Solo es Política

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Vuelco en el Consejo de Transparencia. El nuevo presidente, José Luis Rodríguez Álvarez, nombrado a propuesta del Gobierno, ha destituido a Esperanza Zambrano, hasta ahora subdirectora de reclamaciones, y próximamente prescindirá también de Javier Amorós, que asumió la dirección en funciones de la institución durante los últimos años. Ambos eran los dos puntales de este organismo hasta el nombramiento de Rodríguez y, durante su etapa al frente, no les tembló el pulso a la hora de cuestionar, siempre con argumentos legales en la mano, las maniobras opacas del Gobierno al tratar de esconder información a la ciudadanía.

Durante su mandato, aunque fuera de forma interina, el Consejo formuló numerosas resoluciones contrarias a los intereses del Gobierno. Uno de los casos más sonados fue la insistencia con la que el Consejo requirió a La Moncloa que detallara el uso que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizó de los medios de transporte públicos, como puede ser el Falcon. Sin embargo, hay más ejemplos, como puede ser la obligación de revelar la identidad de los miembros del comité de expertos de la desescalada, facilitar los contratos sanitarios suscritos durante la crisis del coronavirus o los detalles sobre las vacaciones del presidente, datos reclamados por este diario.

La noticia, adelantada por «El Independiente» y que ha podido confirmar ABC, muestra el cambio de rumbo en este organismo, que gracias a su independencia ha resultado especialmente molesto para los intereses del Gobierno obligándole a rendir cuentas en todas aquellas ocasiones en las que prefería mantener información cerrada bajo llave. Fuentes oficiales del Consejo de Transparencia confirman la destitución de Zambrano, aunque remarcan que Amorós no ha sido cesado y permanece a día de hoy en su puesto. Horas después de que estallara la noticia, fuentes conocedoras del caso explican que la situación habría cambiado y que, ahora, se estaría revisando la situación de este funcionario para que finalmente permaneciera en el Consejo.


La llegada de Rodríguez no estuvo exenta de polémica ya que sus vínculos con el PSOE, fue alto cargo durante uno de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, cuestionaron su independencia para un cargo tan sensible como este, basado en controlar, precisamente, los excesos del Ejecutivo.

Según ha podido saber ABC, tanto Amorós como Zambrano son funcionarios de libre designación. Además, pertenecen al equipo fundador del organismo, creado en 2014 bajo gobierno del PP y liderado hasta su fallecimiento en 2017 por Esther Arizmendi. En ese momento, Amorós asumió de manera interina la dirección de la institución, un puesto que permaneció vacante hasta finales de 2020, cuando Rodríguez pasó el examen del Congreso tras ser propuesto por el Ejecutivo.

Alzaron la voz
Durante este tiempo, y pese a las evidentes dificultades, el Consejo fue ganando notoriedad, en parte por sus clarificadoras resoluciones y también por la progresiva implantación del concepto de Transparencia Pública entre la sociedad. En una entrevista concedida a ABC el pasado verano, precisamente fueron Amorós y Zambrano quienes reclamaron más medios y poner fin a la etapa de interinidad. Denunciaron que esta institución, fundamental para que los ciudadanos puedan controlar a la Administración, estaba funcionando con una plantilla de 22 trabajadores cuando deberían ser 60.

Con la salida de estos dos funcionarios queda la incógnita de quiénes serán las personas que el nuevo presidente elegirá para ocupar sus puestos, pero también se alimenta la tesis de quienes sospechan que, ante las numerosas llamadas de atención recibidas por el Gobierno desde Transparencia en los últimos años, el Ejecutivo ha decidido «colonizar» de cargos afines un organismo tradicionalmente molesto para sus intereses.

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SanTelmo escribió: ↑21 Ene 2021 09:25 ¿Que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene la costumbre de tocarme los cojones? Pues nombro a un presidente afín y que parezca un accidente.

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Vuelco en el Consejo de Transparencia. El nuevo presidente, José Luis Rodríguez Álvarez, nombrado a propuesta del Gobierno, ha destituido a Esperanza Zambrano, hasta ahora subdirectora de reclamaciones, y próximamente prescindirá también de Javier Amorós, que asumió la dirección en funciones de la institución durante los últimos años. Ambos eran los dos puntales de este organismo hasta el nombramiento de Rodríguez y, durante su etapa al frente, no les tembló el pulso a la hora de cuestionar, siempre con argumentos legales en la mano, las maniobras opacas del Gobierno al tratar de esconder información a la ciudadanía.

