¿Por qué el nacionalismo catalán se moviliza para impedir la expulsión de islamistas radicales?
Nunca el apoyo del independentismo ha llegado tan lejos para tratar de evitar la deportación de un salafista radical afincado en Cataluña como con Mohamed Said Badaoui
El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, expulsa con regularidad, como lo hicieron sus predecesores en el cargo, a dirigentes musulmanes que residen legalmente en España. Toma su decisión con base en informes policiales o del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en los que se suele asegurar que estos participan en actividades contrarias a la seguridad nacional. El Ministerio del Interior no suele dar publicidad a estas expulsiones administrativas de presuntos islamistas radicales, que permiten sortear un juicio y que se practican en toda la Unión Europea. Algunos casos saltan a la palestra, como el del antiguo imán senegalés de Calahorra (La Rioja), enviado a su país en febrero de 2021, o, tres años antes, el del marroquí Yassine Lafraiki, que fue imán de la mezquita de Corella (Navarra).
De los pocos casos conocidos, algunos suscitan dudas, como el del egipcio Alaa Mohamed Said, que fue imán de Logroño y enviado a El Cairo en septiembre de 2018 por pertenecer a los Hermanos Musulmanes, una corriente islámica legal en toda Europa, pero perseguida en Egipto. Por eso ingresó en prisión nada más llegar a su país, según reveló Aministía Internacional. Aunque no tienen derecho a juicio, los musulmanes acusados de radicalismo sí pueden recurrir su expulsión ante los tribunales. El marroquí Mohamed Attaouil, imán de la mezquita de Salt (Girona), consiguió parar la suya en 2018 y eso que en el expediente instruido por Interior se aseguraba que tenía vínculos con la ONG Revival of Islamic Heritage Society, que el Departamento del Tesoro de EEUU incluyó en 2008 en la lista de organizaciones que financian Al Qaeda. Ninguna de estas expulsiones ha dado lugar a protestas más allá del círculo familiar o de alguna asociación islámica. La excepción es Cataluña, donde las decisiones de Interior suscitan críticas y hasta movilizaciones de partidos y asociaciones nacionalistas a las que se suman, en algunas ocasiones, el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) y los Comunes.
La mayor movilización de todas es la que se desarrolla desde finales del verano en apoyo a Mohamed Said Badaoui, residente en Reus, al que la Policía acusa de practicar el adoctrinamiento yihadista, y al que se ha añadido después Amarouch Azbir, residente en Vilanova i la Geltru. La Audiencia Nacional, ante la que ambos recurrieron la orden de expulsión, rechazó el jueves paralizar cautelarmente su deportación a Marruecos porque cometieron una infracción muy grave que atenta a la seguridad nacional. Mohamed Said Badaoui ingresó ayer viernes en un Centro de Internamiento de Extranjeros, donde está a la espera de ser expulsado. El auto concerniente a Mohamed Said Badaoui recoge parte del informe policial: en él se asegura que prestó "especial atención a los menores, en concreto a los menores no acompañados, principalmente de origen marroquí, adoctrinándolos en el salafismo más radical aprovechándose de su situación de vulnerabilidad, teniendo además vinculaciones con individuos radicales y relacionados con el terrorismo, y llevando a cabo prácticas de fomento del victimismo y de la occidentalofobia". El salafismo es una corriente radical islámica nacida en Arabia Saudí en el siglo XIX. En sus interpretaciones más extremistas es la antesala del terrorismo.
Al margen de las manifestaciones callejeras, el primer apoyo institucional de Mohamed Said Badaoui lo recibió, a finales de agosto, del pleno del ayuntamiento de Reus. Veinticinco de sus 27 concejales (JuntsxReus, ERC, CUP y PSC, así como tres no adscritos) suscribieron una declaración en la que describen a su vecino musulmán como "una persona que ha trabajado a brazo partido con las entidades y el ayuntamiento para garantizar los derechos" de la población de la ciudad. Por primera vez, una expulsión de un extranjero ha llegado al Parlament catalán. JxCAT, ERC, la CUP y los Comunes —esta vez el PSC no se sumó— aprobaron en la mesa una declaración, que se leyó el miércoles pasado en el pleno, en la que se describe a Mohamed Said Badaoui como una víctima de la "represión política y de la islamofobia del Estado" español. Los motivos de su expulsión son meras "suposiciones" porque la "acusación carece de pruebas", asegura. Aunque nunca llegó al Parlament, la solidaridad con los musulmanes expulsados ya se manifestó en otras ocasiones en Cataluña. Noureddine Ziani, un espía marroquí que tenía una estrecha relación con la extinta fundación Nous Catalans, de Convergència Democràtica de Catalunya, fue deportado a su país en mayo de 2013 a petición de Félix Sanz Roldán, entonces director del CNI.
