¿O la de Mónica Oltra? ¿O la de Rodrigo Torrijos, dirigente comunista sevillano perseguido durante más de diez años en cuatro causas distintas, en ninguna de las cuales se llegó a dictar un auto de procesamiento firme? Para mayor inri, la Audiencia Nacional evaluó en 2.000 euros la indemnización por la actuación desviada del poder judicial durante más de diez años…

En algún caso el lawfare ha llegado a tener tal intensidad que ha alcanzado, en mi opinión, la categoría de golpe de Estado. Es lo que ocurrió con la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, mediante la que se resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP contra la reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya.

La reforma del Estatuto se aprobó siguiendo al pie de la letra la fórmula prevista en la Constitución para la integración de las “nacionalidades” en el Estado. Dicha fórmula consistía en la combinación de la democracia representativa reforzada con la democracia directa.

Democracia representativa “reforzada” en un doble sentido. En primer lugar, porque se exigía que el Proyecto de reforma fuera aprobada por una mayoría de 2/3 del Parlamento de la nacionalidad. En segundo lugar, porque dicho Proyecto de reforma se remitía a las Cortes Generales, en cuyo seno se producía una negociación entre la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados y una Delegación del Parlamento proponente con el mismo número de diputados que los que integran la Comisión Constitucional.
n caso de desacuerdo entre la Comisión Constitucional y la Delegación del Parlamento proponente, se imponía la posición de la Comisión Constitucional. La Constitución encargaba, pues, a la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados el “control de constitucionalidad” del Proyecto de reforma elaborado por el Parlamento proponente.

En la reforma del Estatuto catalán la Comisión Constitucional, presidida por Alfonso Guerra, ejerció dicho control con una intensidad inusitada. Tanta que Alfonso Guerra llegó a decir que “se habían cepillado” el Proyecto remitido por el Parlamento catalán.

A pesar de ello, la Delegación del Parlament aceptó el recorte y se alcanzó un acuerdo sobre el contenido de la reforma.

Dicho acuerdo sería sometido a continuación a referéndum de los ciudadanos de Catalunya, que lo aprobarían por más del 75 por ciento de los votos válidamente emitidos.

La combinación de la democracia representativa reforzada con la democracia directa se respetó en su integridad. No ha habido ni una sola norma, ni una sola, desde la entrada en vigor de la Constitución que se haya aprobado con tanta legitimidad democrática como lo fue la reforma del Estatuto de Catalunya.

La reforma estuvo en vigor durante cuatro años, sin que se planteara ningún incidente, no digo ningún incidente digno de mención, sino ningún incidente, que afectara a la operatividad del Estado de las Autonomías.

Sin embargo, el PP interpuso un recurso de inconstitucionalidad y empezó a poner en marcha el juego sucio, el lawfare, con la finalidad de conseguir su objetivo.

La primera operación de lawfare fue la recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps por haber participado en unas jornadas científicas organizadas por el Instituto de Estudios Autonómicos de la Generalitat de Catalunya, cuando todavía era presidente Jordi Pujol y no se había iniciado la reforma del Estatut. La contribución de Pablo Pérez Tremps versaba sobre las relaciones entre el derecho comunitario y el derecho interno. La recusación fue aprobada por una mayoría de 6 contra 5.

Inmediatamente publiqué en El País, el 10 de febrero de 2007, una columna con el título 'Golpe de Estado', en la que denuncié la operación, que no tenía otra finalidad que alterar el equilibrio interno en el Tribunal Constitucional para anular la reforma estatutaria. Y avisé que, si el golpe de Estado se producía, las consecuencias serían catastróficas. El golpe de Estado tardó tres años en abrirse camino, pero se produjo con la aprobación de la STC 31/2010. El TC anuló parcialmente el pacto entre el Parlament y las Cortes Generales y desconoció el resultado del referéndum de ratificación de dicho pacto. Los dos elementos esenciales de la fórmula constitucional de integración de las “nacionalidades en el Estado” fueron aniquilados por el TC. Catalunya tendría que ejercer su derecho a la autonomía no con base en un Estatuto pactado por su Parlament y refrendado por sus ciudadanos, sino con un Estatuto “impuesto por el PP a través del TC”

Desde entonces el TC y el TS han sido los actores principales en lo que al ejercicio del derecho a la autonomía se refiere. De aquellos polvos estos lodos, que ahora se está buscando la forma de retirar.

A la quiebra de la Constitución Territorial en Catalunya se añadiría la quiebra del bipartidismo a partir de las elecciones europeas de mayo de 2014, en las que irrumpió Podemos. Ambas conjuntamente darían un impulso enorme a la práctica del lawfare, que acabaría conduciendo nada menos que a la corrupción institucional del Consejo General del Poder Judicial.

Dicho todo esto, pediría a los lectores que lean o relean el artículo que publicó Jordi Nieva este pasado viernes con el título 'Lawfare', con el que estoy de acuerdo. Individualmente se puede perfectamente abordar el lawfare y formular la crítica que se estime pertinente. Dos partidos políticos que están intentando alcanzar un pacto para formar Gobierno, no pueden hacerlo. Coincido en que “el acuerdo de JxCat y el PSOE alude al lawfare de un modo tal vez inoportuno, probablemente imprudente y con seguridad innecesario.”

Pero no porque el lawfare no exista, sino porque ellos no pueden decirlo.

https://www.msn.com/es-es/noticias/espa ... kbar&ei=19

[SanTelmo]

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El 'lawfare' existe pero Junts y el PSOE no pueden decir que existe
La evidencia empírica de que disponemos indica de manera inequívoca que en España se practica el lawfare. ¿O no fue lawfare la persecución judicial de Juan María Atutxa, presidente del Parlamento Vasco, que fue condenado por la Sala del artículo 61 de la LOPJ de manera jurídicamente aberrante? La sentencia sería anulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero, para entonces, ya se había puesto fin a su carrera política. ¿O no ha sido lawfare la persecución de la que han venido siendo objeto los dirigentes de Podemos? ¿O la condena de Arnaldo Otegui con vulneración del derecho a un juez imparcial, que también fue anulada por el TEDH tras haber cumplido los seis años en la cárcel? ¿O la pretensión del Tribunal Supremo de repetir el juicio contra Arnaldo Otegui con el argumento de que este tiene derecho a ser condenado sin vulneración de derechos fundamentales? ¿O la persecución de la que fue objeto Victoria Rosell, que la apartó del Congreso de los Diputados? ¿O la de Mónica Oltra? ¿O la de Rodrigo Torrijos, dirigente comunista sevillano perseguido durante más de diez años en cuatro causas distintas, en ninguna de las cuales se llegó a dictar un auto de procesamiento firme? Para mayor inri, la Audiencia Nacional evaluó en 2.000 euros la indemnización por la actuación desviada del poder judicial durante más de diez años…

En algún caso el lawfare ha llegado a tener tal intensidad que ha alcanzado, en mi opinión, la categoría de golpe de Estado. Es lo que ocurrió con la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, mediante la que se resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP contra la reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya.

La reforma del Estatuto se aprobó siguiendo al pie de la letra la fórmula prevista en la Constitución para la integración de las “nacionalidades” en el Estado. Dicha fórmula consistía en la combinación de la democracia representativa reforzada con la democracia directa.

Democracia representativa “reforzada” en un doble sentido. En primer lugar, porque se exigía que el Proyecto de reforma fuera aprobada por una mayoría de 2/3 del Parlamento de la nacionalidad. En segundo lugar, porque dicho Proyecto de reforma se remitía a las Cortes Generales, en cuyo seno se producía una negociación entre la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados y una Delegación del Parlamento proponente con el mismo número de diputados que los que integran la Comisión Constitucional.
n caso de desacuerdo entre la Comisión Constitucional y la Delegación del Parlamento proponente, se imponía la posición de la Comisión Constitucional. La Constitución encargaba, pues, a la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados el “control de constitucionalidad” del Proyecto de reforma elaborado por el Parlamento proponente.

