La auditoría al "banco malo" de la entidad financiera austriaca Hypo Alpe Aldria ha terminado convirtiéndose en un nuevo terremoto bancario para la Zona Euro. La entidad, que fue nacionalizada durante la crisis, había agrupado sus "activos tóxicos" en esta rama, para la que se estimaba un agujero de hasta 4.000 millones.
Sin embargo, los resultados de la auditoría resultaron ser mucho peor de lo esperado: las cuentas de la entidad arrojan un agujero de más de 7.500 millones de euros. Ante semejante escenario, las autoridades austriacas han descartado un nuevo manguerazo público, optando en su lugar por un "bail-in" o rescate privado.
Este mecanismo, defendido desde el año 2012 por voces críticas con los rescates financiados por el contribuyente, consiste en que los accionistas y acreedores asuman las pérdidas de la entidad, convirtiéndose su deuda en acciones.
El modelo del "bail-in" fue aplicado en Chipre, como medida contra el colapso financiero que atravesaban algunas de las entidades financieras más grandes del país. En España, no pocos afectados por las preferentes de Bankia han conseguido recuperar parte del dinero perdido a través de un acuerdo similar.
Así, aunque la respuesta inicial a la crisis financiera estuvo marcada por la proliferación de los rescates pagados con dinero público, la práctica del rescate privado viene avanzando terreno desde que en 2013 empezó a aplicarse en la Eurozona.
En el caso del banco malo austriaco, la maniobra consistirá en suspender pagos hasta mediados de 2016 y reestructurar su deuda de forma ordenada, mediante el protocolo de "bail-in". En total, se estima que los acreedores perderán casi 900 millones de euros. Por su parte, la antigua propietaria de la entidad (Bayern LB) renunciará a otros 800 millones de euros.
Aunque la medida venía siendo discutida desde mediados de 2014, su aprobación definitiva acaba de anunciarse.
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