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Nueva vuelta de tuerca del tripartito municipal para el predominio del valenciano como lengua única en el Ayuntamiento. El concejal de Contratación, Sergi Campillo, anunció ayer la introducción de una cláusula lingüística en los nuevos concursos, de tal modo que las empresas adjudicatarias tendrán que utilizarlo en todas las comunicaciones que tengan con las delegaciones, de la misma manera que ocurrirá con las que hagan al exterior, como carteles o señales.

Esto dejará sin opciones a las compañías que no asuman la lengua autóctona de cara a presentarse a concursos. «Hemos detectado que las contratas no usan el valenciano como marca la normativa», dijo tras la junta de gobierno, que aprobó el primer concurso donde se aplicará esta cláusula, el referido a la limpieza de los colegios, mercados y edificios municipales.

El Consistorio ya aprobó hace unos meses que todas las comunicaciones internas entre funcionarios fueran en valenciano, al igual que las dirigidas a los ciudadanos salvo que hicieran petición expresa de castellano. La nueva medida conduce la deriva a un escenario similar al registrado en Cataluña hace años, al calor del movimiento independentista. La anterior iniciativa fue solicitar a la Generalitat que el nombre oficial de la ciudad sea 'València', con una denominación única en valenciano en lugar de bilingüe.

El edil no dejó lugar a dudas, al indicar que las adjudicatarias deben aplicar la Llei d'Ús y el reglamento de uso y normalización del valenciano en «en todas las comunicaciones y en el resto de documentación que se tramite, así como en toda comunicación al exterior, como cuando se hace una obra o se corta una calle. Todo eso debe cumplir con la Llei d'Ús», comentó sobre la cartelería habitual de cortes de tráfico.

Igual que ocurre con el resto de las cláusulas que implantará el gobierno municipal, el edil de Compromís señaló que el incumplimiento supondrá sanciones, que no concretó, por incumplimiento de las condiciones lingüísticas. En un comunicado posterior, el Consistorio indicó que «se use preferentemente la lengua propia», aunque Campillo aclaró en su comparecencia que las cláusulas no servirán para mejorar la puntuación en los concursos, sino que serán todas obligatorias, incluida la referida al valenciano.

Es más, el delegado de Contratación comentó que las traducciones han de hacerlas las empresas, no el Gabinete de Normalización del Ayuntamiento, reforzado este mandato con más funcionarios. «No usaremos los recursos del Ayuntamiento, no aceptaremos que lo utilicen como su oficina de traducción para poner los carteles o las comunicaciones de cara a la ciudadanía».

Campillo recordó el deseo del gobierno municipal de «hacer una transición lingüística en el Ayuntamiento», para indicar a preguntas de LAS PROVINCIAS que esta inmersión al valenciano no se hará, al menos de momento, en la documentación que deben entregar las empresas en los concursos. «La contratación tiene una documentación muy extensa, contratos muy largos, y lo que hablamos es que las comunicaciones con el Ayuntamiento y externas tendrán que ser en valenciano una vez se haya formalizado». Añadió que «lo ideal es que todo estuviera en valenciano desde el minuto cero, pero somos conscientes de que es difícil y vamos a hacer una transición de manera correcta».

La medida se tomará con los nuevos concursos, dado que «no se puede obligar a una empresa que ya tiene contrato. Eso no quiere decir que no incidimos en ellas para que se pongan en la misma línea, pero de manera legal no están obligadas».

Lo mismo regirá en las concesiones, dado que «son procesos de contratación pública». En las empresas municipales, comentó que algunas de las cláusulas no se incluirán por la naturaleza de las tareas, como servicios especializados, aunque tampoco las descartó. «Iremos colocando las cláusulas en cada contrato con una política de máximos», subrayó por último el edil.

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Kalea escribió:De las cláusulas de economía social y anticorrupción no dicen nada en la noticia, y eso que va en el mismo pack.

Información objetiva y eso.

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Kalea escribió:De las cláusulas de economía social y anticorrupción no dicen nada en la noticia, y eso que va en el mismo pack.

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Las sociedades condenadas por corrupción perderán la adjudicación

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gálvez escribió:Al contrario que la medida que se comenta en el otro hilo sobre el tema del funcionariado donde la atención al usuario es una de los potenciales requisitos a los que debe de atender un funcionario público, si me parece mal esta medida.

Y me parece mal por un aspecto meramente económico.Al poner una barrera de entrada idiomática haces que empresas potencialmente licitantes a un contrato de la administración opten por no licitar.

Al no licitar empresas de fuera de esa comunidad (o hacerlo en menos medida, pues le supone un coste adicional a l ahora de competir) es decir al existir menor oferta de licitantes, el precio de la licitación, y por tanto el coste para el contribuyente se incrementará.

