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Escupir al cielo
«El día 1-O no habrá referéndum homologable, pero nos movilizaremos para que nadie crea que los anhelos de libertad se han desvanecido»
Montserrat Tura | 09/17/2017 a las 22: 02h
Encontrar el punto exacto en que la parte (mayoritaria) de Cataluña que aspiraba a ampliar su horizonte nacional, no por ser mejores ni superiores, sino para ser más útiles desde un autogobierno con más competencias y más recursos para resolver los retos que las sociedades cambiantes nos formulan a cada paso; el punto en que aparecieron los tacticismos peligrosos de la confrontación que daba votos aunque pones en riesgo la cohesión social es difícil. Mayoritariamente podríamos concluir que la campaña contraria al Estatuto de 2006 que nos dio aquellas imágenes de "mesas petitorias" primero contra el Estatuto, después contra las instituciones catalanas y finalmente contra quien osara considerarse más catalán que español.
De aquel ignominioso pasaje de la historia, los transcribiré unas palabras pronunciadas por Isidre Molas al Senado:
“El Estatuto no rompe nada, los catalanes no rompemos nada, no rompemos el poder judicial: no establecemos la poligamia, no establecemos la eutanasia sin control. No rompemos el Estado, lo engrandecemos; no existe la mano larga de ETA en nuestro Estatuto como algunos irresponsables han afirmado reiteradamente. Hay cosas que ofenden mucho y esta ofende mucho. Quien escupe hacia arriba ya sabe el resultado”.
Efectivamente, los miembros del Partido Popular y otras mentes de la política española no estuvieron a la altura de lo que pedía aquella posibilidad de acordar un mayor reconocimiento y nivel competencial para Cataluña que habría permitido un desarrollo asimétrico de la llamada España de las autonomías, pero cumpliendo el mandato constitucional de reconocer las nacionalidades que figuran en el artículo 2 de la Constitución.
De aquella miopía política han derivado una serie de hechos que lejos de rehacer el disparate ha puesto en evidencia que la estrategia del Partido Popular y de las instituciones del Estado que mantienen una visión reduccionista y asfixiante de los anhelos legítimos de libertad que reiteradamente muestra el pueblo catalán.
Detrás de las decisiones de los partidos hay cálculos electorales y es difícil rectificar lo que se dice si decirlo puede llevar a perder un apoyo electoral que les ha llevado a gobernar, pero cuando lo que se pone en juego es la cohesión social, habría estar dispuesto a perder unas elecciones antes de que romperla.
De nada sirvieron las voces moderadas avisando de la desafección hacia unas instituciones políticas estatales que menospreciaban, maltrataban, y -a veces- insultaban una comunidad nacional ancestral para hacer cambiar estas peligrosas actitudes. Ni siquiera habían escuchado lo que pasa cuando se escupe hacia arriba.
De la desafección a la petición de desconexión sólo hacían falta unas cuantas campañas electorales y mucha incapacidad para tomar decisiones acertadas. La inacción en política puede ser mucho peor que equivocarse y saber rectificar.
Quién tomó las riendas políticas en Cataluña ha prometido lo que no podía prometer, un paraíso celestial en la tierra. Se ha situado en una posición equivocada porque defender el espíritu abierto de la Constitución y exigir su cumplimiento habría sido más acertado que atender la llamada de las CUP a desobedecer el poder judicial.
El pacto de San Sebastián de 1930 que permitió la proclamación de la República y un gobierno autónomo para Cataluña era en defensa del orden constitucional que Alfonso XIII había vulnerado permitiendo el gobierno militar de Primo de Rivera. La defensa de las libertades y de las instituciones catalanas en 1936 se hizo en nombre del orden constitucional y desde mi muy personal mirada a estos últimos años Cataluña debía evidenciar al mundo que los que hicieron posible el pacto constitucional y la democratización de lo que hoy se llama España y quien en defensa del espíritu de aquel momento tan decisivo es precisamente quien pide el reconocimiento de las nacionalidades y todo su potencial de autogobierno hasta hacer realidad la vieja aspiración de Pi y Margall de que “las naciones que configuran España solo podran mantenerse unidas por su libre consentimiento”.
Hubiera preferido ahorrarme los últimos debates en el Parlamento de Cataluña y no por cómo se aplica su reglamento, sino porque de todos los textos que el catalanismo político ha dejado escritos en su reivindicación de libertad, la calidad legislativa de las leyes aprobadas en contra de toda ciencia jurídica no nos ayudará a ser respetados en el mundo de las democracias avanzadas ni nos aportará páginas de gloriosa prosa. También habría preferido no escuchar al presidente de la Generalitat comentarios sobre fustigar a los ciudadanos a que amedrentar a los cargos públicos locales porque ya es bastante difícil la situación y la crisis institucional y afirmo que poner en una bandeja todas las facilidades para que el Estado tenga la excusa de tratar directamente con los proveedores de la administración catalana ha sido un error.
Pero ya estamos otra vez. En las últimas semanas de la mayoría absoluta ganada con campañas irresponsables que promovían la confrontación entre ciudadanos de diferentes partes de un Estado del que no han entendido su complejidad, para dar competencias de ejecución de sentencia en el Tribunal Constitucional (que no reclamaba ni quería) y mezclar una instancia de defensa de los derechos fundamentales con la justicia penal ha sido una acción cobarde de quien es incapaz de encontrar soluciones que requieren de una dosis de coraje y convicción democrática que el PP desconoce.