En la reforma del Estatuto catalán la Comisión Constitucional, presidida por Alfonso Guerra, ejerció dicho control con una intensidad inusitada. Tanta que Alfonso Guerra llegó a decir que “se habían cepillado” el Proyecto remitido por el Parlamento catalán.

A pesar de ello, la Delegación del Parlament aceptó el recorte y se alcanzó un acuerdo sobre el contenido de la reforma.

Dicho acuerdo sería sometido a continuación a referéndum de los ciudadanos de Catalunya, que lo aprobarían por más del 75 por ciento de los votos válidamente emitidos.

La combinación de la democracia representativa reforzada con la democracia directa se respetó en su integridad. No ha habido ni una sola norma, ni una sola, desde la entrada en vigor de la Constitución que se haya aprobado con tanta legitimidad democrática como lo fue la reforma del Estatuto de Catalunya.

La reforma estuvo en vigor durante cuatro años, sin que se planteara ningún incidente, no digo ningún incidente digno de mención, sino ningún incidente, que afectara a la operatividad del Estado de las Autonomías.

Sin embargo, el PP interpuso un recurso de inconstitucionalidad y empezó a poner en marcha el juego sucio, el lawfare, con la finalidad de conseguir su objetivo.

La primera operación de lawfare fue la recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps por haber participado en unas jornadas científicas organizadas por el Instituto de Estudios Autonómicos de la Generalitat de Catalunya, cuando todavía era presidente Jordi Pujol y no se había iniciado la reforma del Estatut. La contribución de Pablo Pérez Tremps versaba sobre las relaciones entre el derecho comunitario y el derecho interno. La recusación fue aprobada por una mayoría de 6 contra 5.

Inmediatamente publiqué en El País, el 10 de febrero de 2007, una columna con el título 'Golpe de Estado', en la que denuncié la operación, que no tenía otra finalidad que alterar el equilibrio interno en el Tribunal Constitucional para anular la reforma estatutaria. Y avisé que, si el golpe de Estado se producía, las consecuencias serían catastróficas. El golpe de Estado tardó tres años en abrirse camino, pero se produjo con la aprobación de la STC 31/2010. El TC anuló parcialmente el pacto entre el Parlament y las Cortes Generales y desconoció el resultado del referéndum de ratificación de dicho pacto. Los dos elementos esenciales de la fórmula constitucional de integración de las “nacionalidades en el Estado” fueron aniquilados por el TC. Catalunya tendría que ejercer su derecho a la autonomía no con base en un Estatuto pactado por su Parlament y refrendado por sus ciudadanos, sino con un Estatuto “impuesto por el PP a través del TC”

Desde entonces el TC y el TS han sido los actores principales en lo que al ejercicio del derecho a la autonomía se refiere. De aquellos polvos estos lodos, que ahora se está buscando la forma de retirar.

A la quiebra de la Constitución Territorial en Catalunya se añadiría la quiebra del bipartidismo a partir de las elecciones europeas de mayo de 2014, en las que irrumpió Podemos. Ambas conjuntamente darían un impulso enorme a la práctica del lawfare, que acabaría conduciendo nada menos que a la corrupción institucional del Consejo General del Poder Judicial.

Dicho todo esto, pediría a los lectores que lean o relean el artículo que publicó Jordi Nieva este pasado viernes con el título 'Lawfare', con el que estoy de acuerdo. Individualmente se puede perfectamente abordar el lawfare y formular la crítica que se estime pertinente. Dos partidos políticos que están intentando alcanzar un pacto para formar Gobierno, no pueden hacerlo. Coincido en que “el acuerdo de JxCat y el PSOE alude al lawfare de un modo tal vez inoportuno, probablemente imprudente y con seguridad innecesario.”

Pero no porque el lawfare no exista, sino porque ellos no pueden decirlo.

https://www.msn.com/es-es/noticias/espa ... kbar&ei=19

¿Pérez Royo?

[José]

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Si quieres hablar de que lleva años bloqueado por el PP, vale, obviarlo con el Lawfare es un debate sesgado y ya está repetido por estar dentro del hilo de la amnistia.

Estoy intentando mover los comentarios del hilo de Biden, por Política Internacional, aquí. Pero no soy quién. Algo no marcha bien en este foro, porque en el otro puedo perfectamente.

En serio, no sé si eres tonto o que haces. Te acabo de explicar cómo se hace. Si aún eres incapaz, pregunta. Y si sigues siendo incapaz pide a alguien con dedos prensiles que te los mueva.

No sé por dónde me lo explicaste (igual en politburó, porque no la veo en este hilo ni por privado), pero lo solucioné antes de necesitar tu ayuda. De hecho, has escrito después de los todos los mensajes que moví. El oportunismo es un gran don.

[Edison]

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El 'lawfare' existe pero Junts y el PSOE no pueden decir que existe
La evidencia empírica de que disponemos indica de manera inequívoca que en España se practica el lawfare. ¿O no fue lawfare la persecución judicial de Juan María Atutxa, presidente del Parlamento Vasco, que fue condenado por la Sala del artículo 61 de la LOPJ de manera jurídicamente aberrante? La sentencia sería anulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero, para entonces, ya se había puesto fin a su carrera política. ¿O no ha sido lawfare la persecución de la que han venido siendo objeto los dirigentes de Podemos? ¿O la condena de Arnaldo Otegui con vulneración del derecho a un juez imparcial, que también fue anulada por el TEDH tras haber cumplido los seis años en la cárcel? ¿O la pretensión del Tribunal Supremo de repetir el juicio contra Arnaldo Otegui con el argumento de que este tiene derecho a ser condenado sin vulneración de derechos fundamentales? ¿O la persecución de la que fue objeto Victoria Rosell, que la apartó del Congreso de los Diputados? ¿O la de Mónica Oltra? ¿O la de Rodrigo Torrijos, dirigente comunista sevillano perseguido durante más de diez años en cuatro causas distintas, en ninguna de las cuales se llegó a dictar un auto de procesamiento firme? Para mayor inri, la Audiencia Nacional evaluó en 2.000 euros la indemnización por la actuación desviada del poder judicial durante más de diez años…

En algún caso el lawfare ha llegado a tener tal intensidad que ha alcanzado, en mi opinión, la categoría de golpe de Estado. Es lo que ocurrió con la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, mediante la que se resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP contra la reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya.

La reforma del Estatuto se aprobó siguiendo al pie de la letra la fórmula prevista en la Constitución para la integración de las “nacionalidades” en el Estado. Dicha fórmula consistía en la combinación de la democracia representativa reforzada con la democracia directa.

Democracia representativa “reforzada” en un doble sentido. En primer lugar, porque se exigía que el Proyecto de reforma fuera aprobada por una mayoría de 2/3 del Parlamento de la nacionalidad. En segundo lugar, porque dicho Proyecto de reforma se remitía a las Cortes Generales, en cuyo seno se producía una negociación entre la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados y una Delegación del Parlamento proponente con el mismo número de diputados que los que integran la Comisión Constitucional.
n caso de desacuerdo entre la Comisión Constitucional y la Delegación del Parlamento proponente, se imponía la posición de la Comisión Constitucional. La Constitución encargaba, pues, a la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados el “control de constitucionalidad” del Proyecto de reforma elaborado por el Parlamento proponente.

