Por cierto, ya que estamos. Me imagino la cara de la borregada socialista de estas dos CCAA.
La cesión fiscal de Sánchez a Junts dejará sin financiación a Castilla-La Mancha y Asturias
Expertos fiscalistas advierten de que el cupo o concierto para Cataluña está fuera de la Constitución
La cesión fiscal del 100% de los tributos que Pedro Sánchez está decidido a conceder bilateralmente a los partidos independentistas catalanes -y por tanto, sacar a Cataluña, por la puerta de atrás, sin Conferencia de Política Fiscal y Financiera y, con un eufemismo, del régimen común a través de una «cláusula de excepción»– detraería recursos a regiones como Castilla-La Mancha y Asturias juntas, desde el momento en el que las arcas catalanas dejarán de aportar los cerca de 1.522 millones de euros con los que contribuye al año al actual Sistema de Financiación Autonómica.
En la actualidad, Castilla-La Mancha y Asturias, comunidades, gobernadas por el Partido Socialista, son perceptoras del Fondo de Garantías de Servicios Públicos, de manera que reciben del propio Sistema de Financiación Autonómica 1.322 millones y 399 millones, respectivamente, aportación destinada para la atención de sus servicios públicos, entre los cuales se encuentran la educación y la sanidad.
Así lo explica a THE OBJECTIVE José María Rotellar, profesor de Economía y director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria, razonando que, «si Sánchez perpetrase el hecho de otorgar un modelo de financiación propio a Cataluña, inconstitucional a todas luces, la región catalana se quedaría con todos los impuestos y no aportaría nada a la solidaridad del resto de regiones. En 2021 -detalla Rotellar-, y con el último ejercicio liquidado, la aportación de Cataluña al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales fue de 1.522,43 millones de euros».
«Esa aportación -mantiene- se perdería, sin posibilidad de ser sustituida por ninguna región, pues sólo quedarían la que más aporta, que es Madrid, con 4.577,16 millones, y Baleares, la segunda que más aporta per cápita, con 269,24 millones de euros. Pues bien -apunta-, entre las receptoras netas se encuentran las dos regiones de régimen común gobernadas por los socialistas: Castilla-La Mancha, con 1.322,51 millones, y Asturias, con 399,82 millones de euros. Es decir -sostiene el profesor Rotellar-, si a Cataluña se le da un sistema propio y deja, así, de aportar a la solidaridad, sería como decir que se perdería ese dinero casi equivalente al que reciben Castilla-La Mancha y Asturias para pagar sus servicios fundamentales, como la sanidad y la educación».
Un cupo por la puerta de atrás
En términos similares se pronuncia Ignacio Ruiz-Jarabo, expresidente de la Agencia Tributaria. Para este economista y alto funcionario del Estado, una cesión de este calado -que permitiría la autonomía financiera de Cataluña, pese a la quiebra de los principios de equidad de la LOFCA y los principios de igualdad y de interdicción de la arbitrariedad, recogidos en los artículos 14 y 9 de la Carta Magna- daría lugar, a la postre, a que esta comunidad «dejaría de contribuir al fondo y, por tanto, comunidades como Asturias, La Rioja, Cantabria, La Rioja, Aragón y Murcia -que hasta ahora perciben 400, 68, 112, 259 y 803 millones respectivamente-, tendrían problemas para financiar sus servicios públicos».
Este caso se podría aplicar de igual modo a Canarias -una región gobernada hoy por el PP y cuyo ejecutivo autonómico ha firmado un pacto de investidura con Pedro Sánchez-, ya que vería cómo la mitad de la financiación total que recibe (3.000 millones) se quedaría en las arcas de Cataluña si ésta no contribuye al resto del sistema.
Y es más -apostilla Ruiz-Jarabo-, tampoco debería extrañarnos «si el Estado le hiciera a Cataluña un cálculo de aportación a un cupo, igual o parecido al del concierto vasco, y ese importe del cupo sea fruto de unos cálculos negociados, y entonces, podemos imaginarnos lo que el Gobierno de Partido Socialista acordará con ERC y JUNTS». Ahora -recuerda- «lo que pide Junts no es el cupo. Pide el 100% de la recaudación de los tributos, y en los cupos vasco y navarro, hasta el Estado es el que tiene competencias recaudatorias del IVA-Importacion y los IIEE-Importación».