Durante su mandato, aunque fuera de forma interina, el Consejo formuló numerosas resoluciones contrarias a los intereses del Gobierno. Uno de los casos más sonados fue la insistencia con la que el Consejo requirió a La Moncloa que detallara el uso que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizó de los medios de transporte públicos, como puede ser el Falcon. Sin embargo, hay más ejemplos, como puede ser la obligación de revelar la identidad de los miembros del comité de expertos de la desescalada, facilitar los contratos sanitarios suscritos durante la crisis del coronavirus o los detalles sobre las vacaciones del presidente, datos reclamados por este diario.

La noticia, adelantada por «El Independiente» y que ha podido confirmar ABC, muestra el cambio de rumbo en este organismo, que gracias a su independencia ha resultado especialmente molesto para los intereses del Gobierno obligándole a rendir cuentas en todas aquellas ocasiones en las que prefería mantener información cerrada bajo llave. Fuentes oficiales del Consejo de Transparencia confirman la destitución de Zambrano, aunque remarcan que Amorós no ha sido cesado y permanece a día de hoy en su puesto. Horas después de que estallara la noticia, fuentes conocedoras del caso explican que la situación habría cambiado y que, ahora, se estaría revisando la situación de este funcionario para que finalmente permaneciera en el Consejo.


La llegada de Rodríguez no estuvo exenta de polémica ya que sus vínculos con el PSOE, fue alto cargo durante uno de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, cuestionaron su independencia para un cargo tan sensible como este, basado en controlar, precisamente, los excesos del Ejecutivo.

Según ha podido saber ABC, tanto Amorós como Zambrano son funcionarios de libre designación. Además, pertenecen al equipo fundador del organismo, creado en 2014 bajo gobierno del PP y liderado hasta su fallecimiento en 2017 por Esther Arizmendi. En ese momento, Amorós asumió de manera interina la dirección de la institución, un puesto que permaneció vacante hasta finales de 2020, cuando Rodríguez pasó el examen del Congreso tras ser propuesto por el Ejecutivo.

Alzaron la voz
Durante este tiempo, y pese a las evidentes dificultades, el Consejo fue ganando notoriedad, en parte por sus clarificadoras resoluciones y también por la progresiva implantación del concepto de Transparencia Pública entre la sociedad. En una entrevista concedida a ABC el pasado verano, precisamente fueron Amorós y Zambrano quienes reclamaron más medios y poner fin a la etapa de interinidad. Denunciaron que esta institución, fundamental para que los ciudadanos puedan controlar a la Administración, estaba funcionando con una plantilla de 22 trabajadores cuando deberían ser 60.

Con la salida de estos dos funcionarios queda la incógnita de quiénes serán las personas que el nuevo presidente elegirá para ocupar sus puestos, pero también se alimenta la tesis de quienes sospechan que, ante las numerosas llamadas de atención recibidas por el Gobierno desde Transparencia en los últimos años, el Ejecutivo ha decidido «colonizar» de cargos afines un organismo tradicionalmente molesto para sus intereses.

https://www.abc.es/espana/abci-presiden ... ticia.html

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El Sopapo escribió: ↑22 Ene 2021 10:44 Estrasburgo vuelve a condenar a España por torturas bajo la instrucción del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska
Resarcidos por el Tribunal de Derechos Humanos, Iñigo González y otras dos víctimas de torturas acudirán hoy al Ministerio del Interior para entregarle las sentencias a su responsable.

https://www.elsaltodiario.com/tortura/e ... e-marlaska

---

No parece de un pais muy democratico que la policia torture y encima nadie haga caso a los torturados.

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El Sopapo escribió: ↑22 Ene 2021 10:44 Estrasburgo vuelve a condenar a España por torturas bajo la instrucción del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska
Resarcidos por el Tribunal de Derechos Humanos, Iñigo González y otras dos víctimas de torturas acudirán hoy al Ministerio del Interior para entregarle las sentencias a su responsable.

https://www.elsaltodiario.com/tortura/e ... e-marlaska

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No parece de un pais muy democratico que la policia torture y encima nadie haga caso a los torturados.

