El juez Florit ordena registrar Diario de Mallorca por investigar a Cursach
Publicado: 12 Dic 2018 19:22
Pues eso, el juez Florit ordena registrar Diario de Mallorca por investigar a Cursach:
Una coacción intolerableVer citas anterioresEl juez Miguel Florit, que instruye la macrocausa contra el magnate del ocio Bartolomé Cursach, ordenó ayer intervenir material periodístico en el ordenador de un periodista de Diario de Mallorca y requisar su teléfono móvil, para averiguar la fuente que facilitó un informe sobre presuntas irregularidades contables del empresario de la noche, publicada por este rotativo el 6 de julio.
Agentes de la Policía Nacional se personaron en las instalaciones del diario pasadas las 16:30 horas, pero se marcharon minutos después al constatar la negativa del periódico y del redactor, Kiko Mestre, a hacerles entrega de ningún tipo de material voluntariamente. A mediodía tres agentes, dos policías encargados de la investigación de Cursach y un experto en informática, requisaron su móvil en los juzgados de Vía Alemania.
La diligencia del juez Florit se hizo extensiva a una periodista de la agencia Europa Press. Los agentes se personaron en la redacción de la agencia al filo de las 15:30 horas. La redactora, Blanca Pou, se acogió a su derecho profesional a no revelar las fuentes, y los agentes le negaron la posibilidad de contactar con los servicios jurídicos de la empresa, según informó este medio.
Por ello, amparándose en el mandato judicial, los agentes se llevaron su teléfono móvil personal, dos ordenadores de la empresa y varios documentos en papel con el objetivo de determinar el origen de la información publicada también por Diario de Mallorca.
Los agentes personados en el periódico minutos más tarde fueron recibidos por la directora, el gerente, el asesor jurídico y el propio Mestre, que les transmitieron la negativa del periódico a entregarles el material que venían a requisar. Los policías abandonaron las instalaciones y advirtieron a los responsables del rotativo que volverían.
Unas horas antes, Mestre acababa de entregar su teléfono móvil personal y profesional. La Policía le citó en los juzgados de Vía Alemania, allí los agentes le condujeran a un despacho del juzgado de Instrucción número 5 y le exigieron que les hiciera entrega del dispositivo, advirtiéndole de que no podía negarse por la existencia de una resolución judicial, apoyada además por la Fiscalía. Además, le privaron del derecho de consultar con un abogado en ese momento.
De este modo, el periodista firmó la entrega del teléfono, que los investigadores se disponían a rastrear en busca de datos que les conduzcan a la fuente de la citada información. El redactor utiliza el teléfono en el trabajo y en su vida personal, por lo que contiene información privada. En ningún caso la Policía explicó al redactor qué contenido en concreto se estaba buscando en el teléfono móvil que habían requisado.
La diligencia del juez Florit ordena "la intervención para su posterior volcado y estudio del teléfono móvil" de los dos periodistas, así como "la intervención o requerimiento para entrega voluntaria de cualquier documento policial o judicial en cualquier formato relacionado con la investigación del caso Cursach y sus derivadas. Se intervendrán también o se requerirá la aportación de memorias externas o pendrives que pudieran contener los documentos interesados".
Más de 200 periodistas denuncian los registros en medios en BalearesVer citas anterioresEl periodismo vivió ayer uno de sus días más tristes. Esto no va de Diario de Mallorca o de Europa Press. Esto va de periodismo, de libertad de prensa, de derecho a la información y, en consecuencia, de democracia. Nadie ha sido capaz de recordar una actuación judicial similar a la que se llevó a cabo ayer por orden de un juez de Palma, con el aval de la Fiscalía General del Estado y a instancias de dos imputados en una macrocausa de corrupción que afecta a empresarios poderosos, policías, funcionarios y políticos. Nadie ha sido capaz de encontrar una explicación razonable a que ayer se requisase material de trabajo de periodistas con no se sabe qué finalidad. La más inmediata, la identificación de las fuentes de información y la coacción a su trabajo periodístico. Gravísimas las dos. El objetivo final, impedir que se publique información sobre el caso. Gravísimo también, y muy preocupante.
Un periodista de Diario de Mallorca se vio ayer obligado a entregar su teléfono móvil por orden judicial. En la diligencia se denegó al periodista su derecho a una defensa jurídica. Unas horas después, dos agentes de la policía judicial se personaban en la sede de este periódico para reclamar documentación relativa a las informaciones que Kiko Mestre había publicado en torno al denominado caso Cursach. Diario de Mallorca se negó a entregar voluntariamente el material de trabajo del periodista. La misma comitiva judicial había estado esa misma mañana en la sede palmesana de la agencia Europa Press, requisando móviles personales, ordenadores y documentación en papel de una periodista, pese a su oposición expresa.
El artículo 20 de la Constitución Española garantiza el derecho a "comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión". La Ley, añade, "regulará el derecho al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades". Este último concepto es fundamental para el desarrollo del trabajo periodístico en libertad. Solo con la protección de las fuentes puede obtenerse información sensible que de otra manera no saldría a la luz y que garantiza el derecho a conocer la verdad que tiene el ciudadano.
Es legítimo que un imputado utilice las armas a su alcance para defenderse. No lo es que su defensa pase por acallar la información que le afecta, con un interés público fuera de toda duda. Atacando al periodista y a sus fuentes se coacciona a unos y otros y se consigue silenciarlos. Desconocemos cuál es el fin de la investigación judicial, que está bajo secreto. Pero los métodos para llevarlo a cabo perjudican gravemente el libre desarrollo del trabajo periodístico y benefician más al que quiere medios sumisos y callados que al ciudadano con derecho a ser informado.
El atropello contra este periódico y Europa Press tuvo como respuesta un masivo apoyo de la profesión, así como de instituciones y partidos políticos, preocupados por el ataque judicial insólito a la libertad de prensa. Diario de Mallorca presentará una querella criminal ante la grave vulneración de derechos fundamentales que se ha perpetrado con esta acción, en defensa de la libertad periodística y el derecho a la información.