Elecciones generales 23 de julio 2023.

[Nowomowa]

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Hmm... ¡la gallina!

No, en serio, ¿cómo se supone que tengo que reaccionar a esta noticia? Un notas de interné dice que se va porque no le gusta lo que ha votado la gente. Po fueno, po fale, po malegro. Bon vent i barca nova.

Ah pero espera: que Shaiapouf nos trae pruebas de que alguna clase de cosa mala está pasando porque sus número lo dicen. Por supuesto, sin ninguna solución que no sea votar a la ultraderecha que se opone que los niños se corten la picha para siempre. Y si no te gusta, te demuestra lo contrario.

Y vaya, y yo con estos pelos. Preocupado por el run-run acerca de la AMOC, intrigado por cuál será el fin del cuento con el LK-99, con un ojo puesto en los despropósitos en múltiples frentes del estafador Elon Musk, y unas cuantas cosas más que compiten por intrigarme, entretenerme y acojonarme cuando no pienso en mis propios problemas que desde luego no me va a arreglar ningún político.

Así que dinos, Shaiapouf, ¿qué tenemos que pensar? ¿Cómo tenemos que actuar? Porque si Tío Blanco Hetero se va por "sensatez" (codeword para "soy mejor que tú porque yo lo digo"), debe significar algo, para alguien, en algún lugar. Y a ver si nos estamos perdiendo un fiestón por no enterarnos.

La nota en realidad habla de que un tipo de internet se va de España, lo que yo añado es el incremento del flujo emigratorio de españoles.

Que, para complementar, diferentes estudios y trabajos periodísticos indican que el perfil del emigrante español (2008 - 2019) es, esencialmente, una persona joven con estudios superiores. Sorprendente... Casi como si fueran los jóvenes mejor preparados, con más capital cultural, y desde luego capaces de innovar o emprender, los que peor lo pasasen (pero es que la sanidad pública se tiene que pagar, claro).

No pasa nada, la inmigración magrebí por años llega a ser superior a la emigración de españoles con estudios.

La solución es mirar al costado el problema y creer que con altas tasas de inmigración magrebí, elevando impuestos a los híper mega súper ricos y con leyes que controlen a los medios de comunicación se soluciona todo.

Así se desarrollan los países, abaratando el capital trabajo, ahuyentando a la población mejor preparada, desincentivando la formación de nuevas empresas. Sí.

Bueno la Sanidad pública se tiene que pagar pero a sus profesionales lo menos posible al parecer
Esta es una de las razones de la huida de profesionales a otros países:
https://www.antena3.com/noticias/socied ... fcc62.html
Y las enfermeras otro tanto, según creo
Y como me da la impresión de que andas en plan fastidión jorobón no voy a decir mucho más
¿ No dijiste que eras un emigrante en Portugal o me lo he imaginado?

¿Cómo incrementar el salario de los profesionales sin cargar con el Estado de bienestar más gasto?

Pues incentivando la oferta de trabajo privado.

Según El Independiente:

Los destinos más elegidos por los médicos que emigran son Francia, el Reino Unido, Irlanda, Suiza y Alemania. Fuera de Europa los más solicitados son Argentina y Emiratos Árabes Unidos.




Curiosamente mayoritariamente a países con sistema Bismarck.

Pero intenta convencer al electorado que no todas las privatizaciones son negativas, incluso en sanidad.

Porque añadir la obligación de obtener un retorno de inversión al coste de un servicio abarata y mejora la calidad de ese servicio, según de ha visto en ninguna puta parte.... En especial cuando el beneficio tiene que crecer aunque no crezca el volumen de negocio, ingresas lo mismo (la gente es tan desconsiderada, que no se pone más enferma para pagar más por salud) pero les das una parte mayor a unos señores que no hacen nada.

[Shaiapouf]

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La nota en realidad habla de que un tipo de internet se va de España, lo que yo añado es el incremento del flujo emigratorio de españoles.

Que, para complementar, diferentes estudios y trabajos periodísticos indican que el perfil del emigrante español (2008 - 2019) es, esencialmente, una persona joven con estudios superiores. Sorprendente... Casi como si fueran los jóvenes mejor preparados, con más capital cultural, y desde luego capaces de innovar o emprender, los que peor lo pasasen (pero es que la sanidad pública se tiene que pagar, claro).

No pasa nada, la inmigración magrebí por años llega a ser superior a la emigración de españoles con estudios.

La solución es mirar al costado el problema y creer que con altas tasas de inmigración magrebí, elevando impuestos a los híper mega súper ricos y con leyes que controlen a los medios de comunicación se soluciona todo.

Así se desarrollan los países, abaratando el capital trabajo, ahuyentando a la población mejor preparada, desincentivando la formación de nuevas empresas. Sí.

Bueno la Sanidad pública se tiene que pagar pero a sus profesionales lo menos posible al parecer
Esta es una de las razones de la huida de profesionales a otros países:
https://www.antena3.com/noticias/socied ... fcc62.html
Y las enfermeras otro tanto, según creo
Y como me da la impresión de que andas en plan fastidión jorobón no voy a decir mucho más
¿ No dijiste que eras un emigrante en Portugal o me lo he imaginado?

¿Cómo incrementar el salario de los profesionales sin cargar con el Estado de bienestar más gasto?

Pues incentivando la oferta de trabajo privado.

Según El Independiente:

Los destinos más elegidos por los médicos que emigran son Francia, el Reino Unido, Irlanda, Suiza y Alemania. Fuera de Europa los más solicitados son Argentina y Emiratos Árabes Unidos.




Curiosamente mayoritariamente a países con sistema Bismarck.

Pero intenta convencer al electorado que no todas las privatizaciones son negativas, incluso en sanidad.

Porque añadir la obligación de obtener un retorno de inversión al coste de un servicio abarata y mejora la calidad de ese servicio, según de ha visto en ninguna puta parte.... En especial cuando el beneficio tiene que crecer aunque no crezca el volumen de negocio, ingresas lo mismo (la gente es tan desconsiderada, que no se pone más enferma para pagar más por salud) pero les das una parte mayor a unos señores que no hacen nada.

Depende del cómo se implemente. Privatizar la prestación tiende a elevar los costes, sí, privatizar el seguro no, incluso puede reducir el coste y, añadido a ello, optimizar los recursos médicos reduciendo listas de espera.

[Shaiapouf]

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Bueno la Sanidad pública se tiene que pagar pero a sus profesionales lo menos posible al parecer
Esta es una de las razones de la huida de profesionales a otros países:
https://www.antena3.com/noticias/socied ... fcc62.html
Y las enfermeras otro tanto, según creo
Y como me da la impresión de que andas en plan fastidión jorobón no voy a decir mucho más
¿ No dijiste que eras un emigrante en Portugal o me lo he imaginado?

¿Cómo incrementar el salario de los profesionales sin cargar con el Estado de bienestar más gasto?

Pues incentivando la oferta de trabajo privado.

Según El Independiente:

Los destinos más elegidos por los médicos que emigran son Francia, el Reino Unido, Irlanda, Suiza y Alemania. Fuera de Europa los más solicitados son Argentina y Emiratos Árabes Unidos.




Curiosamente mayoritariamente a países con sistema Bismarck.

Pero intenta convencer al electorado que no todas las privatizaciones son negativas, incluso en sanidad.

Porque añadir la obligación de obtener un retorno de inversión al coste de un servicio abarata y mejora la calidad de ese servicio, según de ha visto en ninguna puta parte.... En especial cuando el beneficio tiene que crecer aunque no crezca el volumen de negocio, ingresas lo mismo (la gente es tan desconsiderada, que no se pone más enferma para pagar más por salud) pero les das una parte mayor a unos señores que no hacen nada.

Depende del cómo se implemente. Privatizar la prestación tiende a elevar los costes, sí, privatizar el seguro no, incluso puede reducir el coste y, añadido a ello, optimizar los recursos médicos reduciendo listas de espera.

O dicho de otra forma, cuando privatizas al prestador, estás llevando a la gestión privada (y por tanto, bajo la lógica de la rentabilidad) el trabajo de un hospital.

Los incentivos para hacer rentable al hospital van por reducir costes y elevar la ganancia.

Reducir los costes se puede lograr reduciendo en bruto salarios, gasto en insumos y mantención. De todas solo insumos y mantención pueden lograrse sin perjudicar el servicio. Pero normalmente la reducción es menor a la necesaria, por lo que -como ha ocurrido en España- la consecuencia directa es el empeoramiento de las condiciones laborales (menor remuneración por el mismo o más trabajo).

Aumentar la ganancia puede darse incrementando las ventas por hora, por ejemplo, o sea lo que ya dije, llevar a que el personal atienda a más pacientes en menos tiempo, más trabajo por la misma -o menor- remuneración.

También se puede dar ofertando un servicio más costoso a través de mejores habitaciones y un servicio más personalizado. Es lo que ocurre normalmente en el mercado privado de la salud, se enfoca en los sectores más adinerados, allí donde hay demanda. Ese fue el caso de Singapur hasta los 80.

O sea, privatizar un hospital, en el peor de los casos, significará que el personal trabajará más, por menos, y que el costo a los pacientes se incrementará.

Por otra parte si privatizo el servicio del aseguramiento puede ocurrir lo inverso. Esto porque los seguros lo que buscan es financiar el costo del servicio en el paciente mediante una cuota/prima que, calculada según la siniestralidad, les sea rentable. Todos ganan, los ciudadanos tienen la seguridad de atenderse sin preocuparse por grandes desembolsos de su bolsillo, y las empresas aseguradoras ganan un nicho de negocio, de hecho si este nicho crece la misma economía a escala puede incidir en la reducción del valor medio de las primas.

Privatizar en un 100% el servicio del aseguramiento puede generar un efecto contraproducente, pues siempre habrá un sector de la sociedad que NO tiene el dinero para asegurarse. Allí el papel del Estado es clave. Por otra parte es importante que el Estado tenga una participación para en el sector para evitar que los costes se disparen como ocurre en Estados Unidos (los hospitales suben los costos porque pagan las aseguradoras, las aseguradoras suben las primas porque pagan las empresas, y las empresas poca capacidad tienen para renegociar el seguro por lo que, o reducen prestaciones o las mantienen pagando).

Esto, sin mencionar que un sector privado fortalecido SIEMPRE es un colchón de refugio para el sector público cuando están colapsados. Pero si el seguro es único, público y obligatorio, relegando al privado a seguros complementarios (como en España o Portugal), postras al privado al complemento que solo a los que más tienen les vale.

Saludos.

[Kalea]

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Kalea, los sindicatos son a a dia de hoy una lacra porque miran más por ellos mismos que por los trabajadores que dicen representan y para los que dicen que trabajan. Además de que estan ahi de por vida. En vez de ser por 4 años o así y luego volver a una actividad laboral. Viven muy bien a costa de los trabajadores.

Si no conoces el funcionamiento de todos los sindicatos y/o secciones sindicales no deberías generalizar. Creo que cuando se habla de sindicatos se piensa en CCOO y UGT, igual algún sectorial como el CSIF pero hay todo un movimiento sindical de clase que no tiene nada que ver con todos éstos, ni en la forma de organización ni en la defensa de los derechos laborales.

Yo soy delegada sindical por CGT desde 2018, los primeros cuatro años delegada LOLS (con voz pero sin voto) y desde diciembre de 2022 delegada electa y sigo en mi puesto de trabajo, con una carga que no creas que cualquier trabajador, llevaría, sobre todo de esos que se quejan tanto de los sindicatos, porque nosotros no tenemos liberados sindicales, las horas mensuales que nos corresponden por ley se las cedemos a los compañeros que asisten a las mesas negociadoras que varía según los puntos a negociar y la especialización de cada uno, y nuestra actividad sindical la realizamos en nuestro tiempo personal.

Soy consciente de los trapicheos de CCOO-UGT, los veo muy a diario, también soy consciente de los errores que cometemos en CGT, pero pensar que todos los sindicatos son iguales y que todos los delegados buscamos los mismo creo que es un gran error.

Fijate en quien o quienes dirigen los principales sindicatos en España(UGT y CCO)? Son los mismos desde hace ni se la de años. Y luego me fijo en los sindicatos sanitarios que es lo que más conozco. Y son un nido de corrupción e incompetencia. No hacen nada por los trabajadores porque estan vendidos a los altos cargos de hospitales,gobierno..... Son los pequeños sindicatos, los que consiguen cosas aunque sean poca cosa.

Por eso, el puesto de sindicalista debería de ser temporal, en plan como mucho 4-8 años. Igual que lo mismo con diputados,senadores,....

Si, entiendo perfectamente lo que me dices, lo mas triste de todo es que esta situación que ellos han provocado es justo la que quieren porque les beneficia.

Coincido totalmente contigo en la limitación temporal de un cargo que tenga liberación completa, mantenerse alejado de su puesto de trabajo cuatro u ocho años hace que se pierda el contacto con la realidad laboral pero como te comentaba, todos los delegados no estamos liberados, ahí no le veo ningún sentido a esa limitación de mandato.