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- Inigo González Etayo estuvo detenido en régimen de incomunicación en 2011 en la Dirección General de la Guardia Civil y deberá ser indemizado con 20.000 euros
- Se trata de la decimoprimera vez que el Tribunal de Estrasburgo condena a España por no investigar denuncias de malos tratos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha vuelto a condenar a España por no investigar los presuntos malos tratos denunciados por un detenido. En este caso, España deberá indemnizar con 20.000 euros al ex miembro de Ekin Iñigo González Etayo, por no haber investigado los supuestos malos tratos que denunció en 2011, después de ser detenido por la Guardia Civil e interrogado dentro del periodo de incomunicación.

Se trata de la decimoprimera vez que el Tribunal de Estrasburgo condena a España por no investigar denuncias de malos tratos. Como en los casos anteriores, el TEDH no entra a analizar si existieron malos tratos o tortura durante el periodo de incomunicación de cinco días, pero subraya que la denuncia exigía una investigación “exhaustiva y eficaz” que no se produjo.

El Tribunal señala que la verosimilitud de la denuncia exigía una investigación

El Tribunal europeo, no obstante, considera que la denuncia de González Etayo tenía verosimilitud como para haber sido investigada de una manera imparcial y sin demora.

"Si existen motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura, corresponde a las autoridades competentes proceder de oficio y sin demora a una investigación imparcial", señala la sentencia de la Sala Tercera de la Corte europea.

El fallo señala que se ha vulnerado el artículo 3 de la Convención de Derechos Humanos

Así, el TEDH considera que se ha vulnerado el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que protege a los detenidos ante posibles casos de tortura, tratos inhumanos o degradantes.

El fallo llega a esa conclusión "en vista de la falta de una investigación profunda y efectiva" de las quejas del demandante, aunque reconoce que la Audiencia Provincial de Madrid ordenó al juez de instrucción reabrir el procedimiento hasta en dos ocasiones.

La sentencia alude a varias instancias judiciales a la hora de censurar la falta de investigación de la denuncia de torturas. Una de ellas es el juzgado de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, entonces dirigido por Fernando Grande-Marlaska, hoy ministro del Interior. De hecho, las denuncias se practicaron en el contexto de una instrucción dirigida por el propio Marlaska.

Alude al juzgado de instrucción número 3, entonces dirigido por Grande-Marlaska

El Tribunal de Estrasburgo indica que las autoridades españolas "deben establecer un código de conducta claro para que los encargados de la vigilancia de los detenidos en régimen de incomunicación garanticen su seguridad física".

González Etayo declaró el 22 de enero de 2011 "haber sido maltratado" durante el periodo de incomunicación. En su denuncia, declaró que fue obligado a hacer flexiones con una bolsa de plástico en la cabeza, con la que no podía respirar, y que "si no contaba lo que ellos querían, eso se repetiría".

Asimismo, el joven navarro alegó que, en su traslado a Madrid, recibió golpes y "le amenazaron agitando un bolígrafo cerca de sus testículos y le bajaron los pantalones".

El demandante fue puesto en libertad en junio de 2012. Un informe psicológico confirmó en 2015 que sufría síntomas de estrés postraumático. Tras la condena de la Audiencia Nacional a dos años de cárcel por pertenencia a organización terrorista, firmó su libertad condicional a cambio de suscribir de manera expresa su rechazo a la violencia terrorista.

Estrasburgo ha condenado 11 veces a España por no investigar denuncias de tortura

Se trata de la tercera vez que el Tribunal de Estrasburgo condena a España por no investigar denuncias de torturas relacionadas con la misma operación policial. González Etayo fue detenido en enero de 2011 junto a otra decena de personas, acusados todos ellos de pertencer a Ekin, el denominado aparato político de ETA. Entre los detenidos se encontraban Patxi Arratibel y Xabier Beorlegi.

En mayo de 2015 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por no haber investigado las torturas denunciadas por Arratibel. Un año después sucedería lo mismo con respecto a las torturas denunciadas por Beorlegi.

