CIU una mafia para joder al contribuyente.
El uso de prótesis caducadas obliga a recuperar a 20 pacientes en Reus
Corrupción política y fraude empresarial se han unido en Reus (Baix Camp, Tarragona) hasta provocar una crisis sin precedentes en España: el uso en el hospital público Sant Joan de prótesis ortopédicas defectuosas y caducadas que, según el juez, fueron compradas a la empresa Traiber después de que los médicos del centro recibieran “presiones” de altos cargos municipales de CiU.
Los hechos desembocaron el pasado 28 de abril en la detención de la primera teniente de alcalde de la ciudad, Teresa Gomis (CiU), y del propietario de Traiber, Lluís Márquez, ambos acusados de un delito contra la salud pública. La operación fue el punto culminante de la alerta sanitaria lanzada seis meses antes por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) en la que se ordenaba la retirada de todos los productos de la empresa por estar “fabricados sin licencia” y no contar con “el certificado de conformidad CE”, lo que suponía “un riesgo grave para la salud de los pacientes”.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/05/09/ ... 15250.html
El uso de prótesis caducadas obliga a reoperar a 20 pacientes en Reus y CIU por medio
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Re: El uso de prótesis caducadas obliga a reoperar a 20 pacientes en Reus y CIU por medio
pero es que no hay limite para la hijoputez...?
Oculto:
quienes vienen a alemania a trabajar, bienvenidos...,
los demas, seran expulsados...
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Re: El uso de prótesis caducadas obliga a reoperar a 20 pacientes en Reus y CIU por medio
Y lo malo es que es poco lo que se sabe de CIU y los PUYOL, nunca se sabrá lo que han recaudado a costa del catalán.Ver citas anterioresclapsidra escribió:pero es que no hay limite para la hijoputez...?
Y ahora nadie comente la famosa frase:
ESPAÑA ME ROBA!!!
Re: El uso de prótesis caducadas obliga a reoperar a 20 pacientes en Reus y CIU por medio
http://www.ara.cat/societat/forrava-cos ... 51321.html
Traducción automática, solo he separado un poco los párrafos y destacado los títulos para hacerla más legible:
Traducción automática, solo he separado un poco los párrafos y destacado los títulos para hacerla más legible:
Ver citas anterioresAra escribió:La responsable técnica de Traiber que destapó el escándalo de las prótesis en mal estado no tiene pelos en la lengua a la hora de hablar del gerente y fundador de la empresa, Luis Márquez. "Es de psicópata forrarse a costa de mutilar la gente", suelta. Este diario ha podido hablar con la persona que denunció las malas prácticas de la empresa el 17 de septiembre del año pasado a través de un correo electrónico a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) que llevaba un título claro: «Negligencias Traiber» ".
Por teléfono habla con la voz firme, convencida de que actuó correctamente, aunque prefiere que no se publique su nombre para no mezclarse con el escándalo. Explica que el detonante que la hizo denunciarlo fue un caso del verano pasado, cuando hacía poco más de un año que estaba en la empresa. Dos médicos del Hospital de Santa Tecla operaron un hombre al que le fallaba una prótesis hacía diez años. Como era de Traiber, pensaron que podía ser la pieza más débil de la prótesis, de polietileno, y que la podían cambiar por una de la misma empresa. Lo hicieron, pero esta vez duró dos meses, no diez años. "El polietileno estaba amarillo y la prótesis destruida", decía el correo electrónico de denuncia de la técnica. Los médicos tuvieron que volver a abrir el paciente y esta vez le cambiaron la prótesis entera por una de otro fabricante.
Aquel caso hizo que la responsable técnica se diera cuenta de lo que estaba pasando: "Le habían implantado una prótesis que hacía doce años que estaba caducada", afirma. A raíz de lo dice que descubrió que venían prótesis de 1998 que ella había ordenado destruir, que les habían cambiado la etiqueta por una con una fecha de caducidad diferente. A escondidas de ella implantaban prótesis que ya casi no tenían vida útil, dice. Márquez se lo argumentaba así: "Son para señoras mayores que ya no se mueven, no pasa nada".
