El Ministerio de Fomento ha manifestado su “condena” a las actuaciones de “bajo rendimiento” que están manteniendo los estibadores en algunos puertos según, asegura, han comunicado a este Departamento las empresas que operan en estas instalaciones.
En un comunicado, el Ministerio que dirige Íñigo de la Serna realizó un llamamiento al diálogo para lograr un acuerdo sobre la reforma del sector que el Consejo de Ministros aprueba este viernes y contra la que los estibadores tienen convocada una huelga para la próxima semana.
De hecho, el comunicado se lanza horas antes de que mañana martes Fomento, sindicatos y patronal de la estiba retomen la negociación.
”El Ministerio de Fomento continúa abierto al diálogo y la negociación en aras de alcanzar un acuerdo en torno a la regulación de la estiba, al tiempo que apela a la responsabilidad, ya que esta reforma responde al cumplimiento obligado de una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE”, recuerda Fomento.
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Fomento condena las acciones de “bajo rendimiento” de los estibadores, que niegan una huelga encubiert
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Re: Fomento condena las acciones de “bajo rendimiento” de los estibadores, que niegan una huelga encubiert
LA ESTIBA, UN CLARO CASO DE DEJACIÓN POR PARTE DEL ESTADO.
La igualdad ante la ley, es un principio considerado esencial de la democracia. Reconocido tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos como en la Constitución Española de 1978. ¿Pero son todas las personas iguales ante la Ley? Da la impresión de que no. Por un lado, es evidente, que la Justicia no trata de forma igual a ricos y pobres, de ahí que haya abogados que tienen muy altos honorarios porque garantizan a sus defendidos un mejor trato por parte de los órganos del Estado encargados del administrar justicia. Además, en algunos Estados, cuya democracia es de baja calidad, como es el caso de España, el Poder Judicial es utilizado por las elites dirigentes como un instrumento con el que ejercer represión contra ciudadanos pertenecientes a sectores más desfavorecidos de la sociedad, con los que tienen algún tipo de conflicto de interés o a los que simplemente desean someter. Por otro lado, es conocido que determinadas situaciones, que representan la vulneración de las leyes vigentes, se producen porque hay una clara dejación por parte del Estado, surgiendo un Estado fallido, que dependiendo de a quien, le obliga o no a cumplir legislación vigente.
Algunos dirigentes políticos, famosos, y personalidades en general, personas muy conocidas de la sociedad española, logran defraudar a Hacienda. Grandes empresas logran durante años maquillar sus cuentas anuales, perjudicando así a terceros. O lo que está ocurriendo con el sector de los estibadores, son claros ejemplos de que se ha producido dejación por parte del Estado en sus obligación de garantizar que las leyes se aplican por igual a todos los ciudadanos. Permitiendo así que personas o sus empresas realizaran sus actividades al margen de la ley. Por ejemplo, es inconcebible que un ex vicepresidente del Gobierno y ex ministro de Hacienda, Rodrigo Rato, lograra defraudar a Hacienda sin que hubiera una cierta complicidad desde dentro del Estado. Por ejemplo, es inconcebible, impensable, imposible, que una entidad como Bankia pudiera salir a bolsa con unas cuentas maquilladas sin una cierta connivencia, dejación, por parte del Estado, en concreto de los órganos encargados de supervisar su actividad, en concreto del Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores. Evidencia, que ha tenido que acabar por aceptar la Audiencia Nacional, imputando al ex gobernador del Banco de España, Fernández Ordoñez y al ex presidente y ex vicepresidente de la CNMV, Julio Segura y Fernando Restoy, respectivamente. Pero sin lugar a dudas, el caso más escandaloso de dejación del Estado es el de los estibadores, permitiendo el Estado, que estos trabajadores y las empresas a las que pertenecen, realizaran su actividad sin verse sometidos a la legalidad. Legalidad, leyes y normas, a la que si se ven sometidos aquellos trabajadores que realizan otro tipo de actividades empresariales y profesionales.