El problema de CCOO y UGT es que son empresas, tienen mogollón de beneficios, entre ellos una gran cantidad de trabajadores a coste cero ya que los paga la empresa a través de las liberaciones, y en esas circunstancias no pensarás que van a denunciar a la empresa por "irregularidades". Yo he llegado a ver a una delegada de UGT continuar con una denuncia a la empresa por riesgo contra la salud de los trabajadores y el abogado del sindicato no presentarse al acto de conciliación ni posteriormente al juicio, todo eso después de tratar de convencerla para no continuar y ella seguir adelante.

Esos pequeños sindicatos que dices que si hacen cosas por los trabajadores suelen ser sindicatos alternativos, de clase y autogestionados, no le deben favores a nadie y siempre irán a defender al trabajador, ojo con esto porque los otros es sólo a sus afiliados. Esos tampoco tendrán liberados, las horas de representación que les corresponde se reparten entre todos los que tienen compromisos en el reparto de las tareas de representación y nunca pierden el contacto con su puesto ni sus compañeros, es más, tener un delegado de este tipo cerca siempre es bueno porque lo tienes ahí para cualquier consulta. Esos pequeños también se presentan a las elecciones sindicales y les vota muy poca gente, aún sabiendo, como bien dices, que son los únicos que hacen algo por los trabajadores. ¿A quién crees tú que beneficia esa repulsa hacia los sindicatos?

Te voy a contar un caso real de una persona con la misma visión que tú. Mi pareja era muy así, hace mucho tiempo se vio envuelto como testigo en dos juicios, uno con CCOO y otro con UGT y su burla hacia el paripé que hicieron en el juicio era constante. Al empezar a vivir con nosotras y ver la implicación sindical que yo tenía me decía "yo eso no lo he visto nunca en mi trabajo". Hace unos años tuvo serios problemas con el dueño de la empresa donde trabajaba y me dijo que quería afiliarse al sindicato donde yo estoy, antes de hacerlo lo acompañé para que hablara directamente con el abogado y valorara él, salió de allí flipado y afiliado. Lleva ya diez años afiliado y activo, ha denunciado a tres empresas y sin miedo a hacer el ridiculo porque sabe que su abogado va a por todas, ha ganado los tres. En CGT los trabajadores fijos pagamos una cuota y los precarios/desempleados otra muy simbólica, él debería haber pedido ya el cambio hace tiempo porque ahora está con contratos temporales y periodos de desempleo pero no quiere pagar menos porque dice que "el sindicato lo tenemos que mantener entre todos".

Los sindicatos "pequeños" nos encontramos con otro problema más grande, somos asamblearios, el funcionamiento lo hacemos con personal voluntario ¿Sabes cuántos trabajadores participan de manera activa? Así ocurre que los que estamos nos vamos cansando y no vemos compañeros con intención de perder ninguna hora de su tiempo por intentar cambiar nada, todo son criticas a nuestro trabajo y "que hay de lo mío", poco mas.

[Kalea]

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Bueno la Sanidad pública se tiene que pagar pero a sus profesionales lo menos posible al parecer
Esta es una de las razones de la huida de profesionales a otros países:
https://www.antena3.com/noticias/socied ... fcc62.html
Y las enfermeras otro tanto, según creo
Y como me da la impresión de que andas en plan fastidión jorobón no voy a decir mucho más
¿ No dijiste que eras un emigrante en Portugal o me lo he imaginado?

¿Cómo incrementar el salario de los profesionales sin cargar con el Estado de bienestar más gasto?

Pues incentivando la oferta de trabajo privado.

Según El Independiente:

Los destinos más elegidos por los médicos que emigran son Francia, el Reino Unido, Irlanda, Suiza y Alemania. Fuera de Europa los más solicitados son Argentina y Emiratos Árabes Unidos.




Curiosamente mayoritariamente a países con sistema Bismarck.

Pero intenta convencer al electorado que no todas las privatizaciones son negativas, incluso en sanidad.

Porque añadir la obligación de obtener un retorno de inversión al coste de un servicio abarata y mejora la calidad de ese servicio, según de ha visto en ninguna puta parte.... En especial cuando el beneficio tiene que crecer aunque no crezca el volumen de negocio, ingresas lo mismo (la gente es tan desconsiderada, que no se pone más enferma para pagar más por salud) pero les das una parte mayor a unos señores que no hacen nada.

Depende del cómo se implemente. Privatizar la prestación tiende a elevar los costes, sí, privatizar el seguro no, incluso puede reducir el coste y, añadido a ello, optimizar los recursos médicos reduciendo listas de espera.

Te voy a poner un ejemplo típico y real de privatización de la sanidad de España. Empresas privadas gestionan departamentos de salud públicos completos, es decir, hospitales, centros de atención primaria y centros de especialidades y el funcionamiento real es mucho peor que en un público 100%, por ponerte un ejemplo de listas de espera reales, no estadísticas, en estos "privatizados":

- 9 meses para un TAC preferente de la cabeza por dolores recurrentes e invalidantes
- 1'5 años para una intervención de rodilla
- 1'2 años para pruebas diagnósticas tras extirpación de un quiste de esófago que derivó en cáncer
- 3 semanas para consulta con médico de cabecera por una reacción alérgica con inflamación del miembro superior derecho.
- 3 semanas para consulta de seguimiento post urgencia en medico de cabecera por hemorragia vaginal.

Falta personal sanitario porque en cuanto pueden se marchan de ahí, las urgencias las cubren recurriendo a la oficina de empleo porque ningún médico de plantilla las quiere hacer por cómo las pagan, las agendas son genéricas porque no pueden citarte siempre con el mismo médico ya que igual mañana ya no está así que la confianza médico-paciente es inexistente, el servicio de limpieza da pena y vergüenza... En estos departamentos de salud lo único que funciona correctamente es el SAIP (Servicio de Atención e Información al Paciente) y porque son funcionarias de la administración publica de salud. Eso sí, la empresa privada cobra una cantidad fija anual por cada paciente adscrito a ese departamento de salud (utilices o no el servicio) y pasa la factura al organismo publico a quien corresponda el pago por las asistencias que ha prestado. Así funciona en Valencia y en Madrid.

¿Podrias indicarme que beneficios, tanto sanitarios como economicos, obtiene el ciudadano de esta privatización de la sanidad? ¿Y los trabajadores?

[Nowomowa]

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¿Cómo incrementar el salario de los profesionales sin cargar con el Estado de bienestar más gasto?

Pues incentivando la oferta de trabajo privado.

Según El Independiente:

Los destinos más elegidos por los médicos que emigran son Francia, el Reino Unido, Irlanda, Suiza y Alemania. Fuera de Europa los más solicitados son Argentina y Emiratos Árabes Unidos.




Curiosamente mayoritariamente a países con sistema Bismarck.

Pero intenta convencer al electorado que no todas las privatizaciones son negativas, incluso en sanidad.

Porque añadir la obligación de obtener un retorno de inversión al coste de un servicio abarata y mejora la calidad de ese servicio, según de ha visto en ninguna puta parte.... En especial cuando el beneficio tiene que crecer aunque no crezca el volumen de negocio, ingresas lo mismo (la gente es tan desconsiderada, que no se pone más enferma para pagar más por salud) pero les das una parte mayor a unos señores que no hacen nada.

Depende del cómo se implemente. Privatizar la prestación tiende a elevar los costes, sí, privatizar el seguro no, incluso puede reducir el coste y, añadido a ello, optimizar los recursos médicos reduciendo listas de espera.

O dicho de otra forma, cuando privatizas al prestador, estás llevando a la gestión privada (y por tanto, bajo la lógica de la rentabilidad) el trabajo de un hospital.

Los incentivos para hacer rentable al hospital van por reducir costes y elevar la ganancia.

Reducir los costes se puede lograr reduciendo en bruto salarios, gasto en insumos y mantención. De todas solo insumos y mantención pueden lograrse sin perjudicar el servicio. Pero normalmente la reducción es menor a la necesaria, por lo que -como ha ocurrido en España- la consecuencia directa es el empeoramiento de las condiciones laborales (menor remuneración por el mismo o más trabajo).

Aumentar la ganancia puede darse incrementando las ventas por hora, por ejemplo, o sea lo que ya dije, llevar a que el personal atienda a más pacientes en menos tiempo, más trabajo por la misma -o menor- remuneración.

También se puede dar ofertando un servicio más costoso a través de mejores habitaciones y un servicio más personalizado. Es lo que ocurre normalmente en el mercado privado de la salud, se enfoca en los sectores más adinerados, allí donde hay demanda. Ese fue el caso de Singapur hasta los 80.

O sea, privatizar un hospital, en el peor de los casos, significará que el personal trabajará más, por menos, y que el costo a los pacientes se incrementará.

Por otra parte si privatizo el servicio del aseguramiento puede ocurrir lo inverso. Esto porque los seguros lo que buscan es financiar el costo del servicio en el paciente mediante una cuota/prima que, calculada según la siniestralidad, les sea rentable. Todos ganan, los ciudadanos tienen la seguridad de atenderse sin preocuparse por grandes desembolsos de su bolsillo, y las empresas aseguradoras ganan un nicho de negocio, de hecho si este nicho crece la misma economía a escala puede incidir en la reducción del valor medio de las primas.

Privatizar en un 100% el servicio del aseguramiento puede generar un efecto contraproducente, pues siempre habrá un sector de la sociedad que NO tiene el dinero para asegurarse. Allí el papel del Estado es clave. Por otra parte es importante que el Estado tenga una participación para en el sector para evitar que los costes se disparen como ocurre en Estados Unidos (los hospitales suben los costos porque pagan las aseguradoras, las aseguradoras suben las primas porque pagan las empresas, y las empresas poca capacidad tienen para renegociar el seguro por lo que, o reducen prestaciones o las mantienen pagando).

Esto, sin mencionar que un sector privado fortalecido SIEMPRE es un colchón de refugio para el sector público cuando están colapsados. Pero si el seguro es único, público y obligatorio, relegando al privado a seguros complementarios (como en España o Portugal), postras al privado al complemento que solo a los que más tienen les vale.

Saludos.

La forma más eficiente de mejorar la rentabilidad de un seguro es denegando la prestación del servicio: mismas primas, menos gastos.

Ya una vez Gálvez explicó la diferencia crítica entre "eficiencia" y "eficacia". Lo que el ciudadano necesita es un servicio público eficaz, no eficiente. Ahora mismo arrecian las críticas a las dificultades para acceder a la administración por los sistemas de cita previa implementados con la COVID y que mantienen eficientemente lejos de la administración a los ciudadanos que no se manejan por internet, lo cual sin duda permite que los mismos menos funcionarios que quedan tras años de congelación de contrataciones hagan la cantidad extra de trabajo provocada por las medidas anticorrupción sin el estorbo de atender a tanto público.

Y nadie va a decir en público que el problema es que faltan trabajadores públicos que se pagan con impuestos y cuyos esfuerzos se derrochan por culpa de las ansias privadas y particulares de corromper lo público en pos del beneficio privado.

Cuando cada gestión ha de pasar por más manos y más ojos durante más tiempo para dificultar la corrupción, se reducen la eficiencia y la eficacia, y eso en España coincidió con la resaca de los recortes de austeridad.

Con más trabajo para menos gente, fijo que todas las administraciones van a ver con buenos ojos cualquier excusa para quitar de sobre sus empleados la atención al público, una tarea ingrata e improductiva.

Y el ciudadano, que pida cita previa al servicio de información del sistema de cita previa del departamento de quejas y lloros.

[José]

Varios juristas ven una «injerencia extranjera» en la campaña de CCOO pagada desde Suecia

Los expertos consultados argumentan que se trata de un caso claro pero difícilmente sancionable



Un caso de injerencia electoral extranjera, pero difícilmente sancionable bajo la legislación actual en España. Así definen diversos juristas consultados por THE OBJECTIVE la campaña en redes sociales desarrollada por Comisiones Obreras (CCOO) para movilizar el voto en las elecciones del pasado 23 de julio. Una iniciativa subvencionada por una organización sueca vinculada al magnate y filántropo George Soros y desvelada en exclusiva por este periódico.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) prohíbe que los partidos políticos puedan recibir en sus cuentas financiación procedente del extranjero durante una campaña electoral, pero no dice nada al respecto de sindicatos u organizaciones no gubernamentales. «Esto es dinero que viene del extranjero, pero eso sí, dirigido a un sindicato que no pertenece a ningún partido formalmente», señala Ibor Fernandes, doctor en Derecho Constitucional y profesor del Centro de Enseñanza Superior (CES) Cardenal Cisneros de la Complutense.

No obstante, según Fernandes, los mensajes confeccionados y difundidos por CCOO en sus redes sociales en el marco de la campaña #Vota23J y #MultiplicaTuVoto, al no haberse limitado a fomentar la participación electoral, sí podrían haber traspasado uno de los límites fijados por la LOREG en su artículo 50.5. n él se establece que «ninguna persona jurídica distinta» a los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones «podrá realizar campaña electoral a partir de la fecha de la convocatoria de las elecciones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20 de la Constitución», que reconoce y protege la libertad de expresión. La campaña de CCOO subvencionada por la Fundación por la Democracia y el Pluralismo, con sede en Bastad (Suecia), oficialmente tenía como único objetivo promover la participación electoral el 23-J.