Desde este punto de vista, y tratando la conformación de cupo para la fiscalidad catalana, el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago de Compostela, César García Novoa, subraya que, si bien habría aportación a gastos comunes como ocurre en el cupo vasco, en el fondo, «todo el mundo sabe que es una financiación por debajo de la que corresponde».
Impuestos nunca cedidos
Incide en este aspecto María Crespo, profesora titular de Hacienda Pública de la Universidad de Alcalá y directora del sello Almuzara Universidad. Crespo analiza el contexto de este acuerdo, y coteja cómo que se ha producido, resolviendo que, «mientras Madrid tiene que diseñar una ley para que lo recaudado por el Impuesto a las Grandes Fortunas (con sobreimposición del Impuesto sobre el Patrimonio, cedido a todas las CCAA) vuelva a esta comunidad, entre tanto, Sánchez sella un pacto con Cataluña para que ésta recaude todas las cuotas de los impuestos generados en su territorio». Por cierto, esta es una observación hecha por la catedrática de la UAH al destacar que «el impuesto de Sociedades no se ha cedido a nadie y el IRPF e IVA sólo en un 50%».
Para Clemente Polo Andrés, catedrático Emérito de Economía, por la Universidad Abad Oliba, CEU, «las únicas conclusiones que cabe extraer de momento son que el anuncio de reconocer singularidades a la carta aumenta la ya elevada inseguridad jurídica en España», y que su puesta en marcha ocasionará disputas ente el PSOE y Junts para dilucidar el alcance de la supuesta singularidad institucional e interpretar el compromiso de «facilitar la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña». «En caso de que se acabara cediendo a la Generalidad el 100% de la recaudación por los impuestos sobre las rentas (IRPF e IS) y las transacciones (IVA e impuestos especiales) y el trabajo (Cotizaciones sociales) -infiere el también catedrático de Fundamentos del Análisis Económico-, resulta inevitable concluir que esta cesión, sumada a la condonación parcial o quién sabe si total de la deuda contraída por el gobierno catalán con el Estado, ocasionará un perjuicio muy grave al resto de los españoles, especialmente a los más vulnerables».
Injusto y en contra de los servicios públicos
A la ambigüedad del contenido del acuerdo se refiere también Lorenzo Bernaldo de Quirós al destacar que, «de entrada, el acuerdo rompe el actual sistema de financiación autonómica concediendo a Cataluña un estatus de privilegio que no tiene amparo constitucional y rompe los mas elementales criterios de equidad, solidaridad y justicia. Por otro lado -agrega-, existe una marcada ambigüedad en la concreción de la medida, porque, por un lado, se trata de que el Estado actúa como recaudador y luego transfiere a Cataluña el 100% de la recaudado -luego, se agudiza la ausencia de corresponsabilidad fiscal-; y por otra parte, si es un concierto, eso implica reforma de la Constitución y no cabe introducirse por ley».
En ninguna de esas dos hipótesis -aclara el presidente de Freemarket International Consulting-, «el pacto hace referencia alguna a la contribución de Cataluña a la financiación de las funciones básicas del Estado ni a su aportación al Fondo de Solidaridad».
Santiago Sánchez López, economista y profesor del Máster Universitario en Dirección y Administración en Economía Social y Cooperativismo, de la Universidad Católica de Ávila, mantiene, por su parte, que los acuerdos del PSOE con Junts establecen una relación bilateral y nuevo pacto fiscal, un cupo especial para Cataluña que «cambia significativamente el equilibrio del sistema de financiación autonómica existente e implica, a su vez, que la Comunidad de Madrid asuma una carga financiera desproporcionada para sostener económicamente al resto de las CCAA, porque -explica-, supone una carga adicional que se suma a la aportación que ya hace, de manera que, la contribución de Madrid al Fondo de Garantía (4.577 millones de euros) triplica la contribución de Cataluña (1.522 millones de euros), siendo la Comunidad de Madrid la que más contribuye a la solidaridad interterritorial».