Consecuencias para los pacientes
Según la técnica, farmacéutica de formación, estas prótesis durarán menos tiempo y, cuando se degraden, los pacientes tendrán dolor crónico y desgaste de los huesos si no se las cambian. "Porque él [Márquez] y cuatro o cinco enriquecieran, una persona de 40 años podía quedar minusválida y eso es inmoral", explica. Además, los implantes podían tener más problemas: se habían esterilizado hacía más de una década. No sabe cuántos afectados puede haber. "Bastantes", sólo se atreve a decir.
La coordinadora técnica de Traiber, Mercedes Carmona -hacia de la denunciante y investigada en el caso-, estaba en la operación donde se descubrió que había pasado con la prótesis implantada dos meses antes. Declaró al juez que se quedó "muerta" y se llevó la pieza. Los médicos no denunciaron Traiber. Al cabo de unos meses, a raíz del correo de la técnica, la AEMPS hizo una inspección en la sede de Traiber, donde aún guardaban aquella prótesis defectuosa. Carmona declaró que Márquez le dijo que la escondiera. Lo hizo: se la guardó en el bolso y se la llevó a casa.
Las inspecciones de la AEMPS y de la Generalitat detectaron igualmente las falsificaciones de etiquetas y el uso de marcas de Certificación Europea (CE) para productos que en realidad no la tenían, a pesar de que son imprescindibles para venderlos. La técnica ya lo había denunciado. De hecho, en junio de 2012 insistió al gerente que tenían que pasar la inspección del laboratorio. "Sólo nos hacía pasar con razones", dice. En septiembre caducaban las certificaciones CE, que pasaban con una empresa eslovaca porque no era muy estricta. Sin embargo, "la respuesta siempre era la misma:« No hay dinero »". Calcula que, para hacer las cosas bien, se habrían tenido que gastar 90.000 euros. Tal como trabajaban, según la AEMPS, había un riesgo claro de causar infecciones a los pacientes.
El escándalo de Traiber es sólo una de las catorce piezas del caso Innova, abierto en 2012 a raíz de una denuncia de la CUP de Reus y que tiene el ex director de CatSalut Carles Manté y el ex presidente del Instituto Catalán de la Salud Josep Prat como principales imputados.
La patronal privada se desentiende del escándalo
La Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES), la patronal de la sanidad privada, asegura que los centros médicos no tienen nada que ver con las prótesis. Fuentes de la entidad aseguran que la responsabilidad de encargar los implantes y la elección de la marca es cosa del médico. Él es quien, en función de la patología del paciente, recomienda una marca de prótesis, que se encarga y se factura al paciente. El control de calidad lo hace el fabricante, no los hospitales y clínicas. "Los médicos los alquilan el quirófano por horas, o van a operar ciertos días por semana ... Cada uno tiene una relación diferente con el centro", explican desde ACES.
Re: El uso de prótesis caducadas obliga a reoperar a 20 pacientes en Reus y CIU por medio
http://www.elperiodico.com/es/noticias/ ... as-4177279
Ver citas anterioresEl Periodico escribió:Las prótesis de rodilla y cadera de la empresa Traiber, que en noviembre del 2014 fueron objeto de una alerta sanitaria por parte de la Agencia Española del Medicamento (AEM), se habían implantado a 2.800 pacientes, que fueron atendidos en 30 hospitales de Catalunya, confirmó ayer Salvador Cassany, responsable de control farmacéutico y productos sanitarios en la Conselleria de Salut. Las prótesis eran defectuosas en algunos casos, o habían sido etiquetadas fraudulentamente para ocultar una fecha de caducidad superada. Los enfermos receptores de dicho material están siendo evaluados por sus respectivos centros sanitarios, aseguró Cassany, que dijo desconocer cuántos de ellos han sido ya nuevamente operados para sustituirles una prótesis defectuosa.
