Arranca el juicio del 'caso Cursach', la mayor trama mafiosa con tentáculos policiales y políticos de Baleares
La vista oral llega, nueve años después de comenzar la investigación, con el cambio de criterio de la Fiscalía, que ya no acusa de cohecho al magnate de la noche mallorquina. Junto a él se sientan en el banquillo, cuatro colaboradores, cuatro funcionarios y 15 agentes de policía, acusados estar a sueldo del 'capo' Cursach para perjudicar los negocios de la competencia.
Conexiones de la trama con el PP
Según planteó el juez Penalva --el segundo instructor tras el cambio de destino de la primera jueza-- en 2016, José María Rodríguez, el entonces presidente del PP de Palma, sería "el artífice en la sombra del organigrama corrupto" ideado en la Policía Local de Palma para servir a los intereses de Cursach. El juez descubrió que se filtraron los exámenes de oposición a oficial que se hicieron en mayo de 2012 con el objetivo de "crear una estructura corrupta" para actuar con impunidad y "al servicio de determinados políticos y su partido".
El 28 de febrero de 2017 Cursach fue detenido junto al administrador de sus empresas, Antonio Bergas, y a su mano derecha, Bartolomé Sbert, que había sido director general de Turismo cuando Gabriel Cañellas (PP) presidía el Govern balear. El capo Cursach permaneció en prisión provisional hasta el 14 de abril de 2018. Entonces comenzaron los ataques a la instrucción judicial, a cargo del juez Manuel Penalva y del fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán, con el objetivo de ponerla en cuestión y desinflar las acusaciones e, incluso, anular las actuaciones.
Los investigadores descubrieron que el equipo del Gobierno municipal del PP pagó sobresueldos a determinados agentes de la Policía Local por espiar a políticos, incluso del propio PP, en prostíbulos. Es decir, una especie de patrulla de élite para encargos ilícitos.
Atacar al juez y al fiscal
El fiscal Miguel Ángel Subirán llegó a denunciar públicamente a través de la Unión Progresista de Fiscales el acoso al que estaba siendo sometido desde que inició la investigación: seguimientos, acoso en su vida privada, allanamiento de su casa y el robo de su moto.
También hubo campaña mediática. El entorno de Cursach, agentes investigados y sus abogados iniciaron una campaña en prensa para atacar al juez Penalva y al fiscal Subirán. Algunos medios de comunicación baleares parecían el altavoz de los investigados.
Pero el golpe definitivo contra el juez instructor llegó con la denuncia de dos abogados que describieron presuntos episodios de coacciones por parte del juez y del fiscal a una testigo, dueña de un prostíbulo. Esta mujer primero había identificado a clientes, a mandos policiales y a altos dirigentes del PP, pero luego se echó atrás.
Las conversaciones de Whatsapp del juez con la testigo se hicieron públicas. En ellas se podía escuchar al juez insultar a varios de los investigados. Aquello le costó el puesto. Fue apartado tras una recusación y en julio de 2021 el CGPJ le jubiló por incapacidad permanente. El exfiscal anticorrupción Subirán se jubiló también de forma anticipada en 2020.
Ataque a la libertad de prensa
El tercer juez que ha tenido el caso, Miquel Florit, tomó la lamentable decisión de requisar los móviles de dos periodistas --una redactora de Europa Press, Blanca Pou, y un redactor de Diario de Mallorca, Francisco Mestre-- para atajar las filtraciones del sumario, en una insólita acción contra la libertad de prensa que finalmente no ha obtenido reproche penal, aunque el TSJ de Baleares calificó su decisión como "injusta".
No sólo ordenó la incautación de los móviles de trabajo de dos periodistas, sino que pidió el registro de un año de llamadas de la delegación de la Agencia Efe en Baleares. También solicitó las comunicaciones y la ubicación del teléfono móvil de una redactora con el propósito de identificar las fuentes de una información relativa a la investigación del caso Cursach.
Acabó apareciendo en la investigación emprendida por el juez Florit un chat mantenido entre el juez Penalva, el fiscal Subirán y los investigadores policiales. El descubrimiento sirvió para armar una acusación por presunta revelación de secretos contra los anteriores responsables de la instrucción de la causa.
Cursach contrató a Villarejo
Este diario descubrió las conexiones del comisario Villarejo con el empresario Cursach. Fue el comisario investigado el que diseñó una estrategia mediática a favor del capo balear y por ello recibió medio millón de euros. Público pudo acceder al informe confidencial, elaborado en marzo de 2005, que entregó Villarejo a Cursach sobre la guerra interna del PP que le estaba afectando a él y a sus negocios.
