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“Queríamos justicia, no buscábamos la venganza, y hoy se ha hecho justicia”. Lo decía hace unos momentos Rosa Garrote, presidenta de la Asociación de Víctimas 3 de Julio (AVM3J) en referencia a la sentencia que momentos antes ha dictado la juez de la Audiencia de Valencia contra cuatro exdirectivos de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, FGV, responsables, por imprudencia, del accidente del metro que en julio de 2006 causó la muerte de 43 personas y 47 heridos. Se cierra así un proceso judicial que se inició hacer casi 14 años y que ha sufrido en este tiempos multitud de contratiempos y problemas en la instrucción.
Esta condena ha sido posible por el acuerdo al que llegaron la Fiscalía, las defensas y las acusaciones particulares la pasada semana, acuerdo por el que se condenaba a cuatro de los ocho acusados a un año y diez meses de prisión por el accidente de la Línea 1 de Metrovalencia . La sentencia, dictada en sala, reconoce que los condenados, que no ingresarán en prisión, cometieron entre otros delitos el de imprudencia profesional, una responsabilidad que rompe la tesis defendida durante años de que el conductor, que murió en el siniestro, fue el único responsable.
Las acusaciones, en una exposición inicial antes de que se haya dictado sentencia, han calificado los hechos de “demoledores”, han criticado a la magistrada que instruyó el procedimiento, y que archivó hasta en tres ocasiones la causa, que ordenó reabrir la propia Audiencia, y han afirmado que no quieren “venganza sino justicia”. Los cuatro directivos coondenados no ingresarán en prisión porque la ejecución de la pena ha quedado suspendida, en una sentencia que impone las mismas condenas que solicitaba Fiscalía aunque se han rebajado al aplicar las atenuantes de dilaciones indebidas y reconocimiento de los hechos.
Las cuatro personas que se han declarado culpables son el exjefe de la Línea 1, Sebastián Argente; el exresponsable de Auditoría para la Seguridad y Circulación, Juan José Gimeno; el ex director adjunto de Explotación, Vicente Contreras; y el ex director técnico, Francisco García. De esta forma, se retira la acusación a la que fuera gerente de FGV, Marisa Gracia; el que fuera director de Operaciones, Manuel Sansano; el exjefe de Talleres de Valencia Sud, Luis Miguel Domingo Alepuz; y el exresponsable de estudios y proyectos, Francisco Orts.
Inicialmente, para los ocho acusados Fiscalía pedía en su escrito de calificación provisional una pena de tres años y siete meses de cárcel por un delito contra los derechos de los trabajadores en su modalidad de seguridad e higiene en el trabajo; 43 homicidios por imprudencia grave profesional y 37 delitos de lesiones por imprudencia grave profesional. Por su parte, las víctimas del metro --acusación particular-- elevaban la pena a cuatro años.
El abogado de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio ha expuesto que “los hechos que han reconocido, son hechos verdaderamente demoledores. Cuando se leen uno no puede menos que estremecerse. No son consecuencia de un debate sino de la aceptación y reconocimiento expreso de los cuatro procesados. Han aceptado los hechos con la dureza que aquí se describe. El daño son las muertes y las lesiones. 43 fallecidos y 47 lesionados. Uno se estremece”.
Y ha continuado diciendo que: “Si nos acercamos al campo del reproche la indignación es infinita. No cumplieron con su trabajo, eran funcionarios y no hicieron su trabajo. ¿Cabe paliativo alguno? El reproche dentro de la imprudencia debe ser intenso. La asociación de víctimas nunca ha querido venganza, solo que se instruyese. Es incomprensible la labor de la instructora. La asociación nunca ha querido venganza sino justicia. La pena tardía no es justa. La pena no solo mira a lo que ha pasado sino también al futuro, y tenemos las dilaciones indebidas”.
El abogado de las víctimas también ha tenido un recuerdo para la magistrada instructora del caso, Nieves Molina, que llegó a archivar la causa hasta en tres ocasiones. Así, sobre ella dijo: “si no hubiese habido esa interrupción esto habría acabado hace mucho tiempo, pero ha sido así por el mal hacer de la magistrada instructora. Hay que adaptarse a los límites del derecho. Nos hemos movido por dilucidar la verdad no por la venganza y eso nos lleva a que la pena sea menor. La prisión no iba a devolver a las víctimas”.
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