El Estado ha permitido que un grupo de trabajadores, los conocidos como estibadores, personal que se dedica a realizar la función de carga y descarga en los puertos, realizara su actividad disfrutando de privilegios, entre los que destacan el funcionamiento endogámico de las empresas que realizan dicha actividad, y monopolización del sector impidiendo que entraran en el mismo nuevas empresas. El Estado ha permitido que los estibadores controlaran a través de Sagep (Sociedades Anónimas de Gestión de Trabajadores Portuarios) la actividad d estiva, de forma abusiva, decidiendo a quien podían o no contratar y que empresas podían o no realizar dicha actividad. Exigiendo, gracias a ello, salarios desproporcionados. El derecho de huelga es un derecho fundamental, que los trabajadores incluso deber poder utilizar para reivindicar privilegios, como por ejemplo, una salario desproporcionado y no acorde a su cualificación, como es el caso de los estibadores. El salario bruto de un estibador es de alrededor de 70.000 euros anuales. Derecho fundamental que el Estado no debe negar a ningún trabajador, ni siquiera a los estibadores. Pero también es cierto que el Estado debe legislar para que un sector de trabajadores no pueda, de alguna forma, por ejemplo, utilizando el derecho de huelga, extorsionar al Estado, o a la sociedad, o a otras empresas. Extorsión que de forma clara si están realizando en estos momentos los estibadores, aprovechándose de la fuerza que les proporciona que el Estado les permita que monopolicen la actividad de estiva impidiendo la entrada de nuevas empresas y más trabajadores no pertenecientes a su entorno.
Debo de reconocer que no comprendo el apoyo que sectores de la izquierda española están dando al sector de los estibadores. Desconozco en que se fundamenta, desconozco por qué quieren conceder a unos trabajadores privilegios que se les niegan a otros. Privilegios, que para más inri repercuten de forma negativa en la competitividad de los puertos españoles. Conceder privilegios a unos trabajadores únicamente por su capacidad de lucha violenta y presión sobre la actividad económica del país, es un peligroso error. Que pasaría, por ejemplo, si mañana la Guardia Civil utiliza su fuerza para exigir al Estado mejores suelos, menos horas de trabajo, etc. Lógicamente, sería el caos, caos que no creo que desee ni convenga a nadie. Por tanto, en mi opinión, el Estado no debe conceder privilegios a trabajadores, en función de la forma, la violencia, etc, con que estos los reivindiquen. El Gobierno de España debe liberalizar lo antes posible actividad empresarial de la estiva en los puertos españoles, para que así disminuya la capacidad de presión de aquellos que hoy la controlan de forma abusiva, injusta, e inaceptable en una democracia.
La igualdad ante la ley, es un principio considerado esencial de la democracia. Reconocido tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos como en la Constitución Española de 1978. ¿Pero son todas las personas iguales ante la Ley? Da la impresión de que no. Por un lado, es evidente, que la Justicia no trata de forma igual a ricos y pobres, de ahí que haya abogados que tienen muy altos honorarios porque garantizan a sus defendidos un mejor trato por parte de los órganos del Estado encargados del administrar justicia. Además, en algunos Estados, cuya democracia es de baja calidad, como es el caso de España, el Poder Judicial es utilizado por las elites dirigentes como un instrumento con el que ejercer represión contra ciudadanos pertenecientes a sectores más desfavorecidos de la sociedad, con los que tienen algún tipo de conflicto de interés o a los que simplemente desean someter. Por otro lado, es conocido que determinadas situaciones, que representan la vulneración de las leyes vigentes, se producen porque hay una clara dejación por parte del Estado, surgiendo un Estado fallido, que dependiendo de a quien, le obliga o no a cumplir legislación vigente.
