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ACUERDO PSOE-JUNTS
El Partido Socialista Obrero Español y Junts per Catalunya constatan que la situación política
actual permite alcanzar un acuerdo para abrir una nueva etapa y contribuir a resolver el conflicto
histórico sobre el futuro político de Catalunya, incluso partiendo de posiciones divergentes,
desarrollar una dinámica para su resolución en términos diferentes a los de la última legislatura
y procurar la gobernabilidad durante la XV legislatura atendiendo a la composición de las Cortes
Generales resultante de las elecciones celebradas el 23 de julio de 2023.
1. ANTECEDENTES
Una parte importante de la sociedad catalana ha protagonizado en los últimos años una gran
movilización en favor de la independencia. Este período no puede comprenderse sin la
sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, a raíz fundamentalmente de un recurso del PP
contra el Estatut aprobado por el Parlament, por las Cortes Generales y en referéndum.
Con la aprobación de un nuevo Estatut, la sociedad catalana, que lo refrendó, buscaba tanto el
reconocimiento de Catalunya como nación como la solución a las limitaciones del autogobierno
y a los déficits acumulados. Reivindicaciones y demandas con un profundo recorrido histórico y
que han adoptado diferentes formas desde que los Decretos de Nueva Planta abolieron las
constituciones e instituciones seculares de Catalunya. Unas reivindicaciones donde las
cuestiones lingüísticas, culturales e institucionales han tenido un papel destacado,
especialmente en periodos en los que estas fueron objeto de una limitación legal severa e
incluso de una prohibición o persecución activa. La complejidad histórica y política de estas
cuestiones ha conllevado que una parte relevante de la sociedad catalana no se haya sentido
identificada con el sistema político vigente en España.
La sentencia del TC del año 2010 conllevó que hoy Catalunya sea la única comunidad autónoma
con un estatuto que no ha sido votado íntegramente por su ciudadanía. Como reacción, se
produjo una gran manifestación de protesta y, desde 2015, se han ido repitiendo mayorías
absolutas parlamentarias independentistas en el Parlament en las sucesivas elecciones
autonómicas, así como movilizaciones masivas de signo independentista. En ese período, se
aprobaron diferentes propuestas por parte del Parlament y del Govern de Catalunya en materia
fiscal, así como la solicitud de delegación de la competencia para la autorización de referendos
o la organización de una consulta al amparo de una ley autonómica. Lamentablemente, los
gobiernos de entonces no favorecieron la negociación política y ninguna de estas propuestas,
hechas desde la lealtad y el marco legal vigente, fue considerada.
Tras estos hechos, las instituciones catalanas promovieron, primero, una consulta popular el 9
de noviembre de 2014 y, después, un referéndum de independencia el 1 de octubre de 2017 —
ambos suspendidos y posteriormente anulados por el TC— con una participación masiva en
favor de la independencia de Catalunya. El intento del Gobierno de impedir el referéndum dio
lugar a unas imágenes que nos impactaron a todos dentro y fuera de nuestras fronteras.
Todo ello llevó a la aprobación del artículo 155 de la CE, mediante la cual se decretó la disolución
del Parlament, la destitución del Gobierno catalán y la convocatoria anticipada de elecciones,
que volvieron a dar mayoría absoluta a los partidos independentistas. Y a raíz de lo
acontecido se iniciaron múltiples causas judiciales, muchas de ellas aún sin resolver, que afectan
a un gran número de personas.
Dichas causas judiciales han tenido una incidencia política relevante, al igual que diversas
resoluciones de organismos internacionales, como el Grupo de Trabajo de Detenciones
Arbitrarias, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa.
2. OPORTUNIDAD HISTÓRICA
Este relato sintético de hechos acredita objetivamente las profundas divergencias que han
existido y que han dado lugar a un conflicto que solo la política en democracia puede encauzar
para buscar una solución, dado que, seis años después, la cuestión de fondo sigue sin resolverse.
Y, a pesar de las discrepancias estructurales que existen dada la distancia entre nuestros
proyectos nacionales, estamos preparados para abrir una nueva etapa en la que, a partir del
respeto y el reconocimiento del otro, se busque una solución política y negociada al conflicto.