El director general de Inmigración de la Generalitat, Xavier Bosch, reaccionó comparando al Gobierno del PP con el franquismo y varios eurodiputados llevaron el asunto ante la Comisión Europea. A Ziani le recogió, cuando cruzó la frontera de Melilla el 17 de mayo, un coche oficial marroquí que le condujo a Rabat, donde obtuvo un cargo en el Ministerio de Asuntos Islámicos. Las autoridades marroquíes demostraron así que trabajaba para ellas. ¿Por qué se moviliza ahora el nacionalismo catalán en defensa de Mohamed Said Badaoui? Los propios independentistas, empezando por los de ERC y la CUP, explican que ellos son solidarios con la inmigración y arremeten contra la Ley de Extranjería porque permite expulsar sorteando el derecho a juicio. La CUP ha sido, más aún que Podemos, la organización que más apoyo ha brindado al exilio rifeño que llegó a Cataluña a partir de mayo de 2017, cuando el régimen marroquí recurrió a la fuerza para acallar las protestas en esa región norteña.
En el apoyo brindado a Mohamed Said Badaoui subyace también el empeño en recordar que el Estado español es represor no solo con el nacionalismo catalán, sino con otras minorías como la inmigración musulmana. Se olvida así del trato que la Generalitat y otras administraciones catalanas deparan, a veces, a ese colectivo. Barcelona es, por ejemplo, la única gran ciudad europea que carece de una gran mezquita. En Cataluña, los oratorios musulmanes son, en la práctica, disuadidos de instalarse en el casco urbano y acaban marginados en los polígonos. Existen guetos de inmigración musulmana. Hubo que esperar hasta 2021, más de un cuarto de siglo, para que la Generalitat aplicara la ley y ofreciera clases de islam a los alumnos musulmanes cuyos padres lo pidieran. A día de hoy, solo 337 niños, de los 80.000 escolarizados en la enseñanza pública catalana, reciben clases de su religión en ocho escuelas.
La razón fundamental de la movilización es, sobre todo, electoral. En Cataluña hay, a día de hoy, 617.500 habitantes musulmanes o de tradición musulmana, sobre todo marroquíes y pakistaníes. Representan el 8,1% de la población, según el Observatorio Andalusí, un centro de estudios de la Unión de Comunidades Islámicas de España, cuyos datos los Mossos rebajan ligeramente. En esa gran comunidad, el 24% (148.800) son ya españoles y pueden votar, mientras otros muchos tramitan la nacionalidad española. La comunidad musulmana no está radicalizada, pero sí vive con incomodidad la expulsión de sus correligionarios. "Apreciamos los gestos de afecto que nos deparan otros colectivos", reconoce Ahmed Chauky, un pequeño empresario afincado en Cataluña. Mohamed el Ghaidouni, el principal dirigente musulmán en Cataluña, ha pedido reiteradamente estos días que los dos detenidos a punto de ser expulsados sean juzgados por sus presuntos delitos. Tradicionalmente en Europa, sobre todo en el Reino Unido y Francia, donde se han efectuado estudios sociológicos, los musulmanes tardan en acudir a las urnas, pero cuando lo hacen se inclinan mayoritariamente por la izquierda. El objetivo de ERC, Junts y la CUP es que los musulmanes no hagan descarrilar con su voto el proyecto nacionalista, como sucedió en Quebec (Canadá) en 1995. Por un pequeño margen, los inmigrantes que habían obtenido recientemente la nacionalidad canadiense impidieron el acceso a la independencia de la provincia francófona.
El interés por el voto musulmán, el de hoy y el de mañana, quedó, por primera vez, puesto de manifiesto durante la campaña de las autonómicas de 2012, cuando Àngel Colom, que entonces dirigía la fundación Nous Catalans, recorrió unas cuantas mezquitas en compañía de Noureddine Ziani para predicar las virtudes de lo que entonces llamaban "Estat propi". Prometieron que otorgaría más derechos a los musulmanes. En vísperas de la consulta del 1 de octubre de 2017, resurgió con fuerza el intento de atraer a esa comunidad al independentismo. Oriol Amorós (ERC), entonces secretario de Inmigración de la Generalitat, también visitó mezquitas. "Animó a participar (en el referéndum) a los que poseen la nacionalidad española y, a los que no la han adquirido, a acercarse a observar un ejercicio democrático", recordaba uno de los asistentes a la charla de Amorós en el oratorio Al Huda de Sant Vincenç dels Horts. Aunque no haya más consultas en calendario, los nacionalistas no quieren que se les escape el voto musulmán.
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