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Una juez investiga al vicepresidente del Senado por un chalé construido en suelo no urbanizable

Pedro Sanz convirtió una caseta de aperos en una vivienda de dos plantas y 200 metros cuadrados

Madrid 28 NOV 2016 - 13:31 CET


El juzgado de Instrucción número 3 de Logroño ha abierto una investigación contra el exalcalde de Villamediana de Iregua (La Rioja) y los concejales que aprobaron en 2013 el plan urbanístico que legalizó la construcción de 69 viviendas en suelo no urbanizable del municipio. Entre ellas, una casa de Pedro Sanz, expresidente de La Rioja y actual vicepresidente del Senado y líder del PP autonómico. Según el contenido de un auto difundido por la Cadena Ser, la magistrada investiga también a Sanz como promotor de la reforma de su parcela, que convirtió una antigua caseta de aperos de labranza de 20 metros cuadrados en un chalé residencial de dos plantas y 200 metros cuadrados.

"Resulta indiciario, presuntivamente extraño y contrario a criterios urbanísticos objetivos que el plan general haya legalizado tales construcciones", subraya el auto de la juez instructora, que trata de averiguar si la decisión del entonces Gobierno municipal fue "discrecional" y se basó en motivos "espurios". El PSOE y el PR+ (Partido Riojano) acusaron en 2013 a Sanz de poner al Ayuntamiento de Villamediana de Iregua (PP) "a su servicio", además de realizar obras que exceden las licencias solicitadas, de cometer fraude fiscal y de recibir trato de favor de una de las empresas que hizo las reformas.

El expresidente de La Rioja admitió entonces que, quizás, en el proceso de transformación de caseta a chalé quizás habría incurrido en "una falta administrativa" en materia de urbanismo, pero que sería una más de las muchas perpetradas en ese pueblo, donde gobernaban los populares. Sanz está aforado actualmente por su condición de vicepresidente del Senado, por lo que la juez deberá elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo para actuar contra él en el caso de hallar indicios de delito.

La Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2014 ya denunció "la proliferación de construcciones ilegales" en Villamediana de Iregua, en cuyo gobierno municipal veía "una omisión absoluta de las funciones de vigilancia urbanística". Las 69 viviendas investigadas se levantaron en un sector de suelo no urbanizable, que fue declarado "urbanizable" en 2013 con la aprobación del Plan General Municipal de Villamediana, que tiene unos 7.700 habitantes. Fue entonces cuando estos inmuebles pasaron a ser "legales".

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El chalé del vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, junto a unos viñedos en Villamediana de Iregua. Sergio Espinosa


El caserón de aperos del presidente Sanz

La oposición de La Rioja acusa al jefe del Gobierno regional de saltarse las leyes durante años para convertir una caseta rústica de 20 metros en un chalé de 200

Logroño 10 MAY 2013 - 00:21 CEST


Los partidos de la oposición de La Rioja han denunciado que el presidente del Gobierno regional, Pedro Sanz (PP), ha convertido lo que era una caseta de aperos de labranza de 20 metros cuadrados, ubicada en suelo rústico no urbanizable del municipio de Villamediana de Iregua (7.212 habitantes, a unos 6,5 kilómetros del centro de Logroño), en un chalé residencial de dos plantas y más de 200 metros. Para ello habría cometido, aseguran, múltiples irregularidades urbanísticas y fiscales durante más de 25 años. El propio Sanz ha admitido que en el proceso de transformación de caseta a chalé quizás habría incurrido en “una falta administrativa” en materia de urbanismo, pero que sería una más de las muchas perpetradas en ese pueblo, donde gobierna el PP.

El PSOE de La Rioja y el PR+ (Partido Riojano) han acusado a Sanz de realizar obras que exceden las licencias solicitadas, de cometer fraude fiscal y de recibir trato de favor de una de las empresas que hizo las reformas. Además, afirman que ha puesto al Ayuntamiento de Villamediana de Iregua (PP) “a su servicio” para regularizar esta vivienda modificando su Plan General de Ordenamiento Urbano.

El asunto se remonta a principios de los años ochenta, cuando el mandatario adquirió una parcela con una caseta de aperos en el municipio. Las denuncias se centran en tres obras ejecutadas en 2009 y en 2012, ya que las posibles irregularidades en las anteriores reformas (efectuadas entre 1982 y 2008) habrían prescrito.

