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La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tumbando la normativa del exministro de Hacienda del último gobierno del PP, Cristóbal Montoro, que obliga a declarar los bienes en el extranjero y considera que esa obligación no prescribía nunca, es decir que Hacienda la podía perseguir siempre, tendrá efectos retroactivos casi asombrosos.
Por ejemplo, provocará que Hacienda se vea obligada a devolver a la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol más de 2 millones de euros. También aliviará la situación del rey emérito Juan Carlos I.
Recordemos ambos. En el verano del 2014, varios miembros de la familia Pujol, conscientes de que sus cuentas opacas en Andorra estaban siendo detectadas por la policía española y ante el temor de que Hacienda pudiera denunciarles por delito fiscal y también por no haber presentado la mencionada declaración, conocida como 720 por el número de impreso utilizado, acudieron a Hacienda y afloraron el dinero hasta entonces oculto.
Las declaraciones, en las que se informó de la existencia de unos cuatro millones en las cuentas de la Banca Privada de Andorra (BPA), supusieron pagar al fisco cerca de dos millones de euros. Los representantes legales de los Pujol, que ya sabían de los recursos presentados en la justicia europea contra la imprescriptibilidad de la medida de Montoro, pagaron, pero declararon su disconformidad e impugnaron las declaraciones alegando esa prescripción no reconocida.
Aflorar el dinero era el paso previo a la declaración pública del patriarca del clan reconociendo que existían las famosas cuentas en Andorra. Aunque se realizaba fuera de plazo, los Pujol no debieron pagar sanción, que la norma establecía que podía alcanzar el 150% del dinero no declarado en su momento, más otras cargas adicionales. Y fue así, porque la tramitación de la inspección fiscal quedó suspendida por la intervención de la justicia penal, que desde entonces investiga a toda la familia. Ahora, según esta interpretación, los Pujol reclamarán el retorno de todo el dinero, lo pagado como impuesto, más los intereses desde el 2014. Una ayudita, sin duda, tras varios años de gastos judiciales y de abogados.
En el caso del Rey emérito, la situación penal no cambia, pero en el caso de sus activos, en efectivo o patrimonio, en Suiza u otros paraísos fiscales, en los que operaba con regularidad, también quedarían cubiertos por la derogación de la medida, pues no se le podrían aplicar impuestos ni sanciones por no haberlos declarado a Hacienda.
Como se ha dicho, la situación penal no cambia, pues el plazo de prescripción de los delitos fiscales siguió fijado, tras la norma de Montoro, en cinco años.
Además de estos casos conocidos hay muchos más, detectados por la actuación inspectora de Hacienda o por la información obtenida de filtraciones de datos bancarios, que se verían igualmente afectados por el revolcón judicial europeo.
