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La Fiscalía Anticorrupción ha decretado este martes archivar la denuncia interpuesta por la formación Más Madrid para investigar la relación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la empresa Avalmadrid por su posible implicación en un delito de "alzamiento de bienes".

A través de un decreto, adelantado por Infolibre, se determina el sobreseimiento al no apreciar indicios de delito. Concretamente, se establece que para este tipo de delito la jurisprudencia establece como requisito esencial que el crédito sea "vencido, líquido y exigible, no queden bienes o sean insuficientes en el patrimonio del deudor para hacer frente al crédito".


"Del análisis de los hechos que se describe en la propia denuncia resulta que las donaciones que se realizaron dos meses antes del impago de la primera cuota. Pero junto a ello debe añadirse que el citado crédito estaba garantizado por una hipoteca sobre un inmueble y ocho avalistas solidarios. Consta que en el año 2018 se ha ejecutado garantía hipotecaria y por lo que resta, no consta que se hubieran dirigido contra avalistas solidarios", recoge la resolución de este departamento del Ministerio Público.

En este sentido, Más Madrid exponía en su denuncia que el pasado 2 de febrero de 2011 se aprobó la operación de crédito por parte del Comité Directivo de Avalmadrid en virtud de la cual se prestaron 400.000 euros sobre la finca Urbana, en Sotillo de la Adrada (Ávila), propiedad de familiares de Ayuso. El préstamo se estableció con un plazo de devolución de 36 meses, con el objeto de adquirir equipos médicos.

Asimismo, la formación subraya que Ayuso solicitó "una serie de informaciones a los directivos de una empresa pública con la finalidad de obtener información privilegiada respecto a datos de terceros protegidos por la confidencialidad y con el objetivo de beneficiar económicamente a su familia y a sí misma".

El crédito se garantizaría mediante la constitución de hipoteca sobre la citada finca: una parcela de terreno y nave industrial, de la que eran socios familiares de Ayuso como Leonardo Díaz Álvarez, Isabel Cristina Ayuso Puente, Juan Carlos Herrero Casasola, María Victoria Fernández Moyano o Juan Manuel Pitarch Divar.

Ante ello, la Fiscalía también ha archivado la denuncia en lo referido a presunto delito de administración desleal y tráfico de influencias. En este último caso expone que Ayuso emitió esos correos antes de tomar posesión de diputada autonómica y de su contenido no puede interpertrarse como "presión o sugestión".

"Lo anterior puesto en relación, a lo que describe el denunciante como información privilegiada, del propio relato de los hechos como del contenido de los correos aportados, las informaciones no encuentran en un ámbito reservado, cuyo conocimiento se tenga por el cargo o puesto de trabajo que se realice, sino que se refieren a informaciones obtenidas a través de Internet y de registro mercantil", establece el texto.