En total, desde el año 1992 el Tribunal de Estrasburgo ha condenado en once ocasiones a España por no investigar denuncias de torturas. En diez ocasiones las denuncias estaban relacionadas con detenciones practicadas en el contexto de la lucha contra ETA.

Un informe sobre la incidencia de la tortura y los malos tratos entre 1960 y 2014 encargado por el Gobierno Vasco cifra en 4.113 los casos documentados, aunque advertía “de que la incidencia real de estos delitos fue mayor, ya que no se pudieron acreditar muchos episodios de la época de la dictadura”.

La investigación fue dirigida por el forense y profesor de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Francisco Etxeberria, en el marco del Plan de Paz y Convivencia 2013-2016 del Gobierno Vasco.

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Edison escribió: ↑22 Ene 2021 11:00 Llámale X.

Estrasburgo condena a España por no investigar malos tratos a un miembro de Ekin

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- Inigo González Etayo estuvo detenido en régimen de incomunicación en 2011 en la Dirección General de la Guardia Civil y deberá ser indemizado con 20.000 euros
- Se trata de la decimoprimera vez que el Tribunal de Estrasburgo condena a España por no investigar denuncias de malos tratos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha vuelto a condenar a España por no investigar los presuntos malos tratos denunciados por un detenido. En este caso, España deberá indemnizar con 20.000 euros al ex miembro de Ekin Iñigo González Etayo, por no haber investigado los supuestos malos tratos que denunció en 2011, después de ser detenido por la Guardia Civil e interrogado dentro del periodo de incomunicación.

Se trata de la decimoprimera vez que el Tribunal de Estrasburgo condena a España por no investigar denuncias de malos tratos. Como en los casos anteriores, el TEDH no entra a analizar si existieron malos tratos o tortura durante el periodo de incomunicación de cinco días, pero subraya que la denuncia exigía una investigación “exhaustiva y eficaz” que no se produjo.

El Tribunal señala que la verosimilitud de la denuncia exigía una investigación

El Tribunal europeo, no obstante, considera que la denuncia de González Etayo tenía verosimilitud como para haber sido investigada de una manera imparcial y sin demora.

"Si existen motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura, corresponde a las autoridades competentes proceder de oficio y sin demora a una investigación imparcial", señala la sentencia de la Sala Tercera de la Corte europea.

El fallo señala que se ha vulnerado el artículo 3 de la Convención de Derechos Humanos

Así, el TEDH considera que se ha vulnerado el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que protege a los detenidos ante posibles casos de tortura, tratos inhumanos o degradantes.

El fallo llega a esa conclusión "en vista de la falta de una investigación profunda y efectiva" de las quejas del demandante, aunque reconoce que la Audiencia Provincial de Madrid ordenó al juez de instrucción reabrir el procedimiento hasta en dos ocasiones.

La sentencia alude a varias instancias judiciales a la hora de censurar la falta de investigación de la denuncia de torturas. Una de ellas es el juzgado de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, entonces dirigido por Fernando Grande-Marlaska, hoy ministro del Interior. De hecho, las denuncias se practicaron en el contexto de una instrucción dirigida por el propio Marlaska.

Alude al juzgado de instrucción número 3, entonces dirigido por Grande-Marlaska

El Tribunal de Estrasburgo indica que las autoridades españolas "deben establecer un código de conducta claro para que los encargados de la vigilancia de los detenidos en régimen de incomunicación garanticen su seguridad física".

González Etayo declaró el 22 de enero de 2011 "haber sido maltratado" durante el periodo de incomunicación. En su denuncia, declaró que fue obligado a hacer flexiones con una bolsa de plástico en la cabeza, con la que no podía respirar, y que "si no contaba lo que ellos querían, eso se repetiría".

Asimismo, el joven navarro alegó que, en su traslado a Madrid, recibió golpes y "le amenazaron agitando un bolígrafo cerca de sus testículos y le bajaron los pantalones".

El demandante fue puesto en libertad en junio de 2012. Un informe psicológico confirmó en 2015 que sufría síntomas de estrés postraumático. Tras la condena de la Audiencia Nacional a dos años de cárcel por pertenencia a organización terrorista, firmó su libertad condicional a cambio de suscribir de manera expresa su rechazo a la violencia terrorista.

