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Quizá sea todavía demasiado pronto para explicar por qué en España íbamos tan sobrados que ya casi le habíamos preparado la cama a Puigdemont en la cárcel de Estremera, seguros de que un tribunal provincial de Alemania se iba a amoldar gustosamente a los autos jurídicos de un magistrado del Tribunal Supremo español.
Nuestro complejo de inferioridad con el país teutón es tan rancio y metafísico que nos llevó a creer que lo que aquí parecía justo e indiscutible, allí iba a adquirir la naturaleza de una verdad axiomática. Alemania iba a rematar a Puigdemont, a darle el golpe de gracia que países como Bélgica y Suiza no se atrevían siquiera a imaginar. Alemania sí tenía los cojones que le faltaban a los belgas y a los helvéticos.
Pues bien, tras la liberación condicional ayer del detenido Puigdemont, ordenada por el Tribunal Superior de Schleswig Holstein al no ver indicios de rebelión violenta durante el referéndum del 1 de octubre, el batacazo, efectivamente, no puede ser mayor. No obstante, cabe preguntarse si dicho batacazo no obedece a un exceso de expectativas, es decir, a nuestra propia ceguera y afán de apresar a un prófugo al que ya hemos condenado sin juzgarlo o si, por el contrario, no responde a una severa contrariedad legislativa entre ambos países que tenga como origen la falta de información o el simple desconocimiento de los hechos por los que se imputa a Puigdemont.
"La confianza es buena. Pero mejor es el control", reza un conocido adagio alemán que nadie tuvo en cuenta mientras se estimaba la solicitud de extradición; poco o nada ha valido en este caso el principio de confianza mutua entre jueces europeos. No ha habido automatismo ninguno. Es más, como escribía ayer mismo el Spiegel, "los argumentos del magistrado Llarena han sido destrozados por los jueces alemanes".
Heribert Prantl, redactor jefe de la Süddeutsche Zeitung y uno de los juristas más respetados y reconocidos de Alemania, iba todavía más lejos y afirmaba que la orden europea de detención y entrega era un "papel sospechoso que había provocado dolor de estómago a los jueces alemanes".
Por si fuera poco, Prantl dejaba también claro cómo podía acabar todo el proceso: "Si la rebelión, por su ausencia de violencia, está desprovista de cualquier tipo de sustancia legal, entonces la malversación y la corrupción, que estaban íntimamente ligadas a la rebelión, tampoco pueden tener ningún tipo de relevancia penal". Ahí va eso.
Puede que sorprenda, pero la opinión de Prantl no ha sido la excepción en Alemania, sino más bien la regla. Para la mayoría de expertos alemanes, lo que han hecho los jueces del tribunal de Schleswig Holstein al descartar la rebelión es abonar el camino del diálogo político entre Madrid y Cataluña, el cual, según ellos, dispondría ahora de una perfecta base legal desde donde poder proyectarse con garantías.
Sin duda, esto representaría una victoria casi definitiva para Puigdemont y todo el movimiento separatista, que lograría irse de rositas y desbaratar a la vez la estrategia inmovilista del gobierno de Rajoy, al que le tocaría vivir una auténtica pesadilla, ya que no podría esperar ningún tipo de ayuda de Merkel, que antes que del lado de Rajoy se va a situar siempre del lado de sus jueces, por muy provinciales que estos sean. Por no hablar del resto de imputados que ya están en prisión preventiva y que, si se diera este engorroso escenario para España, podrían disfrutar seguramente de los beneficios jurídicos de una posible absolución alemana total de Puigdemont.
Este hipotético final de la fuga de los supuestos rebeldes y sediciosos vendría fundamentado por la interpretación que ha hecho el tribunal de Schleswig Holstein de la palabra violencia: la frase nuclear, memorable, del comunicado del tribunal, es la que afirma que "la conducta de la que se acusa al perseguido no sería en Alemania objeto de ningún delito".
¿Quiere esto decir que cualquier Ministro de un Land alemán, el equivalente a nuestros Presidentes de Comunidad Autónoma, podría organizar y realizar un referéndum de independencia como el de Puigemont, siempre y cuando no hubiese mediación violenta para quebrantar el orden constitucional? ¿Acaso no implica la convocatoria y la celebración en sí de un referéndum de estas características una flagrante y pasmosa violación de la Constitución, ya sea en España como en Alemania?
La escueta limitación a la violencia física lleva al tribunal alemán a responsabilizar a Puigdemont únicamente de la violencia física del 1 de octubre, para seguidamente poder argumentar que no hubo rebelión porque dicha violencia no supuso amenaza alguna para el orden constitucional. Habría que preguntar ahora a los jueces alemanes a partir de cuantos muertos o heridos empieza a sentirse amenazada una Constitución. Si no hay un entendimiento mutuo entre los jueces alemanes y españoles sobre aspectos tan esenciales, la intervención de Alemania en el conflicto catalán será todo lo contrario a la bendición esperada.
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