En la reforma del Estatuto catalán la Comisión Constitucional, presidida por Alfonso Guerra, ejerció dicho control con una intensidad inusitada. Tanta que Alfonso Guerra llegó a decir que “se habían cepillado” el Proyecto remitido por el Parlamento catalán.

A pesar de ello, la Delegación del Parlament aceptó el recorte y se alcanzó un acuerdo sobre el contenido de la reforma.

Dicho acuerdo sería sometido a continuación a referéndum de los ciudadanos de Catalunya, que lo aprobarían por más del 75 por ciento de los votos válidamente emitidos.

La combinación de la democracia representativa reforzada con la democracia directa se respetó en su integridad. No ha habido ni una sola norma, ni una sola, desde la entrada en vigor de la Constitución que se haya aprobado con tanta legitimidad democrática como lo fue la reforma del Estatuto de Catalunya.

La reforma estuvo en vigor durante cuatro años, sin que se planteara ningún incidente, no digo ningún incidente digno de mención, sino ningún incidente, que afectara a la operatividad del Estado de las Autonomías.

Sin embargo, el PP interpuso un recurso de inconstitucionalidad y empezó a poner en marcha el juego sucio, el lawfare, con la finalidad de conseguir su objetivo.

La primera operación de lawfare fue la recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps por haber participado en unas jornadas científicas organizadas por el Instituto de Estudios Autonómicos de la Generalitat de Catalunya, cuando todavía era presidente Jordi Pujol y no se había iniciado la reforma del Estatut. La contribución de Pablo Pérez Tremps versaba sobre las relaciones entre el derecho comunitario y el derecho interno. La recusación fue aprobada por una mayoría de 6 contra 5.

Inmediatamente publiqué en El País, el 10 de febrero de 2007, una columna con el título 'Golpe de Estado', en la que denuncié la operación, que no tenía otra finalidad que alterar el equilibrio interno en el Tribunal Constitucional para anular la reforma estatutaria. Y avisé que, si el golpe de Estado se producía, las consecuencias serían catastróficas. El golpe de Estado tardó tres años en abrirse camino, pero se produjo con la aprobación de la STC 31/2010. El TC anuló parcialmente el pacto entre el Parlament y las Cortes Generales y desconoció el resultado del referéndum de ratificación de dicho pacto. Los dos elementos esenciales de la fórmula constitucional de integración de las “nacionalidades en el Estado” fueron aniquilados por el TC. Catalunya tendría que ejercer su derecho a la autonomía no con base en un Estatuto pactado por su Parlament y refrendado por sus ciudadanos, sino con un Estatuto “impuesto por el PP a través del TC”

Desde entonces el TC y el TS han sido los actores principales en lo que al ejercicio del derecho a la autonomía se refiere. De aquellos polvos estos lodos, que ahora se está buscando la forma de retirar.

A la quiebra de la Constitución Territorial en Catalunya se añadiría la quiebra del bipartidismo a partir de las elecciones europeas de mayo de 2014, en las que irrumpió Podemos. Ambas conjuntamente darían un impulso enorme a la práctica del lawfare, que acabaría conduciendo nada menos que a la corrupción institucional del Consejo General del Poder Judicial.

Dicho todo esto, pediría a los lectores que lean o relean el artículo que publicó Jordi Nieva este pasado viernes con el título 'Lawfare', con el que estoy de acuerdo. Individualmente se puede perfectamente abordar el lawfare y formular la crítica que se estime pertinente. Dos partidos políticos que están intentando alcanzar un pacto para formar Gobierno, no pueden hacerlo. Coincido en que “el acuerdo de JxCat y el PSOE alude al lawfare de un modo tal vez inoportuno, probablemente imprudente y con seguridad innecesario.”

Pero no porque el lawfare no exista, sino porque ellos no pueden decirlo.

https://www.msn.com/es-es/noticias/espa ... kbar&ei=19

¿Pérez Royo?

Huy, este argumento si que es convincente. Te has superado.

https://es.wikipedia.org/wiki/Javier_Pérez_Royo

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Javier Pérez Royo (Sevilla, 11 de septiembre de 1944) es un jurista español, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla y comentarista político y articulista en varios medios de comunicación españoles, como eldiario.es.

Biografía

Doctorado en Derecho por la Universidad de Sevilla, realizó diversos estudios complementarios en la Universidad de Tubinga, Universidad de Minnesota y el Instituto Max Planck. En la propia universidad sevillana inició su actividad docente como profesor en 1966. De 1988 a 1992 fue rector de la misma y presidente de la Conferencia de Rectores de España.

Fue miembro de la Comisión Redactora del Estatuto de autonomía de Andalucía y participó también en la redacción del Estatuto de autonomía de Cataluña de 2006. Es comentarista habitual de los diarios El País, El Periódico de Cataluña,eldiario.es, y de la Cadena SER además es colaborador habitual en columnas de opinión en prensa escrita como La Vanguardia, El Punt, Diario de Barcelona, Revista de Girona, Jano, El 9, Avui, El Periòdic d'Andorra, Serra d'Or, en la radio (Catalunya Ràdio y COM Ràdio), y en la televisión (BTV, TV3). Autor de numerosas obras sobre el derecho constitucional.
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[Logan]

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El 'lawfare' existe pero Junts y el PSOE no pueden decir que existe
La evidencia empírica de que disponemos indica de manera inequívoca que en España se practica el lawfare. ¿O no fue lawfare la persecución judicial de Juan María Atutxa, presidente del Parlamento Vasco, que fue condenado por la Sala del artículo 61 de la LOPJ de manera jurídicamente aberrante? La sentencia sería anulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero, para entonces, ya se había puesto fin a su carrera política. ¿O no ha sido lawfare la persecución de la que han venido siendo objeto los dirigentes de Podemos? ¿O la condena de Arnaldo Otegui con vulneración del derecho a un juez imparcial, que también fue anulada por el TEDH tras haber cumplido los seis años en la cárcel? ¿O la pretensión del Tribunal Supremo de repetir el juicio contra Arnaldo Otegui con el argumento de que este tiene derecho a ser condenado sin vulneración de derechos fundamentales? ¿O la persecución de la que fue objeto Victoria Rosell, que la apartó del Congreso de los Diputados? ¿O la de Mónica Oltra? ¿O la de Rodrigo Torrijos, dirigente comunista sevillano perseguido durante más de diez años en cuatro causas distintas, en ninguna de las cuales se llegó a dictar un auto de procesamiento firme? Para mayor inri, la Audiencia Nacional evaluó en 2.000 euros la indemnización por la actuación desviada del poder judicial durante más de diez años…

En algún caso el lawfare ha llegado a tener tal intensidad que ha alcanzado, en mi opinión, la categoría de golpe de Estado. Es lo que ocurrió con la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, mediante la que se resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP contra la reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya.

La reforma del Estatuto se aprobó siguiendo al pie de la letra la fórmula prevista en la Constitución para la integración de las “nacionalidades” en el Estado. Dicha fórmula consistía en la combinación de la democracia representativa reforzada con la democracia directa.

Democracia representativa “reforzada” en un doble sentido. En primer lugar, porque se exigía que el Proyecto de reforma fuera aprobada por una mayoría de 2/3 del Parlamento de la nacionalidad. En segundo lugar, porque dicho Proyecto de reforma se remitía a las Cortes Generales, en cuyo seno se producía una negociación entre la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados y una Delegación del Parlamento proponente con el mismo número de diputados que los que integran la Comisión Constitucional.
n caso de desacuerdo entre la Comisión Constitucional y la Delegación del Parlamento proponente, se imponía la posición de la Comisión Constitucional. La Constitución encargaba, pues, a la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados el “control de constitucionalidad” del Proyecto de reforma elaborado por el Parlamento proponente.

