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El PP manipula informes de La Moncloa para culpar a Sánchez de la pandemia
La filtración de fragmentos de los informes diarios que el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) remitió al Gobierno entre enero y marzo pasados ha servido al líder del PP, Pablo Casado, para acusar a Pedro Sánchez de desoír las alertas sobre la pandemia. Sin embargo, lo que se ha filtrado de las notas, que parlamentarios del PP examinaron en el búnker del DSN en La Moncloa, son frases incompletas que alteran su significado. El episodio ha quebrado la confianza entre los dos grandes partidos en un campo muy sensible: la seguridad nacional.
El pasado 31 de julio, cuatro diputados del Grupo Popular, encabezados por su portavoz en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, Juan Antonio Callejas, se encerraron en el búnker de La Moncloa y examinaron, durante horas, los informes de situación que el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) envió diariamente al presidente del Gobierno, los cuatro vicepresidentes, nueve ministros y cinco secretarios de Estado en las semanas previas a la eclosión de la pandemia del coronavirus en España. El 30 de septiembre, dos de estos diputados, junto a tres senadores del PP, regresaron para completar la lectura de más de 200 documentos. Por su parte, los diputados de Vox Macarena Olona y Carlos Hugo Fernández-Roca bajaron el 21 de septiembre al refugio subterráneo para revisar los mismos textos.
El 5 de octubre, el diario El Mundo publicaba que Pedro Sánchez había recibido 11 alertas del Departamento de Seguridad Nacional sobre la peligrosidad del coronavirus entre el 24 de enero y el 14 de marzo y que las había desoído permitiendo la manifestación feminista del 8-M. La información se ilustraba con algunas frases de las notas que pocos días antes habían tenido en sus manos los parlamentarios del Grupo Popular y de Vox. En La Moncloa no tienen ninguna duda de que la filtración procedió del PP. Entre otros motivos porque, aunque no se permitió hacer copias ni fotos de los documentos (los visitantes tuvieron que dejar sus móviles antes de bajar al búnker), los populares tomaron notas de su contenido, mientras que los de Vox se limitaron a leerlos.
El día 5, tras la publicación de la noticia en El Mundo, Olona escribió en su cuenta de Twitter: “Quien ha filtrado esta información demuestra que le preocupa muy poco la Seguridad Nacional. Quien ha interpretado y publicado los informes demuestra poco rigor con la realidad”. Por el contrario, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, pidió la comparecencia en el Congreso de la vicepresidenta Carmen Calvo y del jefe de Gabinete del presidente del Gobierno, Iván Redondo, para dar cuenta de unos informes que, a su juicio, probaban que Sánchez fue advertido de la amenaza que suponía el coronavirus y, al permitir el 8-M, puso “la ideología por delante de la salud”. Por su parte, el presidente del PP, Pablo Casado, exigió en un tuit “responsabilidades por ocultar 11 alertas oficiales y saber cuántos muertos y parados se hubieran evitado sin esas mentiras”. Una acusación tan grave que resulta difícil pensar que se basaba solo en la información periodística.
El PP llevaba desde marzo peleando por acceder a los informes diarios del DSN. Su diputado Juan Antonio Callejas alegaba que esos documentos no están clasificados en ninguna de las categorías previstas en la ley de secretos oficiales. El Gobierno replicaba que toda la información que maneja el Sistema de Seguridad Nacional es de “uso oficial” y, por tanto, de difusión limitada a sus usuarios. Lo cierto es que, si las notas hubieran estado clasificadas como secretas, no se hubieran podido remitir cada mañana a las ocho, a través del correo electrónico, a los teléfonos móviles de ministros y altos cargos, como se hace ahora, sino que hubieran debido transmitirse a través de canales reforzados de comunicación, lo que hubiera demorado su distribución.
