Hace tiempo que no se dice nada de este pájarito:
Eduardo Zaplana procesado por haber cobrado 15 millones de euros en comisiones ilícitas
El expresidente de la Generalitat Valenciana, exministro de Trabajo y exdirectivo de Telefónica, Eduardo Zaplana, tendría un botín de al menos 15 millones de euros repartidos en paraísos fiscales de su época como miembro del Partido Popular. Los fondos provienen de comisiones ilícitas en el marco de la instrucción del 'caso Erial' del cual Zaplana es el principal investigado. La titular del Juzgado Número 8 de Valencia, Isabel Rodríguez Guerola, considera que existen indicios que algunos de la veintena investigados "se aprovechaban de los cargos políticos que ostentaban a lo largo de varios años, junto con empresas existentes y ayudadas también por empresarios individuales", así pues, según cita el auto, "facilitaron la obtención de contratos públicos obteniendo beneficios económicos todas las partes que posteriormente fueron objeto de blanqueo y otros delitos". Este auto verbena que "el dinero detectado después de la instrucción y conseguido por comisiones ilícitas y que no ha sido recuperado íntegramente, ya que parte de lo mismo fue intervenido por las autoridades andorranas, y otra parte entregada a lo mismo interesado, donde existían cuentas a nombre de Joaquín Barceló como testaferro de Eduardo Zaplana, ascendería además de 15.000.000 euros", apunta el acto de la jueza.
Las conductas de las cuales se habla "eran dirigidas por Zaplana, juntamente, con un grupo próximo al expresidente, amigos o personas vinculadas a la política por "las relaciones que tuvieron desde su cargo público", estos contactos tenían una finalidad muy clara y era obtener dinero de procedencia ilícita. Los casos que se ha investigado fue la ordenación territorial de los parques eólicos, parece que resultaron ser "a la carta para que las empresas interesadas, "previa estipulación de la comisión, se hicieran con estas adjudicaciones", y la privatización de las ITV a la Comunidad Valencia el año 1997. Después este dinero los enviaba a varios paraísos fiscales como Luxemburgo, Suiza, Panamá, Andorra o Uruguay, entre otros destinos.
Movimientos de capital
La magistrada encargada del caso, indica que el blanqueador confeso de Zaplana, Fernando Belhot, transfirió al juzgado desde cuentas suizas 6,7 millones de euros, dinero que, según asegura, "era de Eduardo Zaplana". El expresidente de la Generalitat Valenciana se enfrenta a los presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, soborno, prevaricación y falsedad documental. Según apunta el auto, los procesamientos estaban coordinados por Zaplana, "la forma planificada por Eduardo Zaplana era quedar antes de nada oculto en la sombra de todo tipo de actividad, con la finalidad de eludir posibles responsabilidades y dado que era conocido públicamente y si su nombre apareciera, en cualquier tipo de operación, hubiera alertado inmediatamente, utilizó a los suyos amigos y conocidos los cuales hizo partícipes de los beneficios obtenidos en cantidades mínimas".
Entre este grupo "de amigos" del exministro, se encuentra su sucesor a la Generalitat y expresidente de Bancaixa, también del PP, José Luís Olivas, con que fue fundamental para una operación de introducción en el circuito legal de "fondo de origen delictivo" por 2,8 millones de euros mediante una refinanciación solicitada a Bancaixa (presidido entonces por Olives) por parte del empresario Carlos Gutiérrez Mondedeu. El expresidente de la Generalitat Valenciana cobró una comisión de 580.000 euros a través de una sociedad de los Cotino. También el jefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, sobrinos del exdirector general de la Policía con Aznar, Juan Cotino, que murió el año 2020, los hermanos empresarios Vicente y Juan Cotino, así como los presuntos testaferros Joaquín Barceló y Francisco Grau. La magistrada destaca el papel de la secretaria de Zaplana, Mitsouko Flerida Henríquez, que presuntamente era la encargada de recibir parte de estos fondos ilícitos desde el extranjero a través de "sistema de canvistes", lo que parece que es un método habitual para blanquear capitales en Sudamérica, de esta manera los canvistes reciben la suma de dinero y al mismo tiempo facilitan la entrega "siempre en efectivo", para así no dejar rastro. El auto indica que la secretaria del exministro era "conocedora de las actividades delictivas de su jefe".
