La Xunta de Galicia permitió desviar enfermos a hospitales privados en los que les cobraban por operarlos

[Edison]

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El Servicio Galego de Saúde (Sergas) de la Xunta de Galicia sabía desde el año 2011 que se estaban derivando irregularmente a clínicas privadas a pacientes de la sanidad pública tratados en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC). Se trataba de afectados de cáncer a quienes se instaba a someterse a intervenciones quirúrgicas de pago.

Así se deduce de las diligencias de investigación penal incoadas por la Fiscalía de A Coruña contra tres médicos de ese hospital, que crearon una empresa privada para operar a los enfermos y a quienes el fiscal considera autores de tres delitos de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secreto, de negociaciones prohibidas a funcionarios, y de abuso en el ejercicio de su función. El Sergas no abrió expediente a los facultativos hasta cuatro años después, pero destituyó de su cargo al médico que los denunció y, hasta la fecha, permite que los tres sigan ejerciendo en los mismos hospitales.

Según consta en el escrito del fiscal, de más de 500 páginas, en noviembre del año 2010 los tres galenos investigados constituyeron una sociedad mercantil, Unidad de Cirugía Torácica Mínimamente Invasiva SLP, en la que utilizaban una técnica supuestamente pionera que permitía operar tumores de pulmón con una sola incisión, y no con dos o tres, como se venía realizando en el CHUAC. Ejercían así la medicina privada a pesar de que ni siquiera habían solicitado al Sergas el permiso necesario para compatibilizarla con su actividad en la sanidad pública, como era su obligación legal.

Apenas siete meses después, el entonces jefe del Servicio de Cirugía Torácica del hospital, José María Borro, actual presidente de la Asociación Batas Blancas de Galicia, envió un escrito a la gerencia del centro en el que advertía de numerosas irregularidades en la actuación de sus colegas. Entre ellas, un paciente le había comunicado que “tras ser visto en la consulta externa del hospital por un nódulo pulmonar solitario, había recibido diversas llamadas” de uno de los médicos denunciados.

Al revisar el historial de otro enfermo, Borro comprobó que no se le había puesto en lista de espera para ser operado en el hospital público. Cuando se puso en contacto con el paciente, este le informó de que el mismo médico “le había comentado que había una larga lista de espera, y que si quería lo podía operar en la consulta privada esa misma semana”.

Desde aquella carta Borro elevó numerosos escritos de advertencia durante varios años, tanto a la dirección médica y la gerencia del CHUAC como a los servicios técnicos, la gerencia y la Inspección del Sergas. La respuesta del ente, dependiente de la Consellería de Sanidade de la Xunta, fue destituirlo de su puesto.

Al menos doce casos de derivación irregular a centros privados

Cuando finalmente Batas Blancas denunció ante la Fiscalía en abril de 2015 que tenía constancia de al menos doce casos de derivación irregular de pacientes a centros privados, y los medios de comunicación recogieron la noticia, el Colegio de Médicos de A Coruña procedió a abrir expediente a su presidente y a sancionarlo con dos meses de suspensión de colegiación, condena de la que acaba de ser absuelto.

La persecución incluyó también al propio Borro que le abrió una investigación que se resolvió sin acusación alguna. Tampoco se le renovó como profesor asociado de Cirugía en la Universidade da Coruña, porque el Sergas y la Consellería de Sanidade lo consideraron “una persona conflictiva”. Borro tuvo que presentarse de nuevo a la convocatoria para recuperar su plaza.

Todo eso sucedió a pesar de que en marzo del 2015, la jefa del servicio de Inspección de Servicios Sanitarios del Sergas validó un informe de la instructora del caso que pedía que se abriera expediente disciplinario a los tres médicos investigados, al haber hallado evidencias de la veracidad de la denuncia en al menos once casos: “De las actuaciones practicadas y de la documentación obrante en el expediente, se puede constatar que se trata de pacientes estudiados y atendidos en el Servicio Galego de Saúde durante todo el proceso asistencial, que salen única y exclusivamente para ser intervenidos en la medicina privada por los mismos facultativos que deberían operarlos en la sanidad pública, para posteriormente continuar con los controles periódicos del Sergas”.

“Estos tres facultativos”, continúa el escrito, “utilizan la información clínica y las pruebas complementarias realizadas en el Servicio Público de Salud tanto para programar la cirugía como para valorar la evolución del paciente tras la intervención, dando la impresión de que la intervención privada es un paso más dentro del proceso asistencial del Sergas”.

Intervenciones quirúrgicas de hasta 30.000 euros

Fuentes de Batas Blancas aseguran que algunas de esas intervenciones podían tener un coste de hasta 30.000 euros, que en la mayoría de los casos sufragaban los seguros médicos de los pacientes. “Los tres cirujanos denunciados (...) llevaron a cabo las intervenciones quirúrgicas de los once pacientes (...) en los centros médicos privados a cargo de las compañías con las que los pacientes tenían concertado un seguro médico, utilizando las costosas pruebas de diagnóstico, preoperatorio y postoperatorio realizadas a cargo del Sergas, apropiándose de documentación de los expedientes públicos comprensivos de las historias clínicas, o de datos contenidos en las copias que imprimían para incorporar a los centros privados”, dice el fiscal.

Según sus consideraciones, cuando los tres médicos se hicieron con el mando del servicio de Cirugía Torácica, la deriva de pacientes a su empresa y a los centros privados con los que mantenían conciertos se convirtió en práctica habitual: “El hecho de que de los once pacientes que figuran en el informe [de la Inspección del Sergas], tan solo tres llegaran a estar en lista de espera para la intervención quirúrgica sugiere una relativa generalización de la práctica denunciada”.

La acusación pública también incide en que esas derivaciones afectaban a pacientes con dolencias graves, a los que se obligaba a ser tratados en varios centros distintos “con el consiguiente riesgo en su tratamiento”. Y no sólo eso: se trata de “la aplicación de medios públicos en beneficio de las propias aseguradoras, e implican que estos profesionales ejercen una actividad privada en supuestos en los que han intervenido en la actividad pública (...) defraudando la confianza puesta en ellos por la Administración y sus usuarios y proporcionándose ellos directamente un beneficio económico e indirectamente a las aseguradoras, al no costear pruebas médicas que serían de su cargo”.