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Amnistía Internacional escribió:En relación a las amenazas a los derechos humanos en España sobre la libertad de expresión, asociación y reunión, las reformas legislativas de los últimos años en el ámbito penal y el relativo a seguridad ciudadana ponen en peligro el ejercicio de derechos como el de libertad de expresión.
No solo la libertad de expresión está amenazada. Derechos económicos, sociales y culturales también están amenazados: con la puesta en marcha de un decreto de ley para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, el Estado español está limitando el derecho a la salud y esto podría afectar al derecho a la vida de algunos de los colectivos más vulnerables de la sociedad. También la vulneración del derecho a la vivienda es preocupante. Todas las personas tienen derecho a una vivienda adecuada. Sin embargo, este derecho se vulnera cada vez que se ordena un desalojo sin las debidas garantías.
En los últimos años ha crecido enormemente la preocupación por la violencia contra las mujeres. Decenas de mujeres mueren cada año en nuestro país y desde Amnistía Internacional queremos poner de relieve la gravedad y la dimensión del problema, y conseguir que las autoridades asuman su responsabilidad.
En cuanto a la lucha contra la impunidad, nuestra organización mantiene desde hace tiempo diversas preocupaciones, relacionadas con tortura y malos tratos de personas por parte de las fuerzas de seguridad y la falta de investigaciones imparciales y mecanismos efectivos de rendición de cuentas y reparación a las víctimas cuando se producen estos hechos, así como la detención de personas en régimen de incomunicación. Además, en relación a la jurisdicción universal, España ha dado un claro retroceso en la lucha contra la impunidad de los crímenes de derecho internacional, al impedir a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos acceder a los tribunales españoles. En este sentido, y de manera adicional, los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo siguen siendo denegados en España, que ni investiga ni colabora con investigaciones llevadas a cabo por otros países, lo cual resulta tremendamente preocupante.
Otro de los motivos de preocupación y por el cual Amnistía Internacional trabaja en España es el comercio de armas. Dos veces al año, nuestra organización, junto a Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón, analizan los datos oficiales de las exportaciones de armas fabricadas en España con el fin de hacer recomendaciones a las autoridades españolas.
Además, en los últimos años ha habido en España un aumento de denuncias de abusos y discriminación contra ciudadanos extranjeros. Una de estas formas de discriminación es el racismo y en España, tanto ciudadanos extranjeros como minorías étnicas lo sufren. No son casos aislados, sino que se ha detectado un incremento preocupante de actos discriminatorios en el ámbito laboral, educativo, en el acceso a la vivienda, a lugares de ocio, etc. Todo ello va acompañado de un alarmante crecimiento de casos de tortura y malos tratos a inmigrantes o minorías étnicas por parte de agentes del Estado. Es necesario, pues, que las autoridades españolas combatan el racismo, la xenofobia y la discriminación.
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España ha apostado por una política de internacionalización y apoyo a la exportación de armas situándose, entre 2013 y 2017, en el séptimo puesto del ranking mundial de exportadores de armas, con una cuota aproximada del 3% sobre el volumen global. Por contra, no ha reforzado los controles de las exportaciones de armas ni aumentado la transparencia y tampoco ha mejorado la evaluación de riesgo de las exportaciones ni incrementado los recursos destinados a estas cuestiones. Sin embargo, gracias a la presión de AI y de otras ONG, el Gobierno español trabaja en la elaboración de un mecanismo de verificación de las exportaciones de armas y en la mejora de los certificados de uso final, un documento que acompaña las exportaciones, que previsiblemente se empezarán a aplicar en 2019.
El Ministerio de Comercio, Turismo e Industria elabora dos informes al año sobre las exportaciones españolas de armamento y comparece anualmente ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados.
En enero de 2018 se cumplieron 10 años de la entrada en vigor de la ley española sobre comercio de armas, tras años de trabajo de Amnistía Internacional y otras ONG. Es hora de evaluar su aplicación, para lo que hemos hecho un decálogo de recomendaciones detalladas al Gobierno y a los partidos políticos con representación parlamentaria. Las medidas propuestas se centran en la mejora de la transparencia, el control parlamentario y el control de las exportaciones de armas.
La coalición “Armas Bajo Control”, formada por Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón analiza los informes del Gobierno y elabora recomendaciones para el Gobierno y el Congreso de los Diputados.
Los informes de la coalición “Armas Bajo Control” se centran en identificar operaciones que puedan ser preocupantes basándose en la relación entre el material exportado y/o autorizado y el riesgo sustancial de que puedan contribuir a facilitar o cometer graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, la “Regla de Oro” del Tratado sobre el Comercio de Armas.
La normativa de la Unión Europea establece que cada Estado Miembro evaluará una por una las solicitudes de exportación de armas de conformidad con ocho criterios que definen las normas que rigen el control de las exportaciones de armas. Por su parte, la Ley española sobre comercio de armas de 2007, establece que las autorizaciones de exportación de armas serán denegadas “cuando existan indicios racionales de que puedan ser empleados en acciones que perturben la paz (…) exacerbar tensiones o conflictos (…) ser utilizados con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos, tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos”.
En 2015, Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam Intermón propusieron una modificación de la Constitución española que, entre otras medidas, dé rango constitucional a la Regla de Oro del Tratado sobre el Comercio de Armas.
