El 'capitalismo de amiguetes' cuesta 47.500 millones al año al contribuyente
Publicado: 23 Feb 2015 20:16
El 'capitalismo de amiguetes' cuesta 47.500 millones al año al contribuyente
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera necesaria mayor transparencia y publicidad en los procedimientos de contratación pública. Además, la falta de competencia fomenta el desaprovechamiento de los recursos y aumenta los costes, el conocido como 'capitalismo de amiguetes', por el cual se antepone las relaciones personales a la eficiencia económica en las adjudicaciones de contratos públicos, lo que desemboca en mayores costes (hasta un 25% al alza) para los contribuyentes.
Y es que las ineficiencias en la contratación pública podría estar costando más 47.000 millones de euros al año, con los contribuyentes como grandes perjudicados.
Según dicho informe, "cuando la competencia falla hay invariablemente una pérdida de eficiencia económica y un innecesario desaprovechamiento de recursos públicos, siempre escasos y costosos. Al mismo tiempo, que una menor tensión competitiva aumenta el riesgo de colusión (pacto ilícito que acuerdan dos personas con el fin de perjudicar a un tercero)".
La falta de competencia se debe a "las elevadas barreras de entrada y a la multiplicidad de órganos de contratación con heterogeneidad de procedimientos y complejas curvas de aprendizaje para los licitadores, y los problemas intrínsecos de información asimétrica y relaciones de agencia encadenadas, que perjudican, sino se corrigen correctamente, a la Administración Pública, a los potenciales competidores y en último término, a los ciudadanos y contribuyentes".
"La falta de competencia puede originar desviaciones medias al alza del 25% del presupuesto de contratación pública. En España, a nivel agregado, esto podría implicar hasta un 4,6% del PIB anual, aproximadamente 47.500 millones de euros al año". El déficit público de España fue en 2013 de 70.000 millones de euros, un dato que deja entrever lo relevante del sobrecoste de la contratación pública en España por la falta de competencia y concurrencia en las licitaciones.
Por otro lado, dicho informe destaca la necesidad de incrementar la evaluación de la eficiencia: "Según la información y la experiencia de la CNMC los órganos de contratación no realizan, sino muy marginalmente, evaluaciones en términos de eficiencia económica del conjunto de decisiones que toman a lo largo del proceso de aprovisionamiento público. No enjuician su adecuación económica".
"A modo de ejemplo, cuando en vez de recurrir a una licitación pública las administraciones públicas optan por otros instrumentos administrativos permitidos en la normativa, como una encomienda de gestión o un convenio, deben valorarse las ineficiencias económicas debidas a la ausencia de concurrencia, propia de estas figuras", señala el informe.
Además, consideran que las auditorias de costes serían beneficiosas implementarlas antes de la licitación para tener un mayor control sobre el coste de los contratos: "Estos controles deben tener tanto carácter preventivo como 'ex post' analizando las ganacias de eficiencia obtenidas y los posibles supuestos de carácter sancionador".
Transparencia y publicidad
Además de una mayor transparencia y publicidad, se inclina por desarrollar mejoras en el acceso a la información para los licitadores (motivación del procedimiento elegido, criterios de selección y valoración, etc).
Asimismo, resalta la importancia de aprovechar más las tecnologías de la información, puesto que la contratación pública no puede ser ajena al desarrollo tecnológico. Según la CNMC, estos avances se pueden utilizar para la obtención y utilización de bases de datos de licitaciones, globales e interoperables que permitan la supervisión de la eficiencia económica por organismos especializados.
Por otro lado, recomienda implementar una mayor cooperación administrativa porque fomentar la cooperación inter e intra administrativa permitirá reducir las asimetrías de información presentes en los contratos públicos, y se inclina por simplificar los procedimientos en la contratación pública.
Según la CNMC, la contratación pública alcanza en los países desarrollados cifras superiores al 15% del PIB. Su importancia económica, junto con el carácter limitado de los fondos públicos, aconsejan una regulación del aprovisionamiento público "verdaderamente favorecedora" de la competencia.
"Solo así podrá mejorar la eficiencia en esta partida de gasto público, que en última instancia redundará en importantes beneficios tanto para las propias Administraciones Públicas, como para los ciudadanos y las empresas", señala el organismo.
En este contexto, valora el esfuerzo realizado para consolidar en el ordenamiento jurídico principios jurídicos sólidos como son la igualdad y la transparencia, mejora que se ha producido con la implantación de la normativa de transparencia y con la creación de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas.