Posible ilegalidad

Varios de los vídeos, carteles y eslóganes compartidos en las redes sociales del sindicato durante la campaña electoral ensalzaban las políticas del Gobierno de coalición y también aludían al auge de la «extrema derecha» como aliciente para movilizar el voto progresista el 23-J. Ahí es donde el profesor de Derecho Constitucional del CES Cardenal Cisneros cree que la campaña de CCOO, financiada desde Suecia, podría incurrir en una ilegalidad. «No se está promocionando solo el derecho a voto, porque las connotaciones de los anuncios dejan entrever sin duda una línea concreta», indica Ibor Fernandes.

Las connotaciones quedaron aún más claras dos días antes de las elecciones, cuando el secretario general de CCOO, Unai Sordo, firmó un artículo publicado por el diario El País junto a su homólogo de UGT, José Álvarez, pidiendo el voto para «opciones progresistas». El propio dirigente de CCOO compartió ese texto en su cuenta de Twitter con los dos hashtags de la campaña subvencionada desde Suecia por una fundación de Daniel Sachs, vicepresidente de la Open Society Foundation de George Soros.

La UE y las injerencias extranjeras

Javier Borrego, letrado del despacho Durán y Duran Abogados y exmagistrado del Tribunal Supremo, también define como un claro caso de injerencia extranjera la campaña de CCOO financiada por la fundación sueca vinculada a Soros. Recuerda que las directrices de la Unión Europea (UE) son claras en cuanto a la importancia de proteger la seguridad nacional y los procedimientos electorales frente a eventuales injerencias extranjeras. Y añade que en otros países como Francia, la legislación es más precisa. Así se demostró cuando, en el año 1999, la Comisión Electoral Francesa prohibió al PNV financiar en adelante las campañas municipales de su filial en el País Vasco francés al considerar que se incurría en «financiación ilegal» por ser fondos procedentes del extranjero.

Incluso expertos en Derecho Internacional a los que se cataloga como progresistas también consideran una injerencia extranjera la campaña desarrollada por CCOO el 23-J con fondos de una fundación sueca dirigida por el vicepresidente de la Open Society Foundations. Para el abogado Gonzalo Boye, las campañas financiadas desde el extranjero para fomentar el voto y promover la democracia pueden estar justificadas en el caso de países con poca experiencia democrática. Pero no en las elecciones de un estado miembro de la UE como es España.

«Creo que no es lo mismo financiar campañas en países que están saliendo de regímenes dictatoriales, donde es necesario fortalecer la participación ciudadana en los procesos electorales, que hacerlo en un país europeo donde no deja de ser una injerencia en la política interna», indica el abogado de, entre otros, del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. «No se pueden criticar unos tipos de injerencias y no hacerlo con otras», añade Boye.

Preocupación en Moncloa

En el Plan de Acción contra la desinformación de la UE y en el Plan de Acción para la Democracia Europea, de 2020, las autoridades comunitarias hacen hincapié en la importancia de hacer frente a «retos derivados del auge del extremismo, la injerencia electoral, la difusión de información manipuladora y las amenazas contra periodistas». Precisamente ante el temor a las campañas de desinformación procedentes de países extranjeros, especialmente de Rusia, el Gobierno de Pedro Sánchez promovió la creación en plena pandemia de un nuevo organismo encabezado por el director del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) de Moncloa, el general Miguel Ángel Ballesteros.

El objetivo de esta entidad sería el de perseguir campañas de desinformación financiadas del extranjero y combatir la proliferación de fake news, de ahí que acabase siendo bautizado como el Ministerio de la Verdad. La iniciativa acabaría diluyéndose tras el rechazo y las críticas de la oposición, hasta que en 2022 el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, anunció en su lugar la creación de un Foro contra las Campañas de Desinformación en el ámbito de la Seguridad Nacional, dirigido por Moncloa y presidido por el director del DSN.

Conformado por un total de 16 personas (10 expertos y seis altos cargos del Gobierno), el Foro contra las Campañas de Desinformación en el ámbito de la Seguridad Nacional de Moncloa se constituyó en octubre de 2022 y mantuvo su segunda reunión en diciembre del mismo año. El acta de su primera reunión constata que se aludió a «la preocupación que existe a nivel nacional y de la Unión Europea por las campañas de desinformación, principalmente cuando son utilizadas como herramienta de injerencia extranjera por actores estatales». Sin embargo, no se hizo referencia a posibles intromisiones externas en procesos electorales internos.

Moncloa se centra en las ‘fake news’

Este panel de especialistas contra la desinformación de Moncloa acordó hace ocho meses la creación de nueve grupos de trabajo que trazarán las líneas maestras de una estrategia nacional. Sin embargo, apenas uno de ellos tiene entre sus objetivos el análisis y la prevención de posibles intentos extranjeros de influir en periodos electorales, como podría ser el caso de la Open Society de Soros a través de una fundación sueca y otra dependiente de CCOO, la Fundació Cipriano García.

El resto de grupos de trabajo puestos en marcha por ese organismo dependiente de Moncloa se centran en debatir propuestas para perseguir campañas de desinformación desde el extranjero, tal y como adelantó el propio general Ballesteros en el Congreso, pero sin poner el foco en periodos electorales. Incluso uno de esos paneles de expertos se dedica exclusivamente al «estudio de la desinformación rusa a nivel internacional en el contexto de la invasión de Ucrania».

Propaganda participativa

El libro ‘Lucha contra las campañas de desinformación en el ámbito de la seguridad nacional: propuestas de la sociedad civil‘, elaborado por expertos de la sociedad civil a petición del DNS, sirve como guía en la materia para el panel de especialistas de Moncloa. En él se recuerda que la UE insta a colaborar con la nueva Comisión Especial del Parlamento Europeo sobre injerencias extranjeras en todos los procesos democráticos de la Unión Europea, en particular en el ámbito de la Desinformación.

En el mismo libro, de 300 páginas, se hace alusión al concepto de «propaganda participativa» como una de las estrategias de desinformación promovidas por entes extranjeros (estatales y no estatales) para influir en procesos electorales. Una táctica en la que podría tener cabida la campaña de CCOO, financiada por una fundación sueca vinculada a Soros, para movilizar el voto de izquierda el pasado 23-J ensalzando políticas del Gobierno (como la subida del salario mínimo o el incremento a 16 semanas del permiso de paternidad) y agitando el temor al auge de la extrema derecha.

«Las narrativas de las campañas de desinformación se diseñan en función de las audiencias para reforzar sus creencias y prejuicios o para cuestionar la percepción de los hechos o modificar opiniones. La ‘propaganda participativa’ (Rogers et al., 2019) hace que los destinatarios se sientan empoderados por la información que reciben y partícipes de una corriente de opinión dominante», indica el libro que sirve de guía para el DSN.

https://theobjective.com/espana/2023-08 ... 1En3ubAOrQ

[José]

La discutible legalidad de orientar el sentido del voto

«Es inaceptable que determinados poderes económicos puedan desestabilizar el proceso electoral, porque a la postre supone la desestabilización de la democracia»



En el proceso electoral la preservación del principio de igualdad de armas es primordial para garantizar que no se producen distorsiones que, a la postre, provocarían desigualdades entre los candidatos, con una afectación inaceptable al principio democrático. Por eso, en nuestro ordenamiento jurídico, de la misma forma que en el derecho comparado del entorno, se han previsto limitaciones al desarrollo de las actuaciones de propaganda y financiación del proceso electoral, con objeto de mitigar la ventaja con la que pueden partir algunos de los operadores que concurren a las elecciones.

Por ejemplo, se limita la publicidad institucional que puede realizarse sobre logros alcanzados, para evitar la tentación de realizar un uso partidista de las instituciones que facilite la posición de aquel que está en el Gobierno y concurre a las elecciones. Del mismo modo, se ha restringido el presupuesto y la financiación de los participantes en el proceso electoral, con la finalidad de evitar que poderes económicos puedan ensalzar la posición de una candidatura.

Esta semana, THE OBJECTIVE ha desvelado la inversión realizada en campañas digitales por parte del sindicato Comisiones Obreras, gracias a la financiación de una fundación sueca, con la premisa de realizar campañas institucionales para fomentar la participación electoral. Un propósito muy loable, salvo si consideramos la naturaleza del impulsor de la publicidad, un sindicato, con intereses concretos en relación con el resultado electoral, color distintivo similar al utilizado por uno de los candidatos y cuyos presupuestos se nutren en gran medida de subvenciones estatales que, casualmente, se han incrementado de forma notable en esta legislatura.

Además, si descendemos al contenido de la propia publicidad es evidente que, efectivamente, tiene por objetivo fomentar la participación; pero, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ya que se moviliza al electorado para acudir a las urnas, se fomenta que el sentido del voto vaya dirigido a aquellos que han estado gobernando los últimos años, alabando alguno de los «logros obtenidos» en materia laboral (lo entrecomillo, dado que mucho podríamos discutir sobre esas pretendidas victorias sindicales).

En definitiva, desde un plano jurídico nos encontramos ante una colisión de derechos fundamentales; de un lado la libertad a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones, contenida en el artículo 20 de la Constitución y, por otro, el desarrollo de un proceso electoral en el que los elegibles tengan igualdad de armas, que se contiene en el derecho a la participación política contenido en el artículo 23. Conflicto que, en realidad, ya se remarca en el artículo 50.4 de la Ley electoral: «Salvo lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo [refiriéndose a la publicidad institucional destinada a informar sobre el proceso electoral y, en esencia, fomentar el sufragio], ninguna persona jurídica distinta de las mencionadas en el apartado anterior podrá realizar campaña electoral a partir de la fecha de la convocatoria de las elecciones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20 de la Constitución».

Pues bien, sobre la interpretación de este artículo hay un precedente significativo, que es la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, como consecuencia de la publicidad realizada por Hazte oír contra la candidata del PP madrileño en las elecciones autonómicas de 2015, dirigida a disuadir el sufragio por la posición de la entonces presidenta respecto al aborto.

En este caso, primó el derecho a la libertad de expresión, en una resolución vidriosa y discutida, que tenía como antecedente el rechazo de la Junta Electoral de Zona y de la Junta Electoral Central. En cualquier caso, no podemos tomar dicho pronunciamiento como dogma de fe aplicable a todo supuesto como una patente de corso, dado que ello nos llevaría a la desnaturalización de las limitaciones de la Ley electoral a las que nos hemos referido. Hay que analizar las circunstancias concretas del caso para realizar el juicio de proporcionalidad que determinará qué derecho fundamental debe primar.

En cualquier caso, si aplicamos esta corriente jurisprudencial, llegaremos a la conclusión de que es muy discutible la legalidad de la campaña publicitaria de CCOO. En primer lugar, al contrario del supuesto de la referida sentencia, en este caso la publicidad puede interpretarse que tiene por objetivo la captación positiva del sufragio (en el otro supuesto, el objetivo era disuasorio, cuestión no prevista en la Ley) y, en segundo lugar, porque esta campaña publicitaria que pretende incardinarse en el ámbito de la promoción de la participación, en realidad parece entrañar una actividad proscrita, esto es, influir en la orientación del voto.

En fin, no podemos permanecer impasibles. Es inaceptable que determinados poderes económicos, sin distinción de su afiliación política, puedan desestabilizar el proceso electoral, porque a la postre esto supone la desestabilización de nuestra democracia. Y, por supuesto, por las connotaciones internacionales que comporta, torna en especialmente preocupante que dicha actuación desestabilizadora pueda estar orquestada por capitales extranjeros, como parece ser el caso.

Ibor Fernandes Romero es profesor de Derecho Constitucional en el CES Cardenal Cisneros.

https://theobjective.com/elsubjetivo/op ... ones-voto/

[José]

Muy oportuna esta campaña, justo cuando un pobre diablo se llena la boca denunciando lo financiados que están ciertos discursos, que realmente están proscritos, por poderes económicos que desconoce. Cuando la realidad es otra.

Vox carga contra CCOO por el escándalo de Soros destapado por TO mientras el PP calla

El partido de Abascal acusa al sindicato de ser «mayordomo de los poderosos»



Comisiones Obreras hizo campaña en redes sociales para movilizar a la izquierda frente al «peligro» de la «extrema derecha» antes de las elecciones generales del 23-J. Una campaña que, tal y como desveló THE OBJECTIVE, fue financiada por una organización filantrópica con sede en Suecia muy vinculada al magnate George Soros. Tras la publicación de la noticia, el único partido que ha reaccionado ha sido Vox, que ha tildado al sindicato de «mayordomo de los poderosos». El Partido Popular, por otro lado, guarda silencio.

La información publicada por este diario combina dos de los ingredientes favoritos que componen la crítica elaborada por la formación que preside Santiago Abascal: Soros, al que atribuyen mover los hilos de la progresía mundial en la sombra, y los sindicatos, a los que acusan de «comegambas» y «vendeobreros».