El gerente de Traiber, Luis Márquez, fue detenido el pasado 28 de abril y es actualmente investigado judicialmente en una pieza separada del caso Innova, que afecta al Ayuntamiento de Reus y a un amplio entramado de empresas sanitarias. De hecho, 1.500 de los pacientes receptores del material defectuoso fueron atendidos en el Hospital Sant Joan de Reus. El juez instructor, del Juzgado número 3 de Reus, indica en sus alegaciones que Márquez obtuvo trato de favor por parte de la presidenta del consejo de administración del Hospital Sant Joan de Reus y primera teniente de alcalde del ayuntamiento de dicha localidad, Teresa Gomis, para que el centro sanitario adquiriera las citadas prótesis. Según el magistrado, la dirección del hospital conocía las dudas existentes entre el personal médico sobre la calidad de las prótesis de Traiber. Gomis negó ayer que tuviera conocimiento de esas dudas.
Las prótesis sobre las que alertó la AEM incumplían los principales requisitos fijados por la Comisión Europea (CE), preceptivos ante la autorización de material médico o quirúrgico. No disponían de un certificado vigente de la CE que autorizase su comercialización, habían sido fabricadas siguiendo un inadecuado sistema de control de calidad (por lo que podían presentar fallos) y se las había reetiquetado sobre su fecha de caducidad. «Mostraban unas fechas ampliadas», sintetizó Cassany.
Por todo ello, la AEM, y posteriormente la Generalitat, prohibieron a finales del 2014 el uso de ese material para reparar rodillas o caderas lesionadas. La empresa Traiber será objeto de un expediente sancionador por parte de Salut, que ahora se tramita, por el que sus responsables deberán abonar una cantidad no precisada ayer. Salut tampoco pudo concretar si los pacientes afectados por las prótesis fraudulentas serán objeto de alguna indemnización.
Re: El uso de prótesis caducadas obliga a reoperar a 20 pacientes en Reus y CIU por medio
O sea que si yo diseño la instalación eléctrica de un edificio de oficinas y en vez de comprar diferenciales con la homologación "CE" uso unos, más baratos, con el logo "China Export" (que también es "CE", a simple vista solo se distingue en la separación de las letras y por las marcas raras), si se electrocuta alguien puedo decir que la culpa no es mía, sino que José Manuel Soria me ha presionado.
Naturalmente que no es casual recordar estas cosas y aprovechar para mencionar CIU justo antes de unas elecciones. Ya me extraña que no se hable también del caso Palau. Protagonizado por alguien que, además de ser muy amigo de CIU, también había sido socio de FAES.
Naturalmente que no es casual recordar estas cosas y aprovechar para mencionar CIU justo antes de unas elecciones. Ya me extraña que no se hable también del caso Palau. Protagonizado por alguien que, además de ser muy amigo de CIU, también había sido socio de FAES.
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Re: El uso de prótesis caducadas obliga a reoperar a 20 pacientes en Reus y CIU por medio
Los de ex Ciu, los de ex Convergentes y ahora se llamaran Democratas
en otro caso aislado en medio de chanchullo 'sanitario'
CDC ‘cedió’ un hospital público a una empresa que le donó 80.000 euros
La Generalitat autorizó en 2014 que una fundación traspasara a la compañía un contrato de 500 millones
CDC 'cedió' un hospital público a una empresa que le donó 80.000 euros
El Gobierno de Artur Mas (CDC) autorizó en 2014 una operación sin precedentes en la sanidad pública española: la cesión a una empresa privada de una gran adjudicación de 500 millones para gestionar durante 30 años un hospital público que hasta entonces administraba una fundación.
