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¿Qué es el CETA?
El CETA es el Acuerdo Económico y de Comercio que la Unión Europea ha cerrado con Canadá, un tratado de libre comercio destinado a facilitar los intercambios económicos entre las potencias a uno y otro lado del Atlántico. Las siglas con que se le conoce responden a su nombre en inglés: Comprehensive Economic and Trade Agreement.
¿Quién lo ha negociado?
La Comisión Europea y el gobierno de Canadá. Los comisarios de Comercio, primero Karel de Gutch y desde 2014 Cecilia Malmstrom, han sido los encargados de negociar en nombre de los veintiocho países de la Unión, que han cedido sus competencias en materia comercial al Ejecutivo comunitario. Steve Verheul ha sido el negociador jefe de Canadá hasta agosto, cuando el primer ministro lo sustituyó por Pierre Pettigrew.
¿Qué regula?
El CETA contiene centenares de medidas acordadas entre la UE y Canadá para eliminar las barreras al comercio entre ambos y fija las normas que regirán los futuros intercambios: sus modalidades, límites y garantías. En total 1600 páginas y 13 capítulos en los que se regula el acceso a los mercados de bienes y servicios, las tarifas aduaneras, la participación de empresas extranjeras en los concursos públicos o el reconocimiento de los títulos profesionales.
También se establecen los estándares de protección alimenticia, sanitaria o medioambiental a respetar y se ha incluido un capítulo sobre desarrollo sostenible. Uno de las partes más extensas y polémicas es la que recoge las garantías para la protección de los inversores a uno y otro lado del Atlántico.
La UE lo considera el acuerdo de comercio “más progresista” de los 36 que ha firmado hasta ahora.
¿Beneficiará el CETA a los europeos?
Depende de a quién se le pregunte. Para la Comisión Europea todo son ventajas.
Según Malmstrom, el CETA “ayudará a generar el crecimiento económico y empleo que tanto se necesitan manteniendo los altos estándares europeos en áreas como seguridad alimentaria, protección del medio ambiente o derechos laborales”. La CE asegura que el acuerdo permitirá aumentar las exportaciones a Canadá en 12.000 millones de euros al año y calcula que cada mil millones de estas ventas sostienen 14.000 puestos de trabajo.
De acuerdo con sus estimaciones los exportadores europeos se ahorrarán 500 millones de euros al año por la eliminación de casi todas las tarifas aduaneras, sobre todo en el sector de la industria, que representa el 90 % del comercio entre la UE y Canadá, pero también de agricultura y pesca, entre otros. Las pequeñas empresas tendrán más fácil vender sus productos en el mercado canadiense por el reconocimiento mutuo de ciertos niveles de calidad y 147 denominaciones de origen.
Además los europeos podrán participar en los concursos públicos canadienses, que suponen 30.000 millones de euros al año, y tendrán mayor acceso a su mercado de servicios, lo que les generará 5.800 millones extra en beneficios cada año. Canadá es ya el cuarto inversor directo en la Unión Europea y Bruselas espera que las garantías que ofrece el acuerdo sirvan para hacer de ella un destino aún más atractivo.
Pero quienes se oponen al CETA manejan otros cálculos.
¿Hay inconvenientes?
Para sus detractores es casi lo único que traerá: dudan de sus bondades económicas y denuncian que tiene un coste democrático inaceptable.
Según el Consejo de los Canadienses, la mayor organización de acción social de Canadá, el CETA provocará una caída del 0,5 % del Producto Interior Bruto de la UE y del 1 % del PIB de Canadá. Conllevará la pérdida de 230.000 empleos de aquí a 2023, la mayoría en Europa, y presionará a la baja los salarios. De acuerdo con las proyecciones del Centro Austriaco de Investigación para el Desarrollo los beneficios para cada europeo serían de 20 euros al año.
Más allá de las cifras, que oscilan según los informes, las ONG y partidos políticos que rechazan el acuerdo miran a sus aspectos cualitativos. “El CETA busca una restricción deliberada de la soberanía democrática y del margen de maniobra política de gobiernos y parlamentos” dice Tom Kucharz, portavoz del movimiento ‘No al TTIP’, que agrupa en España a quienes se oponen a estos tratados.
Estas creen que el acuerdo beneficia a las multinacionales en detrimento de los trabajadores, mina los estándares de protección del consumidor y el medio ambiente, pone en riesgo los derechos laborales y favorece la privatización de los servicios públicos.
¿Cuáles son los puntos más conflictivos?
El ICS y la protección a los inversores. El Sistema de Tribunal de Inversiones (ICS por sus siglas en inglés) es un mecanismo que establece cortes de arbitraje especiales para que los inversores extranjeros puedan demandar a los estados y dirimir los conflictos sin pasar por los tribunales ordinarios de cada país.