En la reforma del Estatuto catalán la Comisión Constitucional, presidida por Alfonso Guerra, ejerció dicho control con una intensidad inusitada. Tanta que Alfonso Guerra llegó a decir que “se habían cepillado” el Proyecto remitido por el Parlamento catalán.

A pesar de ello, la Delegación del Parlament aceptó el recorte y se alcanzó un acuerdo sobre el contenido de la reforma.

Dicho acuerdo sería sometido a continuación a referéndum de los ciudadanos de Catalunya, que lo aprobarían por más del 75 por ciento de los votos válidamente emitidos.

La combinación de la democracia representativa reforzada con la democracia directa se respetó en su integridad. No ha habido ni una sola norma, ni una sola, desde la entrada en vigor de la Constitución que se haya aprobado con tanta legitimidad democrática como lo fue la reforma del Estatuto de Catalunya.

La reforma estuvo en vigor durante cuatro años, sin que se planteara ningún incidente, no digo ningún incidente digno de mención, sino ningún incidente, que afectara a la operatividad del Estado de las Autonomías.

Sin embargo, el PP interpuso un recurso de inconstitucionalidad y empezó a poner en marcha el juego sucio, el lawfare, con la finalidad de conseguir su objetivo.

La primera operación de lawfare fue la recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps por haber participado en unas jornadas científicas organizadas por el Instituto de Estudios Autonómicos de la Generalitat de Catalunya, cuando todavía era presidente Jordi Pujol y no se había iniciado la reforma del Estatut. La contribución de Pablo Pérez Tremps versaba sobre las relaciones entre el derecho comunitario y el derecho interno. La recusación fue aprobada por una mayoría de 6 contra 5.

Inmediatamente publiqué en El País, el 10 de febrero de 2007, una columna con el título 'Golpe de Estado', en la que denuncié la operación, que no tenía otra finalidad que alterar el equilibrio interno en el Tribunal Constitucional para anular la reforma estatutaria. Y avisé que, si el golpe de Estado se producía, las consecuencias serían catastróficas. El golpe de Estado tardó tres años en abrirse camino, pero se produjo con la aprobación de la STC 31/2010. El TC anuló parcialmente el pacto entre el Parlament y las Cortes Generales y desconoció el resultado del referéndum de ratificación de dicho pacto. Los dos elementos esenciales de la fórmula constitucional de integración de las “nacionalidades en el Estado” fueron aniquilados por el TC. Catalunya tendría que ejercer su derecho a la autonomía no con base en un Estatuto pactado por su Parlament y refrendado por sus ciudadanos, sino con un Estatuto “impuesto por el PP a través del TC”

Desde entonces el TC y el TS han sido los actores principales en lo que al ejercicio del derecho a la autonomía se refiere. De aquellos polvos estos lodos, que ahora se está buscando la forma de retirar.

A la quiebra de la Constitución Territorial en Catalunya se añadiría la quiebra del bipartidismo a partir de las elecciones europeas de mayo de 2014, en las que irrumpió Podemos. Ambas conjuntamente darían un impulso enorme a la práctica del lawfare, que acabaría conduciendo nada menos que a la corrupción institucional del Consejo General del Poder Judicial.

Dicho todo esto, pediría a los lectores que lean o relean el artículo que publicó Jordi Nieva este pasado viernes con el título 'Lawfare', con el que estoy de acuerdo. Individualmente se puede perfectamente abordar el lawfare y formular la crítica que se estime pertinente. Dos partidos políticos que están intentando alcanzar un pacto para formar Gobierno, no pueden hacerlo. Coincido en que “el acuerdo de JxCat y el PSOE alude al lawfare de un modo tal vez inoportuno, probablemente imprudente y con seguridad innecesario.”

Pero no porque el lawfare no exista, sino porque ellos no pueden decirlo.

https://www.msn.com/es-es/noticias/espa ... kbar&ei=19

¿Pérez Royo?

No te gusta Pérez Royo, pues te puedo poner uno de Joaquín Urías, exltrado del tc acusando de lawfare a varios magistrados

[SanTelmo]

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El 'lawfare' existe pero Junts y el PSOE no pueden decir que existe
La evidencia empírica de que disponemos indica de manera inequívoca que en España se practica el lawfare. ¿O no fue lawfare la persecución judicial de Juan María Atutxa, presidente del Parlamento Vasco, que fue condenado por la Sala del artículo 61 de la LOPJ de manera jurídicamente aberrante? La sentencia sería anulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero, para entonces, ya se había puesto fin a su carrera política. ¿O no ha sido lawfare la persecución de la que han venido siendo objeto los dirigentes de Podemos? ¿O la condena de Arnaldo Otegui con vulneración del derecho a un juez imparcial, que también fue anulada por el TEDH tras haber cumplido los seis años en la cárcel? ¿O la pretensión del Tribunal Supremo de repetir el juicio contra Arnaldo Otegui con el argumento de que este tiene derecho a ser condenado sin vulneración de derechos fundamentales? ¿O la persecución de la que fue objeto Victoria Rosell, que la apartó del Congreso de los Diputados? ¿O la de Mónica Oltra? ¿O la de Rodrigo Torrijos, dirigente comunista sevillano perseguido durante más de diez años en cuatro causas distintas, en ninguna de las cuales se llegó a dictar un auto de procesamiento firme? Para mayor inri, la Audiencia Nacional evaluó en 2.000 euros la indemnización por la actuación desviada del poder judicial durante más de diez años…

En algún caso el lawfare ha llegado a tener tal intensidad que ha alcanzado, en mi opinión, la categoría de golpe de Estado. Es lo que ocurrió con la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, mediante la que se resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP contra la reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya.

La reforma del Estatuto se aprobó siguiendo al pie de la letra la fórmula prevista en la Constitución para la integración de las “nacionalidades” en el Estado. Dicha fórmula consistía en la combinación de la democracia representativa reforzada con la democracia directa.

Democracia representativa “reforzada” en un doble sentido. En primer lugar, porque se exigía que el Proyecto de reforma fuera aprobada por una mayoría de 2/3 del Parlamento de la nacionalidad. En segundo lugar, porque dicho Proyecto de reforma se remitía a las Cortes Generales, en cuyo seno se producía una negociación entre la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados y una Delegación del Parlamento proponente con el mismo número de diputados que los que integran la Comisión Constitucional.
n caso de desacuerdo entre la Comisión Constitucional y la Delegación del Parlamento proponente, se imponía la posición de la Comisión Constitucional. La Constitución encargaba, pues, a la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados el “control de constitucionalidad” del Proyecto de reforma elaborado por el Parlamento proponente.

En la reforma del Estatuto catalán la Comisión Constitucional, presidida por Alfonso Guerra, ejerció dicho control con una intensidad inusitada. Tanta que Alfonso Guerra llegó a decir que “se habían cepillado” el Proyecto remitido por el Parlamento catalán.

A pesar de ello, la Delegación del Parlament aceptó el recorte y se alcanzó un acuerdo sobre el contenido de la reforma.

Dicho acuerdo sería sometido a continuación a referéndum de los ciudadanos de Catalunya, que lo aprobarían por más del 75 por ciento de los votos válidamente emitidos.

La combinación de la democracia representativa reforzada con la democracia directa se respetó en su integridad. No ha habido ni una sola norma, ni una sola, desde la entrada en vigor de la Constitución que se haya aprobado con tanta legitimidad democrática como lo fue la reforma del Estatuto de Catalunya.

La reforma estuvo en vigor durante cuatro años, sin que se planteara ningún incidente, no digo ningún incidente digno de mención, sino ningún incidente, que afectara a la operatividad del Estado de las Autonomías.

