El hermano de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, ha sido condenado a nueve meses de inhabilitación y de no poder votar "por ser hermano del señor Sánchez", no por otro motivo, a mí ya no me engaña nadie... Porque si es cierto que se creó en Badajoz un puesto de trabajo a su medida, el o los culpables serían quienes lo crearon, no el que se benefició, aun siendo consciente de que no lo merecía..., a nadie se le puede condenar por recibir un caramelo, incluso si el caramelo ha sido robado en la confitería. Este caso apesta a partidismo, y no quiero pensar mal como venganza de no se qué.
Que hay jueces en España muy politizados nadie lo puede poner en duda, porque condenar a nueve años por beneficiarse de un puesto de trabajo (que no digo que esté bien el beneficiarse) y nueve años igual por crear, y vender a buen precio (seguramente dinero negro) 104 puestos a dedo en la diputación orensana… ya me dirán qué vara de medir tiene algunos jueces.
La misma pena la cometas una vez que 104 veces... ¡Incomprensible!
Es más, la justicia española no considera igual si se crea en la Comunidad de Madrid de la Ayuso, un puesto de trabajo para un tal Toni Cantó… ¡Ah, ya! que este puesto lo creó el PP, y eso es muy diferente al creado por el PSOE, porque Toni Cantó "no es hermano del presidente".
Y como el aberrante señor Feijóo reclama a gritos la dimisión de Sánchez por el (para él) “escándalo” de su hermano, tengamos memoria y recordemos el caso Baltar, ocurrido durante el gobierno en Galicia de este político desmemoriado e hipócrita...
En el caso Baltar, se crearon 104 puestos a dedo y la condena solo fue de nueve años de inhabilitación para el culpable. A los 104 beneficiados no se les culpó ni deshabilitó de nada ¿será porque se lo pagaron al PP muy bien?... Para la justicia española es lo mismo te beneficies de un puesto creado a dedo, siempre que no te llames Toni Cató ni lo cree el PP, que crear 104 puestos de trabajo y cobrarlos bien cobrados, como veremos.
El caso Baltar destapó la trama de corrupción y caciquismo que durante más de tres décadas dominó la Diputación de Ourense bajo el control de la familia Baltar. José Luis Baltar Pumar, presidente de la institución provincial entre 1990 y 2012, estableció un sistema de nepotismo, compra-venta de plazas públicas y tráfico de influencias que posteriormente heredó su hijo José Manuel Baltar Blanco.
La investigación judicial más relevante se centró en la contratación irregular de 104 personas en apenas tres meses durante el primer trimestre de 2010, justo antes del congreso del PP donde su hijo le sucedería en el cargo.
El caso evidenció cómo las plazas de funcionario en la Diputación de Ourense se vendían a cambio de dinero en efectivo y bienes de lujo. Entre los pagos documentados se encuentran cantidades que oscilaban entre 12.000 y 50.000 euros por cada plaza. El caso más emblemático fue la entrega de un Rolls-Royce valorado en 42.000 euros (7 millones de pesetas) a José Luis Baltar a cambio de una plaza de funcionaria para la hija de un empresario. Las contrataciones se realizaron mediante decretos firmados personalmente por Baltar sin cumplir con los principios básicos de publicidad, igualdad, mérito y capacidad que rigen cualquier contratación pública, favoreciendo mayoritariamente a afiliados del Partido Popular.
En julio de 2014, el Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense condenó a José Luis Baltar a nueve años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación. La sentencia fue confirmada en marzo de 2015 por la Audiencia Provincial de Ourense, aunque tuvo escaso efecto práctico dado que Baltar ya estaba jubilado.
El caso se reactivó en mayo de 2023 cuando el periódico Público publicó audios y mensajes de WhatsApp en los que José Luis Baltar Blanco, hermano del entonces presidente de la Diputación Manuel Baltar, hablaba abiertamente sobre "mordidas", comisiones en obras públicas y financiación ilegal del PP a través de empresas contratistas. Los audios revelaron que el sistema corrupto continuó bajo la presidencia de Manuel Baltar, quien finalmente renunció a su cargo en junio de 2023 tras ser denunciado por conducir un vehículo oficial a 215 km/h. En enero de 2025, el Tribunal Supremo condenó a Manuel Baltar por delito contra la seguridad vial a una multa de 1.800 euros y un año de retirada del carnet de conducir.
Por cierto, los dineros que cobraban por regalar a dedo un puesto de trabajo oficial como funcionarios ¿los devolvieron? ¿a quienes? ¿se sabe algo de ello? porque al parecer parte iba a la contabilidad B del PP… Si es que este Feijóo no se acuerda de nada...
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