En su opinión, el acuerdo firmado entre PSOE y Junts «imposibilita que las CCAA puedan prestar servicios públicos en condiciones similares para todos los ciudadanos, por lo que se rompe el principio de igualdad, castigando precisamente a las regiones más empobrecidas. De modo que -destaca Sánchez López- acaba con el principio de equidad estableciendo con arbitrariedad diferencias en los repartos de recursos entre las CCAA».
Un privilegio que no está en la Constitución
Para Rafael Pampillón, doctor en Ciencias Económicas y empresariales por la Universidad de Barcelona y MBA por IESE, este acuerdo fiscal «es grave», eso sin tener en cuenta la reducción o condonación de la deuda, y que «no sabemos si lo harán con igual proporcionalidad con el resto de las CCAA». Pero además, es que Cataluña -apunta- está recibiendo unos ingresos adicionales por la marcha de 7.000 empresas como consecuencia del procès. Y, de seguir así, y de querer nacionalizar o apropiarse de esas empresas, se va producir otra marcha, pero en este caso de depositantes de bancos que se van a querer ir a bancos españoles. Y aún más, no es que se van a querer ir los depositantes, también los que tienen seguros, fondos de pensiones, de inversión. Porque lo que resulta claro en estos momentos es que, si antes había inseguridad jurídica, ahora hay más. Mucha gente -manifiesta- no va a querer pagar el IRPF allí, cuando vea que el catalán se convierte en la única lengua oficial, que es algo que también persigue el independentismo catalán».
Miguel Garrido, presidente de CEIM, la patronal de los empresarios madrileños, también se pronuncia abiertamente sobre el acuerdo, afirmando que, si Cataluña deja de participar en el Sistema de Financiación Autonómico, «supone romper con el principio de solidaridad entre comunidades autónomas y aceptar un régimen fiscal privilegiado para Cataluña, que, a diferencia de los casos vasco o navarro, no está recogido en la Constitución Española». Por tanto -apunta-, «de llevarse a cabo, se estarían quebrantando los principios constitucionales de igualdad entre territorios y justicia social, quedando, además, en entredicho el control del fraude fiscal. En definitiva, sería injusto, discriminatorio, insolidario e inconstitucional».
Para Daniel Lacalle, jefe economista de Tressis, sostiene que el impacto de una cesión de esta magnitud, en el caso de Sánchez, será ninguna, porque en su opinión, el presidente Sánchez transferirá todo a la deuda pública o al resto de las CCAA. Dicho de otro modo, «si una comunidad rica tiene el control total de sus ingresos, al final, las comunidades pobres tienen que pagar por todos sus desequilibrios y, además, tienen mucha menos independencia y capacidad de gestionar servicios».
Este jueves, la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), ha denunciado el acuerdo alcanza entre el PSOE y Junts, mostrando un rechazo frontal y absoluto de un pacto del que se vislumbra de manera clara y evidente -apunta el documento-, la ruptura del régimen constitucional actual, en varias materias, entre las cuales se encuentra la materia financiera».
«Bajo el reconocimiento de una singularidad histórica, que no queda amparada en nuestra Norma Fundamental -advierte este colectivo superior de funcionarios de la Administración General del Estado (AGE)»- se reivindica la cesión del 100 % de los tributos que se pagan en Cataluña, exigiendo que el PSOE adopte las medidas que permitan la autonomía financiera y la revisión del actual modelo de financiación de dicha comunidad autónoma, que actualmente se recoge en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca)».
Esta situación -coligen- implica, sin lugar a dudas, la ruptura del principio de igualdad entre todos los españoles recogido en el artículo 14 de la Constitución, permitiendo la existencia, por la vía de hecho, de comunidades autónomas de primera y comunidades de segunda, así como la vulneración de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, consagrada en el artículo 9 de la Carta Magna».
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