Sin embargo, el PP interpuso un recurso de inconstitucionalidad y empezó a poner en marcha el juego sucio, el lawfare, con la finalidad de conseguir su objetivo.

La primera operación de lawfare fue la recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps por haber participado en unas jornadas científicas organizadas por el Instituto de Estudios Autonómicos de la Generalitat de Catalunya, cuando todavía era presidente Jordi Pujol y no se había iniciado la reforma del Estatut. La contribución de Pablo Pérez Tremps versaba sobre las relaciones entre el derecho comunitario y el derecho interno. La recusación fue aprobada por una mayoría de 6 contra 5.

Inmediatamente publiqué en El País, el 10 de febrero de 2007, una columna con el título 'Golpe de Estado', en la que denuncié la operación, que no tenía otra finalidad que alterar el equilibrio interno en el Tribunal Constitucional para anular la reforma estatutaria. Y avisé que, si el golpe de Estado se producía, las consecuencias serían catastróficas. El golpe de Estado tardó tres años en abrirse camino, pero se produjo con la aprobación de la STC 31/2010. El TC anuló parcialmente el pacto entre el Parlament y las Cortes Generales y desconoció el resultado del referéndum de ratificación de dicho pacto. Los dos elementos esenciales de la fórmula constitucional de integración de las “nacionalidades en el Estado” fueron aniquilados por el TC. Catalunya tendría que ejercer su derecho a la autonomía no con base en un Estatuto pactado por su Parlament y refrendado por sus ciudadanos, sino con un Estatuto “impuesto por el PP a través del TC”

Desde entonces el TC y el TS han sido los actores principales en lo que al ejercicio del derecho a la autonomía se refiere. De aquellos polvos estos lodos, que ahora se está buscando la forma de retirar.

A la quiebra de la Constitución Territorial en Catalunya se añadiría la quiebra del bipartidismo a partir de las elecciones europeas de mayo de 2014, en las que irrumpió Podemos. Ambas conjuntamente darían un impulso enorme a la práctica del lawfare, que acabaría conduciendo nada menos que a la corrupción institucional del Consejo General del Poder Judicial.

Dicho todo esto, pediría a los lectores que lean o relean el artículo que publicó Jordi Nieva este pasado viernes con el título 'Lawfare', con el que estoy de acuerdo. Individualmente se puede perfectamente abordar el lawfare y formular la crítica que se estime pertinente. Dos partidos políticos que están intentando alcanzar un pacto para formar Gobierno, no pueden hacerlo. Coincido en que “el acuerdo de JxCat y el PSOE alude al lawfare de un modo tal vez inoportuno, probablemente imprudente y con seguridad innecesario.”

Pero no porque el lawfare no exista, sino porque ellos no pueden decirlo.

https://www.msn.com/es-es/noticias/espa ... kbar&ei=19

¿Pérez Royo?

No te gusta Pérez Royo, pues te puedo poner uno de Joaquín Urías, exltrado del tc acusando de lawfare a varios magistrados

Pues que vaya al juzgado en lugar de cagar un artículo. Aunque sospecho que igual le tocará ir a explicarlo en sede judicial.

[José]

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Si quieres hablar de que lleva años bloqueado por el PP, vale, obviarlo con el Lawfare es un debate sesgado y ya está repetido por estar dentro del hilo de la amnistia.

Si me importara sólo un poco ese bloqueo, hablaría de él. Pero como lo que quiero es que los políticos saquen sus asquerosas manos del poder judicial, pues, como comprenderás, no voy defender el statu quo y, por ende, que el PSOE pueda colocar a sus jueces en el CGPJ.

[SABELA]

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Pues eso, los socialistas defienden el statu quo

Correcto. Siempre y cuando les convenga dicho statu quo. Y un país empobrecido, con un sistema antidemocrático, hiper corrupto y tendente a la división, es algo que interesa mucho a una organización sectaria y criminal con más de 140 años de historia. El auténtico cáncer de este país. Y el relato que se elabora en las cloacas de dicho partido, lo compran y defienden los más torpes, que encima piensan que tienen algún tipo de "pensamiento crítico", cuando la situación también les afecta a ellos. Es de chiste.

¿Sabes, en realidad, cuál es el "gran argumento" de esta gente para intervenir el poder judicial? Que como la carrera para ser juez dura 10 años, sólo los que vienen de "buena familia" pueden permitirse tanto tiempo estudiando (como si muchos no compaginaran el trabajo y los estudios). Y como las familias pudientes suelen ser, en su opinión, conservadoras y de derechas... pues, todos los jueces son "fachas", y hay que remediarlo de alguna forma. Porque si todos los jueces son fachas, no van a permitir que los socialistas saquemos adelante leyes anticonstitucionales, en esencia, como la Ley Integral de Violencia de Género, que discrimina, abiertamente, al sexo masculino. Ese es el "gran argumento" para emponzoñar, políticamente, las instituciones. Por eso, sacaron la Ley de Cupos, en 1985 (algo que el PP no cambió, por cierto). Todo viene de su avidez para controlar las instituciones. Les jode que nada dependa de ellos y que esté fuera de su control.

En el caso de Jueces, Abogados del estado , Letrados de las Cortes etc en general se necesita un buen respaldo para poder acceder a ellos. Conozco los casos de Letrados de las Cortes y efectivamente la propia familia reconocía que no es algo que esté al alcance de todos y que afortunadamente ellos se lo habían podido permitir. Son oposiciones muy difíciles que obligan a estudiar casi todo el día, que normalmente no se sacan a la primera y que requieren encima andar pagando a preparadores.
A lo mejor hay algún portento que se puede permitir algún trabajillo pero por lo que sé, no.
Y por otro lado mira como se reparten ideológicamente los jueces y como se reparte el poder cuando solo eligen ellos
https://www.eldiario.es/politica/siglas ... 11233.html
No parece muy equilibrado. No pueden estar vinculados directamente a partidos políticos pero afinidades ideológicas tienen, lo que en principio no tendría por qué invalidarlos.

¿Cuál es el problema con la tendencia conservadora de los jueces? ¿Es que si son conservadores no van a acatar sanciones tal y como nos gustaría?

Yo ya dejé en claro el porqué los jueces conservadores son superiores funcionalmente que los jueces progresistas.

Pero no se trata solo de superioridad funcional, también es una consecuencia inevitable en su posición: personas que se mantienen en sus cargos cumpliendo una valiosa función social donde la gerontocracia predomina, es lógico que como gremio sean más conservadores.

Como también es lógico que los artistas sean más progresistas.

¿Eso significa que está mal darles banda ancha para que promuevan su arte por miedo a la degeneración progre?

No.

Lo que significa es que habrá que analizar su trabajo en virtud de los resultados, no de filias y fobias.

Saludos.

PD: Y que no se nos olvide que la judicatura tiene en España mayoría femenina. Con el tiempo su peso en el TS o TC será mayoritario, es más, es más probable que lo sea antes en un sistema 100% independiente que en uno dependiente del presidente, el ejecutivo y los diputados.

Sí, me supongo que te habrás buscado alguna explicación alambicada para demostrar que los jueces conservadores funcionan mejor que los "progres". En tu linea.
Pues mira , algunas declaraciones no ayudan a que no sospechemos de ellos
https://www.elespanol.com/espana/politi ... 577_0.html
Esto tampoco
https://www.elconfidencial.com/espana/2 ... l_2972679/
Parece que entre los políticos en ocasiones se confía o desconfía de los jueces entre otras cosas por su cercanía ideológica a un determinado partido, por haber estado en el ejecutivo etc
No hablamos de venalidad pero si de parcialidad en algunos casos por cercanía política y hay más conservadores . Por otra parte el reparto de puestos por asociaciones no es precisamente equilibrado.
https://www.eldiario.es/politica/asocia ... 04715.html
Pero vamos, amplío lo dicho en la última linea : no tendría por que invalidarlos su afinidad política y creo que a la mayor parte no les influye, pero a otros creo que sí, como también otros cometen delitos más graves al ejercer su cargo y acaban en la cárcel.