Los primeros años de Rajoy fueron profundamente reaccionarios: recortes sociales y de derechos personales, atentados al sistema educativo de inmersión, reformas laborales que han llevado a una precarización sin precedentes y negación del "problema catalán". Una auténtica restauración ultraconservadora. Ha sido quien ahora pide responsabilidad en nombre de las leyes que ha generado en su acción de gobierno una creciente confusión entre poder político y poder judicial que ha incomodado hasta la magistratura más conservadora.
La creencia de que el independentismo catalán hundiría sol, y que podría hacer promesas sin cumplir como en los tiempos de "pájaro en mano" del presidente Pujol, era autoengañarse o estar muy desinformado. Rajoy se niega a plantear la grave situación política porque tendría que aceptar la responsabilidad de ser el pirómano.
Por tanto, ha optado por la propagación del miedo y para hacer un uso que raya el ridículo de un cuerpo de seguridad del Estado, la Guardia Civil, que ha llevado unas imágenes que se convertirán en el mejor cartel electoral para llamar a votar el día 1-O.
Parece que haya olvidado que los derechos se conquistan colectivamente, pero ejercen individualmente y es imposible que la sociedad catalana, muy movilizada desde hace años, no se movilice individualmente para volver a proclamar al mundo que la unión de las naciones sólo puede ser libre, no puede ser obligada. El independentismo tiene que encontrar la formulación constitucionalista homologable y no puede ignorar los requerimientos judiciales, pero la movilización del día 1 de octubre está asegurada.
En estos momentos muchos ciudadanos que hemos mantenido una posición de alerta hacia los retrocesos sociales y que hemos participado en las protestas siempre pacificas, a pesar de saber que el 1-O ya no es un referéndum, participaremos en la ida a los colegios electorales para que le quede claro a esta España que sigue rígida y sigue siendo arrogante, que debe formular propuestas políticas que no pueden basarse en la claudicación de los anhelos de libertad que ellos mismos, escupiendo hacia arriba, impidieron.
Nuevamente, las instituciones del Estado están sirviendo las mejores imágenes plásticas para el libro de fotografías del "proceso" que darán la vuelta al mundo, mientras la inactividad de la política inteligente se pavorosa.
Para unos sólo están las leyes y por los demás las leyes no importan; pero es la calidad de las leyes y la definición cuidadosa de los procedimientos lo que determina la calidad de una democracia avanzada. Se equivoca la CUP arrastrando a personas que ocupan cargos relevantes en instituciones de gobierno que deben representar a ciudadanías plurales llamándolos a desatender e ignorar la existencia de un poder judicial imprescindible para que exista una organización social con tres columnas; pero se equivoca Rajoy cuando cree que el poder judicial es su escudo político.
No es posible detener una movilización con el derecho penal y requisando carteles porque la misma fotografía colgada en las redes por la Guardia Civil la ven muchos miles de personas más de las que lo habrían visto los carteles y actúa, por tanto, de incentivo.
Es cierto que el gobierno de Cataluña ha sido incapaz de formular una propuesta viable de referéndum de lo que ya conocía las dificultades y el marco jurídico cuando lo propuso y ahora se comporta como una entidad de agitación social. Esto sería muy recriminable sino estuviéramos en medio de una de las crisis institucionales más graves y de mayor duración que hayamos vivido desde las primeras elecciones de 1977 por falta de salidas políticas serias y el Estado hasta hace pocos meses negaba la existencia del problema.
Ahora, el gobierno del Estado no puede dar un paso sin que tropiezan con el problema que negaba, no puede aparecer en público sin que se le pregunte que hará, como lo resolverá. No es factible y raya el ridículo intentar detener una riada con el código penal, porque sólo conseguirá agravarla.
Pero incluso cuando utiliza la Fiscalía y las fuerzas de seguridad lo hace de manera burda. La fiscalía no tiene capacidad para instruir causas judiciales y los jueces ya han anunciado que no actuarán de oficio y el delito de organizar un referéndum no existe desde la última reforma del código penal, como mucho, acusará a los alcaldes de desobediencia, no de colaborar en un acto ilegal y todo ello puede convertirse en un debate jurídico extraño en un momento en que quisiéramos profundizar en el valor de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos que una Constitución de un país avanzado debería favorecer.
El día 1-O no habrá referéndum homologable, pero nos movilizaremos para que nadie crea que los anhelos de libertad se han desvanecido. No habrá derrota de la reivindicación catalana, pero tampoco habrá las garantías de pluralidad y transparencia, ni una administración electoral capaz de resolver recursos contenciosos. Hay que ser conscientes. Saberlo y decirlo para poder actuar inteligentemente los días siguientes y no entrar en el miserable debate de las cifras que ya sufrimos tras la manifestación del pasado 11 de septiembre.
Es indispensable mantener el buen humor, el civismo, el respeto a las ideas de todos y ahuyentar el fanatismo que no permite ver la realidad ni cambiar de opinión. Sólo los tontos seguirán escupiendo al cielo.
