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La Justicia fiscal, según Pedro y Pablo
Amador G. Ayora
Director de "El Economista"
¿Qué entiende usted por Justicia fiscal? ¿Que le cobren pocos impuestos, o al revés, que pague más para que los demás puedan vivir mejor? Y en último caso, ¿el actual sistema fiscal es injusto? Son infinidad de preguntas sin respuesta que el futuro Gobierno de coalición entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se dispone a solventar de un plumazo.
En un comunicado de diez puntos, como los mandamientos, difundido el martes con los principales términos del preacuerdo de su coalición se menciona en dos ocasiones a la Justicia, que pretenden impartir a partir de ahora Pedro y Pablo, durante su apostolado.
Junto a la Justicia fiscal se cita la "Transición Ecológica Justa". Una manera indirecta de anunciarnos que nos van a freír a impuestos.
En el punto número 10, bajo la denominación de Justicia fiscal y equilibro presupuestarios, aseveran que "la evaluación y el control del gasto público es esencial para el sostenimiento de un Estado del bienestar sólido y duradero" , que es como no decir nada. El control del gasto ya se supone que es una de las funciones de cualquier Ejecutivo.
El equilibrio presupuestario es utilizado en esta ocasión para tranquilizar a los mercados y a Bruselas, después de las dos advertencias seguidas recibidas por el Gobierno español en los últimos meses sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas.
El texto del comunicado no explica cómo van a lograr este equilibrio. Pero con sólo echar un vistazo al programa electoral de ambas formaciones políticas o al último proyecto de Presupuestos, se puede colegir que será mediante la subida de impuestos.
Hasta 6.600 millones anuales en tributos como Sociedades, Patrimonio, Sucesiones, donaciones, transacciones financieras ó el alza de impuestos al diesel están a punto de caernos encima. elEconomista trae hoy a su portada la avalancha de demandas de información de ciudadanos españoles que buscan trasladar su residencia fiscal a Portugal, temerosos de que se restablezca Patrimonio.
La llegada de la imposición verde está recogida eufemísticamente en el apartado 3, en el que bajo el epígrafe de La lucha contra el cambio climático, se cita la susodicha "transición ecológica justa" para "la protección de nuestra biodiversidad". Un noble principio sobre el que sería de agradecer que nos explicaran cuanto va a costar al ciudadano.
Un aspecto escondido en el comunicado es el gasto público. ¿Qué impresión íbamos a dar ante Bruselas si prometemos gastar más cuando nos piden que seamos austeros?
Pues ya me dirán ustedes cómo van a lograr "proteger los servicios públicos, especialmente la educación incluyendo el impulso a las escuelas infantiles de cero a tres años-, la sanidad pública y la atención a la dependencia", como aparece recogido en el segundo epígrafe del preacuerdo de Gobierno.
Ambos partidos prometieron en campaña incrementos en torno a 5 puntos el gasto en sanidad y educación, los dos capítulos más cuantiosos del Presupuesto. Pero ahora añaden las guarderías gratuitas y la dependencia. Un servicio transferido a las autonomías, que incumplen sistemáticamente por falta de fondos para atenderlo.
Y por si fuera insuficiente anuncian el "blindaje de las pensiones" y "su revalorización de acuerdo con el coste de la vida".
Una promesa que requiere el consenso de todos los partidos reunidos en el Pacto de Toledo y se realiza por parte de dos formaciones que no suman ni de lejos mayoría en el arco parlamentario, dispuestas comprometer miles de millones de gasto a futuro y la viabilidad del sistema entero.
La Seguridad Social arrastra un déficit de 18.000 millones anuales que sufragamos mediante impuestos. La titular de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, acaba de vaciar la hucha de las pensiones para hacer frente a la extra de Navidad. El desajuste se multiplicará por dos o tres en la próxima década.
El sostenimiento de las pensiones es uno de los mayores desafíos de la economía española en los próximos años. Me parece un chiste que dos formaciones minoritarias lo pongan en su programa sin una línea explicativa de cómo van a sufragarlo.
Para hacer frente a las facturas harán falta nuevos ingresos. Hasta en 23.000 millones incrementará el gasto social la nueva coalición, según los cálculos de elEconomista. Como la economía flaquea, al igual que la recaudación tributaria, sobre todo en Sociedades, la única vía es meter la mano del bolsillo de los ciudadanos.
PSOE y Podemos venden que la subida de impuestos sólo afectará a los ricos. Pero son unos ingenuos si piensan así. Ya hemos hablado de los impuestos al gasóleo. Más de la mitad de los automóviles son diesel, sobre todo, las pequeñas furgonetas de los autónomos. El comunicado promete fortalecer "a las pequeñas y medianas empresas y a los /as autónomos/as e impulsar la reindustrialización y el sector primario".
Otro gesto de buena voluntad que demuestra que ambos necesitan una lección de economía. El sector primario representa poco más del uno por ciento del PIB. Y, desafortunadamente, las pymes no son las que tiran de la actividad económica, si no las grandes empresas, que subcontratan a las pymes y autónomos.
Sin embargo, las grandes empresas son las olvidadas por Pedro (Sánchez) y Pablo (Iglesias), porque serán las víctimas de la subida de Sociedades.
Un capítulo aparte merece la banca. Hasta tres gravámenes diferentes tiene previsto aplicarles Podemos.
Iglesias quiere quiere que los bancos devuelvan los 60.000 millones que se concedieron para rescatar el sector financiero. Para ello planean gravarla con 4.800 millones anuales, equivalente a una tercera parte de su beneficio. Una carga así pondría en serios aprietos su proceso de saneamiento, sobre todo el de las pequeñas entidades.
Lo triste es que ni siquiera se han sentado a pensar que los que recibieron esa cantidad ingente de dinero fueron las cajas de ahorro, es decir las entidades públicas. Sólo el Popular, entre las privada, fue intervenido y sin coste para el ciudadanos.
Más sorprendente, me parece que Iglesias abogue por la banca pública, que nos colocó al borde del colapso financiero. Su empeño en convertir a Bankia en una especie de Instituto de Crédito Oficial (ICO) tendría efectos desastrosos. Sus descalificaciones al presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, son injustas e inmerecidas, porque la labor de limpieza realizada en esos últimos años en Bankia fue clave para restablecer la confianza en la economía española por parte de los inversores internacionales. Si Bankia tiene dificultades, el efecto dominó sobre el resto del sector será destructivo.
El equipo de Gorigolzarri ha enviado una advertencia al nuevo Ejecutivo, se marcharán como intenten imponer alguno de los miembros en el consejo de administración.
Otro despropósito que coló Iglesias en el preacuerdo es asegurar que la vivienda es "un derecho, pero no una mercancía". ¿Niega la libertad del mercado para fijar los precios de compraventa ó de los alquileres? Cualquier techo a la evolución de los precisos restringirá la oferta de vivienda, y acabará catapultando el coste tanto de alquileres como el de compraventa.
Sánchez pondrá como vicepresidenta económica a Nadia Calviño, uno de los miembros más moderados de su gabinete, para contrarrestar los desmanes de Podemos. Pero aún es pronto para cantar victoria.
Los Diez mandamientos de PSOE-Podemos pueden reducirse en dos, más impuestos y desaparición de la libertad del mercado. Esta es la nuevas Justicia fiscal, según Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