El PSOE riojano asegura que en 2009 se le concedieron a Sanz licencias para instalar un porche de 40 metros cuadrados, cambiar ventanas en la caseta y renovar el hormigón exterior. En 2012, explican, obtuvo otra para cambiar tejas y cubrir cuatro metros cuadrados de terraza. Pese a ello, los socialistas sostienen: “Con la primera obra, presupuestada en 1.500 euros, se cerraron 100 metros, no 40, y se instaló un asador”; la segunda, “presupuestada en 2.500 euros, se convirtió en una renovación total de la superficie de la finca”; y con la última, con un gasto de otros 2.500 euros, “se cambió todo el tejado y se modificó su estructura al incorporar una terraza de más de 20 metros cuadrados”. La caseta ya era chalé.

El presidente del PR+, Miguel González de Legarra, ha asegurado que la finca de Sanz se ubica en un terreno rústico donde solo se permite la edificación de 20 metros cuadrados, según leyes subsidiarias de la localidad, y de 40, según la LOTUR (Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja). González de Legarra ha cifrado el “coste real” de estas obras en 80.423 euros, frente a los 6.500 declarados por Sanz, “aunque acabó justificándolas con unas transferencias de 14.946 euros”, pero “sin una sola factura”. El presidente del PR+ ha subrayado que Sanz no ha entregado los preceptivos proyectos técnicos ni los estudios básicos de seguridad y salud, y le acusa de infringir, “al menos, varios artículos, de la LOTUR, las normas subsidiarias de Villamediana, la Ley de Ordenación de la Edificación y la liquidación de tasas municipales”, además de cometer “falsedad en documento público”.

El secretario de Relaciones Institucionales del PSOE riojano, Vicente Urquía, ha denunciado también un fraude fiscal por haberse liquidado el impuesto de construcciones “sobre lo presupuestado y no sobre el coste real”, y habla de “trato de favor” por parte de la empresa contratada, Foralia, “que ha trabajado con la Administración riojana y con Ayuntamientos del PP por nueve millones de euros”. El administrador de Foralia, Juan Antonio Benito, ha asegurado que la minuta cobrada a Sanz “fue al precio habitual de mercado”.

El presidente Sanz ha refutado las acusaciones, que atribuye a “una persecución personal”. No obstante, ha admitido “una falta administrativa”, pero la ha minimizado: “En Villamediana hay más de 700 irregularidades urbanísticas”. El dirigente popular ha subrayado que “todas las obras han sido pagadas a precio de mercado a través de transferencia bancaria”. En su opinión, si él no fuera el presidente de La Rioja “este tema no hubiera tenido relevancia”.
El PSOE no piensa lo mismo. “Estamos ante un abuso de poder”, ha clamado el secretario de Organización del PSOE riojano, Francisco Ocón: “Sanz se ha saltado durante 25 años las normas urbanísticas dictadas por su propio Gobierno y con las que ha castigado a muchos riojanos por hacer lo mismo que él”.

Legalizada con tránsfuga

La oposición denunció en enero las supuestas irregularidades del chalé de Pedro Sanz, primero en el Ayuntamiento de Villamediana y luego en la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja. Tras la denuncia, aseguran, Sanz trató de “legalizar” su vivienda, solicitando que se incluyera el sector donde se ubica la finca en el Plan General del municipio. Y así se hizo, aunque durante años nadie había pedido que esa zona, lejana del área urbanizada, entrara en el plan.

El PGOU fue aprobado el 11 de abril por mayoría absoluta, con los seis votos favorables del PP, uno de UPyD y uno del PR+. Este último voto suponía la desobediencia del edil de la formación regionalista en Villamediana, Antonio García, ya que la dirección del PR+ ordenó votar en contra. “No estábamos dispuestos a favorecer a un infractor urbanístico grave”, ha dicho su presidente, Miguel González de Legarra. García fue señalado entonces como “tránsfuga” y expulsado del partido.

El 18 de abril se cumplió el plazo que tenía el Ayuntamiento para responder a la oposición sobre la restitución de la legalidad urbanística en la finca de Sanz. Y ante el silencio municipal, tres semanas después de expirar el plazo, el PSOE anuncia ahora que iniciará acciones judiciales contra el Ayuntamiento. El plazo para presentar alegaciones al plan concluye precisamente hoy, día en el que IU y PSOE registrarán una decena de alegaciones conjuntas sobre la finca de Sanz.

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Dejar a Sanz tranquilo que le puede dar un infarto, eso es lo que va a decir el PP .

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Avicena escribió:Dejar a Sanz tranquilo que le puede dar un infarto, eso es lo que va a decir el PP .

Hienas, que sois unas hienas.

Sin conocer los detalles de este caso en particular esto mismo sucede en muchos lugares de España. Se construye a saco en terreno rústico y luego los futuros planes generales de ordenamiento urbanístico de los distintos ayuntamientos tratan de in ajustándose a la realidad.