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El PSOE lleva meses diseñando en secreto una campaña de desinformación y acciones judiciales contra magistrados, fiscales y medios de comunicación para tratar de diluir las investigaciones contra Begoña Gómez y Koldo/Ábalos, forjar nuevos vínculos con sus socios independentistas y recuperar la iniciativa para el resto de legislatura, según han confirmado a El Confidencial fuentes implicadas en la operación. Ferraz planea lanzar la campaña de forma inminente, coincidiendo con el inicio del curso político y agravamiento de su debilidad parlamentaria. El secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, supervisa los preparativos con la ayuda de una fontanera del PSOE, María Leire Díez Castro, muy conocida en los círculos socialistas de la capital y en las federaciones de Euskadi y Cantabria, detallan las mismas fuentes.
Foto: Sánchez preside la Ejecutiva Federal del PSOE en Ferraz. (EP/Carlos Luján)Opinión
Díez, periodista de formación, ha ocupado puestos de confianza en grandes empresas públicas con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Fue jefa de Comunicación de Enusa (2018-2021) y directora Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos (2022-febrero 2024). Entre 2011 y 2014, también fue teniente de alcalde socialista del municipio cántabro de Vega de Pas, aunque vive en Portugalete (Vizcaya). El paso de esta asesora por las empresas públicas fue discreto, pero es conocida por su perfil radical en las redes sociales, que usa para atacar e insultar a partidos de la oposición, medios críticos con la gestión del Gobierno y, en general, a cualquiera que desafíe los intereses de Moncloa. Tras su salida de Correos trabaja para el PSOE, aunque no ocupa ningún puesto en su organigrama. La operación de Ferraz consiste en difundir de forma escalonada, con la ayuda de medios y opinadores afines, supuestos datos comprometedores de miembros de la judicatura y profesionales de la comunicación para tratar de desacreditarlos y, posteriormente, tratar de judicializar esas noticias para montar causas que amplifiquen las supuestas revelaciones y contrarresten las causas que ya perjudican a los socialistas.
Para ello, la ayudante de Santos Cerdán ha mantenido numerosas reuniones en los últimos meses, tanto en Madrid como en Andalucía, con imputados y procesados en casos de corrupción a los que ha pedido documentos, audios o cualquier otro material que contenga información perjudicial para los profesionales y sectores que el Gobierno ha puesto en su punto de mira. A cambio, la enviada de Ferraz ha prometido a estos cooperadores que el Gobierno, a través del Ministerio Público, aliviará sus respectivos problemas con la Justicia. Algunos ya han estado en prisión y todavía afrontan procesos judiciales que pueden devolverlos a la cárcel. En esas conversaciones ha tenido un protagonismo especial un empresario que en la actualidad está siendo investigado por la Audiencia Nacional por fraude en subvenciones públicas y blanqueo de capitales y que se encuentra al borde del banquillo. Este hombre de negocios ha colaborado de forma activa con el partido del Gobierno, proporcionándole información teóricamente sensible. También ha ejercido de intermediario entre Ferraz y otros empresarios dispuestos a sumarse a la estrategia de Moncloa. Estas gestiones han permitido a la cúpula del PSOE acceder a centenares de archivos que fueron intervenidos en 2017 al comisario José Manuel Villarejo y que supuestamente contienen información inédita sobre magistrados, fiscales, policías y periodistas, entre otros. Ferraz lleva meses analizando esos documentos para tratar de localizar los datos más llamativos y fijar un calendario de difusión.
Cerdán ha negado a El Confidencial que el PSOE haya hecho ningún tipo de movimiento para conseguir material del caso Villarejo con la intención de usarlo contra rivales del Gobierno y ha asegurado que Díez Castro solo es "una militante del partido". "La conozco desde hace años y sé que está haciendo algún trabajo periodístico. Trabajó en Correos y ahora no sé dónde trabaja", afirma el número 3 de la formación. Por su parte, Díez Castro desmiente que haya participado en una operación de propaganda y rechaza categóricamente tener algún tipo de vinculación profesional con el PSOE. La campaña no solo pretende diluir las noticias sobre los casos que afectan al PSOE y poner en aprietos a sus críticos, sino también apuntalar la idea de que existe una trama de partidos, sectores del Poder Judicial y medios de comunicación que están conspirando para apear a Sánchez del poder con prácticas clandestinas o directamente ilegales. La introducción de Villarejo en ese presunto complot pretende reforzar ese mensaje. El propio Sánchez estableció los ejes de esta estrategia el pasado 24 de abril cuando anunció que se tomaba cinco días de reflexión por la apertura de las diligencias contra su mujer y atribuyó las pesquisas a una "máquina de fango" que pretende hacerlo "desfallecer en lo político y en lo personal". Dos días después, se produjo un ensayo general de esta operación. Medios próximos al Gobierno difundieron simultáneamente una grabación de Villarejo, de agosto del año 2014, en la que el propio policía contaba al entonces secretario de Estado de Seguridad de Mariano Rajoy, Francisco Martínez, que el padre de Begoña Gómez, Sabiniano Gómez Serrano, había regentado saunas gay en Madrid.
El audio circula al menos desde 2022, aunque El Mundo ya reveló en 2020 que las saunas habían sido utilizadas por Villarejo, con la aquiescencia del suegro de Sánchez, en un operativo contra ETA. Con todo, el PSOE recuperó la cinta para generar la impresión de que la causa contra Begoña Gómez se enmarcaba en una suerte de trama parapolicial contra Moncloa. A los tres días de la publicación del audio, el PSOE filtró que pediría en la Audiencia Nacional que se interrogara al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, a Francisco Martínez y a Villarejo por investigar ilegalmente al suegro de Sánchez. Ferraz aportó la grabación del comisario. La denuncia fue usada por el Gobierno para levantar una cortina de humo sobre las informaciones que afectaban a Begoña Gómez en uno de los momentos más críticos de la historia reciente del PSOE, pero tuvo poco recorrido. El juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, desestimó la petición dos semanas después, el 16 de mayo, porque no apreció indicios de que existiera algún tipo de investigación ilegal sobre la familia política de Sánchez, más allá de los comentarios del policía.
Ferraz recurrió el auto alegando que la cinta demostraba que el Ejecutivo de Rajoy buscó "desprestigiar con fines partidistas" al líder de su formación. Pero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ratificó el primer dictamen e insistió en que "no hay indicios de haberse encargado una investigación oficial policial irregular, lo que descarta la concurrencia de alguna decisión administrativa arbitraria que pudiera integrar un delito de prevaricación". El plan del PSOE también como objetivo reconstruir sus puentes con Junts tras el pacto PSC-ERC en el Parlament. A cambio de su apoyo en la investidura de Sánchez, Ferraz prometió al partido de Carles Puigdemont impulsar cuatro comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados. Una de ellas se centra en la supuesta guerra judicial contra los políticos o 'lawfare' y, una segunda, en la llamada operación Cataluña contra el independentismo. La campaña de desinformación permitiría llenar de contenido ambas comisiones y extender sus sesiones hasta el último día de legislatura.
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