PSOE y Junts asumen que a partir del resultado de las elecciones generales del 23 de julio existe
una oportunidad que deben y tienen la voluntad de aprovechar de forma responsable. La
resolución debe ser negociada y acordada y por lo tanto corresponde intentarlo a los actores a
los que las urnas les han dado esta posibilidad.
Por ello, PSOE y Junts apuestan por la negociación y los acuerdos como método de resolución
de conflictos y acuerdan buscar un conjunto de pactos que contribuyan a resolver el conflicto
histórico sobre el futuro político de Catalunya.
Estos acuerdos deben responder a las demandas mayoritarias del Parlament de Catalunya que,
de acuerdo al Estatut (que tiene carácter de ley orgánica), representa legítimamente al pueblo
de Catalunya.
3. ACUERDOS
El PSOE y Junts reconocen sus profundas discrepancias y son conscientes de la complejidad y de
los obstáculos del proceso que se disponen a emprender. Por un lado, Junts considera legítimo
el resultado y el mandato del referéndum del 1 de octubre, así como la declaración de
independencia del 27 de octubre de 2017. Por el otro, el PSOE niega toda legalidad y validez al
referéndum y a la declaración, y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral. Al mismo
tiempo, constatan que se pueden alcanzar acuerdos importantes sin renunciar a las respectivas
posiciones.
Para la consecución de estos acuerdos, y dadas las profundas discrepancias sobre la forma final
de la resolución del conflicto, además de las desconfianzas mutuas reconocidas por ambos, el
PSOE y Junts han acordado dotarse de un mecanismo entre ambas organizaciones,
internacional, que tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el
proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue.
Es en ese marco en el que ambas partes tendrán que acordar, en su caso:
• La metodología de la negociación para dotar al proceso de certidumbre, en la que el
mecanismo de acompañamiento, verificación y seguimiento del que se han dotado,
desarrollará la negociación entre las partes. En ese espacio se negociará, se acordará y
se abordarán los disensos, así como las disfunciones que surjan en el desarrollo de los
acuerdos.
• Los contenidos de los acuerdos a negociar a partir de las aspiraciones de la sociedad
catalana y de las demandas de sus instituciones, que en términos generales se agrupan
en dos grandes ámbitos permanentes: las de la superación de los déficits y limitaciones
del autogobierno y las relativas al reconocimiento nacional de Catalunya. En ese sentido
y en la primera reunión de negociación a celebrar este mes de noviembre, se planteará,
entre otras cuestiones y de forma no exhaustiva:
o En cuanto al ámbito del reconocimiento nacional, Junts propondrá la celebración de
un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya amparado en el artículo 92 de la Constitución. Por su parte, el PSOE defenderá el amplio
desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006, así
como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Catalunya.
o Y en el ámbito de los déficits y limitaciones del autogobierno, Junts propondrá de
entrada una modificación de la LOFCA que establezca una cláusula de excepción de
Catalunya que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional
de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan
en Catalunya. Y, por su parte, el PSOE apostará por medidas que permitan la
autonomía financiera y el acceso al mercado de Catalunya, así como un diálogo
singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Catalunya. En este
ámbito, también se abordarán los elementos esenciales de un plan para facilitar y
promover el regreso a Catalunya de la sede social de las empresas que cambiaron su
ubicación a otros territorios en los últimos años.
• La Ley de Amnistía, para procurar la plena normalidad política, institucional y social
como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato. Esta ley debe
incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la
consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos
judiciales vinculados a estos eventos. En este sentido, las conclusiones de las comisiones
de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en
la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones
comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las
consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o
modificaciones legislativas
• La ampliación de la participación directa de Catalunya en las instituciones europeas y
demás organismos y entidades internacionales, particularmente en los asuntos que
tienen especial incidencia en su territorio.
• La investidura de Pedro Sánchez, con el voto a favor de todos los diputados de Junts.
• La estabilidad de la legislatura, sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos que
resulten de las negociaciones en los dos ámbitos permanentes señalados en el punto
segundo.