La CE estableció este sistema para sustituir al ISDS previsto en un principio tras las críticas de ONG y eurodiputados. Mientras en el ISDS los miembros de estos tribunales eran elegidos por el demandante y el estado, en el ICS los escogerán la UE y Canadá, estarán sometidos a un código de conducta más estricto y habrá un segundo tribunal de apelación.
Para Bruselas los cambios refuerzan las garantías de un sistema que consideran imprescindible. Para los detractores se trata de un “ISDS zombie”. Se mantienen “los privilegios que permitirán a las grandes empresas reclamar millones de euros en compensaciones cuando las leyes limiten su capacidad de ganar dinero” dice Pia Eberhard, del Observatorio Corporativo Europeo (CEO).
Las empresas podrán frenar reformas que busquen mejorar la protección del medio ambiente, los estándares laborales o blindar ciertos sectores si alegan que perjudican sus intereses, explican. Unas 46.000 filiales de compañías estadounidenses basadas en Canadá podrían demandar a la UE con este sistema, según sus cálculos.
Los servicios públicos. Quienes se oponen al CETA aseguran que el acuerdo limita el poder de los gobiernos para introducir criterios sociales, medioambientales o de género a la hora de diseñar los servicios públicos y adjudicar su prestación. Las normas que permiten el acceso mutuo a los mercados de servicios exigen que no se discrimine a las empresas extranjeras con lo que no se podría favorecer la producción local, por ejemplo, apunta un informe encargado por el Grupo de la Izquierda Unitaria en la Eurocámara.
La Federación Europea de Trabajadores del Sector Público (EPSU) teme que acaben primando los criterios mercantiles sobre las necesidades de los europeos y se fomente la privatización. “CETA nos pedirá sacar beneficios allí donde solo debería buscarse la prestación de servicios. Acabarán recurriéndose aquellas normas que frenen el comercio” decía su vicepresidenta, Penny Clarke, en una reciente conferencia en Bruselas.
Pero la CE rebate estos argumentos señalando que el tratado permite a los estados introducir medidas discriminatorias o cuotas en ciertos sectores, especialmente cuando se trate de monopolios estatales o la gestión de servicios como la sanidad, la educación, el suministro de agua o la asistencia social. El CETA no obliga a privatizar ninguna de estas prestaciones, recalcan.
La seguridad alimentaria. ¿Comeremos pollo clorado y ternera con hormonas cuando se acabe el CETA? Canadá tiene en ciertos sectores normas de protección más laxas que las europeas. Está permitido, por ejemplo, desinfectar el pollo o la ternera con cloro antes de su venta, inyectar ractopamina, una hormona estimulante del crecimiento prohibida en la UE, o utilizar ciertos colorantes vetados. Además es más permisiva con la venta de GMO.
Sus opositores aseguran que el CETA abriría las puertas del mercado europeo a miles de toneladas de estos productos, pero Bruselas insiste en que las exportaciones tendrán que cumplir las normas europeas. El intrincado texto del tratado establece que el principio es que el país importador acepte las condiciones del país de origen siempre que estas sean equivalentes a las suyas y precisa aquellos productos en los que cada parte debería aplicar medidas extra. En lo que respecta a la carne, Canadá tiene una larga lista de precauciones a tomar.
La Organización de Consumidores Europeos (BEUC) cree que el capítulo de normas fitosanitarias incluye “buenas medidas” y destaca que prioriza la salud humana sobre el comercio, pero opina que debería haberse puesto más énfasis en el “principio de precaución” que prima en la regulación europea pero no en la americana.
¿Son iguales el CETA y el TTIP?
No, pero se parecen.
La Comisión Europea los ha definido como la “nueva generación” de tratados comerciales. Unos tratados que van más allá de eliminar aranceles y fijar cuotas como se ha hecho hasta ahora y buscan armonizar la regulación a ambos lados del Atlántico: cuanto más similares sean las normas más fácil, rápido y barato será comerciar. En el caso del TTIP con Estados Unidos el objetivo declarado de los socios es adelantarse a China, Rusia y las potencias competidoras del mundo globalizado. “O ponemos las reglas nosotros u otros lo harán” defienden Washington y Bruselas.
Sin embargo, el alcance de esta homogenización es mucho menor en el CETA que en TTIP. En el CETA siguen prevaleciendo las normas del país que importa y la armonización se basa en una cooperación reguladora, pero en el TTIP el fin último es renegociar los estándares para que sean exactamente los mismos, lo que conlleva un riesgo mucho mayor de que los niveles de protección acaben rebajándose para alcanzar un consenso.
"En el CETA un 80 % regula la producción y solo un 20 % es reglamentación. En el TTIP es al contrario”, resumía Pascal Lamy, exdirector de la Organización Mundial del Comercio en un reciente coloquio en Bruselas.
Sin embargo, sus detractores creen el CETA es una suerte de “caballo de Troya” del TTIP, una avanzadilla de la debacle para los estándares europeos que anticipa todos sus puntos problemáticos, especialmente el ICS.
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