Estrasburgo ha condenado 11 veces a España por no investigar denuncias de tortura

Se trata de la tercera vez que el Tribunal de Estrasburgo condena a España por no investigar denuncias de torturas relacionadas con la misma operación policial. González Etayo fue detenido en enero de 2011 junto a otra decena de personas, acusados todos ellos de pertencer a Ekin, el denominado aparato político de ETA. Entre los detenidos se encontraban Patxi Arratibel y Xabier Beorlegi.

En mayo de 2015 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por no haber investigado las torturas denunciadas por Arratibel. Un año después sucedería lo mismo con respecto a las torturas denunciadas por Beorlegi.

En total, desde el año 1992 el Tribunal de Estrasburgo ha condenado en once ocasiones a España por no investigar denuncias de torturas. En diez ocasiones las denuncias estaban relacionadas con detenciones practicadas en el contexto de la lucha contra ETA.

Un informe sobre la incidencia de la tortura y los malos tratos entre 1960 y 2014 encargado por el Gobierno Vasco cifra en 4.113 los casos documentados, aunque advertía “de que la incidencia real de estos delitos fue mayor, ya que no se pudieron acreditar muchos episodios de la época de la dictadura”.

La investigación fue dirigida por el forense y profesor de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Francisco Etxeberria, en el marco del Plan de Paz y Convivencia 2013-2016 del Gobierno Vasco.

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Regshoe escribió: ↑22 Ene 2021 10:48

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El Sopapo escribió: ↑22 Ene 2021 10:44 Estrasburgo vuelve a condenar a España por torturas bajo la instrucción del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska
Resarcidos por el Tribunal de Derechos Humanos, Iñigo González y otras dos víctimas de torturas acudirán hoy al Ministerio del Interior para entregarle las sentencias a su responsable.

https://www.elsaltodiario.com/tortura/e ... e-marlaska

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No parece de un pais muy democratico que la policia torture y encima nadie haga caso a los torturados.

No ha condenado a España por torturas, lo ha hecho por no investigar denuncias de torturas.
Esto no es republiqueta.cat, es un foro serio, abstente de estas penosas manipulaciones.

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Regshoe escribió: ↑22 Ene 2021 11:41

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Edison escribió: ↑22 Ene 2021 11:00 Llámale X.

Estrasburgo condena a España por no investigar malos tratos a un miembro de Ekin

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- Inigo González Etayo estuvo detenido en régimen de incomunicación en 2011 en la Dirección General de la Guardia Civil y deberá ser indemizado con 20.000 euros
- Se trata de la decimoprimera vez que el Tribunal de Estrasburgo condena a España por no investigar denuncias de malos tratos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha vuelto a condenar a España por no investigar los presuntos malos tratos denunciados por un detenido. En este caso, España deberá indemnizar con 20.000 euros al ex miembro de Ekin Iñigo González Etayo, por no haber investigado los supuestos malos tratos que denunció en 2011, después de ser detenido por la Guardia Civil e interrogado dentro del periodo de incomunicación.

Se trata de la decimoprimera vez que el Tribunal de Estrasburgo condena a España por no investigar denuncias de malos tratos. Como en los casos anteriores, el TEDH no entra a analizar si existieron malos tratos o tortura durante el periodo de incomunicación de cinco días, pero subraya que la denuncia exigía una investigación “exhaustiva y eficaz” que no se produjo.

El Tribunal señala que la verosimilitud de la denuncia exigía una investigación

El Tribunal europeo, no obstante, considera que la denuncia de González Etayo tenía verosimilitud como para haber sido investigada de una manera imparcial y sin demora.

"Si existen motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura, corresponde a las autoridades competentes proceder de oficio y sin demora a una investigación imparcial", señala la sentencia de la Sala Tercera de la Corte europea.

El fallo señala que se ha vulnerado el artículo 3 de la Convención de Derechos Humanos

Así, el TEDH considera que se ha vulnerado el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que protege a los detenidos ante posibles casos de tortura, tratos inhumanos o degradantes.

El fallo llega a esa conclusión "en vista de la falta de una investigación profunda y efectiva" de las quejas del demandante, aunque reconoce que la Audiencia Provincial de Madrid ordenó al juez de instrucción reabrir el procedimiento hasta en dos ocasiones.