Aunque fundación y compañía están vinculadas al mismo grupo empresarial (Hestia), el caso tiene grandes implicaciones económicas porque supone transferir, sin pasar por concurso público, el macrocontrato desde una entidad sin ánimo de lucro (y que por ello parte con ventaja en las licitaciones) a una compañía que sí lo tiene. La Fundación Sociosanitaria de Barcelona (FSSB) había logrado entre 2007 y 2013 una media de 630.000 euros de resultados positivos, dinero que por ley estaba obligada a reinvertir en mejoras asistenciales. Tras la cesión, y hasta 2036, la compañía podrá dedicar esos resultados a engrosar sus beneficios.
La Generalitat autorizó la cesión después de que el grupo Hestia hubiera donado a Convergència Democrática de Catalunya (CDC) 80.000 euros a finales de 2010, cuando Artur Mas encaraba las elecciones que le catapultaron a la presidencia de la Generalitat.
El entonces gerente del partido, Germà Gordó, fue como consejero de Justicia el máximo responsable político de que la operación saliera adelante. Los pagos se realizaron a través de las dos fundaciones de CDC –Catdem y Fòrum Barcelona—investigadas por un juzgado de El Vendrell (Tarragona) por la financiación ilegal del partido.
La historia del caso se remonta al último año de gobierno de Jordi Pujol, en 2003, cuando la Generalitat adjudicó la construcción de un centro sociosanitario de 400 camas para enfermos crónicos y psiquiátricos, hoy llamado Hestia Duran i Reynals.
El concurso establecía la “adjudicación preferente a entidades sin ánimo de lucro” y FSSB resultó ser la única entidad que se presentó. El contrato se firmó el 15 de diciembre de ese año, un día antes de que el socialista Pasqual Maragall sustituyera a Pujol al frente de la Generalitat. La adjudicación consistía en una concesión administrativa por la que FSSB tenía que invertir más de 15 millones de euros en rehabilitar una parte del complejo sanitario Duran i Reynals, en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) para instalar ahí el nuevo centro.
El hospital, tras tres años de obras, abrió en 2006, año en el que empezaron a contar los 30 años de contrato. FSSB, que recibía más de 16 millones de euros al año de la Generalitat, obtuvo unos buenos resultados económicos desde el primer ejercicio, con un excedente que fue creciendo desde 20.000 euros en 2007 hasta más de un millón en 2012 y 2013.
En abril de ese año, sin embargo, la fundación solicitó a la Generalitat desprenderse del contrato en favor de la empresa Clínica Secretario Coloma (hoy SSR Hestia). Según los documentos del expediente administrativo a los que ha accedido EL PAÍS, la entidad justificó el cambio por su deseo de “retornar a sus orígenes”, que según un portavoz de la empresa “era la tutela de pacientes psiquiátricos total o parcialmente inhabilitados judicialmente”. La memoria de las cuentas de FSSB en 1998, las primeras completas tras su constitución en noviembre de 1997, destaca entre los fines de la entidad “la asistencia sociosanitaria” y la “investigación”. La tutela de enfermos psiquiátricos, que también figura en el artículo 4 de los estatutos de la entidad, ni siquiera es mencionada en las cuentas.
La petición del grupo Hestia dio pie a un complejo proceso administrativo que duró más de un año y requirió una decena de informes de tres consejerías de la Generalitat: Salud, Bienestar Social y Justicia. Las dos primeras debían aprobar el cambio porque eran las que financiaban el centro sociosanitario. Justicia debía dar su autorización porque de ella depende el Protectorado de Fundaciones, el organismo que vela por el buen hacer de estas entidades en Cataluña.
La más importante de las tres era la de Justicia, ya que la operación suponía que FSSB se desprendiera de una actividad que le reportaba el 93% de los recursos que venía gestionando. Salud y Bienestar Social esperaron por ello a que la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas diera su autorización, en julio de 2014, para iniciar sus procedimientos.
La Resolución de Justicia aceptaba el plan presentado por Hestia, que preveía la íntegra transmisión de los activos y pasivos de FSSN relacionados con su actividad asistencial a la empresa Clínica Secretario Coloma. Entre los activos, destacaba el macrocontrato con la Generalitat. Entre los pasivos, la deuda financiera de 12 millones por las obras de reforma en el hospital, deuda que pagaba y sigue pagando el concierto con Salud.