Oficialmente la campaña de CCOO buscaba movilizar el voto en los pasados comicios. «No era una campaña contra nadie sino una iniciativa en positivo, a favor de aumentar la participación electoral», explicaron a este medio desde el departamento de comunicación del sindicato en Cataluña. Sin embargo, como supuesto aliciente para acudir a votar, también alertaban del hipotético peligro de perder derechos sociales ante el auge de «la extrema derecha».

«El auge de la ultraderecha amenaza los derechos LGTBI en la Unión Europea» y «vota, vivas como vivas, vota por tu vida», indicaba uno de los carteles de la campaña que fue compartido por CCOO Aragón en su cuenta de Twitter el 19 de julio. Algo facilitado por las ayudas económicas de la red de Soros.

Desde Vox aseguran no sentirse «en absoluto sorprendidos» por estas informaciones, ya que «las redes totalitarias no descansan en su ofensiva contra las fuerzas nacionales», y en España los sindicatos «además de ser unos vividores al servicio de la izquierda, se dedican a ser los mayordomos de los poderosos».

Vox y Soros

La fijación de Vox con Soros viene de largo. En 2020 la formación que preside Santiago Abascal rescató la figura del multimillonario —la revista Forbes estima su fortuna en 8.600 millones de euros— durante la primera moción de censura contra Pedro Sánchez. Y es que esta se presentó «contra la mafia globalista». «¿Es que usted sólo está cumpliendo las órdenes de ese individuo con el que tuvo la primera cita en La Moncloa, el señor Soros?», le espetó Abascal a Sánchez en referencia al encuentro que tuvo lugar con el pretexto de la alerta sobre una crisis financiera en Europa.

Más adelante, en 2022, y con motivo de la supuesta vinculación del magnate con el secesionismo catalán, Vox pidió a la Comisión Europea que investigara a Soros por su implicación en actos de «desestabilización y sabotaje», incluyendo injerencias en procesos democráticos. «Vox pide a la Comisión Europea investigar el entramado del especulador George Soros tras revelarse que estaría colaborando con el golpe separatista en Cataluña», expresó la formación en un mensaje en Twitter.

Todo esto —su supuesta relación con la izquierda patria y su injerencia en procesos democráticos— habría quedado acreditado, a juicio de Vox, tras las informaciones publicadas en este diario. Además, les sirven para «retratar» a los sindicatos, contra quienes también libran una batalla monolítica.

https://theobjective.com/espana/politic ... omo-soros/

[Roronoa Zoro]

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Si no conoces el funcionamiento de todos los sindicatos y/o secciones sindicales no deberías generalizar. Creo que cuando se habla de sindicatos se piensa en CCOO y UGT, igual algún sectorial como el CSIF pero hay todo un movimiento sindical de clase que no tiene nada que ver con todos éstos, ni en la forma de organización ni en la defensa de los derechos laborales.

Yo soy delegada sindical por CGT desde 2018, los primeros cuatro años delegada LOLS (con voz pero sin voto) y desde diciembre de 2022 delegada electa y sigo en mi puesto de trabajo, con una carga que no creas que cualquier trabajador, llevaría, sobre todo de esos que se quejan tanto de los sindicatos, porque nosotros no tenemos liberados sindicales, las horas mensuales que nos corresponden por ley se las cedemos a los compañeros que asisten a las mesas negociadoras que varía según los puntos a negociar y la especialización de cada uno, y nuestra actividad sindical la realizamos en nuestro tiempo personal.

Soy consciente de los trapicheos de CCOO-UGT, los veo muy a diario, también soy consciente de los errores que cometemos en CGT, pero pensar que todos los sindicatos son iguales y que todos los delegados buscamos los mismo creo que es un gran error.

Yo no generalizo a todos sino a los sindicatos más importantes. Se que hay sindicatos pequeños que son positivos para mejorar las condiciones de los trabajadores que representan.

En cuanto a lo otro, me alegro si en el sindicato en el que estas trabajais además de estar con una labor sindical..

Pero por ejemplo en la rama sanitaria que conozco, no se de ningún caso de un sindicalista que trabaje como sanitario. Además de la corrupción que hay a la hora de usar los fondos, en la eleccion de los cargos,etc.

Hay que diferenciar entre cometer un error y cometer corrupción y choriceo. Lo primero es inevitable porque la perfección no existe. Mientras que lo segundo se debería de perseguir.

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Si, entiendo perfectamente lo que me dices, lo mas triste de todo es que esta situación que ellos han provocado es justo la que quieren porque les beneficia.

Coincido totalmente contigo en la limitación temporal de un cargo que tenga liberación completa, mantenerse alejado de su puesto de trabajo cuatro u ocho años hace que se pierda el contacto con la realidad laboral pero como te comentaba, todos los delegados no estamos liberados, ahí no le veo ningún sentido a esa limitación de mandato.

El problema de CCOO y UGT es que son empresas, tienen mogollón de beneficios, entre ellos una gran cantidad de trabajadores a coste cero ya que los paga la empresa a través de las liberaciones, y en esas circunstancias no pensarás que van a denunciar a la empresa por "irregularidades". Yo he llegado a ver a una delegada de UGT continuar con una denuncia a la empresa por riesgo contra la salud de los trabajadores y el abogado del sindicato no presentarse al acto de conciliación ni posteriormente al juicio, todo eso después de tratar de convencerla para no continuar y ella seguir adelante.

Esos pequeños sindicatos que dices que si hacen cosas por los trabajadores suelen ser sindicatos alternativos, de clase y autogestionados, no le deben favores a nadie y siempre irán a defender al trabajador, ojo con esto porque los otros es sólo a sus afiliados. Esos tampoco tendrán liberados, las horas de representación que les corresponde se reparten entre todos los que tienen compromisos en el reparto de las tareas de representación y nunca pierden el contacto con su puesto ni sus compañeros, es más, tener un delegado de este tipo cerca siempre es bueno porque lo tienes ahí para cualquier consulta. Esos pequeños también se presentan a las elecciones sindicales y les vota muy poca gente, aún sabiendo, como bien dices, que son los únicos que hacen algo por los trabajadores. ¿A quién crees tú que beneficia esa repulsa hacia los sindicatos?

Exacto, los lideres sindicales de UGT,CCOO y de otros sindicatos gordos salen muy beneficiados del asunto. Deberían de estar en la carcel y no acudiendo a reuniones con la asociaciones de empresarios y el gobierno central.

Pues precisamente por eso CCOO y UGT deberían de desaparecer porque un sindicato jamás deberia de ser nada más que un sindicato y no un negocio.

Los sindicatos deberían de depender unicamente de sus afiliados y no de nadie más.

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Te voy a contar un caso real de una persona con la misma visión que tú. Mi pareja era muy así, hace mucho tiempo se vio envuelto como testigo en dos juicios, uno con CCOO y otro con UGT y su burla hacia el paripé que hicieron en el juicio era constante. Al empezar a vivir con nosotras y ver la implicación sindical que yo tenía me decía "yo eso no lo he visto nunca en mi trabajo". Hace unos años tuvo serios problemas con el dueño de la empresa donde trabajaba y me dijo que quería afiliarse al sindicato donde yo estoy, antes de hacerlo lo acompañé para que hablara directamente con el abogado y valorara él, salió de allí flipado y afiliado. Lleva ya diez años afiliado y activo, ha denunciado a tres empresas y sin miedo a hacer el ridiculo porque sabe que su abogado va a por todas, ha ganado los tres. En CGT los trabajadores fijos pagamos una cuota y los precarios/desempleados otra muy simbólica, él debería haber pedido ya el cambio hace tiempo porque ahora está con contratos temporales y periodos de desempleo pero no quiere pagar menos porque dice que "el sindicato lo tenemos que mantener entre todos".

Los sindicatos "pequeños" nos encontramos con otro problema más grande, somos asamblearios, el funcionamiento lo hacemos con personal voluntario ¿Sabes cuántos trabajadores participan de manera activa? Así ocurre que los que estamos nos vamos cansando y no vemos compañeros con intención de perder ninguna hora de su tiempo por intentar cambiar nada, todo son criticas a nuestro trabajo y "que hay de lo mío", poco mas.

Igual es que no ven que se este consiguiendo nada. Si de verdad habeis conseguidos cosas con vuestra labor, la cosa sería comunicar vuestros logros.

[Shaiapouf]

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Porque añadir la obligación de obtener un retorno de inversión al coste de un servicio abarata y mejora la calidad de ese servicio, según de ha visto en ninguna puta parte.... En especial cuando el beneficio tiene que crecer aunque no crezca el volumen de negocio, ingresas lo mismo (la gente es tan desconsiderada, que no se pone más enferma para pagar más por salud) pero les das una parte mayor a unos señores que no hacen nada.

Depende del cómo se implemente. Privatizar la prestación tiende a elevar los costes, sí, privatizar el seguro no, incluso puede reducir el coste y, añadido a ello, optimizar los recursos médicos reduciendo listas de espera.

O dicho de otra forma, cuando privatizas al prestador, estás llevando a la gestión privada (y por tanto, bajo la lógica de la rentabilidad) el trabajo de un hospital.

Los incentivos para hacer rentable al hospital van por reducir costes y elevar la ganancia.

Reducir los costes se puede lograr reduciendo en bruto salarios, gasto en insumos y mantención. De todas solo insumos y mantención pueden lograrse sin perjudicar el servicio. Pero normalmente la reducción es menor a la necesaria, por lo que -como ha ocurrido en España- la consecuencia directa es el empeoramiento de las condiciones laborales (menor remuneración por el mismo o más trabajo).

Aumentar la ganancia puede darse incrementando las ventas por hora, por ejemplo, o sea lo que ya dije, llevar a que el personal atienda a más pacientes en menos tiempo, más trabajo por la misma -o menor- remuneración.

También se puede dar ofertando un servicio más costoso a través de mejores habitaciones y un servicio más personalizado. Es lo que ocurre normalmente en el mercado privado de la salud, se enfoca en los sectores más adinerados, allí donde hay demanda. Ese fue el caso de Singapur hasta los 80.

O sea, privatizar un hospital, en el peor de los casos, significará que el personal trabajará más, por menos, y que el costo a los pacientes se incrementará.

Por otra parte si privatizo el servicio del aseguramiento puede ocurrir lo inverso. Esto porque los seguros lo que buscan es financiar el costo del servicio en el paciente mediante una cuota/prima que, calculada según la siniestralidad, les sea rentable. Todos ganan, los ciudadanos tienen la seguridad de atenderse sin preocuparse por grandes desembolsos de su bolsillo, y las empresas aseguradoras ganan un nicho de negocio, de hecho si este nicho crece la misma economía a escala puede incidir en la reducción del valor medio de las primas.

Privatizar en un 100% el servicio del aseguramiento puede generar un efecto contraproducente, pues siempre habrá un sector de la sociedad que NO tiene el dinero para asegurarse. Allí el papel del Estado es clave. Por otra parte es importante que el Estado tenga una participación para en el sector para evitar que los costes se disparen como ocurre en Estados Unidos (los hospitales suben los costos porque pagan las aseguradoras, las aseguradoras suben las primas porque pagan las empresas, y las empresas poca capacidad tienen para renegociar el seguro por lo que, o reducen prestaciones o las mantienen pagando).

Esto, sin mencionar que un sector privado fortalecido SIEMPRE es un colchón de refugio para el sector público cuando están colapsados. Pero si el seguro es único, público y obligatorio, relegando al privado a seguros complementarios (como en España o Portugal), postras al privado al complemento que solo a los que más tienen les vale.

Saludos.

La forma más eficiente de mejorar la rentabilidad de un seguro es denegando la prestación del servicio: mismas primas, menos gastos.

Ya una vez Gálvez explicó la diferencia crítica entre "eficiencia" y "eficacia". Lo que el ciudadano necesita es un servicio público eficaz, no eficiente. Ahora mismo arrecian las críticas a las dificultades para acceder a la administración por los sistemas de cita previa implementados con la COVID y que mantienen eficientemente lejos de la administración a los ciudadanos que no se manejan por internet, lo cual sin duda permite que los mismos menos funcionarios que quedan tras años de congelación de contrataciones hagan la cantidad extra de trabajo provocada por las medidas anticorrupción sin el estorbo de atender a tanto público.

Y nadie va a decir en público que el problema es que faltan trabajadores públicos que se pagan con impuestos y cuyos esfuerzos se derrochan por culpa de las ansias privadas y particulares de corromper lo público en pos del beneficio privado.

Cuando cada gestión ha de pasar por más manos y más ojos durante más tiempo para dificultar la corrupción, se reducen la eficiencia y la eficacia, y eso en España coincidió con la resaca de los recortes de austeridad.

Con más trabajo para menos gente, fijo que todas las administraciones van a ver con buenos ojos cualquier excusa para quitar de sobre sus empleados la atención al público, una tarea ingrata e improductiva.

Y el ciudadano, que pida cita previa al servicio de información del sistema de cita previa del departamento de quejas y lloros.

Dos cuestiones.

Primero, un seguro que se niegue a prestar un servicio simple y llanamente está incumpliendo un contrato. Si fuera así de simple, y el ganar dinero en el negocio de los seguros implicase solo negar su prestación porque así sale más barato.