En el citado informe, Villarejo relataba que los exministros Abel Matutes y Eduardo Zaplana, junto al entonces presidente balear Jaume Matas, estaban utilizando el diario El Mundo, entonces en manos de Pedro J. Ramírez, y a su delegado en Baleares, Eduardo Inda, para "aniquilar a sus adversarios políticos" en las islas. Y Cursach estaba siendo atacado porque le consideraban aliado del anterior presidente balear del PP, Gabriel Cañellas, y del magnate de prensa Pedro Serra.
https://www.publico.es/politica/arranca ... mobile-big
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Donde gobierna el PP siempre pasa lo mismo, mafia pura y dura, yo no se que espera la fiscalía en iniciar la ilegalización del Partido Popular, por ser una organización criminal. Da igual donde gobiernen, en Valencia, en Madrid o en Baleares, el procedimiento siempre es el mismo o parecido.
Y parece que VOX como buena astilla del palo pepero va por el mismo camino.
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Caso Nogueras
Ignacio Nogueras, expresidente de Vox en Granada hasta el pasado mes de mayo del 2018, ha sido condenado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial a un año y nueve meses de prisión por un "delito continuado de estafa" contra la empresa CS Carpinteros 2025.
La sentencia, contra la que cabe recurso de apelación, también estipula una multa a razón de una cuota diaria de 6 euros (1.260 en total), con una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas, en su caso, previa la exacción de sus bienes, y al pago de la mitad de las costas procesales incluidas las causadas a la acusación particular.
Según la sentencia, Nogueras se apropió indebidamente a través de la consultora Auriga de las devoluciones del IVA de la empresa demandante al dar su cuenta corriente a la Agencia Tributaria para que ingresara en ella el dinero, todo esto con el trasfondo de un desacuerdo respecto a unos trabajos realizados por la empresa demandante a Ignacio Nogueras.
La Audiencia desmonta la tesis exculpatoria presentada por la defensa y señala que "no merece ningún crédito para este tribunal".
Afirma que la defensa está construida ex novo de cara al juicio oral para "tratar de justificar lo injustificable": la práctica de una "maniobra en sí misma defraudatoria, basada en la ocultación y el engaño usando como instrumento a la Administración Tributaria, para conseguir la satisfacción del interés de la empresa del acusado contra la voluntad de su deudora, confiando quizás en que su amigo no llegaría a descubrir el fraude o que por la relación personal que les unía".
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Sobre el Caso Moyano Fabián
Presuntos delitos de estafa, administración desleal, apropiación indebida, falsedad documental, coacciones. Un juzgado de Gran Canaria ha abierto diligencias para esclarecer si uno de los principales dirigentes de Vox en las Islas, José Luis Moyano Fabián, ha cometido esos u otros delitos como secretario y administrador de una comunidad de propietarios de apartamentos turísticos en el sur de la isla.
Portavoz provincial de Vox en Las Palmas y recientemente nombrado coordinador del partido en la capital grancanaria, Moyano Fabián ha sido denunciado por varios propietarios del complejo turístico Green Sea, entre las playas de San Agustín y El Inglés. Y el Juzgado de Instrucción 3 de San Bartolomé de Tirajana ha visto indicios suficientes como para investigar su modo de proceder al frente de esa comunidad.
La investigación afecta también al presidente, el vicepresidente y un vocal de la junta directiva saliente, por una serie de contrataciones que a juicio del nuevo órgano de gobierno de la comunidad serían fraudulentas. Precisamente son los nuevos miembros de la directiva quienes han promovido estas acciones, ante los indicios de que Moyano se ha estado lucrando a espaldas de los comuneros.
Los denunciantes señalan cómo al frente de un entramado de empresas Moyano Fabián y los miembros de su junta se habrían apropiado de más de 400.000 euros, al contratar a la constructora Construplan, en la que trabajaba uno de los vocales de la junta, para acometer una serie de reformas en el complejo turístico.
La comunidad había aprobado una derrama inicial que ascendía en un principio a 2,1 millones de euros, pero en realidad, el contrato firmado con la empresa fue de 1,7 millones. Los propietarios quieren saber dónde han ido a parar esos 400.000 euros de diferencia, además de denunciar que el acuerdo entre la junta directiva y esa constructora estaba cerrado antes de ser aprobado por los comuneros.