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera necesaria mayor transparencia y publicidad en los procedimientos de contratación pública. Además, la falta de competencia fomenta el desaprovechamiento de los recursos y aumenta los costes, el conocido como 'capitalismo de amiguetes', por el cual se antepone las relaciones personales a la eficiencia económica en las adjudicaciones de contratos públicos, lo que desemboca en mayores costes (hasta un 25% al alza) para los contribuyentes.
Y es que las ineficiencias en la contratación pública podría estar costando más 47.000 millones de euros al año, con los contribuyentes como grandes perjudicados.
Según dicho informe, "cuando la competencia falla hay invariablemente una pérdida de eficiencia económica y un innecesario desaprovechamiento de recursos públicos, siempre escasos y costosos. Al mismo tiempo, que una menor tensión competitiva aumenta el riesgo de colusión (pacto ilícito que acuerdan dos personas con el fin de perjudicar a un tercero)".
La falta de competencia se debe a "las elevadas barreras de entrada y a la multiplicidad de órganos de contratación con heterogeneidad de procedimientos y complejas curvas de aprendizaje para los licitadores, y los problemas intrínsecos de información asimétrica y relaciones de agencia encadenadas, que perjudican, sino se corrigen correctamente, a la Administración Pública, a los potenciales competidores y en último término, a los ciudadanos y contribuyentes".
"La falta de competencia puede originar desviaciones medias al alza del 25% del presupuesto de contratación pública. En España, a nivel agregado, esto podría implicar hasta un 4,6% del PIB anual, aproximadamente 47.500 millones de euros al año". El déficit público de España fue en 2013 de 70.000 millones de euros, un dato que deja entrever lo relevante del sobrecoste de la contratación pública en España por la falta de competencia y concurrencia en las licitaciones.
Por otro lado, dicho informe destaca la necesidad de incrementar la evaluación de la eficiencia: "Según la información y la experiencia de la CNMC los órganos de contratación no realizan, sino muy marginalmente, evaluaciones en términos de eficiencia económica del conjunto de decisiones que toman a lo largo del proceso de aprovisionamiento público. No enjuician su adecuación económica".
"A modo de ejemplo, cuando en vez de recurrir a una licitación pública las administraciones públicas optan por otros instrumentos administrativos permitidos en la normativa, como una encomienda de gestión o un convenio, deben valorarse las ineficiencias económicas debidas a la ausencia de concurrencia, propia de estas figuras", señala el informe.
Además, consideran que las auditorias de costes serían beneficiosas implementarlas antes de la licitación para tener un mayor control sobre el coste de los contratos: "Estos controles deben tener tanto carácter preventivo como 'ex post' analizando las ganacias de eficiencia obtenidas y los posibles supuestos de carácter sancionador".
Transparencia y publicidad
Además de una mayor transparencia y publicidad, se inclina por desarrollar mejoras en el acceso a la información para los licitadores (motivación del procedimiento elegido, criterios de selección y valoración, etc).
Asimismo, resalta la importancia de aprovechar más las tecnologías de la información, puesto que la contratación pública no puede ser ajena al desarrollo tecnológico. Según la CNMC, estos avances se pueden utilizar para la obtención y utilización de bases de datos de licitaciones, globales e interoperables que permitan la supervisión de la eficiencia económica por organismos especializados.
Por otro lado, recomienda implementar una mayor cooperación administrativa porque fomentar la cooperación inter e intra administrativa permitirá reducir las asimetrías de información presentes en los contratos públicos, y se inclina por simplificar los procedimientos en la contratación pública.
Según la CNMC, la contratación pública alcanza en los países desarrollados cifras superiores al 15% del PIB. Su importancia económica, junto con el carácter limitado de los fondos públicos, aconsejan una regulación del aprovisionamiento público "verdaderamente favorecedora" de la competencia.
"Solo así podrá mejorar la eficiencia en esta partida de gasto público, que en última instancia redundará en importantes beneficios tanto para las propias Administraciones Públicas, como para los ciudadanos y las empresas", señala el organismo.
En este contexto, valora el esfuerzo realizado para consolidar en el ordenamiento jurídico principios jurídicos sólidos como son la igualdad y la transparencia, mejora que se ha producido con la implantación de la normativa de transparencia y con la creación de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas.
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