La sentencia alude a varias instancias judiciales a la hora de censurar la falta de investigación de la denuncia de torturas. Una de ellas es el juzgado de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, entonces dirigido por Fernando Grande-Marlaska, hoy ministro del Interior. De hecho, las denuncias se practicaron en el contexto de una instrucción dirigida por el propio Marlaska.

Alude al juzgado de instrucción número 3, entonces dirigido por Grande-Marlaska

El Tribunal de Estrasburgo indica que las autoridades españolas "deben establecer un código de conducta claro para que los encargados de la vigilancia de los detenidos en régimen de incomunicación garanticen su seguridad física".

González Etayo declaró el 22 de enero de 2011 "haber sido maltratado" durante el periodo de incomunicación. En su denuncia, declaró que fue obligado a hacer flexiones con una bolsa de plástico en la cabeza, con la que no podía respirar, y que "si no contaba lo que ellos querían, eso se repetiría".

Asimismo, el joven navarro alegó que, en su traslado a Madrid, recibió golpes y "le amenazaron agitando un bolígrafo cerca de sus testículos y le bajaron los pantalones".

El demandante fue puesto en libertad en junio de 2012. Un informe psicológico confirmó en 2015 que sufría síntomas de estrés postraumático. Tras la condena de la Audiencia Nacional a dos años de cárcel por pertenencia a organización terrorista, firmó su libertad condicional a cambio de suscribir de manera expresa su rechazo a la violencia terrorista.

Estrasburgo ha condenado 11 veces a España por no investigar denuncias de tortura

Se trata de la tercera vez que el Tribunal de Estrasburgo condena a España por no investigar denuncias de torturas relacionadas con la misma operación policial. González Etayo fue detenido en enero de 2011 junto a otra decena de personas, acusados todos ellos de pertencer a Ekin, el denominado aparato político de ETA. Entre los detenidos se encontraban Patxi Arratibel y Xabier Beorlegi.

En mayo de 2015 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por no haber investigado las torturas denunciadas por Arratibel. Un año después sucedería lo mismo con respecto a las torturas denunciadas por Beorlegi.

En total, desde el año 1992 el Tribunal de Estrasburgo ha condenado en once ocasiones a España por no investigar denuncias de torturas. En diez ocasiones las denuncias estaban relacionadas con detenciones practicadas en el contexto de la lucha contra ETA.

Un informe sobre la incidencia de la tortura y los malos tratos entre 1960 y 2014 encargado por el Gobierno Vasco cifra en 4.113 los casos documentados, aunque advertía “de que la incidencia real de estos delitos fue mayor, ya que no se pudieron acreditar muchos episodios de la época de la dictadura”.

La investigación fue dirigida por el forense y profesor de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Francisco Etxeberria, en el marco del Plan de Paz y Convivencia 2013-2016 del Gobierno Vasco.

Llámale X, Y o Z.
No investigar una denuncia no conculca la presunción de inocencia de los presuntos torturadores.
Que Estrasburgo vea verosimilitud... Pfffff.

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Roronoa Zoro escribió: ↑22 Ene 2021 10:52

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El Sopapo escribió: ↑22 Ene 2021 10:44 Estrasburgo vuelve a condenar a España por torturas bajo la instrucción del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska
Resarcidos por el Tribunal de Derechos Humanos, Iñigo González y otras dos víctimas de torturas acudirán hoy al Ministerio del Interior para entregarle las sentencias a su responsable.

https://www.elsaltodiario.com/tortura/e ... e-marlaska

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No parece de un pais muy democratico que la policia torture y encima nadie haga caso a los torturados.

Hace un tiempo se posteo un grafico del tema y España no era de los paises que mas reprimendas ha recibido por parte del tribunal de estrasburgo sino que estaba por debajo de francia,belgica, entre otros.

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El Sopapo escribió: ↑22 Ene 2021 12:26

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Regshoe escribió: ↑22 Ene 2021 11:41

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Edison escribió: ↑22 Ene 2021 11:00 Llámale X.

