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España es el único país de la eurozona y uno de los pocos de toda la OCDE donde todavía existe el Impuesto sobre el Patrimonio, un tributo que grava el patrimonio de las personas físicas y se aplica sobre el valor de sus bienes, y que actualmente afecta a más de 200.000 contribuyentes en España.
Se trata de un tributo que no tiene un gran impacto económico en las cuentas públicas (menos de 1.300 millones de euros de recaudación efectiva en los ejercicios 2018 y 2019), que cuenta con bonificaciones fiscales a nivel autonómico y que en los últimos tiempos ha estado en el foco políticoeconómico.
Ya en 2014, durante la legislatura de Mariano Rajoy, un comité de expertos recomendó su supresión, una postura que también defienden empresarios, directivos y muchos economistas. Sin embargo, un comité de expertos, a petición del Gobierno, está ultimando un informe que plantea un Impuesto de Patrimonio obligatorio en el conjunto del país.
Según publica el diario ABC, el objetivo del grupo de expertos es proponer su pago en todo el territorio y evitar resistencias por parte de autonomías como Madrid, donde este tributo está bonificado al 100%. Es decir, armonizar tanto la base imponible como los mínimos exentos de este gravamen. Por tanto, el objetivo es unificar el tributo y crear un pago mínimo obligatorio en toda España, salvo en el País Vasco y Navarra, que gozan de un régimen fiscal propio.
Dicho objetivo comulga con el de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de terminar con lo que califica como una 'competencia desleal' de regiones como Madrid, que plantean bonificaciones a los contribuyentes en diferentes impuestos y que, según el Gobierno, provocan una distorsión recaudatoria en las demás regiones.
Sin embargo, hay ejemplos internacionales que justifican la eliminación de dicho tributo. El Instituto IFO de Alemania, por ejemplo, ha estimado que la vuelta del impuesto sobre el Patrimonio en la economía germana (desapareció hace más de una década) apenas suponía un aumento de la recaudación del 1% a corto plazo, mientras que podía restar hasta cinco puntos al PIB a medio y largo plazo. Y Francia, que ha sido el último país europeo que ha dejado de aplicar esta figura (en 2018), ha llegado a la conclusión de que la pérdida global neta de recaudación podría ser del doble de los ingresos obtenidos, como consecuencia de la contracción de la actividad generada.
La Comunidad liderada por Isabel Díaz Ayuso, por su parte, ha aprobado recientemente el Proyecto de Ley de Defensa de la Autonomía Financiera, una normativa que busca blindar la política económica y fiscal de la región de las decisiones del Gobierno de España que puedan suponer una subida de impuestos para los ciudadanos. El texto, no obstante, debe ser aprobado de forma definitiva en la Asamblea de Madrid.
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