Caza de brujas en la Federación Andaluza.

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LA CORRUPCIÓN SINDICAL'Caza de brujas' en la federación andaluza
UGT pide encarcelar al empleado que destapó el fraude en Andalucía

El líder de UGT a nivel federal, Cándido Méndez, habla con José Ginel, de la ejecutiva regional; detrás, Carmen Castilla. CARLOS MÁRQUEZ


Acusa a un antiguo administrativo de revelación de secretos por copiar 22.500 archivos publicados "en parte" por EL MUNDOLa central alentó la campaña "huelga no es delito" a favor de ocho sindicalistas de Airbus enjuiciados

SILVIA MORENOSevilla
07/03/2016 08:52La federación andaluza de UGT sigue adelante con la 'caza de brujas' que desató en 2013 tras ver publicada en EL MUNDO y otros medios de comunicación la contabilidad interna del sindicato, que dio origen al escándalo de las facturas falsas y prueba la presunta financiación irregular de UGT-A que ahora está investigando el Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla.La 'caza de brujas' conocida hasta ahora iba dirigida contra Laureano Conde, el trabajador cesado de forma fulminante por UGT-A en diciembre de 2013, acusado de borrar 1.756 ficheros informáticos.

Pero no es la única víctima. R.M.C., otro ex empleado del sindicato, se enfrenta ahora a una petición de UGT-A de nada menos que cuatro años de cárcel por delitos de revelación de secretos, después de que salieran a la luz los desmanes contables de los ugetistas. Entre los desvíos de subvenciones más llamativos documentados por este diario están las comilonas en la Feria de Abril en la caseta de UGT-A y los 700 maletines fabricados en Asia que se repartieron en un congreso regional del sindicato. Todos ellos se pagaron de fondos procedentes de la Unión Europea -y distribuidos por la Junta- que tenían que haber sido destinados a la lucha contra el desempleo. Dicho fraude se realizó mediante la falsificación de facturas. El administrativo afectado lamenta que el mismo sindicato que se ha movilizado para defender a los representantes laborales de Airbus -para los que la Fiscalía reclamaba también penas de prisión- sea también el que inste al Ministerio Público a encarcelarle a él bajo la acusación de destapar un fraude.

En el caso de Airbus, toda la cúpula sindical de UGT, con Cándido Méndez a la cabeza, arropó a los sindicalistas enjuiciados y se implicó en la campaña Huelga no es delito. «Y revelar la presunta corrupción del sindicato de la que acusan a un administrativo, ¿es delito?», se pregunta ahora R. M. C. La federación andaluza de UGT, que encabeza la secretaria general Carmen Castilla, acusa a este ex trabajador de hacer una «copia masiva» de 32 carpetas que contenían unos 22.500 ficheros, que «al menos en parte fueron publicados en prensa desde el 21 de abril de 2013», según el escrito de acusación del sindicato, en poder de EL MUNDO.R.M.C. estuvo trabajando en el área de compras del sindicato como administrativo entre el 5 de diciembre de 2008 hasta el 30 de noviembre de 2012. El presunto copiado de archivos que le achaca el sindicato se produjo unos días antes de su marcha, el 7 de noviembre de 2012.Lo llamativo es que el sindicato acusa a su administrativo de copiar una carpeta que se llama «compras/confidencial/compras, que como su nombre indica es confidencial», según el escrito de UGT-A. Para sostener semejante acusación, el sindicato contrató a la empresa especializada Forest Digital Evidence, con la finalidad de que analizara los equipos informáticos asignados a sus empleados para determinar si desde alguno se sustrajo «información confidencial y sensible, considerada por UGT-A como indebida y no autorizada», afirma el sindicato en la querella que interpuso contra R.M.C. El 5 de septiembre de 2013, técnicos de Forest Digital, en presencia de trabajadores del sindicato y de la presidenta del comité de empresa, precintaron los discos duros de catorce ordenadores que quedaron bajo la custodia de una notaria que se desplazó a la sede regional de UGT-A en Sevilla.Al día siguiente, el sindicato llevó a la notaría los ordenadores de R.M.C. y Laureano Conde para que la empresa especializada los analizara.

En esa fecha, ninguno trabajaba ya en UGT-A. En el juicio por el despido de Conde, celebrado a finales del pasado enero, quedaron en evidencia los fallos en la custodia de los equipos informáticos.De hecho, la intervención de esta empresa con los ordenadores se produjo diez meses después de que R.M.C. hubiera sido despedido, de manera que no es descabellado pensar que alguien pudiera haber introducido esta carpeta en el ordenador que tuvo asignado este ex empleado de UGT.No es el único indicio para llegar a esta conclusión. Ninguno de los atestados que ha elaborado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en las pesquisas sobre las presuntas facturas falsas hacen referencia a la carpeta «confidencial» en la que estarían las pruebas de los desmanes de UGT. Todo ello pese a que los investigadores de la UCO clonaron los servidores, discos duros y material informático que había en la sede de UGT-A en Sevilla tras registrarla durante más de diez horas en diciembre de 2013 por orden de la juez Alaya.Además de la condena de cuatro años de cárcel, el sindicato solicita que su antiguo administrativo le pague una indemnización de 60.000 euros en concepto de daño moral, «solicitándose la prestación de fianza o embargo de bienes del acusado y personas jurídicas responsables en cuantía suficiente para garantizar las responsabilidades civiles reclamadas», dice el escrito de acusación.La Fiscalía también reclama una condena de tres años de prisión para R.M.C. por un delito de revelación de secretos.

Inicialmente, la querella de UGT-A iba dirigida contra este ex trabajador y contra Laureano Conde, al que acusaron de causar un «daño irreparable» al sindicato con el borrado «masivo» de los 1.756 archivos. Sin embargo, el juzgado archivó la causa contra él, al no encontrar ninguna prueba. Contrasta la dureza mostrada por el sindicato contra ambos ex empleados con la benevolencia dispensada a los trabajadores que aparecen en los correos electrónicos publicados por este diario dando instrucciones sobre cómo falsear, presuntamente, las facturas. Ni uno ha sido sancionado.
Las cifras
22.500. Es el número de ficheros que, según UGT-A, copió el ex trabajador del sindicato R. M. C. de las carpetas en red.
60.000 Es la suma que reclama el sindicato a su ex empleado por daño moral. Pidió una fianza o el embargo de bienes del acusado.
4 años. Es la condena que exige UGT por un presunto delito de revelación de secretos.

http://www.elmundo.es/andalucia/sevilla ... b45b4.html

[blanca]

La verdad es que es un buen tema para un debate:

¿ la revelación de secretos cuando estos secretos son una ilegalidad es digna de que se juzgue al que saca a la luz semejante secreto ilegal, o hay que premiarlo por revelar cosas ilegales de un grupo politico/sindical?

Estoy confusa,por que el mismo tema( revelación de secretos) con diferentes autores ha servido para que algunos partidos politicos esten en el punto de mira de la justicia,pero con aplausos.