Estrasburgo condena a España por no investigar malos tratos a un miembro de Ekin

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- Inigo González Etayo estuvo detenido en régimen de incomunicación en 2011 en la Dirección General de la Guardia Civil y deberá ser indemizado con 20.000 euros
- Se trata de la decimoprimera vez que el Tribunal de Estrasburgo condena a España por no investigar denuncias de malos tratos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha vuelto a condenar a España por no investigar los presuntos malos tratos denunciados por un detenido. En este caso, España deberá indemnizar con 20.000 euros al ex miembro de Ekin Iñigo González Etayo, por no haber investigado los supuestos malos tratos que denunció en 2011, después de ser detenido por la Guardia Civil e interrogado dentro del periodo de incomunicación.

Se trata de la decimoprimera vez que el Tribunal de Estrasburgo condena a España por no investigar denuncias de malos tratos. Como en los casos anteriores, el TEDH no entra a analizar si existieron malos tratos o tortura durante el periodo de incomunicación de cinco días, pero subraya que la denuncia exigía una investigación “exhaustiva y eficaz” que no se produjo.

El Tribunal señala que la verosimilitud de la denuncia exigía una investigación

El Tribunal europeo, no obstante, considera que la denuncia de González Etayo tenía verosimilitud como para haber sido investigada de una manera imparcial y sin demora.

"Si existen motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura, corresponde a las autoridades competentes proceder de oficio y sin demora a una investigación imparcial", señala la sentencia de la Sala Tercera de la Corte europea.

El fallo señala que se ha vulnerado el artículo 3 de la Convención de Derechos Humanos

Así, el TEDH considera que se ha vulnerado el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que protege a los detenidos ante posibles casos de tortura, tratos inhumanos o degradantes.

El fallo llega a esa conclusión "en vista de la falta de una investigación profunda y efectiva" de las quejas del demandante, aunque reconoce que la Audiencia Provincial de Madrid ordenó al juez de instrucción reabrir el procedimiento hasta en dos ocasiones.

La sentencia alude a varias instancias judiciales a la hora de censurar la falta de investigación de la denuncia de torturas. Una de ellas es el juzgado de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, entonces dirigido por Fernando Grande-Marlaska, hoy ministro del Interior. De hecho, las denuncias se practicaron en el contexto de una instrucción dirigida por el propio Marlaska.

Alude al juzgado de instrucción número 3, entonces dirigido por Grande-Marlaska

El Tribunal de Estrasburgo indica que las autoridades españolas "deben establecer un código de conducta claro para que los encargados de la vigilancia de los detenidos en régimen de incomunicación garanticen su seguridad física".

González Etayo declaró el 22 de enero de 2011 "haber sido maltratado" durante el periodo de incomunicación. En su denuncia, declaró que fue obligado a hacer flexiones con una bolsa de plástico en la cabeza, con la que no podía respirar, y que "si no contaba lo que ellos querían, eso se repetiría".

Asimismo, el joven navarro alegó que, en su traslado a Madrid, recibió golpes y "le amenazaron agitando un bolígrafo cerca de sus testículos y le bajaron los pantalones".

El demandante fue puesto en libertad en junio de 2012. Un informe psicológico confirmó en 2015 que sufría síntomas de estrés postraumático. Tras la condena de la Audiencia Nacional a dos años de cárcel por pertenencia a organización terrorista, firmó su libertad condicional a cambio de suscribir de manera expresa su rechazo a la violencia terrorista.

Estrasburgo ha condenado 11 veces a España por no investigar denuncias de tortura

Se trata de la tercera vez que el Tribunal de Estrasburgo condena a España por no investigar denuncias de torturas relacionadas con la misma operación policial. González Etayo fue detenido en enero de 2011 junto a otra decena de personas, acusados todos ellos de pertencer a Ekin, el denominado aparato político de ETA. Entre los detenidos se encontraban Patxi Arratibel y Xabier Beorlegi.

En mayo de 2015 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por no haber investigado las torturas denunciadas por Arratibel. Un año después sucedería lo mismo con respecto a las torturas denunciadas por Beorlegi.

En total, desde el año 1992 el Tribunal de Estrasburgo ha condenado en once ocasiones a España por no investigar denuncias de torturas. En diez ocasiones las denuncias estaban relacionadas con detenciones practicadas en el contexto de la lucha contra ETA.

