El TC anula la indemnización del almacén de gas Castor
Publicado: 22 Dic 2017 19:17
El TC anula la indemnización del almacén de gas Castor
Ver citas anterioreselPeriódico escribió: Los magistrados admiten recursos del Parlament, el Gobierno catalán y diputados del PSC y declaran inconstitucional la norma
El alto tribunal argumenta que no había una situación de urgencia para fijar la compensación en un decreto ley
El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado la indemnización de 1.350,7 millones para las empresas promotoras del proyecto de almacén de gas de Castor, cuya mayoría estaba en manos de ACS, presidida por el primer mandatario del Real Madrid, Florentino Pérez; que fijaba el decreto ley de medidas del sistema gasista que el Gobierno aprobó en 2014, al considerarla inconstitucional.
En su sentencia, el TC estima parcialmente los recursos presentados por el Parlament, el Gobierno catalán y el grupo del PSC en el Congreso y acuerda declarar "inconstitucionales y nulos" los artículos del decreto que establecían la indemnización por la suspensión de la actividad del almacén, situado frente a las costas del norte de Castellón, tras los seísmos registrados en la zona.
El alto tribunal considera que no concurría una "situación de extraordinaria y urgente necesidad" que justificara aprobar un decreto ley para "atribuir nuevas obligaciones de pago al sistema gasista". La sentencia, de la que es ponente el magistrado Juan Antonio Xiol, destaca "la necesidad de una norma con rango de ley", no de un decreto, para poder atribuir la obligación de que los usuarios paguen la cantidad a través de la factura del gas.
La resolución sostiene que "ni el eventual ahorro económico para el sistema gasista ni el hecho de que esta operacion de crédito contra el mismo (varios bancos adelantaron el dinero) no se compute en términos de contabilidad nacional representa auténticas razones de urgencia".
Esta situación de urgencia, recuerda el Constitucional, debería ir acompañada de un justificación de las razones por las que "la asignación del pago al sistema gasista ha de llevarse a cabo en unos términos y plazos tan perentorios" y excluir, por lo tanto, el procedimiento legislativo ordinario.
El tribunal incide en que las indemnizaciones acordada por el decreto ley "no guardan la debida conexión" con la situación de urgente necesidad provocada por los movimientos sísmicos de Castor, por lo que su adopción no encuentra cobertura en la Constitución. De esta manera, anula los artículos 4 a 6 del decreto, así como las diposiciones adicionales que establecen los cálculos previstos para desarrollarlo.
El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha asegurado que está estudiando la sentencia, pero que, en una primera valoración, considera que no se declara la inconstitucionalidad de todo el decreto ley, sino solo los artículos sobre la solución financiera adoptada y "por un motivo formal". En un comunicado, subraya que el Constitucional no se opone a ese "esquema financiero", sino que cuestiona que se haya regulado a través de un decreto ley.
Dinero adelantado
La compañía Escal UGS, controlada en el 67% por el grupo ACS, cobró el septiembre del 2014 la indemnización de 1.350 millones de euros por el fiasco del almacén submarino de gas natural Castor. Esta cantidad es el montante de la inversión y los derechos devengados.
El pago de la compensación por la paralización de la planta, adelantado por un grupo de bancos, fue efectuado con celeridad: solo un mes después de la publicación en el BOE del decreto con el que el Gobierno ordenaba el fin de los trabajos y la clausura indefinida de la instalación, y tres días antes del plazo máximo que marcaba la misma disposición.
Sumando a los 1.350 millones de euros el coste estimado del mantenimiento de la plataforma inoperativa, su futuro desmantelamiento y los intereses bancarios durante los 30 años de pago, la cantidad desembolsada finalmente ascenderá a 3.500 millones de euros, una cantidad similar al presupuesto anual de educación de Catalunya.
En las facturas
Estos 3.500 millones corren a cargo de los consumidores de gas, que pagan esa cantidad mediante recargos en sus recibos y durante 30 años. El PP aprobó este sistema de compensación prácticamente en solitario; solo recogió el apoyo de UPN y la abstención de Foro Asturias. Todos los demás grupos votaron en contra de la medida. No obstante, el pacto inicial que establecía las condiciones de indemnización a la compañía en caso del cese de actividad fue obra del Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
Las inyecciones de gas natural en el gran depósito submarino frente al delta del Ebro empezaron en abril del año 2012, pero no fue hasta septiembre del 2013, al incrementarse la actividad, cuando se produjeron crisis sísmicas que arrojaron un saldo de más de 500 temblores de tierra que causaron gran alarma en las poblaciones próximas a la planta. El Ministerio de Industria y Energía paralizó, al final, el proyecto Castor.