Justicia aceptó también la propuesta de Hestia de que la empresa “compensara” a la fundación por el valor del contrato que le cedía. La cantidad fijada, también propuesta por la compañía, asciende a dos millones de euros. Esta cifra supone el 0,6% de los 330 millones de euros que Hestia percibirá por el contrato hasta 2036 y asciende a los resultados positivos obtenidos por FSSB solo en los dos ejercicios anteriores. SSR Hestia asumió finalmente la gestión del hospital el 1 de junio de 2015.
Pese a la magnitud del cambio, la Generalitat nunca lo hizo público. El caso no fue llevado al Consejo de Gobierno ni al Parlamento catalán y tampoco fue recogido por el Diario Oficial de la Generalitat, que sí había publicado en 2013 la solicitud de Hestia para modificar el contrato. El Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) tampoco llevó el asunto a su Consejo de Dirección, en el que están representados sindicatos y asociaciones de pacientes.
Un portavoz de Hestia niega que la donación hecha a CDC en 2010 buscara conseguir un trato de favor de la Generalitat. Recuerda que pasaron más de dos años entre la contribución y la petición, e insiste en que la razón de todo fue el “interés de la fundación en centrarse en su actividad de tutela”. Las consejerías de Salud y Justicia, que hoy están en manos de ERC, afirman por su parte que los procesos administrativos cumplieron todos los trámites y no entran a valorar la decisión del anterior Gobierno.
Investigacion@elpais.es
CDC
otro caso aislado de corrución de la generalitat catalana
en otro caso aislado en medio de chanchullo 'sanitario'
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La Generalitat autorizó en 2014 que una fundación traspasara a la compañía un contrato de 500 millones
CDC 'cedió' un hospital público a una empresa que le donó 80.000 euros
El Gobierno de Artur Mas (CDC) autorizó en 2014 una operación sin precedentes en la sanidad pública española: la cesión a una empresa privada de una gran adjudicación de 500 millones para gestionar durante 30 años un hospital público que hasta entonces administraba una fundación.
Aunque fundación y compañía están vinculadas al mismo grupo empresarial (Hestia), el caso tiene grandes implicaciones económicas porque supone transferir, sin pasar por concurso público, el macrocontrato desde una entidad sin ánimo de lucro (y que por ello parte con ventaja en las licitaciones) a una compañía que sí lo tiene. La Fundación Sociosanitaria de Barcelona (FSSB) había logrado entre 2007 y 2013 una media de 630.000 euros de resultados positivos, dinero que por ley estaba obligada a reinvertir en mejoras asistenciales. Tras la cesión, y hasta 2036, la compañía podrá dedicar esos resultados a engrosar sus beneficios.
La Generalitat autorizó la cesión después de que el grupo Hestia hubiera donado a Convergència Democrática de Catalunya (CDC) 80.000 euros a finales de 2010, cuando Artur Mas encaraba las elecciones que le catapultaron a la presidencia de la Generalitat.
El entonces gerente del partido, Germà Gordó, fue como consejero de Justicia el máximo responsable político de que la operación saliera adelante. Los pagos se realizaron a través de las dos fundaciones de CDC –Catdem y Fòrum Barcelona—investigadas por un juzgado de El Vendrell (Tarragona) por la financiación ilegal del partido.
La historia del caso se remonta al último año de gobierno de Jordi Pujol, en 2003, cuando la Generalitat adjudicó la construcción de un centro sociosanitario de 400 camas para enfermos crónicos y psiquiátricos, hoy llamado Hestia Duran i Reynals.
El concurso establecía la “adjudicación preferente a entidades sin ánimo de lucro” y FSSB resultó ser la única entidad que se presentó. El contrato se firmó el 15 de diciembre de ese año, un día antes de que el socialista Pasqual Maragall sustituyera a Pujol al frente de la Generalitat. La adjudicación consistía en una concesión administrativa por la que FSSB tenía que invertir más de 15 millones de euros en rehabilitar una parte del complejo sanitario Duran i Reynals, en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) para instalar ahí el nuevo centro.