De todas formas estuve buscando información sobre la totalidad de casos en Estados Unidos (mercado muy privatizado y en buena medida oligopolizado) de denegación de pago de beneficios y me encontré con este estudio que 1,4% de servicios denegados y un 0,68% de gastos denegados. Y, casi el 75% de estos se correspondían con estudios de laboratorio, en tanto, los servicios oncológicos se reducen a menos del 5% (esto es contrario a la idea generalizada de la sanidad estadounidense donde al cabo de ser diagnosticado con cáncer el seguro quiere romper el contrato contigo). Igualmente aquí se observa una tasa de denegación inferior al 1%.

De todas formas, además del dato agregado, también se debe sacar del total de denegaciones aquellas que sí se correspondan con cuestiones contractuales. Es lo que se hace en el primer estudio reduciendo la cifra.

Aclaro que he usado datos de Estados Unidos, un país donde este tipo de información no está unificada ni es pública, por lo que en transparencia y competencia todavía les falta, sin embargo queda claro que los seguros no ganan dinero negando la prestación del servicio, ya que esta representa una ínfima e insignificante parte del total de servicios que cubren. Y, buena parte de estas denegaciones son válidas.

De todas formas, ¿CÓMO DEFENDER AL CIUDADANO DE EMPRESAS QUE OFRECEN X Y TE VENDEN Z?

La experiencia nos dice que son dos las opciones.

La primera es un fortalecido departamento o instituto encargado de la defensa del consumidor, paciente o cliente.

La segunda, y más efectiva, es la misma competencia entre empresas. Y el problema cuando el mercado de seguros está desarrollado no es que te nieguen el pago, pues de volverse habitual los asegurados podrán optar por empresas más diligentes, el problema real se da cuando solo UN actor te ofrece el aseguramiento, y aquí... ¿a quién le reclamas cuando las listas de espera impiden que te operes y termines muriendo? Si el asegurador es único, poco puedes hacer.

Segundo, la seguridad social no puede ser solo eficaz. Nos puede molestar e incomodar, pero no vivimos en un mundo con recursos ilimitados, vivimos en un mundo con recursos limitados y por ello cualquier modelo adoptado debe incluir entre sus perspectivas la eficiencia. Máxime cuando estamos observando que el Estado de bienestar como se le concebía está haciendo aguas por todos lados.

Cierto es que siempre faltarán médicos, pero es que eso cabe dentro de la proposición «recursos limitados». No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que se incremente la cantidad de médicos a sabiendas que ello toma tiempo, el uso de médicos, enfermeras y personal asociado también debe de ser optimizado.

Si incluyo criterios como el copago, el cofinanciamiento público - privado, la libre elección del prestador, así como la libre elección del asegurador (con criterios como en Alemania), el acceso, uso y manejo del personal médico se optimiza. Que es lo que expuse en mi mensaje anterior.

Y es cierto, hay lugares donde la eficiencia no debe ser el mayor de los criterios, por ejemplo en el mismo hospital. Pero yo no quiero que las clases medias estén entre en la típica disyuntiva de pagar 0 € y esperar 3 semanas para que les den una cita, a pagar 300 € por X cantidad de visitas al privado. Si pudieran, por ejemplo, comprar un bono como ocurre en Chile podrían solo requerir de 1/3 o 1/4 de ese monto.

Yo por ejemplo aquí en Portugal (país con sist. Beveridge) me encuentro en esa disyuntiva.

• O bien debo acceder por el público y comerme con patatas 3 o 4 semanas de espera.
• O bien debo pagar un elevado precio por una simple visita médica.

En Chile con mi 8% a Fonasa podía escoger a prestadores privados mediante copago.

Saludos.

[Shaiapouf]

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¿Cómo incrementar el salario de los profesionales sin cargar con el Estado de bienestar más gasto?

Pues incentivando la oferta de trabajo privado.

Según El Independiente:

Los destinos más elegidos por los médicos que emigran son Francia, el Reino Unido, Irlanda, Suiza y Alemania. Fuera de Europa los más solicitados son Argentina y Emiratos Árabes Unidos.




Curiosamente mayoritariamente a países con sistema Bismarck.

Pero intenta convencer al electorado que no todas las privatizaciones son negativas, incluso en sanidad.

Porque añadir la obligación de obtener un retorno de inversión al coste de un servicio abarata y mejora la calidad de ese servicio, según de ha visto en ninguna puta parte.... En especial cuando el beneficio tiene que crecer aunque no crezca el volumen de negocio, ingresas lo mismo (la gente es tan desconsiderada, que no se pone más enferma para pagar más por salud) pero les das una parte mayor a unos señores que no hacen nada.

Depende del cómo se implemente. Privatizar la prestación tiende a elevar los costes, sí, privatizar el seguro no, incluso puede reducir el coste y, añadido a ello, optimizar los recursos médicos reduciendo listas de espera.

Te voy a poner un ejemplo típico y real de privatización de la sanidad de España. Empresas privadas gestionan departamentos de salud públicos completos, es decir, hospitales, centros de atención primaria y centros de especialidades y el funcionamiento real es mucho peor que en un público 100%, por ponerte un ejemplo de listas de espera reales, no estadísticas, en estos "privatizados":

- 9 meses para un TAC preferente de la cabeza por dolores recurrentes e invalidantes
- 1'5 años para una intervención de rodilla
- 1'2 años para pruebas diagnósticas tras extirpación de un quiste de esófago que derivó en cáncer
- 3 semanas para consulta con médico de cabecera por una reacción alérgica con inflamación del miembro superior derecho.
- 3 semanas para consulta de seguimiento post urgencia en medico de cabecera por hemorragia vaginal.

Falta personal sanitario porque en cuanto pueden se marchan de ahí, las urgencias las cubren recurriendo a la oficina de empleo porque ningún médico de plantilla las quiere hacer por cómo las pagan, las agendas son genéricas porque no pueden citarte siempre con el mismo médico ya que igual mañana ya no está así que la confianza médico-paciente es inexistente, el servicio de limpieza da pena y vergüenza... En estos departamentos de salud lo único que funciona correctamente es el SAIP (Servicio de Atención e Información al Paciente) y porque son funcionarias de la administración publica de salud. Eso sí, la empresa privada cobra una cantidad fija anual por cada paciente adscrito a ese departamento de salud (utilices o no el servicio) y pasa la factura al organismo publico a quien corresponda el pago por las asistencias que ha prestado. Así funciona en Valencia y en Madrid.

¿Podrias indicarme que beneficios, tanto sanitarios como economicos, obtiene el ciudadano de esta privatización de la sanidad? ¿Y los trabajadores?

Hola Kalea.

Justamente lo que yo defiendo es una privatización del mercado de seguros con cotización obligatoria y con limitaciones - restricciones por renta y edad.

Si bien creo que los hospitales y las clínicas deben optimizar el uso de sus recursos, no estoy a favor de la privatización de sus gestiones, que es el modelo adoptado por España.

Es más o menos lo que indico en el siguiente post así como en el link del post que citas.

Saludos.

[Shaiapouf]

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Varios juristas ven una «injerencia extranjera» en la campaña de CCOO pagada desde Suecia

Los expertos consultados argumentan que se trata de un caso claro pero difícilmente sancionable



Un caso de injerencia electoral extranjera, pero difícilmente sancionable bajo la legislación actual en España. Así definen diversos juristas consultados por THE OBJECTIVE la campaña en redes sociales desarrollada por Comisiones Obreras (CCOO) para movilizar el voto en las elecciones del pasado 23 de julio. Una iniciativa subvencionada por una organización sueca vinculada al magnate y filántropo George Soros y desvelada en exclusiva por este periódico.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) prohíbe que los partidos políticos puedan recibir en sus cuentas financiación procedente del extranjero durante una campaña electoral, pero no dice nada al respecto de sindicatos u organizaciones no gubernamentales. «Esto es dinero que viene del extranjero, pero eso sí, dirigido a un sindicato que no pertenece a ningún partido formalmente», señala Ibor Fernandes, doctor en Derecho Constitucional y profesor del Centro de Enseñanza Superior (CES) Cardenal Cisneros de la Complutense.

No obstante, según Fernandes, los mensajes confeccionados y difundidos por CCOO en sus redes sociales en el marco de la campaña #Vota23J y #MultiplicaTuVoto, al no haberse limitado a fomentar la participación electoral, sí podrían haber traspasado uno de los límites fijados por la LOREG en su artículo 50.5. n él se establece que «ninguna persona jurídica distinta» a los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones «podrá realizar campaña electoral a partir de la fecha de la convocatoria de las elecciones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20 de la Constitución», que reconoce y protege la libertad de expresión. La campaña de CCOO subvencionada por la Fundación por la Democracia y el Pluralismo, con sede en Bastad (Suecia), oficialmente tenía como único objetivo promover la participación electoral el 23-J.

Posible ilegalidad

Varios de los vídeos, carteles y eslóganes compartidos en las redes sociales del sindicato durante la campaña electoral ensalzaban las políticas del Gobierno de coalición y también aludían al auge de la «extrema derecha» como aliciente para movilizar el voto progresista el 23-J. Ahí es donde el profesor de Derecho Constitucional del CES Cardenal Cisneros cree que la campaña de CCOO, financiada desde Suecia, podría incurrir en una ilegalidad. «No se está promocionando solo el derecho a voto, porque las connotaciones de los anuncios dejan entrever sin duda una línea concreta», indica Ibor Fernandes.

Las connotaciones quedaron aún más claras dos días antes de las elecciones, cuando el secretario general de CCOO, Unai Sordo, firmó un artículo publicado por el diario El País junto a su homólogo de UGT, José Álvarez, pidiendo el voto para «opciones progresistas». El propio dirigente de CCOO compartió ese texto en su cuenta de Twitter con los dos hashtags de la campaña subvencionada desde Suecia por una fundación de Daniel Sachs, vicepresidente de la Open Society Foundation de George Soros.

La UE y las injerencias extranjeras

Javier Borrego, letrado del despacho Durán y Duran Abogados y exmagistrado del Tribunal Supremo, también define como un claro caso de injerencia extranjera la campaña de CCOO financiada por la fundación sueca vinculada a Soros. Recuerda que las directrices de la Unión Europea (UE) son claras en cuanto a la importancia de proteger la seguridad nacional y los procedimientos electorales frente a eventuales injerencias extranjeras. Y añade que en otros países como Francia, la legislación es más precisa. Así se demostró cuando, en el año 1999, la Comisión Electoral Francesa prohibió al PNV financiar en adelante las campañas municipales de su filial en el País Vasco francés al considerar que se incurría en «financiación ilegal» por ser fondos procedentes del extranjero.

Incluso expertos en Derecho Internacional a los que se cataloga como progresistas también consideran una injerencia extranjera la campaña desarrollada por CCOO el 23-J con fondos de una fundación sueca dirigida por el vicepresidente de la Open Society Foundations. Para el abogado Gonzalo Boye, las campañas financiadas desde el extranjero para fomentar el voto y promover la democracia pueden estar justificadas en el caso de países con poca experiencia democrática. Pero no en las elecciones de un estado miembro de la UE como es España.

«Creo que no es lo mismo financiar campañas en países que están saliendo de regímenes dictatoriales, donde es necesario fortalecer la participación ciudadana en los procesos electorales, que hacerlo en un país europeo donde no deja de ser una injerencia en la política interna», indica el abogado de, entre otros, del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. «No se pueden criticar unos tipos de injerencias y no hacerlo con otras», añade Boye.

Preocupación en Moncloa

En el Plan de Acción contra la desinformación de la UE y en el Plan de Acción para la Democracia Europea, de 2020, las autoridades comunitarias hacen hincapié en la importancia de hacer frente a «retos derivados del auge del extremismo, la injerencia electoral, la difusión de información manipuladora y las amenazas contra periodistas». Precisamente ante el temor a las campañas de desinformación procedentes de países extranjeros, especialmente de Rusia, el Gobierno de Pedro Sánchez promovió la creación en plena pandemia de un nuevo organismo encabezado por el director del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) de Moncloa, el general Miguel Ángel Ballesteros.

El objetivo de esta entidad sería el de perseguir campañas de desinformación financiadas del extranjero y combatir la proliferación de fake news, de ahí que acabase siendo bautizado como el Ministerio de la Verdad. La iniciativa acabaría diluyéndose tras el rechazo y las críticas de la oposición, hasta que en 2022 el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, anunció en su lugar la creación de un Foro contra las Campañas de Desinformación en el ámbito de la Seguridad Nacional, dirigido por Moncloa y presidido por el director del DSN.

Conformado por un total de 16 personas (10 expertos y seis altos cargos del Gobierno), el Foro contra las Campañas de Desinformación en el ámbito de la Seguridad Nacional de Moncloa se constituyó en octubre de 2022 y mantuvo su segunda reunión en diciembre del mismo año. El acta de su primera reunión constata que se aludió a «la preocupación que existe a nivel nacional y de la Unión Europea por las campañas de desinformación, principalmente cuando son utilizadas como herramienta de injerencia extranjera por actores estatales». Sin embargo, no se hizo referencia a posibles intromisiones externas en procesos electorales internos.