Algunos dirigentes políticos, famosos, y personalidades en general, personas muy conocidas de la sociedad española, logran defraudar a Hacienda. Grandes empresas logran durante años maquillar sus cuentas anuales, perjudicando así a terceros. O lo que está ocurriendo con el sector de los estibadores, son claros ejemplos de que se ha producido dejación por parte del Estado en sus obligación de garantizar que las leyes se aplican por igual a todos los ciudadanos. Permitiendo así que personas o sus empresas realizaran sus actividades al margen de la ley. Por ejemplo, es inconcebible que un ex vicepresidente del Gobierno y ex ministro de Hacienda, Rodrigo Rato, lograra defraudar a Hacienda sin que hubiera una cierta complicidad desde dentro del Estado. Por ejemplo, es inconcebible, impensable, imposible, que una entidad como Bankia pudiera salir a bolsa con unas cuentas maquilladas sin una cierta connivencia, dejación, por parte del Estado, en concreto de los órganos encargados de supervisar su actividad, en concreto del Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores. Evidencia, que ha tenido que acabar por aceptar la Audiencia Nacional, imputando al ex gobernador del Banco de España, Fernández Ordoñez y al ex presidente y ex vicepresidente de la CNMV, Julio Segura y Fernando Restoy, respectivamente. Pero sin lugar a dudas, el caso más escandaloso de dejación del Estado es el de los estibadores, permitiendo el Estado, que estos trabajadores y las empresas a las que pertenecen, realizaran su actividad sin verse sometidos a la legalidad. Legalidad, leyes y normas, a la que si se ven sometidos aquellos trabajadores que realizan otro tipo de actividades empresariales y profesionales.
El Estado ha permitido que un grupo de trabajadores, los conocidos como estibadores, personal que se dedica a realizar la función de carga y descarga en los puertos, realizara su actividad disfrutando de privilegios, entre los que destacan el funcionamiento endogámico de las empresas que realizan dicha actividad, y monopolización del sector impidiendo que entraran en el mismo nuevas empresas. El Estado ha permitido que los estibadores controlaran a través de Sagep (Sociedades Anónimas de Gestión de Trabajadores Portuarios) la actividad d estiva, de forma abusiva, decidiendo a quien podían o no contratar y que empresas podían o no realizar dicha actividad. Exigiendo, gracias a ello, salarios desproporcionados. El derecho de huelga es un derecho fundamental, que los trabajadores incluso deber poder utilizar para reivindicar privilegios, como por ejemplo, una salario desproporcionado y no acorde a su cualificación, como es el caso de los estibadores. El salario bruto de un estibador es de alrededor de 70.000 euros anuales. Derecho fundamental que el Estado no debe negar a ningún trabajador, ni siquiera a los estibadores. Pero también es cierto que el Estado debe legislar para que un sector de trabajadores no pueda, de alguna forma, por ejemplo, utilizando el derecho de huelga, extorsionar al Estado, o a la sociedad, o a otras empresas. Extorsión que de forma clara si están realizando en estos momentos los estibadores, aprovechándose de la fuerza que les proporciona que el Estado les permita que monopolicen la actividad de estiva impidiendo la entrada de nuevas empresas y más trabajadores no pertenecientes a su entorno.
Debo de reconocer que no comprendo el apoyo que sectores de la izquierda española están dando al sector de los estibadores. Desconozco en que se fundamenta, desconozco por qué quieren conceder a unos trabajadores privilegios que se les niegan a otros. Privilegios, que para más inri repercuten de forma negativa en la competitividad de los puertos españoles. Conceder privilegios a unos trabajadores únicamente por su capacidad de lucha violenta y presión sobre la actividad económica del país, es un peligroso error. Que pasaría, por ejemplo, si mañana la Guardia Civil utiliza su fuerza para exigir al Estado mejores suelos, menos horas de trabajo, etc. Lógicamente, sería el caos, caos que no creo que desee ni convenga a nadie. Por tanto, en mi opinión, el Estado no debe conceder privilegios a trabajadores, en función de la forma, la violencia, etc, con que estos los reivindiquen. El Gobierno de España debe liberalizar lo antes posible actividad empresarial de la estiva en los puertos españoles, para que así disminuya la capacidad de presión de aquellos que hoy la controlan de forma abusiva, injusta, e inaceptable en una democracia.
