Una edil de Podemos, procesada por una estafa a 5.000 inmigrantes
Publicado: 02 Oct 2015 21:29
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La concejala de Podemos en Puerto Real, Mónica González, tras la rueda de prensa. CATA ZAMBRANO
Fue administradora única de una empresa que ofrecía contratos de trabajo a cambio de dinero
Mónica González dice que es una víctima más
El partido la suspende de militancia cautelarmente
MANUEL GALVÍN SERRANOCádiz
Actualizado 02/10/201518:09
La concejala de Hacienda de Puerto Real, Mónica González, se enfrenta a una causa judicial abierta en la Audiencia Nacional por un supuesto delito de apropiación indebida y estafa cuando era administradora única de la empresa Eurowork. Según cuenta la propia González, el jefe de la empresa, Luis Batlle, le pidió que se hiciese administradora de la empresa en su ausencia, pues él tenía que atender otros asuntos comerciales relacionados con el devenir de los negocios. Entonces, explica González, se hizo administradora única de Eurowork cuando tenía 26 años, recién terminados sus estudios de derecho y el máster de extranjería con el que "pretendía ayudar a los inmigrantes". El proyecto de Eurowork le motivó, recuerda, y entró en una empresa que en principio tenía el fin de facilitarle a los inmigrantes un contrato de trabajo a cambio de una suma económica requerida por la compañía. La Fiscalía reclama cuatro años de prisión para Mónica González y el juicio, que ha estado paralizado durante años por la imposibilidad de encontrar a Batlle, está a la espera de fecha de señalamiento en los próximos cinco meses.
La edil de Hacienda de Puerto Real atendió a los medios de comunicación para aclarar su papel en Eurowork. "Soy una víctima en todo este proceso. Pero me alegro que por fin hayan detenido a este hombre. Son diez años de sufrimiento", declara González. En el caso Eurowork, más de 5.000 inmigrantes procedentes de Latinoamérica resultaron afectados por una estafa que hacía que cada interesado en obtener un empleo en España pagara más de 450 euros por los servicios de la empresa. La promesa de visado y trabajo de la empresa de Batlle se apropió de algo más de 2,5 millones de euros de sus clientes. Mónica González asevera que su labor era tratar con todos los inmigrantes que se interesaban y ayudarlos. Cuando estalló el engaño, la edil de Podemos recuerda que le dejaron "sola en el barco" y tuvo que tratar con los perjudicados directamente. El hallazgo del paradero de Luis Batlle hace un año supone para la concejal de Podemos una alegría para los inmigrantes, para ella y su familia.
"Hemos tenido que abordar todas las deudas que este hombre dejó como empresa, he tenido que pagar coches de la empresa sin tener carnet de conducir, multas de tráfico de este hombre", confiesa con desdén González. La edil de Puerto Real se congratula de que por fin se pueda celebrar el juicio para demostrar su inocencia. Y añade que, en su día, "se pudo celebrar el juicio sin él con la causa abierta, y el fiscal entendió que no había dolo, ni mala fe".
Mónica González recalca que no hay apropiación del dinero de los "pobres inmigrantes" y que su culpabilidad está en haberse ilusionado en un proyecto finalmente fraudulento. La empresa tenía filiales en América Latina, este fue otro de los ganchos que le hizo creer a Mónica González que todo se movía dentro de la legalidad. "Era mi primer trabajo remunerado y para lo que había estudiado", relata entre lágrimas, al tiempo que puntualiza que es una activista social y "no tengo nada que ocultar". González está imputada por estos hechos de fraude que tuvieron lugar en 2006. La edil admite su firma como administradora única. "Le dije que temporalmente sí, hasta que vinieran los socios americanos, que vinieron y dejé de ser administradora. Pero hoy me encuentro la imputación por haber firmado y confiado en el proyecto de una persona, que luego resultó que venía de estafar", reveló la edil.
El apoyo del alcalde de Podemos
Por su parte, el alcalde de Puerto Real, Antonio Romero, se declara conocedor de los hechos y la causa que tenía pendiente su edil. Romero entiende que su compañera de partido y de equipo de gobierno es "víctima". Romero manifiesta que el hecho de participar en una candidatura de unidad popular, como es Podemos, ha hecho que florezca un proceso mediático y político a pesar de que, asevera, la causa judicial estaba encauzada de forma positiva y "tranquila". "En ese momento no era un cargo público, no hubo ningún dinero público por medio que se pudiese llevar. No incumple nuestro código ético, no ha habido enriquecimiento personal", explica el alcalde de Puerto Real. Por su parte, Mónica González queda a expensas de lo que decida la asamblea local de Podemos en Puerto Real para conservar su cargo. "Condiciono mi continuidad a lo que diga la asamblea", concluyó. Precisamente, la formación política ha procedido al inicio del proceso para la suspensión cautelar de militancia de la concejala de Hacienda del Consistorio puertorrealeño. Podemos Puerto Real llevará el caso a la Comisión de Derechos y Garantías del partido.
El cabecilla de la trama, Luis Batlle, llegó a España tras ser extraditado el pasado mes de julio tras ser detenido en octubre de 2014 en Tailandia con pasaporte falso y haciéndose pasar por chef. Antes, había estado en las Bahamas. La reapertura del caso se estima para fechas próximas pero aún no hay día fijado. El abogado Demóstenes Mamani, representante de unos 60 afectados, confirma que sus clientes llegaron a abonar más de 450 euros por conseguir un trabajo que les permitiera obtener un visado posteriormente. Una de las primeras denuncias llegó desde Granada en 2006. El engaño se perpetuó durante dos años y llegaron demandas desde más puntos de España. Mamani apunta que de sus 60 inmigrantes representados de distintos puntos de América Latina, tan sólo diez están en activo. El resto tuvo que volver a sus países o desistir en la idea de venir a España y quedarse en territorio español. "Mónica es quien atendía al teléfono en Madrid", reconoce el letrado a este periódico y señala a Mónica como una de las responsables. Tras diez años con el proceso judicial paralizado, el letrado espera que se reabra el caso en la Audiencia Nacional.
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/10 ... b458f.html