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El acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para estrenar 2020 con el primer Gobierno de coalición de la democracia está prácticamente cerrado, a falta de algunos flecos, especialmente económicos.
Esta semana será clave en toda la parte que afecta al pacto con ERC, cuya abstención en la investidura es imprescindible, pero también para acabar de perfilar los detalles de qué partes de la reforma laboral se derogarán o cómo se afrontará la subida de los alquileres, y sobre todo la subida fiscal que se pretende aprobar en los primeros consejos de ministros en los que sentarán Pablo Iglesias y los otros ministros de Unidas Podemos.
Muchas de las exigencias de Iglesias han creado fricciones con el PSOE y Unidas Podemos va a tener que renunciar a muchas de sus banderas a cambio de entrar en el Gobierno. Es el caso de la derogación completa de la reforma laboral del PP del año 2012 -los socialistas sólo quieren eliminar lo que consideran que son sus aspectos más lesivos- o de la creación de una empresa pública de energía. Iglesias ha llevado en cambio otras negociaciones hasta el final, en particular la intervención pública del mercado del alquiler.
Pero la parte central del acuerdo será la subida de impuestos. En el "preacuerdo" que ambos líderes firmaron el 12 de noviembre se introdujo el concepto de "justicia fiscal" y se hablaba de "una reforma fiscal justa y progresiva". Más allá de los nuevos tributos que puedan crearse, el dilema es dónde situar el umbral de un incremento del IRPF.
Podemos lo coloca en los 100.000 euros brutos de ingresos anuales, aunque ya en el anterior pacto que firmaron con el PSOE, el presupuestario de octubre de 2018, ese listón se elevó a los 130.000 euros. Lo que parece seguro es que los españoles iniciarán 2020 con una subida de impuestos.
VICEPRESIDENCIA, TRABAJO Y UNIVERSIDADES
Más claras están las cosas en el organigrama del Gobierno, toda vez que Podemos logró un cuarto ministerio a costa de perder competencias o dividirlas en las carteras que ostentará. Este asunto de las competencias fue el que más discusión generó entre ambos partidos y lo que llevó a que Podemos rechazara encabezar un Ministerio de Vivienda en el que no tendría capacidad para decidir sobre los alquileres o los desahucios, o desechara el Ministerio de Sanidad, área transferida en gran parte a las comunidades autónomas.
Además de la vicepresidencia de Iglesias, Podemos tendrá el Ministerio de Trabajo, aunque los socialistas han desgajado de él la Seguridad Social. Para esta cartera el nombre que más suena es el de la diputada gallega Yolanda Díaz, que figura en todas las quinielas como ministrable.
El partido morado también tendrá la cartera de Universidades, posiblemente desgajada de Ciencia e Innovación -otra merma de competencias-. Este ministerio estará en manos de los comunes, el sector catalán de Podemos que lidera Ada Colau.
En el reparto original de carteras que hizo Iglesias, las universidades estaban destinadas a Pablo Echenique, pero Colau hizo valer su importancia dentro del grupo parlamentario de Unidas Podemos -siete de 35 diputados- y reclamó una cartera, que ha resultado ser esta.
El nombre de Rosa Lluch ha cobrado fuerza en las últimas semanas para ser la titular. Hija de Ernest Lluch, el ex ministro de Felipe González asesinado por ETA en el año 2000, es historiadora y profesora universitaria, y ha ido teniendo un creciente protagonismo en los comunes, de cuya Ejecutiva forma parte.
UN MINISTERIO PARA ALBERTO GARZÓN
Ante estos ministerios tan descafeinados, a finales de noviembre Iglesias planteó que su partido debería tener una cuarta cartera. Esta posibilidad se abrió para cumplir con la cuota de poder pactada entre el PSOE y Podemos y no por la exigencia de IU de estar en el Gobierno, aunque finalmente es el líder de la coalición, Alberto Garzón, el que tiene más posibilidades de quedarse con este ministerio. Las fuentes consultadas señalan que sería una cartera de segundo nivel.
En el partido morado hay cierto temor a trasladar la imagen de que se han hecho excesivas cesiones a cambio de ocupar sillones. Un miedo acrecentado por la opacidad de la negociación, que hace imposible calibrar si se está cediendo demasiado o si sus ministerios tendrán suficientes competencias y dotación presupuestaria para poder hacer algo.
Iglesias ya advirtió de que había que estar dispuestos a "tragarse sapos", aunque en la dirección del partido aseguran que el acuerdo con el PSOE es bueno pese a las dificultades para imponer sus postulados.
Creen además que podrán reivindicar medidas como la subida del salario mínimo a 1.000 euros, en la que los dos partidos están de acuerdo y que se quiere que sea una de las primeras medidas en aprobar. Sánchez decidió congelar el incremento hasta que haya Gobierno, al igual que la actualización de las pensiones, lo que permitirá a Podemos explotarlo desde la cartera de Trabajo.