Moncloa se centra en las ‘fake news’

Este panel de especialistas contra la desinformación de Moncloa acordó hace ocho meses la creación de nueve grupos de trabajo que trazarán las líneas maestras de una estrategia nacional. Sin embargo, apenas uno de ellos tiene entre sus objetivos el análisis y la prevención de posibles intentos extranjeros de influir en periodos electorales, como podría ser el caso de la Open Society de Soros a través de una fundación sueca y otra dependiente de CCOO, la Fundació Cipriano García.

El resto de grupos de trabajo puestos en marcha por ese organismo dependiente de Moncloa se centran en debatir propuestas para perseguir campañas de desinformación desde el extranjero, tal y como adelantó el propio general Ballesteros en el Congreso, pero sin poner el foco en periodos electorales. Incluso uno de esos paneles de expertos se dedica exclusivamente al «estudio de la desinformación rusa a nivel internacional en el contexto de la invasión de Ucrania».

Propaganda participativa

El libro ‘Lucha contra las campañas de desinformación en el ámbito de la seguridad nacional: propuestas de la sociedad civil‘, elaborado por expertos de la sociedad civil a petición del DNS, sirve como guía en la materia para el panel de especialistas de Moncloa. En él se recuerda que la UE insta a colaborar con la nueva Comisión Especial del Parlamento Europeo sobre injerencias extranjeras en todos los procesos democráticos de la Unión Europea, en particular en el ámbito de la Desinformación.

En el mismo libro, de 300 páginas, se hace alusión al concepto de «propaganda participativa» como una de las estrategias de desinformación promovidas por entes extranjeros (estatales y no estatales) para influir en procesos electorales. Una táctica en la que podría tener cabida la campaña de CCOO, financiada por una fundación sueca vinculada a Soros, para movilizar el voto de izquierda el pasado 23-J ensalzando políticas del Gobierno (como la subida del salario mínimo o el incremento a 16 semanas del permiso de paternidad) y agitando el temor al auge de la extrema derecha.

«Las narrativas de las campañas de desinformación se diseñan en función de las audiencias para reforzar sus creencias y prejuicios o para cuestionar la percepción de los hechos o modificar opiniones. La ‘propaganda participativa’ (Rogers et al., 2019) hace que los destinatarios se sientan empoderados por la información que reciben y partícipes de una corriente de opinión dominante», indica el libro que sirve de guía para el DSN.

https://theobjective.com/espana/2023-08 ... 1En3ubAOrQ

Me lanzaré en un tema que más bien domino poco, así que acepto críticas.

Tengo entendido que en España el modelo sindical se caracteriza por tener una débil y baja tasa de sindicalización pero con una cobertura en las negociaciones colectivas bastante superior.

Es decir, si bien entre un 10 y 20% (no recuerdo la cifra exacta) está sindicalizado, los grandes sindicatos tienen el poder de negociar acuerdos con los empresarios que afectan/benefician a buena parte de los trabajadores a nivel estatal.

Vale.

Entiendo también que en otros países (como Alemania) los acuerdos y las negociaciones son más libres y no afectan al resto de los trabajadores.

Quizás estoy comiéndome detalles y estoy cometiendo algunos errores pero si es así, más o menos, la diferencia entre los sindicatos del modelo Latino (España, Italia, Portugal) con los sindicatos del resto de Europa puedo observar un grave problema.

El problema está en que se concentra un poder político en pocas manos.

No es que ese 10% de los trabajadores tenga poder sobre acuerdos que afectarán al 90% restante. Es la dirigencia de ese sindicato, que a lo sumo representará el 1% del total de trabajadores, la que tienen dicho poder.

Un 1% que puede depender del 10% en elecciones internas, pero que igualmente al ser elecciones TAN poco representativas son de fácil intervención, politización y manipulación.

Si no, no me explico esto:



La formación de sindicatos y uniones sindicales con una representación cuantitativa tan pequeña y cualitativa tan poderosa genera incentivos para este tipo de cuestiones.

¿Qué sentido tiene hablar de poder y lucha obrera cuando quienes realmente se representan en UGT y CC.OO son los políticos?

[Nowomowa]

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Varios juristas ven una «injerencia extranjera» en la campaña de CCOO pagada desde Suecia

Los expertos consultados argumentan que se trata de un caso claro pero difícilmente sancionable



Un caso de injerencia electoral extranjera, pero difícilmente sancionable bajo la legislación actual en España. Así definen diversos juristas consultados por THE OBJECTIVE la campaña en redes sociales desarrollada por Comisiones Obreras (CCOO) para movilizar el voto en las elecciones del pasado 23 de julio. Una iniciativa subvencionada por una organización sueca vinculada al magnate y filántropo George Soros y desvelada en exclusiva por este periódico.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) prohíbe que los partidos políticos puedan recibir en sus cuentas financiación procedente del extranjero durante una campaña electoral, pero no dice nada al respecto de sindicatos u organizaciones no gubernamentales. «Esto es dinero que viene del extranjero, pero eso sí, dirigido a un sindicato que no pertenece a ningún partido formalmente», señala Ibor Fernandes, doctor en Derecho Constitucional y profesor del Centro de Enseñanza Superior (CES) Cardenal Cisneros de la Complutense.

No obstante, según Fernandes, los mensajes confeccionados y difundidos por CCOO en sus redes sociales en el marco de la campaña #Vota23J y #MultiplicaTuVoto, al no haberse limitado a fomentar la participación electoral, sí podrían haber traspasado uno de los límites fijados por la LOREG en su artículo 50.5. n él se establece que «ninguna persona jurídica distinta» a los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones «podrá realizar campaña electoral a partir de la fecha de la convocatoria de las elecciones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20 de la Constitución», que reconoce y protege la libertad de expresión. La campaña de CCOO subvencionada por la Fundación por la Democracia y el Pluralismo, con sede en Bastad (Suecia), oficialmente tenía como único objetivo promover la participación electoral el 23-J.

Posible ilegalidad

Varios de los vídeos, carteles y eslóganes compartidos en las redes sociales del sindicato durante la campaña electoral ensalzaban las políticas del Gobierno de coalición y también aludían al auge de la «extrema derecha» como aliciente para movilizar el voto progresista el 23-J. Ahí es donde el profesor de Derecho Constitucional del CES Cardenal Cisneros cree que la campaña de CCOO, financiada desde Suecia, podría incurrir en una ilegalidad. «No se está promocionando solo el derecho a voto, porque las connotaciones de los anuncios dejan entrever sin duda una línea concreta», indica Ibor Fernandes.

Las connotaciones quedaron aún más claras dos días antes de las elecciones, cuando el secretario general de CCOO, Unai Sordo, firmó un artículo publicado por el diario El País junto a su homólogo de UGT, José Álvarez, pidiendo el voto para «opciones progresistas». El propio dirigente de CCOO compartió ese texto en su cuenta de Twitter con los dos hashtags de la campaña subvencionada desde Suecia por una fundación de Daniel Sachs, vicepresidente de la Open Society Foundation de George Soros.

La UE y las injerencias extranjeras

Javier Borrego, letrado del despacho Durán y Duran Abogados y exmagistrado del Tribunal Supremo, también define como un claro caso de injerencia extranjera la campaña de CCOO financiada por la fundación sueca vinculada a Soros. Recuerda que las directrices de la Unión Europea (UE) son claras en cuanto a la importancia de proteger la seguridad nacional y los procedimientos electorales frente a eventuales injerencias extranjeras. Y añade que en otros países como Francia, la legislación es más precisa. Así se demostró cuando, en el año 1999, la Comisión Electoral Francesa prohibió al PNV financiar en adelante las campañas municipales de su filial en el País Vasco francés al considerar que se incurría en «financiación ilegal» por ser fondos procedentes del extranjero.

Incluso expertos en Derecho Internacional a los que se cataloga como progresistas también consideran una injerencia extranjera la campaña desarrollada por CCOO el 23-J con fondos de una fundación sueca dirigida por el vicepresidente de la Open Society Foundations. Para el abogado Gonzalo Boye, las campañas financiadas desde el extranjero para fomentar el voto y promover la democracia pueden estar justificadas en el caso de países con poca experiencia democrática. Pero no en las elecciones de un estado miembro de la UE como es España.

«Creo que no es lo mismo financiar campañas en países que están saliendo de regímenes dictatoriales, donde es necesario fortalecer la participación ciudadana en los procesos electorales, que hacerlo en un país europeo donde no deja de ser una injerencia en la política interna», indica el abogado de, entre otros, del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. «No se pueden criticar unos tipos de injerencias y no hacerlo con otras», añade Boye.

Preocupación en Moncloa

En el Plan de Acción contra la desinformación de la UE y en el Plan de Acción para la Democracia Europea, de 2020, las autoridades comunitarias hacen hincapié en la importancia de hacer frente a «retos derivados del auge del extremismo, la injerencia electoral, la difusión de información manipuladora y las amenazas contra periodistas». Precisamente ante el temor a las campañas de desinformación procedentes de países extranjeros, especialmente de Rusia, el Gobierno de Pedro Sánchez promovió la creación en plena pandemia de un nuevo organismo encabezado por el director del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) de Moncloa, el general Miguel Ángel Ballesteros.

El objetivo de esta entidad sería el de perseguir campañas de desinformación financiadas del extranjero y combatir la proliferación de fake news, de ahí que acabase siendo bautizado como el Ministerio de la Verdad. La iniciativa acabaría diluyéndose tras el rechazo y las críticas de la oposición, hasta que en 2022 el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, anunció en su lugar la creación de un Foro contra las Campañas de Desinformación en el ámbito de la Seguridad Nacional, dirigido por Moncloa y presidido por el director del DSN.

Conformado por un total de 16 personas (10 expertos y seis altos cargos del Gobierno), el Foro contra las Campañas de Desinformación en el ámbito de la Seguridad Nacional de Moncloa se constituyó en octubre de 2022 y mantuvo su segunda reunión en diciembre del mismo año. El acta de su primera reunión constata que se aludió a «la preocupación que existe a nivel nacional y de la Unión Europea por las campañas de desinformación, principalmente cuando son utilizadas como herramienta de injerencia extranjera por actores estatales». Sin embargo, no se hizo referencia a posibles intromisiones externas en procesos electorales internos.

Moncloa se centra en las ‘fake news’

Este panel de especialistas contra la desinformación de Moncloa acordó hace ocho meses la creación de nueve grupos de trabajo que trazarán las líneas maestras de una estrategia nacional. Sin embargo, apenas uno de ellos tiene entre sus objetivos el análisis y la prevención de posibles intentos extranjeros de influir en periodos electorales, como podría ser el caso de la Open Society de Soros a través de una fundación sueca y otra dependiente de CCOO, la Fundació Cipriano García.

El resto de grupos de trabajo puestos en marcha por ese organismo dependiente de Moncloa se centran en debatir propuestas para perseguir campañas de desinformación desde el extranjero, tal y como adelantó el propio general Ballesteros en el Congreso, pero sin poner el foco en periodos electorales. Incluso uno de esos paneles de expertos se dedica exclusivamente al «estudio de la desinformación rusa a nivel internacional en el contexto de la invasión de Ucrania».

Propaganda participativa

El libro ‘Lucha contra las campañas de desinformación en el ámbito de la seguridad nacional: propuestas de la sociedad civil‘, elaborado por expertos de la sociedad civil a petición del DNS, sirve como guía en la materia para el panel de especialistas de Moncloa. En él se recuerda que la UE insta a colaborar con la nueva Comisión Especial del Parlamento Europeo sobre injerencias extranjeras en todos los procesos democráticos de la Unión Europea, en particular en el ámbito de la Desinformación.

En el mismo libro, de 300 páginas, se hace alusión al concepto de «propaganda participativa» como una de las estrategias de desinformación promovidas por entes extranjeros (estatales y no estatales) para influir en procesos electorales. Una táctica en la que podría tener cabida la campaña de CCOO, financiada por una fundación sueca vinculada a Soros, para movilizar el voto de izquierda el pasado 23-J ensalzando políticas del Gobierno (como la subida del salario mínimo o el incremento a 16 semanas del permiso de paternidad) y agitando el temor al auge de la extrema derecha.

«Las narrativas de las campañas de desinformación se diseñan en función de las audiencias para reforzar sus creencias y prejuicios o para cuestionar la percepción de los hechos o modificar opiniones. La ‘propaganda participativa’ (Rogers et al., 2019) hace que los destinatarios se sientan empoderados por la información que reciben y partícipes de una corriente de opinión dominante», indica el libro que sirve de guía para el DSN.

https://theobjective.com/espana/2023-08 ... 1En3ubAOrQ

Como suelo decir, a menudo media verdad es una mentira completa. Luego cuando esté en el ordenador y pueda copiar, pegar y citar con un mínimo de agilidad veremos qué es lo que no dice la fuente de José sin que José se entere.