Esa presunta administración desleal y apropiación indebida no es el único caso denunciado por la nueva directiva de Green Sea. A través de sus empresas Bukay Service SL, Namastia SLU y Madelim Canarias SL, el líder de Vox en Las Palmas se habría beneficiado de “una posición preferente, privilegiada y ventajosa” por medio de contrataciones directas entre estas y la comunidad de propietarios.
Facturaciones por conceptos desconocidos o adquisiciones de locales para sus empresas que debían ser en realidad patrimonio de los comuneros serían otras de las actuaciones bajo sospecha. Además, los denunciantes aportan documentación, grabaciones de juntas y declaraciones de otros propietarios ante notario que demostrarían que Moyano Fabián falsea las actas de las juntas, adecuando a sus intereses la realidad de esas asambleas y la voluntad de los propietarios.
El conflicto en este complejo de bungalows en uno de los accesos principales a Playa del Inglés, justo al lado de donde se tiene previsto construir el gran parque acuático y de ocio Siam Park, se desató definitivamente en marzo pasado. Desde entonces, una nueva junta rige los destinos de la comunidad, aunque según estos propietarios, Moyano se ha blindado creando una comunidad paralela y negándose a entregar la documentación que maneja desde su nombramiento en 2010.
Un juez de primera instancia del sur de la isla, además, ha dictado unas medidas cautelares, tras una serie de impugnaciones de las juntas, a raíz de que la directiva saliente viera que iba a perder el control de la comunidad en enero de 2018. Estas han dado al líder de Vox una suerte de blindaje que le permite controlar las cuentas corrientes de la comunidad hasta que se resuelvan las impugnaciones.
Mientras tanto, estos propietarios han decidido abrir la vía penal, recurrida por los abogados de Moyano Fabián y pendiente ahora de esos recursos de reforma para continuar con la toma de declaraciones a denunciantes e investigados.
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Sobre el Caso Baña
El presidente de Vox en la provincia de Las Palmas, Ricardo Baña, ha sido condenado por sentencia firme de la Audiencia Provincial a dos años de cárcel por un delito fiscal. Para evitar tener que entrar en prisión tendrá que pagar 281.000 euros más los intereses antes de enero de 2021.
Según publica este viernes Canarias 7, Baña fue condenado en primera instancia el 26 de julio de 2016 y luego en firme por la Audiencia Provincial el 28 de junio de 2017 al considerar probado que el presidente de Vox en Las Palmas había cometido u n delito contra la Hacienda Pública cuando era administrador de la sociedad Ibertowers Canarias SL junto a Jorge Javier Pousada, que también ha sido condenado.
La sentencia recoge que ambos concedieron en el año 2003 poderes a una tercera persona para comprar y vender en nombre de Ibertowers Canarias SL. Este apoderado adquirió una parcela en Fuerteventura por 322.880 euros y, el mismo día, la misma persona concedió a Galhabitat SA una opción de compra sobre dicho terreno, pactándose como precio 490.000 euros. En caso de llevarse a cabo, sería parte del precio de la misma y quedó fijado en 1,4 millones. La empresa ejerció su derecho de compra y adquirió la finca por el precio acordado. Posteriormente, Baña y Pousada vendieron sus participaciones y quedaron desvinculados de la entidad.
Estas operaciones reportaron a la entidad unos beneficios de 877.120 euros sujetos a tributación y que fueron omitidos en la declaración del impuesto de sociedades, presentada fuera de plazo en noviembre de 2005.
No es la única sombra que pesa sobre VOX. El portavoz de VOX en Las Palmas, José Luis Moyano Fabián, también está siendo investigado por estafa a una comunidad de apartamentos turísticos. Los denunciantes señalan cómo al frente de un entramado de empresas Moyano Fabián y los miembros de su junta se habrían apropiado de más de 400.000 euros.
José Luis Moyano además ha llegado a amenazar en los chats de WhatsApp a sus clientes de las comunidades de propietarios que administra y que lo tienen denunciado ante los tribunales. Quién sabe, igual dentro de cinco años soy el ministro del Interior o, al que lo sea, lo conozco. La vida da muchas vueltas. El tiempo lo pone todo en su sitio”, llegó a escribir en un chat. Unas palabras dirigidas a un policía nacional que lo denunció.
https://casos-aislados.com/Caso-Aislado ... numero=593
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De casta pepera vienen estos de Vox,