Así, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia cree que «existen indicios de que existía una organización formada por personas que aprovechándose, algunas de ellas, de los cargos políticos que ostentaban en el momento de los hechos, o que habían ostentado, a lo largo de varios años junto con empresas existentes, aunque la mayoría creadas exprofeso, y ayudadas también por empresarios individuales, facilitaron la obtención de contratos públicos obteniendo todas las partes beneficios económicos». Unas cantidades que, según señala a magistrada, fueron posteriormente objeto de blanqueo y otros delitos.
En concreto, decide que el caso Erial llegue hasta sus últimas consecuencias para el expresidente Eduardo Zaplana, pero también para su círculo más estrecho de colaboradores, con los que había tejido un presunto entramado para repartirse hasta 10 millones de euros en comisiones, a cambio de favorecer adjudicaciones públicas. Entre todos, se reparten también la comisión o participación en hasta cinco delitos: organización criminal, blanqueo, cohecho, prevaricación y falsedad documental. Y en esa lista negra están nombre tan conocidos en el círculo del expresidente y exministro como el de Joaquín Barceló. amigo íntimo y presunto testaferro; Juan Francisco García, su entonces jefe de gabinete; Francisco Grau, su asesor fiscal; o Mitsouko Enríquez, su secretaria de toda la vida. Junto a ellos, conocidos personajes de la escena empresarial valenciana como José y Vicente Cotino, además del ya fallecido exconseller Juan Cotino, o José Luis Olivas, también expresidente, y figura necesaria para las operaciones financieras por su entonces puesto como presidente de Bancaja.
La jueza da un papel principal a Zaplana, de quien dice que dirigió las operaciones, junto con un grupo cercano forjado con vínculos de amistad o de posición política. Y ayudándose de esta simbiosis, tejieron un plan para beneficiarse entre todos ellos con los planes eólicos de la Generalitat y la privatización de la ITV, en los años en que Zaplana fue presidente. Así, según se evidenciaba en los documentos que en su día se encontraron en un falso techo del que había sido domicilio del expresidente, y que dieron lugar a la investigación, tras una rocambolesca historia, en las instrucciones de los concursos públicos se recogía ya el importe de las comisiones que iban a tener que pagar los que iban a ser sus adjudicatarios, además del precio del servicio.
La forma planificada por Zaplana era quedar, ante todo, «oculto en la sombra de todo tipo de actividad con el fin de poder eludir posibles responsabilidades y dado que era conocido públicamente si su nombre apareciera», según detalla la jueza en su auto de procedimiento abreviado, lo que hubiera alertado inmediatamente. Por ello, utilizó a sus amigos y conocidos a los que hizo partícipes de los beneficios obtenidos en cantidades mínimas, con el fin de conseguir su colaboración, y en comparación por las que él obtenía.
Por ejemplo, a su supuesto testaferro le hizo que figurase con su propio nombre en sociedades creadas tanto en España como en el extrajero, quedando al margen de responsabilidades «mientras recibía importantes beneficios económicos». O su administrador de las cuentas en el extranjero, Fernando Belhot, que se encargaba de la presunta gestión de los fondos ocultos, en una relación «basada en la confianza, sin ningún tipo de contrato entre las partes», y que se encargaba de aflorar cantidades que, después, en España, recibía en efectivo Mitsouko Henríquez, su secretaria. Ella recibió, según detalla la jueza, el 90% de las comisiones que les proporcionaba el cambista. En total, 2,3 millones en siete años.
El dinero detectado y obtenido por comisiones ilícitas y que no ha sido recuperado en su totalidad ascendía, según el auto, a más de 15 millones de euros. Pero, las cantidades de las que se beneficiaban las empresas adjudicatarias eran ya sustanciosas (86 millones de beneficio en el caso del grupo SEDESA, propiedad de la familia Cotino) que pudieron permitirse el pago de altas comisiones. Por poner un ejemplo, la empresa proyectos eólicos SA, participada por algunos de los empresarios ahora procesados, se creó mediante acciones por un importe de 120.000 euros. En apenas seis años, fueron compradas por 48 millones de euros.