Spoiler: en campaña electoral solo pueden captar sufragios quienes se presentan para ser sufragados, o sea , yo no puedo pedir votos para mí si yo no soy candidato. Y encima sin perjuicio del artículo 20 de la Constitución, o sea, puedo pedir como ciudadano particular que se vote a X. Pero claro, eso José ya lo sabe...

[SABELA]

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Porque añadir la obligación de obtener un retorno de inversión al coste de un servicio abarata y mejora la calidad de ese servicio, según de ha visto en ninguna puta parte.... En especial cuando el beneficio tiene que crecer aunque no crezca el volumen de negocio, ingresas lo mismo (la gente es tan desconsiderada, que no se pone más enferma para pagar más por salud) pero les das una parte mayor a unos señores que no hacen nada.

Depende del cómo se implemente. Privatizar la prestación tiende a elevar los costes, sí, privatizar el seguro no, incluso puede reducir el coste y, añadido a ello, optimizar los recursos médicos reduciendo listas de espera.

Te voy a poner un ejemplo típico y real de privatización de la sanidad de España. Empresas privadas gestionan departamentos de salud públicos completos, es decir, hospitales, centros de atención primaria y centros de especialidades y el funcionamiento real es mucho peor que en un público 100%, por ponerte un ejemplo de listas de espera reales, no estadísticas, en estos "privatizados":

- 9 meses para un TAC preferente de la cabeza por dolores recurrentes e invalidantes
- 1'5 años para una intervención de rodilla
- 1'2 años para pruebas diagnósticas tras extirpación de un quiste de esófago que derivó en cáncer
- 3 semanas para consulta con médico de cabecera por una reacción alérgica con inflamación del miembro superior derecho.
- 3 semanas para consulta de seguimiento post urgencia en medico de cabecera por hemorragia vaginal.

Falta personal sanitario porque en cuanto pueden se marchan de ahí, las urgencias las cubren recurriendo a la oficina de empleo porque ningún médico de plantilla las quiere hacer por cómo las pagan, las agendas son genéricas porque no pueden citarte siempre con el mismo médico ya que igual mañana ya no está así que la confianza médico-paciente es inexistente, el servicio de limpieza da pena y vergüenza... En estos departamentos de salud lo único que funciona correctamente es el SAIP (Servicio de Atención e Información al Paciente) y porque son funcionarias de la administración publica de salud. Eso sí, la empresa privada cobra una cantidad fija anual por cada paciente adscrito a ese departamento de salud (utilices o no el servicio) y pasa la factura al organismo publico a quien corresponda el pago por las asistencias que ha prestado. Así funciona en Valencia y en Madrid.

¿Podrias indicarme que beneficios, tanto sanitarios como economicos, obtiene el ciudadano de esta privatización de la sanidad? ¿Y los trabajadores?

Hola Kalea.

Justamente lo que yo defiendo es una privatización del mercado de seguros con cotización obligatoria y con limitaciones - restricciones por renta y edad.

Si bien creo que los hospitales y las clínicas deben optimizar el uso de sus recursos, no estoy a favor de la privatización de sus gestiones, que es el modelo adoptado por España.

Es más o menos lo que indico en el siguiente post así como en el link del post que citas.

Saludos.

Hola. Por curiosidad :
¿ Se le puede llamar sanidad universal a lo que describes de Chile?
En España creo que antes se detraía una parte del salario de los trabajadores para la prestación sanitaria y no sé si incluía también al cónyuge e hijos
Desde 1989 la sanidad en España es universal y se sostiene con impuestos ( bueno creo que hubo ciertas restricciones a inmigrantes en tiempos de Rajoy que quedaron derogadas) aunque al estar las competencias sanitarias transferidas no hay igualdad entre comunidades( lo que no quiere decir que de no existir el sistema autonómico los mejores hospitales no estuvieran también en las grandes ciudades)
¿ A qué tipo de sanidad tienen derecho los que no trabajan o no pueden renunciar a ese 7 - 8 % de su salario por ser muy exiguo ?

[Shaiapouf]

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Depende del cómo se implemente. Privatizar la prestación tiende a elevar los costes, sí, privatizar el seguro no, incluso puede reducir el coste y, añadido a ello, optimizar los recursos médicos reduciendo listas de espera.

Te voy a poner un ejemplo típico y real de privatización de la sanidad de España. Empresas privadas gestionan departamentos de salud públicos completos, es decir, hospitales, centros de atención primaria y centros de especialidades y el funcionamiento real es mucho peor que en un público 100%, por ponerte un ejemplo de listas de espera reales, no estadísticas, en estos "privatizados":

- 9 meses para un TAC preferente de la cabeza por dolores recurrentes e invalidantes
- 1'5 años para una intervención de rodilla
- 1'2 años para pruebas diagnósticas tras extirpación de un quiste de esófago que derivó en cáncer
- 3 semanas para consulta con médico de cabecera por una reacción alérgica con inflamación del miembro superior derecho.
- 3 semanas para consulta de seguimiento post urgencia en medico de cabecera por hemorragia vaginal.

Falta personal sanitario porque en cuanto pueden se marchan de ahí, las urgencias las cubren recurriendo a la oficina de empleo porque ningún médico de plantilla las quiere hacer por cómo las pagan, las agendas son genéricas porque no pueden citarte siempre con el mismo médico ya que igual mañana ya no está así que la confianza médico-paciente es inexistente, el servicio de limpieza da pena y vergüenza... En estos departamentos de salud lo único que funciona correctamente es el SAIP (Servicio de Atención e Información al Paciente) y porque son funcionarias de la administración publica de salud. Eso sí, la empresa privada cobra una cantidad fija anual por cada paciente adscrito a ese departamento de salud (utilices o no el servicio) y pasa la factura al organismo publico a quien corresponda el pago por las asistencias que ha prestado. Así funciona en Valencia y en Madrid.

¿Podrias indicarme que beneficios, tanto sanitarios como economicos, obtiene el ciudadano de esta privatización de la sanidad? ¿Y los trabajadores?

Hola Kalea.

Justamente lo que yo defiendo es una privatización del mercado de seguros con cotización obligatoria y con limitaciones - restricciones por renta y edad.

Si bien creo que los hospitales y las clínicas deben optimizar el uso de sus recursos, no estoy a favor de la privatización de sus gestiones, que es el modelo adoptado por España.

Es más o menos lo que indico en el siguiente post así como en el link del post que citas.

Saludos.

Hola. Por curiosidad :
¿ Se le puede llamar sanidad universal a lo que describes de Chile?
En España creo que antes se detraía una parte del salario de los trabajadores para la prestación sanitaria y no sé si incluía también al cónyuge e hijos
Desde 1989 la sanidad en España es universal y se sostiene con impuestos ( bueno creo que hubo ciertas restricciones a inmigrantes en tiempos de Rajoy que quedaron derogadas) aunque al estar las competencias sanitarias transferidas no hay igualdad entre comunidades( lo que no quiere decir que de no existir el sistema autonómico los mejores hospitales no estuvieran también en las grandes ciudades)
¿ A qué tipo de sanidad tienen derecho los que no trabajan o no pueden renunciar a ese 7 - 8 % de su salario por ser muy exiguo ?

Es universal. Nadie está excluido, ni los inmigrantes irregulares.

El gran problema de las Isapre (aseguradoras privadas) es que elevaron durante años el precio de las primas según edad del cotizante, lo que lógicamente llevó a que los mayores tendieran a migrar al servicio público. Grave error.

Yo, hombre joven de 20 años (no los tengo, estoy suponiendo) cotizo en Isapre (privado) mi 7% de salud y me ofrecen X cantidad de prestaciones convenientes para mi edad.

Sin embargo, cuando cumplo 60 es tan cara la cotización que ya no alcanza con mi 7%, por lo que optaré por el público.

¿Qué ocurrió en 40 años?

Que pagué por un servicio que no usé, o usé muy poco.

Allí faltó una estricta regulación.

Prefiero que se prohíba o se restrinja bastante el incremento de las primas según edad cargando a los jóvenes. Evidentemente los jóvenes debieran de pagar primas más elevadas, pero ¿por qué no? Es sincerar las cifras. No tiene sentido que yo pague 10 para consumir 0, y, cuando necesite consumir 10 me estén cobrando 40.

Saludos.

[Nowomowa]

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Varios juristas ven una «injerencia extranjera» en la campaña de CCOO pagada desde Suecia

Los expertos consultados argumentan que se trata de un caso claro pero difícilmente sancionable



Un caso de injerencia electoral extranjera, pero difícilmente sancionable bajo la legislación actual en España. Así definen diversos juristas consultados por THE OBJECTIVE la campaña en redes sociales desarrollada por Comisiones Obreras (CCOO) para movilizar el voto en las elecciones del pasado 23 de julio. Una iniciativa subvencionada por una organización sueca vinculada al magnate y filántropo George Soros y desvelada en exclusiva por este periódico.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) prohíbe que los partidos políticos puedan recibir en sus cuentas financiación procedente del extranjero durante una campaña electoral, pero no dice nada al respecto de sindicatos u organizaciones no gubernamentales. «Esto es dinero que viene del extranjero, pero eso sí, dirigido a un sindicato que no pertenece a ningún partido formalmente», señala Ibor Fernandes, doctor en Derecho Constitucional y profesor del Centro de Enseñanza Superior (CES) Cardenal Cisneros de la Complutense.

No obstante, según Fernandes, los mensajes confeccionados y difundidos por CCOO en sus redes sociales en el marco de la campaña #Vota23J y #MultiplicaTuVoto, al no haberse limitado a fomentar la participación electoral, sí podrían haber traspasado uno de los límites fijados por la LOREG en su artículo 50.5. n él se establece que «ninguna persona jurídica distinta» a los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones «podrá realizar campaña electoral a partir de la fecha de la convocatoria de las elecciones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20 de la Constitución», que reconoce y protege la libertad de expresión. La campaña de CCOO subvencionada por la Fundación por la Democracia y el Pluralismo, con sede en Bastad (Suecia), oficialmente tenía como único objetivo promover la participación electoral el 23-J.

Posible ilegalidad

Varios de los vídeos, carteles y eslóganes compartidos en las redes sociales del sindicato durante la campaña electoral ensalzaban las políticas del Gobierno de coalición y también aludían al auge de la «extrema derecha» como aliciente para movilizar el voto progresista el 23-J. Ahí es donde el profesor de Derecho Constitucional del CES Cardenal Cisneros cree que la campaña de CCOO, financiada desde Suecia, podría incurrir en una ilegalidad. «No se está promocionando solo el derecho a voto, porque las connotaciones de los anuncios dejan entrever sin duda una línea concreta», indica Ibor Fernandes.

Las connotaciones quedaron aún más claras dos días antes de las elecciones, cuando el secretario general de CCOO, Unai Sordo, firmó un artículo publicado por el diario El País junto a su homólogo de UGT, José Álvarez, pidiendo el voto para «opciones progresistas». El propio dirigente de CCOO compartió ese texto en su cuenta de Twitter con los dos hashtags de la campaña subvencionada desde Suecia por una fundación de Daniel Sachs, vicepresidente de la Open Society Foundation de George Soros.

La UE y las injerencias extranjeras

Javier Borrego, letrado del despacho Durán y Duran Abogados y exmagistrado del Tribunal Supremo, también define como un claro caso de injerencia extranjera la campaña de CCOO financiada por la fundación sueca vinculada a Soros. Recuerda que las directrices de la Unión Europea (UE) son claras en cuanto a la importancia de proteger la seguridad nacional y los procedimientos electorales frente a eventuales injerencias extranjeras. Y añade que en otros países como Francia, la legislación es más precisa. Así se demostró cuando, en el año 1999, la Comisión Electoral Francesa prohibió al PNV financiar en adelante las campañas municipales de su filial en el País Vasco francés al considerar que se incurría en «financiación ilegal» por ser fondos procedentes del extranjero.

Incluso expertos en Derecho Internacional a los que se cataloga como progresistas también consideran una injerencia extranjera la campaña desarrollada por CCOO el 23-J con fondos de una fundación sueca dirigida por el vicepresidente de la Open Society Foundations. Para el abogado Gonzalo Boye, las campañas financiadas desde el extranjero para fomentar el voto y promover la democracia pueden estar justificadas en el caso de países con poca experiencia democrática. Pero no en las elecciones de un estado miembro de la UE como es España.

«Creo que no es lo mismo financiar campañas en países que están saliendo de regímenes dictatoriales, donde es necesario fortalecer la participación ciudadana en los procesos electorales, que hacerlo en un país europeo donde no deja de ser una injerencia en la política interna», indica el abogado de, entre otros, del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. «No se pueden criticar unos tipos de injerencias y no hacerlo con otras», añade Boye.

Preocupación en Moncloa

En el Plan de Acción contra la desinformación de la UE y en el Plan de Acción para la Democracia Europea, de 2020, las autoridades comunitarias hacen hincapié en la importancia de hacer frente a «retos derivados del auge del extremismo, la injerencia electoral, la difusión de información manipuladora y las amenazas contra periodistas». Precisamente ante el temor a las campañas de desinformación procedentes de países extranjeros, especialmente de Rusia, el Gobierno de Pedro Sánchez promovió la creación en plena pandemia de un nuevo organismo encabezado por el director del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) de Moncloa, el general Miguel Ángel Ballesteros.

