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José escribió: ↑27 May 2022 00:42
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Churrero escribió: ↑26 May 2022 20:47
Y dale con quererme hacerme de izquierdas, si yo soy inclasificable, fijate que siendo castellano hablo catalán en la intimidad que cuando viajo a Cataluña, lugar que me encanta, tengo la sensación de estar en otro país, no sabria explicarte bien porque, pero asi es, Madrid me gusta menos solo voy por imperativo legal, alguna tarde a las ventas cuando tengo que presidir el consejo de administración de alguna de mis empresas y poco mas y estoy pensando seriamente trasladarlas a Cataluña, a ver si amplían el aeropuerto para poder aparcar mi Jet sin problemas.
Y de la hermana de Tomas carillas que decir, habría que preguntar a los familiares de los miles de ancianos en residencias que murieron de mala manera o acaso no pudieron salvar su vida gracias a las ordenes de tu admirada de que no fueran trasladados a los hospitales, o quizás a los honrados proveedores de la comunidad desplazados por advenedizos amigos o parientes de la tal Ayuso para dar sus pelotazos, pero bueno si a vosotros os pone, sarna con gusto......
Bueno, está claro que no se puede hablar nada serio contigo. Tú mismo admitiste ser un troll. Pues, ya está. Eso sí, tampoco hace falta negar lo evidente.
En cuanto a lo de las residencias, cuando se aprobó el Estado de Alarma (ilegal), la competencia era del Gobierno Central. De hecho, cuando se marchó Pablo Iglesias para presentarse a las Elecciones de la CAM, Pedro Sánchez le agradeció su papel con las residencias. Claramente, fue un dardo envenenado. No cuela, majete. Trata de que no se te vea tanto el plumero, anda.
Ahora el que esta en modo troll eres tu, pues mientes a sabiendas.
¿De quién dependen las residencias de mayores durante el estado de alarma?
De las comunidades autónomas, conforme al artículo 148 de la Constitución que deja en manos de las regiones los asuntos relacionados con la “asistencia social”, área en la que actualmente se engloban las residencias de mayores.
Así, cada comunidad cuenta con su propia ley para regular el funcionamiento de los servicios sociales en su territorio, como refleja el Ministerio de Sanidad en su web y explica Villalobos: “La legislación está dividida en 17 normas”.
¿Influyó el estado de alarma en la gestión de estos centros?
El real decreto publicado el 14 de marzo en el BOE que recoge la aplicación del estado de alarma situó al Gobierno como “autoridad competente” en todo el territorio nacional y, más en concreto, designó a los ministros de Defensa, Interior, Transportes y Sanidad como “autoridades competentes delegadas”.
Esto suponía que dentro de su ámbito podían “dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas” que consideraran oportunas para asegurar que se prestaban los servicios necesarios para la protección de las personas. En las áreas no incluidas entre estos cuatro ministerios, como es el caso de los Servicios Sociales, Salvador Illa también podría tomar decisiones al respecto.
En palabras de Julio Villalobos : “[Durante el estado de alarma] El Ejecutivo ha emitido normas que han sido de obligado cumplimiento para las residencias, pero son las comunidades las que tienen que realizar las acciones necesarias para materializarlas”. El experto, a su vez, concreta: “La responsabilidad de las residencias es de las consejerías de Asuntos Sociales, si bien en algunas se ha trasladado esta competencia a la consejería de Sanidad”.
¿Qué decisiones adoptó el ministro de Sanidad como autoridad competente delegada?
El 21 de marzo se publicó en el BOE una orden del Ministerio de Sanidad que establecía cómo debían organizarse las residencias en lo relativo a los usuarios, los trabajadores, las medidas de limpieza y la vigilancia y seguimiento de los casos. Entre otros, establecía que había que dividir a los residentes en grupos en función de su situación (sin síntomas ni contacto con sospechosos, en aislamiento, con síntomas o contagiados) y asignar los empleados de forma fija a uno de estas divisiones para minimizar los contactos.
Estas medidas del Gobierno eran de obligado cumplimiento para las residencias, pero -como recogía la norma- eran las “autoridades sanitarias competentes de cada comunidad autónoma” las encargadas de dictar las disposiciones para garantizar el desarrollo y ejecución de las medidas.