[Shaiapouf]

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Correcto. Siempre y cuando les convenga dicho statu quo. Y un país empobrecido, con un sistema antidemocrático, hiper corrupto y tendente a la división, es algo que interesa mucho a una organización sectaria y criminal con más de 140 años de historia. El auténtico cáncer de este país. Y el relato que se elabora en las cloacas de dicho partido, lo compran y defienden los más torpes, que encima piensan que tienen algún tipo de "pensamiento crítico", cuando la situación también les afecta a ellos. Es de chiste.

¿Sabes, en realidad, cuál es el "gran argumento" de esta gente para intervenir el poder judicial? Que como la carrera para ser juez dura 10 años, sólo los que vienen de "buena familia" pueden permitirse tanto tiempo estudiando (como si muchos no compaginaran el trabajo y los estudios). Y como las familias pudientes suelen ser, en su opinión, conservadoras y de derechas... pues, todos los jueces son "fachas", y hay que remediarlo de alguna forma. Porque si todos los jueces son fachas, no van a permitir que los socialistas saquemos adelante leyes anticonstitucionales, en esencia, como la Ley Integral de Violencia de Género, que discrimina, abiertamente, al sexo masculino. Ese es el "gran argumento" para emponzoñar, políticamente, las instituciones. Por eso, sacaron la Ley de Cupos, en 1985 (algo que el PP no cambió, por cierto). Todo viene de su avidez para controlar las instituciones. Les jode que nada dependa de ellos y que esté fuera de su control.

En el caso de Jueces, Abogados del estado , Letrados de las Cortes etc en general se necesita un buen respaldo para poder acceder a ellos. Conozco los casos de Letrados de las Cortes y efectivamente la propia familia reconocía que no es algo que esté al alcance de todos y que afortunadamente ellos se lo habían podido permitir. Son oposiciones muy difíciles que obligan a estudiar casi todo el día, que normalmente no se sacan a la primera y que requieren encima andar pagando a preparadores.
A lo mejor hay algún portento que se puede permitir algún trabajillo pero por lo que sé, no.
Y por otro lado mira como se reparten ideológicamente los jueces y como se reparte el poder cuando solo eligen ellos
https://www.eldiario.es/politica/siglas ... 11233.html
No parece muy equilibrado. No pueden estar vinculados directamente a partidos políticos pero afinidades ideológicas tienen, lo que en principio no tendría por qué invalidarlos.

¿Cuál es el problema con la tendencia conservadora de los jueces? ¿Es que si son conservadores no van a acatar sanciones tal y como nos gustaría?

Yo ya dejé en claro el porqué los jueces conservadores son superiores funcionalmente que los jueces progresistas.

Pero no se trata solo de superioridad funcional, también es una consecuencia inevitable en su posición: personas que se mantienen en sus cargos cumpliendo una valiosa función social donde la gerontocracia predomina, es lógico que como gremio sean más conservadores.

Como también es lógico que los artistas sean más progresistas.

¿Eso significa que está mal darles banda ancha para que promuevan su arte por miedo a la degeneración progre?

No.

Lo que significa es que habrá que analizar su trabajo en virtud de los resultados, no de filias y fobias.

Saludos.

PD: Y que no se nos olvide que la judicatura tiene en España mayoría femenina. Con el tiempo su peso en el TS o TC será mayoritario, es más, es más probable que lo sea antes en un sistema 100% independiente que en uno dependiente del presidente, el ejecutivo y los diputados.

Sí, me supongo que te habrás buscado alguna explicación alambicada para demostrar que los jueces conservadores funcionan mejor que los "progres". En tu linea.
Pues mira , algunas declaraciones no ayudan a que no sospechemos de ellos
https://www.elespanol.com/espana/politi ... 577_0.html
Esto tampoco
https://www.elconfidencial.com/espana/2 ... l_2972679/
Parece que entre los políticos en ocasiones se confía o desconfía de los jueces entre otras cosas por su cercanía ideológica a un determinado partido, por haber estado en el ejecutivo etc
No hablamos de venalidad pero si de parcialidad en algunos casos por cercanía política y hay más conservadores . Por otra parte el reparto de puestos por asociaciones no es precisamente equilibrado.
https://www.eldiario.es/politica/asocia ... 04715.html
Pero vamos, amplío lo dicho en la última linea : no tendría por que invalidarlos su afinidad política y creo que a la mayor parte no les influye, pero a otros creo que sí, como también otros cometen delitos más graves al ejercer su cargo y acaban en la cárcel.

Me traes unos links particulares que no sé qué quieres que me demuestren lo contrario a lo que he dicho.

Claro que los políticos a veces confían en las declaraciones o decisiones judiciales y a veces no. Son políticos, mienten y se adaptan según la conveniencia, mira a Antonio.

Ahora mismo tienes a la izquierda adaptándose a las mentiras y al intento por meter mano descarada en el poder judicial, ¿la derecha haría lo mismo si pudiera? Pues claro.

Por eso lo que tiene que asegurar el sistema es una independencia judicial lo máx posible.

Pero aquí tenemos a la izquierda y no a la derecha (al menos en este momento) argumentándome por qué la independencia judicial es mala y por qué los jueces deben ser intervenidos por parte del gobierno y de los diputados porque los jueces son muy conservadores y machirulos, en línea de las sobaco morado como Irene Montero

Lo anterior no me sorprende, la izquierda hegemónica es, ante todo, elitista, tiene el poder y busca por lo mismo mantener el Statu Quo.

Saludos.

PD: Es preferible que los jueces sean conservadores porque la lectura de la ley que aplican debe ser conservadora, tanto desde un punto de vista negativo (que no busca innovar sino mantener formas y tradiciones, no pasarse al lado legislativo inventando a partir de su interpretación) y desde el lado positivo (tradicionalista, sigue la tradición, y aplica la misma con prudencia).

En efecto, prefiero a un juez conservador que a una jueza feminista que cree que los feminicidios son cometidos por maschismo.

[SABELA]

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En el caso de Jueces, Abogados del estado , Letrados de las Cortes etc en general se necesita un buen respaldo para poder acceder a ellos. Conozco los casos de Letrados de las Cortes y efectivamente la propia familia reconocía que no es algo que esté al alcance de todos y que afortunadamente ellos se lo habían podido permitir. Son oposiciones muy difíciles que obligan a estudiar casi todo el día, que normalmente no se sacan a la primera y que requieren encima andar pagando a preparadores.
A lo mejor hay algún portento que se puede permitir algún trabajillo pero por lo que sé, no.
Y por otro lado mira como se reparten ideológicamente los jueces y como se reparte el poder cuando solo eligen ellos
https://www.eldiario.es/politica/siglas ... 11233.html
No parece muy equilibrado. No pueden estar vinculados directamente a partidos políticos pero afinidades ideológicas tienen, lo que en principio no tendría por qué invalidarlos.

¿Cuál es el problema con la tendencia conservadora de los jueces? ¿Es que si son conservadores no van a acatar sanciones tal y como nos gustaría?

Yo ya dejé en claro el porqué los jueces conservadores son superiores funcionalmente que los jueces progresistas.