Un informe sobre la incidencia de la tortura y los malos tratos entre 1960 y 2014 encargado por el Gobierno Vasco cifra en 4.113 los casos documentados, aunque advertía “de que la incidencia real de estos delitos fue mayor, ya que no se pudieron acreditar muchos episodios de la época de la dictadura”.

La investigación fue dirigida por el forense y profesor de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Francisco Etxeberria, en el marco del Plan de Paz y Convivencia 2013-2016 del Gobierno Vasco.

Llámale X, Y o Z.
No investigar una denuncia no conculca la presunción de inocencia de los presuntos torturadores.
Que Estrasburgo vea verosimilitud... Pfffff.

Pffff, seguro, seguro que el tribunal de Estrasburgo es ETA.

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Regshoe escribió: ↑22 Ene 2021 12:45

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El Sopapo escribió: ↑22 Ene 2021 12:26

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Regshoe escribió: ↑22 Ene 2021 11:41

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Edison escribió: ↑22 Ene 2021 11:00 Llámale X.

Estrasburgo condena a España por no investigar malos tratos a un miembro de Ekin

Llámale X, Y o Z.
No investigar una denuncia no conculca la presunción de inocencia de los presuntos torturadores.
Que Estrasburgo vea verosimilitud... Pfffff.

Pffff, seguro, seguro que el tribunal de Estrasburgo es ETA.

Eso lo dices tú.

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El Sopapo escribió: ↑22 Ene 2021 14:16

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Regshoe escribió: ↑22 Ene 2021 12:45

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El Sopapo escribió: ↑22 Ene 2021 12:26

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Regshoe escribió: ↑22 Ene 2021 11:41

Llámale X, Y o Z.
No investigar una denuncia no conculca la presunción de inocencia de los presuntos torturadores.
Que Estrasburgo vea verosimilitud... Pfffff.

Pffff, seguro, seguro que el tribunal de Estrasburgo es ETA.

Eso lo dices tú.

Eso lo deja intuir ese Pffff.

Es que ya son once veces que Estrasburgo condena a España por lo mismo, por negar las torturas, que es lo mismo que no hacer caso a los torturados.

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Cuentame escribió: ↑22 Ene 2021 16:18 España ha sido y es un país corrupto, democrático solo a ratos.

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Asturkick escribió: ↑22 Ene 2021 18:08

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Cuentame escribió: ↑22 Ene 2021 16:18 España ha sido y es un país corrupto, democrático solo a ratos.

Ni siquiera a ratos. Democracia es "poder del pueblo". Y el pueblo español no tiene poder ni para elegir a sus representantes. Así como tampoco para echarlos. Por lo cual... Eso sí, somos los ciudadanos los que tenemos que financiar la estructura de Estado con nuestros impuestos. En muchos casos, un auténtico robo a mano armada. Y luego se quejan de que algunos nos busquemos la vida fuera del país.

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Regshoe escribió: ↑22 Ene 2021 15:38

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El Sopapo escribió: ↑22 Ene 2021 14:16

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Regshoe escribió: ↑22 Ene 2021 12:45

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El Sopapo escribió: ↑22 Ene 2021 12:26

Pffff, seguro, seguro que el tribunal de Estrasburgo es ETA.

Eso lo dices tú.

Eso lo deja intuir ese Pffff.

Es que ya son once veces que Estrasburgo condena a España por lo mismo, por negar las torturas, que es lo mismo que no hacer caso a los torturados.

Presuntos torturados.

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Cuentame escribió: ↑22 Ene 2021 18:37

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Asturkick escribió: ↑22 Ene 2021 18:08

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Cuentame escribió: ↑22 Ene 2021 16:18 España ha sido y es un país corrupto, democrático solo a ratos.

Ni siquiera a ratos. Democracia es "poder del pueblo". Y el pueblo español no tiene poder ni para elegir a sus representantes. Así como tampoco para echarlos. Por lo cual... Eso sí, somos los ciudadanos los que tenemos que financiar la estructura de Estado con nuestros impuestos. En muchos casos, un auténtico robo a mano armada. Y luego se quejan de que algunos nos busquemos la vida fuera del país.

Me parece razonable tu razonamiento.