Dos días después, otra orden del departamento dirigido por Salvador Illa imponía nuevos preceptos para las residencias. Especificaba que los centros debían mantener sus servicios salvo que, “por las circunstancias concurrentes”, la autoridad competente de la comunidad autónoma” determinara lo contrario.
También exponía que se debían “priorizar la realización de pruebas diagnósticas de los residentes y del personal” y que, en caso de considerarlo necesario por la situación asistencial y epidemiológica, las comunidades autónomas tenían la potestad de “intervenir los centros residenciales”. Entre las medidas de intervención que incluía la orden se encontraban los trasladados a otros centros y la modificación de la utilización de estas residencias como “espacios para uso sanitario”.
En esta línea, ante la imposibilidad mantener las residencias en una condiciones seguras o conservar de forma adecuada los cadáveres, las autoridades autonómicas junto a la Delegación de Gobierno podían actuar “activando todos los medios ordinarios y excepcionales disponibles en su territorio” para atajar la situación. Y, después, notificar todo el proceso a los ministerios de Sanidad y de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Con el tiempo, se dictaron otras órdenes con mayores especificaciones sobre la comunicación de los casos y la contratación de personal.
¿Y qué decisiones tomó el vicepresidente y ministro de Servicios Sociales Pablo Iglesias sobre las residencias de mayores durante el estado de alarma?
En el real decreto ley con medidas para hacer frente al impacto económico y social de la crisis -publicado el 17 de marzo en el BOE- se incluyó una partida de 300 millones de euros para “financiar las prestaciones básicas de los servicios sociales en comunidades autónomas, diputaciones provinciales o corporaciones locales”. Entre otros, se aseguraba que financiaría el refuerzo de las plantillas de las residencias de mayores y la adquisición de equipos de protección individual y recursos sanitarios.
Su coordinación recayó en Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, de la misma manera que se le encomendó la labor de coordinar las labores de desinfección llevadas a cabo por la Unidad Militar de Emergencias (UME) en las residencias de mayores. Lo anunciaban la cuenta del ministerio el 22 de marzo. Iglesias, no obstante, nunca fue designado como “autoridad competente delegada” en el real decreto por el que se estableció el estado de alarma del 14 de marzo.
¿Qué va a ocurrir cuando empiece la vuelta paulatina a la normalidad?
El real decreto ley aprobado por el Gobierno para regular las actividades una vez termine el estado de alarma incluye un apartado dedicado a las residencias. Su artículo 10 establece que las administraciones competentes tendrán que asegurar que los servicios sociales (tanto residencias como centros de día) cumplan con la normativa de desinfección, prevención y acondicionamiento que se establezcan.
También, deberán garantizar su “coordinación” con los recursos sanitarios del sistema de salud de la comunidad autónoma, algo que Julio Villalobos considera indispensable: “Hay una necesidad de integración entre hospitales, servicios de atención primaria y el entorno sociosanitario (donde incluye las residencias). Definir la tipología de estos centros y que se desarrollen una serie de nuevas estructuras que, aunque existen, no se les ha dado importancia”.
En paralelo, conforme al real decreto ley, los responsables de los centros tendrán que disponer de planes de contingencia para identificar posibles casos, establecer una organización entre usuarios, trabajadores y visitantes para evitar contagios y proveer del material de protección adecuado.
¿Qué ha fallado durante la crisis del coronavirus?
A ojos del experto en gestión sanitaria Julio Villalobos, las residencias de mayores “no tienen un sentido clínico sino social para mantener la actividad diaria” de sus usuarios, lo que hace que “no sean las más adecuadas para tratar patologías graves” como las derivadas del coronavirus.
Según explica Villalobos, la mayoría de estos centros no cuentan con un médico ni con “los protocolos de prevención adecuados para una situación” que – considera- “ha cogido desprevenidos” hasta a los grandes hospitales del país. A todo ello, suma la “falta de apoyo institucional”, asegurando que en algunos casos los trabajadores no han tenido EPIs suficientes hasta hace dos semanas.
Fuentes:
Constitución Española
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (PDF)
Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros socio sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (PDF)
Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen medidas complementarias de carácter organizativo, así como de suministro de información en el ámbito de los centros de servicios sociales de carácter residencial en relación con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del
COVID-19. (PDF)
Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (PDF)
Doctor Julio Villalobos, experto en gestión sanitaria