Pero no se trata solo de superioridad funcional, también es una consecuencia inevitable en su posición: personas que se mantienen en sus cargos cumpliendo una valiosa función social donde la gerontocracia predomina, es lógico que como gremio sean más conservadores.

Como también es lógico que los artistas sean más progresistas.

¿Eso significa que está mal darles banda ancha para que promuevan su arte por miedo a la degeneración progre?

No.

Lo que significa es que habrá que analizar su trabajo en virtud de los resultados, no de filias y fobias.

Saludos.

PD: Y que no se nos olvide que la judicatura tiene en España mayoría femenina. Con el tiempo su peso en el TS o TC será mayoritario, es más, es más probable que lo sea antes en un sistema 100% independiente que en uno dependiente del presidente, el ejecutivo y los diputados.

Sí, me supongo que te habrás buscado alguna explicación alambicada para demostrar que los jueces conservadores funcionan mejor que los "progres". En tu linea.
Pues mira , algunas declaraciones no ayudan a que no sospechemos de ellos
https://www.elespanol.com/espana/politi ... 577_0.html
Esto tampoco
https://www.elconfidencial.com/espana/2 ... l_2972679/
Parece que entre los políticos en ocasiones se confía o desconfía de los jueces entre otras cosas por su cercanía ideológica a un determinado partido, por haber estado en el ejecutivo etc
No hablamos de venalidad pero si de parcialidad en algunos casos por cercanía política y hay más conservadores . Por otra parte el reparto de puestos por asociaciones no es precisamente equilibrado.
https://www.eldiario.es/politica/asocia ... 04715.html
Pero vamos, amplío lo dicho en la última linea : no tendría por que invalidarlos su afinidad política y creo que a la mayor parte no les influye, pero a otros creo que sí, como también otros cometen delitos más graves al ejercer su cargo y acaban en la cárcel.

Me traes unos links particulares que no sé qué quieres que me demuestren lo contrario a lo que he dicho.

Claro que los políticos a veces confían en las declaraciones o decisiones judiciales y a veces no. Son políticos, mienten y se adaptan según la conveniencia, mira a Antonio.

Ahora mismo tienes a la izquierda adaptándose a las mentiras y al intento por meter mano descarada en el poder judicial, ¿la derecha haría lo mismo si pudiera? Pues claro.

Por eso lo que tiene que asegurar el sistema es una independencia judicial lo máx posible.

Pero aquí tenemos a la izquierda y no a la derecha (al menos en este momento) argumentándome por qué la independencia judicial es mala y por qué los jueces deben ser intervenidos por parte del gobierno y de los diputados porque los jueces son muy conservadores y machirulos, en línea de las sobaco morado como Irene Montero

Lo anterior no me sorprende, la izquierda hegemónica es, ante todo, elitista, tiene el poder y busca por lo mismo mantener el Statu Quo.

Saludos.

PD: Es preferible que los jueces sean conservadores porque la lectura de la ley que aplican debe ser conservadora, tanto desde un punto de vista negativo (que no busca innovar sino mantener formas y tradiciones, no pasarse al lado legislativo inventando a partir de su interpretación) y desde el lado positivo (tradicionalista, sigue la tradición, y aplica la misma con prudencia).

En efecto, prefiero a un juez conservador que a una jueza feminista que cree que los feminicidios son cometidos por maschismo.

El primer enlace tiene que ver con la relación ideología juez-parcialidad y parece deducirse que hay políticos que consideran que tienen a jueces de su parte o en su contra según afinidad política . Y puede ser así. No lo sé. También puede ser una relación indirecta por haber recibido algún favor de políticos cercanos ideológicamente.
El segundo enlace corresponde a desequilibrios dentro de la Judicatura en favor de algunas asociaciones dominantes que copan puestos. Te diré que cuando este tiempo atrás estaba en primera plana la reforma del CGPJ leí un artículo manifestándose a favor de la elección de los miembros por los jueces pero considerando que esa hegemonía de determinadas asociaciones era algo a corregir.
Ahora, me pregunto
¿ Cómo se consigue la independencia judicial?
¿ Qué cargos o beneficios pueden aceptar los jueces de políticos y gobiernos de uno otro color sin que se comprometa su imparcialidad?

Respecto a las justificaciones de que son mejores los conservadores saco en conclusión que lo que defiendes es que se mantengan en la medida de lo posible las tradiciones más rancias y no sé que es lo que pretendes que hagan ante una ley que en sí mismo es innovadora.
Para ver si lo entiendo . Cuando se legalizó el matrimonio gay
¿ Que esperarías de uno o de otro? ¿Cómo crees que actuaría cada uno?
Por otra parte en el caso del juez de la Manada que veía un jolgorio y que quería exculpar a los acusados, quizás estaba haciendo lo más tradicional , responsabilizar a la mujer por no haberse defendido, por haberse ido de juerga con ellos.
No me aclaro muy bien.
Las juezas también pueden ser conservadoras y machistas , por cierto.

[Shaiapouf]

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¿Cuál es el problema con la tendencia conservadora de los jueces? ¿Es que si son conservadores no van a acatar sanciones tal y como nos gustaría?

Yo ya dejé en claro el porqué los jueces conservadores son superiores funcionalmente que los jueces progresistas.

Pero no se trata solo de superioridad funcional, también es una consecuencia inevitable en su posición: personas que se mantienen en sus cargos cumpliendo una valiosa función social donde la gerontocracia predomina, es lógico que como gremio sean más conservadores.

Como también es lógico que los artistas sean más progresistas.

¿Eso significa que está mal darles banda ancha para que promuevan su arte por miedo a la degeneración progre?

No.

Lo que significa es que habrá que analizar su trabajo en virtud de los resultados, no de filias y fobias.

Saludos.

PD: Y que no se nos olvide que la judicatura tiene en España mayoría femenina. Con el tiempo su peso en el TS o TC será mayoritario, es más, es más probable que lo sea antes en un sistema 100% independiente que en uno dependiente del presidente, el ejecutivo y los diputados.

Sí, me supongo que te habrás buscado alguna explicación alambicada para demostrar que los jueces conservadores funcionan mejor que los "progres". En tu linea.
Pues mira , algunas declaraciones no ayudan a que no sospechemos de ellos
https://www.elespanol.com/espana/politi ... 577_0.html
Esto tampoco
https://www.elconfidencial.com/espana/2 ... l_2972679/
Parece que entre los políticos en ocasiones se confía o desconfía de los jueces entre otras cosas por su cercanía ideológica a un determinado partido, por haber estado en el ejecutivo etc
No hablamos de venalidad pero si de parcialidad en algunos casos por cercanía política y hay más conservadores . Por otra parte el reparto de puestos por asociaciones no es precisamente equilibrado.
https://www.eldiario.es/politica/asocia ... 04715.html
Pero vamos, amplío lo dicho en la última linea : no tendría por que invalidarlos su afinidad política y creo que a la mayor parte no les influye, pero a otros creo que sí, como también otros cometen delitos más graves al ejercer su cargo y acaban en la cárcel.

Me traes unos links particulares que no sé qué quieres que me demuestren lo contrario a lo que he dicho.

Claro que los políticos a veces confían en las declaraciones o decisiones judiciales y a veces no. Son políticos, mienten y se adaptan según la conveniencia, mira a Antonio.

Ahora mismo tienes a la izquierda adaptándose a las mentiras y al intento por meter mano descarada en el poder judicial, ¿la derecha haría lo mismo si pudiera? Pues claro.

Por eso lo que tiene que asegurar el sistema es una independencia judicial lo máx posible.

