El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha dado por cerrada la investigación principal sobre el saqueo de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, iniciada en el año 2011. El magistrado ve indicios de delito para procesar a ocho exdirectivos de la entidad crediticia alicantina, rescatada con 5.249 millones de euros y comprada por el Banco Sabadell en febrero de 2013 por un euro. El juez Gómez Bermúdez propone llevar al banquillo, entre otros, al expresidente de la entidad, Modesto Crespo, a su ex director general Roberto López Abad y a su adjunta Dolores Amorós.
En su auto, el magistrado empieza por relatar la supuesta alteración de las cuentas anuales de la CAM en los ejercicios de 2010 y 2011. Según el escrito, “los estados financieros” de la caja “no reflejaban la imagen fiel de la entidad”, con un desfase en 2010 de 210,3 millones, pero no por un error o un accidente. El instructor considera que “hubo un plan concertado” de los directivos “para diluir el verdadero estado de la caja” y “poder cobrar los incentivos por resultados y otros complementos ligados a la buena marcha de la entidad”, causando un perjuicio de 47,3 millones de euros
Según Bermúdez, la investigación ha dejado “acreditado” que hubo una manipulación en varios ámbitos. Por un lado, la CAM “dio de baja las provisiones para los créditos de deuda de muy baja calidad”, y “contabilizó de forma incorrecta a sabiendas un contrato de SWAP -de permuta financiera- ocultando la existencia de opciones de compra”.
Además, los balances periódicos de la entidad “estaban falseados” y “no reflejaban la situación crítica de la entidad”. Es más, ofrecían una “imagen distorsionada”, aparentando beneficios por unos 60 millones de euros cuando en realidad las pérdidas ascendían a 1.136 millones, como determinaron las auditorías del FROB, el Banco de España y KPMG. Este falseamiento, recuerda el juez, perjudicó a los inversores y demoró la adopción de medidas que hubieran evitado –o al menos reducido- la inyección de 5.259 millones de euros públicos “para evitar el riesgo que suponía para el sistema financiero español”....
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Espero que este modelo de banca semipública con directivos no profesionales puestos a dedo por el poder político no vuelva a repetirse en nuestro país.