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Algunos nombres propios en la resolución del conflicto del IVA de la Volkswagen
Ya se ha insistido suficientemente en la importancia de haber desactivado sin coste para Navarra el conflicto con el estado del IVA de la Volkswagen. Se han barajado diversas cifras pero, en la peor de las hipótesis, cada hogar navarro habría tenido que pagar más de 7.500 euros para tapar el agujero. No hace falta subrayar el impacto político-financiero de semejante escenario en estos momentos. El acuerdo final, además, no sólo finaliza sin coste para Navarra sino que incluye el blindaje del régimen foral. Ahora pude parecer muy sencillo haber alcanzado un acuerdo, pero en el caso del IVA de la Rover la CAV fue condenada a pagar 435 millones de euros. También puede parecer que el problema se ha resuelto de la noche a la mañana, pero en realidad ha sido el fruto de una larga, intensa y discreta negociación.
Es por ello que lo que quizá sí merece ser destacado es el papel jugado por algunos de los principales actores en la resolución del conflicto. Más aún cuando la forma en la que se decidió resolverlo fue desde la prudencia, el diálogo sosegado y la discreción.
Por parte del PP ha pasado bastante desapercibida de cara a la opinión pública la labor dentro del Partido Popular de
Jaime Ignacio del Burgo, que una vez más ha puesto su granito de arena tanto a la hora de hacer comprender el régimen foral en Madrid como de cara a desarrollar su nuevo blindaje para el futuro. Juan Cruz Pérez Lapazarán también ha participado eficazmente en este mismo sentido con la proposición no de ley de respeto a Navarra y su régimen foral que, tal como recordaba ayer en un interesante artículo publicado en el Diario de Navarra, el Congreso aprobaba con los votos a favor de PP y UPN, la abstención del PSOE y la oposición del resto de partidos.
Que el PSOE se abstuviera o el resto de partidos se opusiera a la determinación del marco de resolución del conflicto evidencia que el acuerdo tenía más de un enemigo. Por un lado quienes no querían desactivar el conflicto sino hacerlo estallar, en la convicción de que todo enfrentamiento entre Navarra y el resto de España les beneficia, aunque sea a costa de arruinar a los navarros. Por otra parte quienes, con buenos argumentos, no entendían que a Navarra no se le reclamara un dinero que la Comunidad Foral se había quedado sin que le correspondiera. En medio estaba el PSOE, en la inane posición de no ser menos que los nacionalistas en Navarra y la de no ser más que el PSN en el resto de España. Quienes por tanto no han aportado nada al acuerdo o han hecho lo posible por reventarlo también merecen su pequeño momento de gloria en este retrato.
Por parte navarra en la resolución del conflicto tienen un protagonismo esencial Lourdes Goicoechea y Yolanda Barcina. Entre los técnicos del estado también se destaca la figura y la labor de Rosana Navarro.
Decíamos que una parte de la oposición al acuerdo podía provenir, legítimamente, de una parte importante de España que hubiera tenido problemas para entender que Navarra no tuviera que pagar nada, o que hubiera podido interpretar como un chantaje la idea de que exacerbar el problema podía crear un conflicto territorial donde no lo hay en este momento. Discretamente, amistosamente, se ha trabajado mucho y con mucho éxito para poder alcanzar este acuerdo tratando de no alimentar política y mediáticamente a este otro grupo.
Hay que destacar también en la resolución del problema
la actuación clave y la comprensión de Mariano Rajoy y Cristobal Montoro. Las personas próximas a la negociación insisten en que su posición era delicada, que en algún momento tuvieron que maniobrar para desinflar algún conato de oposición interna, pero que en ningún momento mostraron una actitud hostil al régimen foral sino todo lo contrario, como por otra parte corrobora el acuerdo alcanzado. Parte fundamental del acuerdo era conseguir que tanto Rajoy como Montoro entendieran no sólo el régimen foral y su casi consustancialidad a Navarra, sino también y por esto mismo el conflicto de orden político, además del económico, que se podía haber generado. Tanto el presidente como el ministro supieron hacerse cargo de este escenario desde el principio.
Respecto a Montoro cabe señalar también que no tenía ante sí una situación sencilla, con una vertiente política, otra económica, otra jurídica y potencialmente otra mediática. Pero a cambio disponía a su favor del enorme poder que le otorga ser el administrador de los dineros en un momento en que prácticamente todas las comunidades, de todos los signos, reciben financiación, ayudas y empujoncitos que a lo mejor en estricta justicia tampoco les corresponderían, pero cuya falta les dejaría en graves problemas.
A Yolanda Barcina le ha sucedido que ha recibido en herencia política un polvorín de bombas nucleares con la espoleta retardada. Problemas como el de la CAN o el de la VolksWagen nacen y se envenenan mucho antes de que Barcina llegue a la presidencia. El del IVA de la Volkswagen, concretamente, es un asunto que nace en los años 90 y crece y perdura con muchos y diversos gobiernos. La presidenta no siempre ha acertado en otras ocasiones, y ocasiones importantes, pero hay que poner en la balanza que sí ha acertado en el diagnóstico y la resolución de este caso. Es posible que haber desactivado la bomba con éxito, paradójicamente, impida valorar adecuadamente el desastre evitado.
Aún quedaría por mencionar la discreta “diplomacia parlamentaria” de Carlos Salvador, el diputado de UPN en el Congreso, o la labor callada de personas que también han jugado un papel relevante desde la sombra en el equipo de Lourdes Goicoechea. En artículos como este resultan inevitables algunas omisiones injustas, por lo que se suele advertir que no están todos los que son, pero que por lo menos son todos los que están. Por fortuna para todos nosotros el ego de todas estas personas siempre estuvo por debajo de la consecución del objetivo.
Los que han solucionado el problema a grandes rasgos ya sabemos quiénes son. Pero entre quienes lo han generado queda un interrogante curioso. ¿Quién decidió dar la orden política de abrir este asunto cuando todavía estaba gobernando Zapatero?