El objetivo de esta entidad sería el de perseguir campañas de desinformación financiadas del extranjero y combatir la proliferación de fake news, de ahí que acabase siendo bautizado como el Ministerio de la Verdad. La iniciativa acabaría diluyéndose tras el rechazo y las críticas de la oposición, hasta que en 2022 el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, anunció en su lugar la creación de un Foro contra las Campañas de Desinformación en el ámbito de la Seguridad Nacional, dirigido por Moncloa y presidido por el director del DSN.

Conformado por un total de 16 personas (10 expertos y seis altos cargos del Gobierno), el Foro contra las Campañas de Desinformación en el ámbito de la Seguridad Nacional de Moncloa se constituyó en octubre de 2022 y mantuvo su segunda reunión en diciembre del mismo año. El acta de su primera reunión constata que se aludió a «la preocupación que existe a nivel nacional y de la Unión Europea por las campañas de desinformación, principalmente cuando son utilizadas como herramienta de injerencia extranjera por actores estatales». Sin embargo, no se hizo referencia a posibles intromisiones externas en procesos electorales internos.

Moncloa se centra en las ‘fake news’

Este panel de especialistas contra la desinformación de Moncloa acordó hace ocho meses la creación de nueve grupos de trabajo que trazarán las líneas maestras de una estrategia nacional. Sin embargo, apenas uno de ellos tiene entre sus objetivos el análisis y la prevención de posibles intentos extranjeros de influir en periodos electorales, como podría ser el caso de la Open Society de Soros a través de una fundación sueca y otra dependiente de CCOO, la Fundació Cipriano García.

El resto de grupos de trabajo puestos en marcha por ese organismo dependiente de Moncloa se centran en debatir propuestas para perseguir campañas de desinformación desde el extranjero, tal y como adelantó el propio general Ballesteros en el Congreso, pero sin poner el foco en periodos electorales. Incluso uno de esos paneles de expertos se dedica exclusivamente al «estudio de la desinformación rusa a nivel internacional en el contexto de la invasión de Ucrania».

Propaganda participativa

El libro ‘Lucha contra las campañas de desinformación en el ámbito de la seguridad nacional: propuestas de la sociedad civil‘, elaborado por expertos de la sociedad civil a petición del DNS, sirve como guía en la materia para el panel de especialistas de Moncloa. En él se recuerda que la UE insta a colaborar con la nueva Comisión Especial del Parlamento Europeo sobre injerencias extranjeras en todos los procesos democráticos de la Unión Europea, en particular en el ámbito de la Desinformación.

En el mismo libro, de 300 páginas, se hace alusión al concepto de «propaganda participativa» como una de las estrategias de desinformación promovidas por entes extranjeros (estatales y no estatales) para influir en procesos electorales. Una táctica en la que podría tener cabida la campaña de CCOO, financiada por una fundación sueca vinculada a Soros, para movilizar el voto de izquierda el pasado 23-J ensalzando políticas del Gobierno (como la subida del salario mínimo o el incremento a 16 semanas del permiso de paternidad) y agitando el temor al auge de la extrema derecha.

«Las narrativas de las campañas de desinformación se diseñan en función de las audiencias para reforzar sus creencias y prejuicios o para cuestionar la percepción de los hechos o modificar opiniones. La ‘propaganda participativa’ (Rogers et al., 2019) hace que los destinatarios se sientan empoderados por la información que reciben y partícipes de una corriente de opinión dominante», indica el libro que sirve de guía para el DSN.

https://theobjective.com/espana/2023-08 ... 1En3ubAOrQ

Vamso con ello. Esto es la media verdad = mentira completa de thatsubjectiveshit.crap:

"No obstante, según Fernandes, los mensajes confeccionados y difundidos por CCOO en sus redes sociales en el marco de la campaña #Vota23J y #MultiplicaTuVoto, al no haberse limitado a fomentar la participación electoral, sí podrían haber traspasado uno de los límites fijados por la LOREG en su artículo 50.5. n él se establece que «ninguna persona jurídica distinta» a los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones «podrá realizar campaña electoral a partir de la fecha de la convocatoria de las elecciones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20 de la Constitución», que reconoce y protege la libertad de expresión."

¿Qué es lo que están escondiento tras los entrecomillados? Veamos el artículo 50.5 completo:

http://www.juntaelectoralcentral.es/cs/ ... /contenido

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SECCIÓN 4.ª

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA CAMPAÑA ELECTORAL
Artículo 50

1. Los poderes públicos que en virtud de su competencia legal hayan convocado un proceso electoral pueden realizar durante el período electoral una campaña de carácter institucional destinada a informar a los ciudadanos sobre la fecha de la votación, el procedimiento para votar y los requisitos y trámite del voto por correo, sin influir, en ningún caso, en la orientación del voto de los electores. Esta publicidad institucional se realizará en espacios gratuitos de los medios de comunicación social de titularidad pública del ámbito territorial correspondiente al proceso electoral de que se trate, suficientes para alcanzar los objetivos de esta campaña.

2. Desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones.

3. Asimismo, durante el mismo período queda prohibido realizar cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos o proyectos de éstos, cualquiera que sea la denominación utilizada, sin perjuicio de que dichas obras o servicios puedan entrar en funcionamiento en dicho periodo.

4. Se entiende por campaña electoral, a efectos de esta Ley, el conjunto de actividades lícitas llevadas a cabo por los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones en orden a la captación de sufragios.

5. Salvo lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, ninguna persona jurídica distinta de las mencionadas en el apartado anterior podrá realizar campaña electoral a partir de la fecha de la convocatoria de las elecciones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20 de la Constitución.

¿Qué es la "campaña electoral"?

"Se entiende por campaña electoral, a efectos de esta Ley, el conjunto de actividades lícitas llevadas a cabo por los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones en orden a la captación de sufragios."

La palabra clave es captación. La persona que hace campaña electoral está captando sufragios, es decir, busca que le voten a él. Lo que dice esta ley es que una vez convocadas las elecciones, sólo las organizaciones que pueden presentar candidaturas pueden pedir que les voten a ellas (captar sufragios).

Yo, que no soy candidato, no puedo pedir que me voten tras la convocatoria de las elecciones, pero el artículo 20 me permite a mí (o a Ce Ce O O, o a Jeff Bezos) pedir que se vote a X, "sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20 de la Constitución". Lo que no puede hacer CCOO es pedir que les voten a ellos, porque eso sería hacer campaña electoral y sólo pueden hacerla "candidatos, partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones."

Y todo esto sin meternos en detalles sangrientos como el potencial de captación de voto de la campaña (es decir, ¿cuánta gente habría votado lo que sugería Ce Ce O O, basado en la audiencia de la campaña y en los índices de conversión de las acciones promocionales online? ¿Es esa cifra una cantidad relevante para el resultado electoral? ¿Es más o menos relevante que la negativa de la JEC de revisar los 30.000 votos nulos de la CAM?)

Ahora vendrá José que se ha tragado sin pensar tres platos de la misma mierda a decirnos que si le da la razón, entonces no es manipulación y además es verdad y que tonto quien no se lo crea. Cuando le han mentido a la cara y basta con simplemente leer lo que NO han entrecomillado la tropa de TO para ver que algo huele mal en todo el argumento, con o sin apelación a la autoridad de fuentes anónimas.

[SABELA]

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¿Cómo incrementar el salario de los profesionales sin cargar con el Estado de bienestar más gasto?

Pues incentivando la oferta de trabajo privado.

Según El Independiente:

Los destinos más elegidos por los médicos que emigran son Francia, el Reino Unido, Irlanda, Suiza y Alemania. Fuera de Europa los más solicitados son Argentina y Emiratos Árabes Unidos.




Curiosamente mayoritariamente a países con sistema Bismarck.

Pero intenta convencer al electorado que no todas las privatizaciones son negativas, incluso en sanidad.

Porque añadir la obligación de obtener un retorno de inversión al coste de un servicio abarata y mejora la calidad de ese servicio, según de ha visto en ninguna puta parte.... En especial cuando el beneficio tiene que crecer aunque no crezca el volumen de negocio, ingresas lo mismo (la gente es tan desconsiderada, que no se pone más enferma para pagar más por salud) pero les das una parte mayor a unos señores que no hacen nada.

Depende del cómo se implemente. Privatizar la prestación tiende a elevar los costes, sí, privatizar el seguro no, incluso puede reducir el coste y, añadido a ello, optimizar los recursos médicos reduciendo listas de espera.

Te voy a poner un ejemplo típico y real de privatización de la sanidad de España. Empresas privadas gestionan departamentos de salud públicos completos, es decir, hospitales, centros de atención primaria y centros de especialidades y el funcionamiento real es mucho peor que en un público 100%, por ponerte un ejemplo de listas de espera reales, no estadísticas, en estos "privatizados":

- 9 meses para un TAC preferente de la cabeza por dolores recurrentes e invalidantes
- 1'5 años para una intervención de rodilla
- 1'2 años para pruebas diagnósticas tras extirpación de un quiste de esófago que derivó en cáncer
- 3 semanas para consulta con médico de cabecera por una reacción alérgica con inflamación del miembro superior derecho.
- 3 semanas para consulta de seguimiento post urgencia en medico de cabecera por hemorragia vaginal.

Falta personal sanitario porque en cuanto pueden se marchan de ahí, las urgencias las cubren recurriendo a la oficina de empleo porque ningún médico de plantilla las quiere hacer por cómo las pagan, las agendas son genéricas porque no pueden citarte siempre con el mismo médico ya que igual mañana ya no está así que la confianza médico-paciente es inexistente, el servicio de limpieza da pena y vergüenza... En estos departamentos de salud lo único que funciona correctamente es el SAIP (Servicio de Atención e Información al Paciente) y porque son funcionarias de la administración publica de salud. Eso sí, la empresa privada cobra una cantidad fija anual por cada paciente adscrito a ese departamento de salud (utilices o no el servicio) y pasa la factura al organismo publico a quien corresponda el pago por las asistencias que ha prestado. Así funciona en Valencia y en Madrid.

¿Podrias indicarme que beneficios, tanto sanitarios como economicos, obtiene el ciudadano de esta privatización de la sanidad? ¿Y los trabajadores?

Pues mira
https://www.eldiario.es/comunitat-valen ... 37351.html

[Nowomowa]

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Porque añadir la obligación de obtener un retorno de inversión al coste de un servicio abarata y mejora la calidad de ese servicio, según de ha visto en ninguna puta parte.... En especial cuando el beneficio tiene que crecer aunque no crezca el volumen de negocio, ingresas lo mismo (la gente es tan desconsiderada, que no se pone más enferma para pagar más por salud) pero les das una parte mayor a unos señores que no hacen nada.

Depende del cómo se implemente. Privatizar la prestación tiende a elevar los costes, sí, privatizar el seguro no, incluso puede reducir el coste y, añadido a ello, optimizar los recursos médicos reduciendo listas de espera.

Te voy a poner un ejemplo típico y real de privatización de la sanidad de España. Empresas privadas gestionan departamentos de salud públicos completos, es decir, hospitales, centros de atención primaria y centros de especialidades y el funcionamiento real es mucho peor que en un público 100%, por ponerte un ejemplo de listas de espera reales, no estadísticas, en estos "privatizados":

- 9 meses para un TAC preferente de la cabeza por dolores recurrentes e invalidantes
- 1'5 años para una intervención de rodilla
- 1'2 años para pruebas diagnósticas tras extirpación de un quiste de esófago que derivó en cáncer
- 3 semanas para consulta con médico de cabecera por una reacción alérgica con inflamación del miembro superior derecho.
- 3 semanas para consulta de seguimiento post urgencia en medico de cabecera por hemorragia vaginal.

Falta personal sanitario porque en cuanto pueden se marchan de ahí, las urgencias las cubren recurriendo a la oficina de empleo porque ningún médico de plantilla las quiere hacer por cómo las pagan, las agendas son genéricas porque no pueden citarte siempre con el mismo médico ya que igual mañana ya no está así que la confianza médico-paciente es inexistente, el servicio de limpieza da pena y vergüenza... En estos departamentos de salud lo único que funciona correctamente es el SAIP (Servicio de Atención e Información al Paciente) y porque son funcionarias de la administración publica de salud. Eso sí, la empresa privada cobra una cantidad fija anual por cada paciente adscrito a ese departamento de salud (utilices o no el servicio) y pasa la factura al organismo publico a quien corresponda el pago por las asistencias que ha prestado. Así funciona en Valencia y en Madrid.

¿Podrias indicarme que beneficios, tanto sanitarios como economicos, obtiene el ciudadano de esta privatización de la sanidad? ¿Y los trabajadores?

Pues mira
https://www.eldiario.es/comunitat-valen ... 37351.html

Disfruten lo votado...

[Regshoe]

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Claro, las decenas de miles que salen cada año de España en búsqueda de mejores oportunidades en países como Alemania, Reino Unido o -quién lo iba a pensar- Portugal, son zánganos.

Hablábamos de YouTubers, no de trabajadores.