El hospital, tras tres años de obras, abrió en 2006, año en el que empezaron a contar los 30 años de contrato. FSSB, que recibía más de 16 millones de euros al año de la Generalitat, obtuvo unos buenos resultados económicos desde el primer ejercicio, con un excedente que fue creciendo desde 20.000 euros en 2007 hasta más de un millón en 2012 y 2013.
En abril de ese año, sin embargo, la fundación solicitó a la Generalitat desprenderse del contrato en favor de la empresa Clínica Secretario Coloma (hoy SSR Hestia). Según los documentos del expediente administrativo a los que ha accedido EL PAÍS, la entidad justificó el cambio por su deseo de “retornar a sus orígenes”, que según un portavoz de la empresa “era la tutela de pacientes psiquiátricos total o parcialmente inhabilitados judicialmente”. La memoria de las cuentas de FSSB en 1998, las primeras completas tras su constitución en noviembre de 1997, destaca entre los fines de la entidad “la asistencia sociosanitaria” y la “investigación”. La tutela de enfermos psiquiátricos, que también figura en el artículo 4 de los estatutos de la entidad, ni siquiera es mencionada en las cuentas.
La petición del grupo Hestia dio pie a un complejo proceso administrativo que duró más de un año y requirió una decena de informes de tres consejerías de la Generalitat: Salud, Bienestar Social y Justicia. Las dos primeras debían aprobar el cambio porque eran las que financiaban el centro sociosanitario. Justicia debía dar su autorización porque de ella depende el Protectorado de Fundaciones, el organismo que vela por el buen hacer de estas entidades en Cataluña.
La más importante de las tres era la de Justicia, ya que la operación suponía que FSSB se desprendiera de una actividad que le reportaba el 93% de los recursos que venía gestionando. Salud y Bienestar Social esperaron por ello a que la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas diera su autorización, en julio de 2014, para iniciar sus procedimientos.
La Resolución de Justicia aceptaba el plan presentado por Hestia, que preveía la íntegra transmisión de los activos y pasivos de FSSN relacionados con su actividad asistencial a la empresa Clínica Secretario Coloma. Entre los activos, destacaba el macrocontrato con la Generalitat. Entre los pasivos, la deuda financiera de 12 millones por las obras de reforma en el hospital, deuda que pagaba y sigue pagando el concierto con Salud.
Justicia aceptó también la propuesta de Hestia de que la empresa “compensara” a la fundación por el valor del contrato que le cedía. La cantidad fijada, también propuesta por la compañía, asciende a dos millones de euros. Esta cifra supone el 0,6% de los 330 millones de euros que Hestia percibirá por el contrato hasta 2036 y asciende a los resultados positivos obtenidos por FSSB solo en los dos ejercicios anteriores. SSR Hestia asumió finalmente la gestión del hospital el 1 de junio de 2015.
Pese a la magnitud del cambio, la Generalitat nunca lo hizo público. El caso no fue llevado al Consejo de Gobierno ni al Parlamento catalán y tampoco fue recogido por el Diario Oficial de la Generalitat, que sí había publicado en 2013 la solicitud de Hestia para modificar el contrato. El Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) tampoco llevó el asunto a su Consejo de Dirección, en el que están representados sindicatos y asociaciones de pacientes.
Un portavoz de Hestia niega que la donación hecha a CDC en 2010 buscara conseguir un trato de favor de la Generalitat. Recuerda que pasaron más de dos años entre la contribución y la petición, e insiste en que la razón de todo fue el “interés de la fundación en centrarse en su actividad de tutela”. Las consejerías de Salud y Justicia, que hoy están en manos de ERC, afirman por su parte que los procesos administrativos cumplieron todos los trámites y no entran a valorar la decisión del anterior Gobierno.
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La verdad está ahí afuera