Tampoco el contenido de estas notas, que se difunden diariamente desde 1992, requería tal grado de protección. Estos informes, de un máximo de dos folios, son elaborados durante la noche por el centro de alertas del DSN, integrado por nueve funcionarios que se relevan en tres turnos. Sus notas no incluyen valoración alguna y se limitan a recopilar novedades agrupadas en tres bloques: las sucedidas durante la noche, que se presentan en primer lugar; las de las últimas 24 horas y las previsiones del día. Sus fuentes son casi siempre abiertas y el origen de cada dato se indica expresamente: Ministerio de Sanidad, Organización Mundial de la Salud (OMS), Gobierno chino, etc La diferencia con una agencia de noticias es que se centran en asuntos que afecten a la seguridad nacional y solo transmiten informaciones confirmadas por organismos oficiales.
En el caso de la pandemia, todas las notas que se han difundido corresponden a noticias publicadas en la prensa de esos días: la declaración de emergencia sanitaria internacional de la OMS, las advertencias del FMI, las restricciones en Italia, Francia, Suiza o Israel; o la suspensión de una conferencia de la Unión por el Mediterráneo (UMP) en Barcelona.
La frase más inquietante es una incluida en la nota del 7 de marzo, víspera de la marcha feminista: “El incremento de casos en las últimas horas ha sido mayor de lo habitual”. Sin embargo, en contra de lo que sugiere el PP, no procede de ninguna fuente de información privilegiada, sino de la rueda de prensa que el día anterior ofreció el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.
Bien es verdad que la frase completa de Simón tenía un sentido muy diferente a la versión mutilada. “El incremento de casos en las últimas horas ha sido mayor de lo habitual. Sin embargo, se trata de casos que se concentran en una comunidad autónoma y en dos núcleos de transmisión bien identificados. Por tanto, el riesgo de transmisión comunitario o el incremento de focos no conocidos o sin vínculo no han aumentado significativamente”, afirmó.
Lo mismo sucede con otra afirmación lapidaria que aparece en la filtración que ha servido al PP para arremeter contra el Gobierno: “No se descarta que la cifra de fallecidos ascienda en las próximas horas”. En realidad, la frase que el DSN copió del Ministerio de Sanidad no termina ahí, sino que continúa: “conforme las comunidades autónomas vayan notificando al Ministerio de Sanidad nuevos casos”. Es decir, no advertía de que habría más muertes, aunque realmente las hubo, sino de que subiría la estadística.
El contenido completo de estas frases se puede conocer porque el DSN, además de incluirlas en sus informes diarios de situación, las reprodujo en una sección de su web denominada Última hora, donde todavía hoy se pueden consultar. Sorprende al examinar estos informes que se hayan filtrado algunas partes de su contenido y se hayan silenciado otras más relevantes, como la afirmación que el DSN recogió el 6 de marzo, 48 horas antes del 8-M. “La tasa global [de contagios] en España es de un caso por cada 250.000 habitantes”, aseguraba. Es decir, una tasa 1.800 veces inferior a la que actualmente padece Madrid (750 casos por 100.000 habitantes) donde el PP se ha opuesto a la declaración del estado de alarma.
El hecho de que diputados y senadores tuvieran que encerrarse en un búnker blindado para conocer una información disponible casi toda ella en la propia web del DSN solo se puede entender desde la premisa de que las notas dirigidas a los miembros del Consejo de Seguridad Nacional son siempre reservadas, aunque no lo sea su contenido. Lo que se silencia al evitar el acceso a estos informes no es que se difunda una noticia que ya es de conocimiento público, sino que se sepa que se ha considerado tan fiable y relevante como para comunicarla al presidente, quien ya no puede alegar que la ignora.
Lo sucedido tendría ribetes de esperpento si no fuera por el dramatismo de la situación y porque, en el fragor de la batalla, se ha quebrado la confianza entre los dos principales partidos en un asunto extremadamente sensible (la seguridad del Estado), que hasta ahora se había mantenido al margen de la bronca partidista incluso en las etapas de mayor polarización. Será muy difícil, admiten fuentes gubernamentales, recuperar la complicidad que existía cuando José Enrique Serrano era mano derecha de Zapatero y Jorge Moragas de Mariano Rajoy y los fontaneros del Gobierno y la oposición compartían confidencias sobre la amenaza yihadista o el reto independentista catalán.