Pero aquí tenemos a la izquierda y no a la derecha (al menos en este momento) argumentándome por qué la independencia judicial es mala y por qué los jueces deben ser intervenidos por parte del gobierno y de los diputados porque los jueces son muy conservadores y machirulos, en línea de las sobaco morado como Irene Montero

Lo anterior no me sorprende, la izquierda hegemónica es, ante todo, elitista, tiene el poder y busca por lo mismo mantener el Statu Quo.

Saludos.

PD: Es preferible que los jueces sean conservadores porque la lectura de la ley que aplican debe ser conservadora, tanto desde un punto de vista negativo (que no busca innovar sino mantener formas y tradiciones, no pasarse al lado legislativo inventando a partir de su interpretación) y desde el lado positivo (tradicionalista, sigue la tradición, y aplica la misma con prudencia).

En efecto, prefiero a un juez conservador que a una jueza feminista que cree que los feminicidios son cometidos por maschismo.

El primer enlace tiene que ver con la relación ideología juez-parcialidad y parece deducirse que hay políticos que consideran que tienen a jueces de su parte o en su contra según afinidad política . Y puede ser así. No lo sé. También puede ser una relación indirecta por haber recibido algún favor de políticos cercanos ideológicamente.
El segundo enlace corresponde a desequilibrios dentro de la Judicatura en favor de algunas asociaciones dominantes que copan puestos. Te diré que cuando este tiempo atrás estaba en primera plana la reforma del CGPJ leí un artículo manifestándose a favor de la elección de los miembros por los jueces pero considerando que esa hegemonía de determinadas asociaciones era algo a corregir.
Ahora, me pregunto
¿ Cómo se consigue la independencia judicial?
¿ Qué cargos o beneficios pueden aceptar los jueces de políticos y gobiernos de uno otro color sin que se comprometa su imparcialidad?

Respecto a las justificaciones de que son mejores los conservadores saco en conclusión que lo que defiendes es que se mantengan en la medida de lo posible las tradiciones más rancias y no sé que es lo que pretendes que hagan ante una ley que en sí mismo es innovadora.
Para ver si lo entiendo . Cuando se legalizó el matrimonio gay
¿ Que esperarías de uno o de otro? ¿Cómo crees que actuaría cada uno?
Por otra parte en el caso del juez de la Manada que veía un jolgorio y que quería exculpar a los acusados, quizás estaba haciendo lo más tradicional , responsabilizar a la mujer por no haberse defendido, por haberse ido de juerga con ellos.
No me aclaro muy bien.
Las juezas también pueden ser conservadoras y machistas , por cierto.

El primer enlace lo que demuestra es que hay políticos que hablan demás o que reclamarán más o menos acusando a los jueces de parcialidad según toque el caso, por ejemplo dirán que los jueces son machirulos y que les falta educación feminista porque hicieron lo que la ley solo si es si decía que había que hacer También habrá políticos que llorarán porque los jueces son muy conservadores cuando la ley prohíbe el aborto en todas sus causales y, en efecto, dictaminan que no es posible abortar... pues el problema será de la ley. Y habrá políticos que lloren porque los jueces son muy radicales y permiten que los ocupas sigan libres porque, no sé, la ley no permite que por una ocupación terminen encerrados de por vida. Como ves, hay lloro político para con los jueces de sobra, ¿y qué hacemos? ¿Metemos mano?

Del segundo enlace no se deduce nada. Primero, ¿cómo sabes que los jueces dictaminaron X decisión porque tenían afinidad con Y organizaciones? No puedes, aunque me traigas los datos cruzados, pues lo que tienes que demostrar no es que los juicios terminen más a favor de Y que de Z, sino que el motivo de que terminen más a favor de Y que de Z sea su cercanía, actitud favorable y consentidora o simplemente una corrupción, y para ello no necesitas números brutos, necesitas un estudio que examine caso por caso verificando si la sanción o decisión judicial se limitó a un Estado de Derecho y por tanto cumplió todos los mínimos exigibles.

De momento, yo sigo esperando un estudio de un organismos internacional o nacional competente que demuestre que los jueces se corrompen cuando toca tratar con "organizaciones afines" y simple y llanamente faltan a su deber.

De hecho, lo que sí demuestran otros estudios es que los jueces tienen una actitud paternalistas para con los débiles, por eso las mujeres suelen salir beneficiadas cuando se trata de juicios entre ex esposos o incluso los trabajadores cuando se trata de juicios colectivos contra empresas.

Con respecto a tus preguntas:

¿ Cómo se consigue la independencia judicial?


¿Cuántos jueces deciden o designan al presidente?

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Respondida.

¿ Qué cargos o beneficios pueden aceptar los jueces de políticos y gobiernos de uno otro color sin que se comprometa su imparcialidad?


No sé.

Si tú crees que los jueces pueden actuar en función de sus filias cuando toca tratar con X organismos, imagínate cuando toca de asuntos políticos (no penales, no civiles, políticos y de importancia nacional) con sus cercanos políticos quienes, además de todo, le dieron el puesto en el TS o TC (según corresponda cada caso.

Lo demás te lo contesto en un post diferente.

[José]

Ver citas anteriores

En el caso de Jueces, Abogados del estado , Letrados de las Cortes etc en general se necesita un buen respaldo para poder acceder a ellos. Conozco los casos de Letrados de las Cortes y efectivamente la propia familia reconocía que no es algo que esté al alcance de todos y que afortunadamente ellos se lo habían podido permitir. Son oposiciones muy difíciles que obligan a estudiar casi todo el día, que normalmente no se sacan a la primera y que requieren encima andar pagando a preparadores.
A lo mejor hay algún portento que se puede permitir algún trabajillo pero por lo que sé, no.
Y por otro lado mira como se reparten ideológicamente los jueces y como se reparte el poder cuando solo eligen ellos
https://www.eldiario.es/politica/siglas ... 11233.html
No parece muy equilibrado. No pueden estar vinculados directamente a partidos políticos pero afinidades ideológicas tienen, lo que en principio no tendría por qué invalidarlos.

Y, ¿qué? De los datos que expone ese artículo, el 44% de los jueces no está afiliado a ninguna asociación ideológica. Cosa que aplaudo, porque así debería ser. El 56% restante, sí lo está. Entiendo que ahí está el sector más ambicioso, que aspira a ser nombrado por algún partido político, en cargos de una mayor importancia y remuneración. Estoy totalmente en contra. Los jueces deberían ser elegidos, para cargos superiores, por otros operarios jurídicos, en función de su valía y diligencia, a lo largo de su carrera. No porque sean de una u otra asociación ideológica. Ahora bien, es bastante entendible que la mayor parte de las personas que consiguen llegar a donde han llegado, y que han dedicado tanto tiempo a estudiar y, se entiende que tienen buen juicio, prefieran no unirse a una asociación que se denomina de una manera tan grotesca como "Juezas y Jueces para la Democracia". No sólo porque está en duda que sean realmente demócratas, y defiendan la independencia judicial, sino porque hace daño a la vista esa ridícula duplicidad de género tan típica del mundo descerebrado Woke.

Conozco a una persona que se está sacando el doctorado en Derecho, y compagina sus estudios con trabajo (de muy pocas horas) y divulgación. En un país en el que existen tantos ninis mantenidos, es una broma de mal gusto (más bien una excusa barata) eso de justificar la injerencia del poder político en el poder judicial para "democratizarlo". Todos sabemos a qué se refiere la izquierda, siempre que habla de "democratizar".

De todas formas, ¿tiene que haber cupos ideológicos para todo? Porque, entonces, igual habría que realizar cupos ideológicos en los colegios, institutos y universidades, para que estas no se llenen de escoria sectaria como Pablo Iglesias o Íñigo Errejón, ¿no te parece? O, ¿sólo hay que "democratizar" cuando pensáis que estáis en inferioridad numérica? Típico de la izquierda.