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Un mando de la Agencia Tributaria retrasó una denuncia por corrupción que afecta al PP

La delegada especial de la Agencia Tributaria en Castilla y León, Georgina de la Lastra, demoró un explosivo informe que denunciaba el cobro de comisiones millonarias de las eléctricas por parte de altos cargos de la Junta e implicaba a Federico Trillo y Vicente Martínez Pujalte

De la Lastra trabajó antes como alto cargo con el PP, como secretaria general de la Consejería de Hacienda en la Junta de Castilla y León

Según el informe de la Agencia Tributaria, que investiga Anticorrupción, la trama se repartió 110 millones de euros en comisiones de las eléctricas a cambio de acelerar los permisos para nuevos parques eólicos



Varios altos cargos del Gobierno de la Junta de Castilla y León (PP) presuntamente cobraron enormes comisiones de algunas constructoras –Grupo Collosa, Parqueolid– y las grandes empresas eléctricas –Endesa, Iberdrola– a cambio de acelerar los permisos para nuevos parques eólicos. En total, la trama se repartió 110 millones de euros, 18.300 millones de pesetas, según la investigación de la Agencia Tributaria que publicó este lunes El País. Por comparar, este botín duplica ampliamente la fortuna atribuida a Luis Bárcenas (47 millones de euros) y es más de cuatro veces superior al supuesto patrimonio de Rodrigo Rato (26 millones). Si son comisiones ilegales, como sospechan la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción, no estamos ante unos comisionistas cualquiera: se trataría del tipo de mordidas multimillonarias que solo dejan los más grandes tiburones.

La investigación la destapó un inspector de la Agencia Tributaria en la oficina de Castilla y León, en Valladolid. Un funcionario, cuyas iniciales son J. T., que detectó unas extrañas inversiones que habían hecho millonarios a varios altos cargos de la Junta y del PP. Apenas 24.400 euros en acciones se convertían, una vez aprobados los permisos correspondientes, en 47,1 millones de euros. El mismo inspector de Hacienda también rastreó otros misteriosos pagos como “asesoría” –por unos trabajos que no acaban de aparecer– a dos importantes políticos del PP: el diputado Vicente Martínez Pujalte y el exministro y actual embajador en Londres Federico Trillo.

Cuando este inspector descubrió el pastel, elaboró un informe de 94 folios que trasladó a su jefa, la delegada especial de la Agencia Tributaria en Castilla y León. “Es el protocolo habitual cuando se detecta un delito”, afirma una fuente de la Agencia Tributaria, conocedora del caso, con la que ha podido hablar eldiario.es. “Es el delegado especial quien después debe pedir otro informe al servicio jurídico y presentar la denuncia formal ante la Fiscalía o el Sepblac (el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales)”.

El inspector J. T. cumplió con su parte hace ya bastante. Su jefa no fue tan diligente y el explosivo informe que esta semana ha publicado El País, tan delicado para el PP y para la Junta de Castilla y León, estuvo meses durmiendo en el fondo de un cajón.

En vista de que pasaba el tiempo y el caso no se movía, el inspector pidió explicaciones. Como no se las daban, J. T. volvió a presentar el informe, esta vez a través del registro, para forzar que siguiese adelante: para que quedase constancia y fecha de su denuncia y no se pudiese traspapelar. “No es para nada el procedimiento habitual, normalmente el traslado al delegado especial es un simple trámite interno que no se registra”, asegura esa misma fuente de la Agencia Tributaria. “Al pasar por el registro, el documento quedó informatizado, por lo que ya no se pudo ignorar”.

El duro informe sobre la supuesta trama de comisiones en la Junta hoy está en la Fiscalía Anticorrupción, gracias al empeño de este inspector.

Su jefa, la delegada especial de la Agencia Tributaria en Castilla y León, se llama Georgina de la Lastra. Es una persona muy cercana al Partido Popular que incluso trabajó, entre 2003 y 2007, como alto cargo en el Gobierno autonómico: como secretaria general de la Consejería de Hacienda; en la misma Junta de Castilla y León cuyas concesiones para parques eólicos hoy están siendo investigadas por la Fiscalía Anticorrupción.