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La entidad de activistas contra la independencia de Catalunya Sociedad Civil Catalana (SCC) está en plena tormenta interna. Este miércoles la junta directiva de la entidad destituyó al que hasta ahora había sido su presidente, José Rosiñol, y a otros tres miembros de su dirección, acusados de presuntas irregularidades en la gestión económica, entre las que supuestamente se habría detectado el desvío de fondos de la entidad a través de la empresa en la que trabaja el presidente.

La entidad de activistas contra la independencia de Catalunya Sociedad Civil Catalana (SCC) está en plena tormenta interna. Este miércoles la junta directiva de la entidad destituyó al que hasta ahora había sido su presidente, José Rosiñol, y a otros tres miembros de su dirección, acusados de presuntas irregularidades en la gestión económica, entre las que supuestamente se habría detectado el desvío de fondos de la entidad a través de la empresa en la que trabaja el presidente.

En concreto, además de Rosiñol, los expulsados fueron los vocales Ferran Brunet, Miriam Tey y Sixto Cadenas, todos ellos fieles a quien ha encabezado SCC desde noviembre de 2017. La junta considera que Rosiñol y su equipo han incurrido en un conflicto de intereses contratando con la empresa Manifiesto, en la que trabaja el ahora destituido presidente. Según ha avanzado Crónica Global, los datos del sector crítico apuntan a que el 51% de los gastos de SCC fueron adjudicados a dicha empresa en 2017, cifra que se eleva hasta el 60% en 2018.

Los contrarios a Rosiñol van más allá en sus acusaciones y apuntan a una transferencia mensual de 21.000 euros mediante la misma empresa, que consideran que está injustificada y que no tiene retorno para la entidad, por lo que se trataría de un mero desvío de fondos. Por último, afean que las cuentas de SCC no estén saneadas, al mantener una deuda de medio millón de euros.

Durante las últimas semanas el sector crítico, encabezado por el vicepresidente Alex Ramos, había reclamado explicaciones sobre los contratos dudosos. Finalmente este lunes, ese mismo sector acabó tumbando al presidente y a sus vocales más cercanos. En su lugar se nombró como presidente al propio Ramos y a Maribel Fernández como nueva vicepresidenta.

Por su parte, Rosiñol convocó una asamblea general para el próximo 17 de enero, con el objetivo de poner en manos de la sesentena de socios de la entidad la decisión sobre su continuidad y la de la dirección que presidía hasta ayer. Esta asamblea será una prueba de fuego para SCC, y algunos sectores ya reclaman que, de caer el presidente, debe caer la junta al completo y elegirse otra nueva.

Fuentes internas de la entidad explican que detrás de las acusaciones sobre la gestión económica hay también una lucha entre los partidos por la influencia en la entidad. Rosiñol se considera alineado con el PP y hasta el momento mantenía una alianza con los vocales del entorno de Ciudadanos. Mientras, Ramos se considera cercano al PSC, al igual que la nueva vicepresidenta.