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En el proyecto de ley que pactó originalmente el Gobierno con sus aliados de investidura no había disposición adicional tercera. Sin embargó, terminó apareciendo en el BOE el pasado día 21 tras haber ganado una votación dos días antes la combinación de votos del PP, Vox y Junts, principalmente. Se trata de lo que los parlamentarios negociadores llamaban en privado "la enmienda Juan Roig" y no porque favoreciera al presidente y máximo accionista de Mercadona, sino a sus trabajadores por el gran drama de este 2024. La disposición finalmente aprobada dice así: "Estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, las cantidades satisfechas con carácter extraordinario por los empleadores a sus empleados y/o familiares que vayan destinadas a sufragar los daños personales y daños materiales en vivienda, enseres y vehículos que hayan sufrido los empleados y/o sus familiares con ocasión de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) acaecida en 2024". Es decir, que, por ejemplo, los 40 millones recibidos por los empleados de Mercadona devastados por la DANA no sean sometidos, como otros ingresos, a tributación, sino que queden exentos. Mercadona instrumentó tras la DANA en menos de dos semanas una ayuda directa de 50.000 euros al trabajador que haya perdido parcial o totalmente su casa y 25.000 en el caso del mobiliario. Otros 15.000 por pérdida de vehículo y 5.000 si lo que tenía era una moto. Según empleados, les llegó antes que las ayudas públicas.
Parece lógico que, ante la dimensión de la tragedia, la ayuda recibida por las víctimas sea lo más neta posible, dado que, además no tiene un impacto presupuestario significativo para las arcas de Hacienda y se trata, además, de una medida puntual. Pero no fue fácil adoptarla. La propia vicepresidenta primera, María Jesús Montero, votó en contra y, con ella, 166 diputados, principalmente del PSOE, Sumar, PNV y parte -sólo parte- de los diputados de Esquerra, según la relación oficial de votaciones. Todos estos diputados no pudieron frenar a los 181 votos a favor de esta exención fiscal. Sólo hubo una abstención, la del exministro valenciano investigado José Luis Ábalos, que no quiso rechazar la medida.
La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) que aglutina a, entre otros, Mercadona, Consum o Ahorra Más, intentó sin éxito esa exención previamente durante la tramitación de la llamada "reforma fiscal". Todavía el pasado 9 de diciembre, pasado más de un mes de la catástrofe, Asedas emitió un comunicado en el que señaló: "Lamentablemente, no hemos conseguido hasta la fecha que se aclare el régimen fiscal que se va a aplicar a esos recursos, aunque lo hemos reclamado insistentemente (...) No tendría sentido que este esfuerzo de todos para ayudar a los afectados sirviera también para la recaudación de las haciendas públicas". No tenía sentido, pero así iba a ser hasta que se produjo el acuerdo entre PP y Junts que desbarató la estrategia de Hacienda en contra de favorecer fiscalmente estas medidas benefactoras del sector privado. "Hacienda se negaba. Decía que era muy complicado de aplicar", aseguran en el sector.
Mercadona es el principal ejemplo en la Comunidad Valenciana, pero hay otras muchas empresas y bancos que también han proporcionado ayudas directas, con más rapidez y eficiencia que las distintas administraciones. Por eso, es más útil para los empleados de estas compañías una exención fiscal para la declaración de la renta del año que viene, que ver esta ayuda mutilada mientras sigue esperando que llegue, si llega, la pública prometida. Al tiempo, es deprimente que la enorme donación de la Fundación Amancio Ortega, orquestada por el fundador de Inditex para los afectados por la DANA, se esté canalizando con mucha mayor lentitud que la de Mercadona. La razón es que la fundación del magnate gallego no concede -no tiene estructura para ello- sus ayudas de forma automática, sino que las canaliza a través de las administraciones, provocando escenas caóticas en varios ayuntamientos.
La DANA muestra que los Estados deben tener cuentas saneadas para contar con amplio margen de ayuda cuando ocurren desgracias y, si no pueden, al menos favorecer la colaboración pública-privada, que, como se ve, es de importancia creciente en países endeudados.