Jordi minimiza ese efecto diciendo que "que empresa seria va a dejar de licitar por esa cuestión"
hombre , para una megaempresa cómo ACS o Acciona que operan en muchos paises y optan a contratos de muchos millones es una cuestión absurda, pero la inmensa mayoría de contratos que se licitan son contratos pequeñitos a los que optan las PYMEs , de a lo mejor decenas o cinetos de miles de euros, y para pequeñas empresas el meterte en complicaciones de traductores y demás o contratar personal específico para licitar a un organismo que a lo mejor licitas una o dos veces al años si acaso, pues i, puede echarlo para atrás....cuando precisamente lo que le interesa a la administración (y al contribuyente) es precisamente que se presente cuanto mas peña mejor.


saludos

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Baco escribió:

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gálvez escribió:Al contrario que la medida que se comenta en el otro hilo sobre el tema del funcionariado donde la atención al usuario es una de los potenciales requisitos a los que debe de atender un funcionario público, si me parece mal esta medida.

Y me parece mal por un aspecto meramente económico.Al poner una barrera de entrada idiomática haces que empresas potencialmente licitantes a un contrato de la administración opten por no licitar.

Al no licitar empresas de fuera de esa comunidad (o hacerlo en menos medida, pues le supone un coste adicional a l ahora de competir) es decir al existir menor oferta de licitantes, el precio de la licitación, y por tanto el coste para el contribuyente se incrementará.

Jordi minimiza ese efecto diciendo que "que empresa seria va a dejar de licitar por esa cuestión"
hombre , para una megaempresa cómo ACS o Acciona que operan en muchos paises y optan a contratos de muchos millones es una cuestión absurda, pero la inmensa mayoría de contratos que se licitan son contratos pequeñitos a los que optan las PYMEs , de a lo mejor decenas o cinetos de miles de euros, y para pequeñas empresas el meterte en complicaciones de traductores y demás o contratar personal específico para licitar a un organismo que a lo mejor licitas una o dos veces al años si acaso, pues i, puede echarlo para atrás....cuando precisamente lo que le interesa a la administración (y al contribuyente) es precisamente que se presente cuanto mas peña mejor.


saludos

Y hay otro tema que , en esto del idioma, se esta pasando por alto. En un pais como España, con diversos idiomas regionales pero solo uno común, unido a la unidad de mercado, este tipo de medidas son tremendamente injustas. Porque una empresa de Talavera se las vee y se las desea para licitar en Valencia pero una valenciana no tiene ningún problema a la inversa. No se, es como si se impidiera licitar a las empresas con trabaadores valencianoparlantes en Toledo....

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jordi escribió:

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Baco escribió:

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gálvez escribió:Al contrario que la medida que se comenta en el otro hilo sobre el tema del funcionariado donde la atención al usuario es una de los potenciales requisitos a los que debe de atender un funcionario público, si me parece mal esta medida.

Y me parece mal por un aspecto meramente económico.Al poner una barrera de entrada idiomática haces que empresas potencialmente licitantes a un contrato de la administración opten por no licitar.

Al no licitar empresas de fuera de esa comunidad (o hacerlo en menos medida, pues le supone un coste adicional a l ahora de competir) es decir al existir menor oferta de licitantes, el precio de la licitación, y por tanto el coste para el contribuyente se incrementará.

Jordi minimiza ese efecto diciendo que "que empresa seria va a dejar de licitar por esa cuestión"
hombre , para una megaempresa cómo ACS o Acciona que operan en muchos paises y optan a contratos de muchos millones es una cuestión absurda, pero la inmensa mayoría de contratos que se licitan son contratos pequeñitos a los que optan las PYMEs , de a lo mejor decenas o cinetos de miles de euros, y para pequeñas empresas el meterte en complicaciones de traductores y demás o contratar personal específico para licitar a un organismo que a lo mejor licitas una o dos veces al años si acaso, pues i, puede echarlo para atrás....cuando precisamente lo que le interesa a la administración (y al contribuyente) es precisamente que se presente cuanto mas peña mejor.


saludos

Y hay otro tema que , en esto del idioma, se esta pasando por alto. En un pais como España, con diversos idiomas regionales pero solo uno común, unido a la unidad de mercado, este tipo de medidas son tremendamente injustas. Porque una empresa de Talavera se las vee y se las desea para licitar en Valencia pero una valenciana no tiene ningún problema a la inversa. No se, es como si se impidiera licitar a las empresas con trabaadores valencianoparlantes en Toledo....

¿Qué injusticia? Para ir a trabajar con n Alemania hay que hablar alemán, para ir trabajar en Valladolid hay que hablar castellano y para ir a trabajar en Valencia hay que hablar valenciano. Injusticia sería discriminar en base al lugar de origen.