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La UDEF acorrala de nuevo al exconsejero Ojeda Avilés por la macroestafa de los cursos


Los investigadores de la Policía han detectado nuevas irregularidades en el entramado societario del exconsejero de la Junta Ángel Ojeda Avilés, el mayor beneficiario del fraude de la formación

La investigación sobre el presunto fraude masivo en las ayudas para la formación de trabajadores en Andalucía ha entrado en su recta final con un claro protagonista después de más de tres años de indagaciones: el exconsejero de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda Avilés (1987-1990). Su nombre ha emergido por encima de los más de 250 imputados que acumula ya el procedimiento por el volumen de los fondos que habría estafado a través de un complejo entramado empresarial con conexiones en Sudamérica. Se le atribuye el cobro irregular de ayudas para formación por valor de al menos 47 millones de euros.

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que dirigen la operación Edu contra la estafa de los cursos ya se han topado en dos ocasiones con el rastro de mercantiles vinculadas a Ojeda Avilés. Sin embargo, según fuentes próximas a la investigación consultadas por El Confidencial, los expertos en delitos económicos siguen peinando la red que montó para captar la mayor cantidad posible de subvenciones ante la sospecha de que aún quedan irregularidades por detectar.

La UDEF localizó por primera vez a Ojeda Avilés en el análisis de expedientes de la provincia de Granada. En esa primera fase sobre el terreno, ejecutada hace un año, fueron detenidos 42 administradores de sociedades que habrían percibido y malversado ayudas para formación de trabajadores a pesar de no reunir los requisitos para convertirse en beneficiarios. Los investigadores encontraron vínculos con la red de empresas, asociaciones y fundaciones que habría permitido al exdirigente del PSOE cazar subvenciones en las ocho provincias andaluzas.

La detención del cerebro de la red
La segunda ocasión se produjo en agosto del año pasado en el marco de la operación Óscar, centrada específicamente en la trama de Ojeda Avilés. Los funcionarios de la UDEF detuvieron a una decena de personas que integraba el núcleo del entramado del exconsejero. El propio Ojeda Avilés fue apresado en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda en plenas vacaciones de verano. El caso, que fue instruido como una pieza completamente independiente del caso Edu, recayó en el Juzgado número 2 de Cádiz. La titular del Juzgado número 6 de Sevilla, la ya célebre Mercedes Alaya, reclamó el sumario al considerar que estaba conectado con otra investigación de la Guardia Civil sobre el fraude de los cursos que ella misma dirigía desde su tribunal. Sin embargo, la magistrada que ha sustituido recientemente a Alaya se inclina por devolver el caso a Cádiz para que vuelva a ser investigado como una pieza autónoma.

Con todo, la existencia de esos dos procedimientos sobre el exdirigente socialista no ha alterado los planes de la UDEF. Los agentes siguen diseccionando los negocios de Ojeda Avilés ante la sospecha de que aún no han aparecido todas las mercantiles que habría utilizado para captar fondos para cursos de forma irregular.

Según las fuentes consultadas, las nuevas indagaciones sobre su conglomerado se centran en las provincias de Sevilla y Huelva. Se trata de las dos únicas demarcaciones andaluzas en las que todavía no se ha producido la detención de empresarios por su presunta relación con el fraude de la formación. Pero, como adelantó El Confidencial en abril de 2014, los agentes manejan indicios y pruebas contundentes de que la estafa abarca toda la comunidad autónoma. Los más de 250 imputados que acumula ya la operación Edu pueden tener en breve nuevos compañeros y la figura de Ojeda Avilés continúa proyectando grandes sombras.


Una estructura piramidal
La voracidad del exconsejero de Hacienda no tenía límites. Sólo en una convocatoria publicada por el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el 20 de enero de 2011, cinco entidades vinculadas a Ojeda Avilés se llevaron los 7,3 millones de euros que había liberado en total el Ejecutivo socialista para ese expediente. Sin embargo, en otras ocasiones, habría utilizado fórmulas más sutiles para captar los fondos.

Como ya ha quedado acreditado, su red se dividía en varios niveles. En el primer escalón había sociedades mercantiles dedicadas a diferentes actividades profesionales que operaban en todo el territorio andaluz. Esas sociedades se agrupaban en asociaciones sectoriales supuestamente inocuas creando así un segundo nivel. Y por último, las asociaciones se unían en fundaciones que aparentaban ser entidades sin ánimo de lucro. Las subvenciones entraban en la red por todas sus terminales pero Ojeda Avilés movía luego los fondos subcontratando los cursos con otras entidades del entramado, dificultando así la detección de las irregularidades.